Sentencia AL-230-12 — Registro 7985
Resumen
Sentencia en vía de consulta revocó fallo definitivo dictado por juzgado de primera instancia que declaró con lugar demanda ordinaria laboral de reintegro, pago de salarios dejados de percibir, revocatoria declaró sin lugar la demanda y absolvió a demandado de reintegrar a trabajador, al pago de salarios dejados de percibir y derechos laborales por considerar que hay causa de suspensión de contrato de trabajo en relación a demanda promovida por recurrente contra Municipalidad de San Pedro Sula, Cortés
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio expresado por el Ministerio Público, cuando expone “Las leyes que rigen las relaciones entre patronos y trabajadores son de orden público. Son nulos los actos, estipulaciones o convenciones que impliquen renuncia, disminuyan, restrinjan o tergiversen las siguientes garantías..."..."esta Sala valora positivamente, lo expresado por el Ministerio Público, en lo relativo al Articulo 100.2 del Código del Trabajo, que se invoca como causa de suspensión, se refiere a la fuerza mayor o caso fortuito, cuando traiga como consecuencia necesaria, inmediata y directa la suspensión del trabajo. Lo cual no está suficientemente acreditado en autos, con pruebas que establezcan su utilidad, proporcionalidad y necesariedad. Asimismo la Ley Fundamental en sus Artículos 1 y 89 en que se sustenta la nota de suspensión, es inaplicable a la causa que nos ocupa, no sólo porque el primero (ARTICULO 1) linda con la subjetividad sino que también con la generalidad, y en cuanto al Articulo 89 del supremo texto literalmente dispone que “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente.”Lo cual no ha acontecido en el ejercicio y desarrollo de la acción laboral de mérito..."..."efectivamente La Corte de Apelaciones del Trabajo, al emitir su fallo, vulnera garantías constitucionales invocadas, al revocar en consulta una sentencia definitiva que tutelaba y protegía al trabajador en su relación de trabajo, pese a que existía total anuencia de la parte contraria quien no contradijo los hechos y consintió el fallo del A-Quo; siendo procedente, entonces, OTORGAR la acción de Amparo interpuesta..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 89 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 127 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 129 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 135 (Rango Constitucional)
- Código del Trabajo, art. 99 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 100, 2 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, tres de diciembre del dos mil trece. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado GANDHI ROCIO MENDOZA, a favor del señor JUAN JOSÉ ABREGO ALVARENGA, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha catorce de febrero del año dos mil doce, que revocó la sentencia definitiva de fecha cinco de diciembre del año dos mil once, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, con relación a la demanda ordinaria laboral de reintegro promovida por el señor JUAN JOSÉ ABREGO ALVARENGA, contra la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado los Artículos 90 párrafo primero, 129 párrafo primero, 135 primer y segundo párrafo de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha quince de marzo del año dos mil once, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, el señor JUAN JOSÉ ABREGO ALVARENGA, promoviendo demanda ordinaria laboral para el reintegro al centro de trabajo por suspensión ilegal de un contrato de trabajo y el pago de los salarios dejados de percibir desde el momento de dicha suspensión hasta que la sentencia que recaiga adquiera el carácter de firme, más las costas personales y procesales en contra de la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTÉS. 2) Que seguido el trámite de ley correspondiente, Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, con fecha cinco de diciembre del año dos mil once, dictó sentencia definitiva mediante la cual falló: “PRIMERO: DECLARANDO HA LUGAR LA demanda de Reintegro por el señor JUAN JOSE ABREGO ALVARENGA, AL PUESTO DE TRABAJO EN IGUAL O MEJOR CONDICIÓN, QUE TENIA AL MOMENTO DE LA SUSPENSIÓN EL PAGO DE LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE EL MOMENTO QUE EN OCASIÓN DE LA SUSPENSIÓN DEJO DE PERCIBIR HASTA QUE LA SENTENCIA RECAÍDA ADQUIERA CARÁCTER DE FIRME CONTRA LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES REPRESENTADA POR EL SEÑOR JUAN CARLOS ZUNIGA MONGE TODOS DE GENERALES CONOCIDAS EN AUTOS. SEGUNDO: MANDA: 1) Contra el presente fallo puede interponerse el Recurso de Reposición y apelación dispone el Código de Trabajo así mismo que la secretaria del despacho mande en CONSULTA ante la Honorable Corte de Apelaciones por ser un fallo adverso al Municipio. QUINTO: CON COSTAS. TERCERO: NOTIFIQUESE…” (Folios sesenta y nueve (69) al setenta y dos (72). 