Sentencia AL-353-13 — Registro 7987
Resumen
Sentencia interlocutoria confirmó resolución dictada por juzgado de primera instancia con relación a demanda de ejecución forzosa promovida por recurrente contra el Instituto Nacional de Prevensión del Magisterio (INPREMA)
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."del estudio de autos consta que el asunto sometido al conocimiento del órgano jurisdiccional, ha sido juzgado por Juez o Tribunal competente, y en observancia del procedimiento legalmente establecido, con las motivaciones legales del caso, no resultando la existencia de infracción al derecho-garantía constitucional del debido proceso judicial..."..."este alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable..."..."del análisis in extenso de los antecedentes y en específico de las alegaciones que ha formulado el recurrente para fundar su acción de amparo, puede apreciarse que ésta es propia de la instancia procesal ordinaria a la que fue sometido el asunto..."..."es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega violaciones de mera legalidad..."
Legislación citada
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: El fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M. D. C., doce de septiembre de dos mil trece.VISTO: el recurso de amparo interpuesto por el Abogado VENACIO OCAMPO OROZCO, a favor de la señora IRMA ISABEL ORDOÑEZ AMADOR, contra la sentencia interlocutoria dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha diecinueve de marzo del año dos mil trece, que confirma la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, de fecha once de febrero de dos mil trece, con relación a la demanda de ejecución forzosa promovida por la señora IRMA ISABEL ORDOÑEZ AMADOR, contra el INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA).CONSIDERANDO: Que del estudio del escrito de interposición se desprende que el recurrente señala que para hacer cumplir la sentencia definitiva y firme de fecha veinte de junio de dos mil once, emitida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, interpuso Demanda de Ejecución Forzosa, pues estima el reclamante que el A-quo utilizó criterios al margen de lo que fue ordenado en dicha sentencia para ejecutarla por lo que la Alzada, no debió confirmarla. CONSIDERANDO: Se puede apreciar que el impetrante invoca como violentadas con el acto contra el cual reclama, las garantías reconocidas en los artículos 60, 64, 82 y 90 entre otros de la Constitución de la República.CONSIDERANDO: Que del estudio del acto reclamado, cual es la sentencia interlocutoria censurada y de los antecedentes que motivaron su emisión, se deduce que el Ad-quem arribó a la conclusión de que correspondía confirmar la decisión del A-quo en vista que consta de autos que la señora IRMA ISABEL ORDOÑEZ AMADOR, fue reintegrada a su puesto de trabajo en fecha nueve de octubre de dos mil doce, tal y como fue ordenado en la sentencia definitiva y firme dictada en fecha veinte de junio de dos mil once, por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en la que se establece que dicho reintegro debe darse por lo menos en las mismas condiciones a las que tenía al momento de su despido, por tal razón procedió a confirmar la resolución del A-quo que declara sin lugar la Demanda de Ejecución Forzosa intentada por el impetrante. CONSIDERANDO: Que el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República que establece que "Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece"; este principio implica no solamente el derecho a ser juzgado por un juez natural, sino que, los órganos jurisdiccionales en sus actos y resoluciones, observen las formalidades, derechos y garantías legalmente establecidas; el recurrente invoca violación del artículo constitucional antes relacionado y del estudio de autos consta que el asunto sometido al conocimiento del órgano jurisdiccional, ha sido juzgado por Juez o Tribunal competente, y en observancia del procedimiento legalmente establecido, con las motivaciones legales del caso, no resultando la existencia de infracción al derecho-garantía constitucional del debido proceso judicial.CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable.CONSIDERANDO: Que del análisis in extenso de los antecedentes y en específico de las alegaciones que ha formulado el recurrente para fundar su acción de amparo, puede apreciarse que ésta es propia de la instancia procesal ordinaria a la que fue sometido el asunto.CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, por ese motivo se alejan de la jurisdicción constitucional y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, y siendo que en el caso de autos, ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, la cual ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega violaciones de mera legalidad. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado VENACIO OCAMPO OROZCO, a favor de la señora IRMA ISABEL ORDOÑEZ AMADOR, contra la sentencia interlocutoria dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha diecinueve de marzo del año dos mil trece; por existir ya un pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA ROSA DE LUORDES PAZ HASLAM. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO.-SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de octubre de dos mil trece, certificación de resolución de fecha doce de septiembre de dos mil trece, recaída en el recurso de Amparo Laboral, registrado en ese Tribunal bajo el número 353=13.
DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL
NJB