3) Que en fecha veintitrés de enero del año dos mil doce, se remitió en Consulta a la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, la sentencia definitiva emitida por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, que se deja relacionada en el inciso que antecede, por lo que la Corte referida, en fecha catorce de febrero del año dos mil doce, dictó sentencia mediante la cual falló: “ REVOCANDO la sentencia definitiva consultada de fecha cinco de diciembre del año dos mil once, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en las diligencias iniciadas con la demanda ordinaria laboral promovida por el señor JUAN JOSE ABREGO ALVARENGA contra la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, a través de su representante legal, señor Juan Carlos Zuniga, todos de generales conocidas en autos, en virtud de lo cual se DECLARA NO HA LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL de la referencia; en consecuencia se absuelve al ente demandado de la obligación de reintegrar al trabajador demandante a su antiguo puesto de trabajo, al igual que del pago de los salarios dejados de percibir y demás derechos laborales y costas personales y procesales…”. (Folios seis (06) al diez (10) de los antecedentes). 4) El recurrente Abogado GANDHI ROCIO MENDOZA, compareció ante este Tribunal, en fecha veintidos de marzo del año dos mil doce, interponiendo acción de amparo a favor del señor JUAN JOSÉ ABREGO ALVARENGA, por considerar que la decisión del Ad-Quem de fecha catorce de febrero del año dos mil doce, de que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 90 párrafo primero, 129 párrafo primero, 135 primer y segundo párrafo de la Constitución de la República. Se tuvo por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha veinte de agosto del año dos mil doce. 5) Que con fecha tres de septiembre del año dos mil doce, el Abogado OSCAR ARNALDO ALVARADO, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, emitió dictamen en el cual fue de la opinión porque SE OTORGUE, el amparo solicitado. CONSIDERANDO (1): Que la garantía constitucional de Amparo promovida por la Abogada GANDHI ROCIO MEJIA MENDOZA a favor del señor JUAN JOSE ABREGO ALVARENGA se dirige contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, CORTES, en fecha catorce de febrero de dos mil doce, proferida en virtud de consulta, revocando la Sentencia definitiva emitida por el de JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE LA SECCION JUDICIAL SAN PEDRO SULA, en fecha cinco de diciembre de dos mil once, a raíz de la DEMANDA EN VIA ORDINARIA PARA EL REINTEGRO POR UNA SUSPENSION ILEGAL DE SU CONTRATO DE TRABAJO que le promoviera su representado JUAN JOSE ABREGO ALVARENGA a la MUNICIPALIDAD DE SAN PDRO SULA. CONSIDERANDO (2): Que la Abogada GANDHI ROCIO MEJIA MENDOZA, explica que el Amparo se encuentra justificado en cuanto a que se revoca en vía de consulta, la sentencia definitiva de fecha cinco de diciembre del año dos mil once, por parte de la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO, DE SAN PDRO SULA, vulnerando los derechos a su representado, consagrados en el primer párrafo del Artículo 90; el primer párrafo del Articulo 129 y el primer y segundo párrafo del Artículo 135 de la Constitución de la República, expresando que el Articulo 90 de la carta magna es violentado por el A-Quo al desconocer e infringir el derecho al reintegro establecido en el Código del Trabajo en su Artículo 99 párrafo primero, siendo así, que al revocar la sentencia que ordena el reintegro de su representado, contraviene esa disposición que consagra el derecho a la continuidad del contrato de trabajo del señor JUAN JOSE ABREGO, sobretodo cuando en la comunicación de la suspensión parcial, se compromete la municipalidad de San Pedro Sula a dicho reintegro. Dice el recurrente que el Tribunal de Alzada, se subrogó el conocimiento de hechos no sometidos a su competencia , ni a la del Juzgado del Trabajo, ni fueron sometidos a prueba, ni fueron establecidos en juicio por las partes, al establecer en su sentencia que la revocatoria está inspirada en el hecho: “Que al legislador no obstante interesarle la protección de la estabilidad laboral de los trabajadores en sus empleos, también le interesa que la integridad de las mujeres que prestan servicio en las instituciones públicas y su libertad sexual, no resulte menoscabada por actos que se atribuyen a patronos o a otros trabajadores, según lo que a ese fin dispone el Artículo 60 de la Ley de Igualdad de Oportunidades para la mujer:”..., sigue manifestando la Corte:”… el trabajador demandante fue suspendido en sus labores por el término de seis meses por existir en su contra denuncia pública de acoso sexual, condicionando la demandada su reintegro dentro de dicho plazo, a la resolución favorable de dicha denuncia…” Concluye la amparista “La garantía de Estabilidad laboral forma parte de los principios de equidad aplicables para asegurar la continuidad de las condiciones de vida del trabajador y de su familia, lo que ha sido sostenido por numerosas sentencias de Amparo. Que se violenta el Articulo 135, párrafo segundo, constitucional al revocar en consulta una sentencia definitiva que tutelaba y protegía al trabajador en esa relación jurídica laboral desequilibrada en ese momento, sin más fundamentos que opiniones extrañas a los puntos del debate en el proceso y ante la total anuencia de la parte contraria quien no contradijo los hechos y consintió el Fallo del A-quo. CONSIDERANDO (3): Que se tuvo por formalizado en tiempo y forma el Amparo de Mérito, ordenándose dar vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho por el término de cuarenta y ocho horas para que emita su correspondiente Dictamen; con fundamento en los Artículos 56 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 36 de la Ley del Ministerio Público; 62 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 12 inciso C) del Reglamento Interno de la Sala de lo Constitucional. CONSIDERANDO (4): Que conforme lo establece la Constitución de la República, la Acción de Amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los Tratados, Convenciones y otros instrumentos internacionales, establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico internacional. CONSIDERANDO (5): Que el Ministerio Público en su dictamen, en resumen concluye: Que al revocarse la sentencia del A-Quo, por parte de la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, contraviene la disposición, que manda el Articulo 99 párrafo primero del Código del Trabajo, que consagra el derecho al reintegro como derecho y continuidad del contrato de trabajo del señor Juan José Ábrego Alvarenga, sobre todo cuando en la comunicación suspensión parcial, se compromete la municipalidad de San Pedro Sula a dicho reintegro. Igual el Articulo 129 constitucional garantiza la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias y profesiones y las justas cuasas de separación, garantía que fue vulnerada por el Ad-Quem al revocar la sentencia del juzgado de letras del Trabajo que si la reconoció; igual el Articulo 135, segundo párrafo, constitucional, declara categóricamente: “El Estado debe tutelar los derechos de los trabajadores, y al mismo tiempo proteger al capital y al empleador; lo mismo el Articulo 127 de la ley fundamental al tutelar el derecho al trabajo, escoger libremente una ocupación y a renunciar a ella, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. El Ministerio Público dictamina porque SE OTORGUE la acción de amparo en comento. CONSIDERANDO (6): Que al estudiarse la foliada y específicamente la sentencia proferida por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, CORTES, en fecha catorce de febrero del dos mil doce, esta se fundamenta principalmente en que el trabajador demandante fue suspendido de sus labores por el término de seis meses por existir en su contra denuncia pública de acoso sexual, condicionando la demandada su reintegro dentro de dicho plazo, a la resolución favorable de dicha denuncia, hecho que no ocurrió según consta en la citada acta por las razones que al efecto invocó el señor Juan José Abrego; de tal manera que, habiendo aceptado el trabajador la suspensión en los términos en que se realizó la misma, no es posible el reintegro ni el pago de salarios por un trabajo no ejecutado. CONSIDERANDO (7): Que esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio expresado por el Ministerio Público, cuando expone “Las leyes que rigen las relaciones entre patronos y trabajadores son de orden público. Son nulos los actos, estipulaciones o convenciones que impliquen renuncia, disminuyan, restrinjan o tergiversen las siguientes garantías. . .15. El Estado tutela los contratos individuales y colectivos celebrados entre patronos y trabajadores. (Artículo 128 constitucional.) Valoramos, que es toral lo que expresa el Licenciado José Roberto Pineda Chávez al Ingeniero Juan José Abrego Alvarenga, en nota de fecha veintiséis de mayo del dos mil diez, por medio de la cual le comunica, que la Municipalidad de San Pedro Sula, ha decidido suspender parcialmente sin goce de sueldo su contrato individual de trabajo, por un periodo de seis meses calendario, a partir del día veintisiete (27) de mayo del año dos mil diez (2010), dicha suspensión se hace al tenor de lo establecido en los Artículos 99 y 100 numeral 2, del Código del Trabajo vigente, considerando también lo que se establece en los Artículos 1 y 89 de la Constitución de la República de Honduras. Dicha suspensión se hace sin perjuicio de ser reintegrado a su puesto de trabajo sin las causas que la originan desaparezcan anticipadamente” CONSIDERANDO (8): Que esta Sala valora positivamente, lo expresado por el Ministerio Público, en lo relativo al Articulo 100.2 del Código del Trabajo, que se invoca como causa de suspensión, se refiere a la fuerza mayor o caso fortuito, cuando traiga como consecuencia necesaria, inmediata y directa la suspensión del trabajo. Lo cual no está suficientemente acreditado en autos, con pruebas que establezcan su utilidad, proporcionalidad y necesariedad. Asimismo la Ley Fundamental en sus Artículos 1 y 89 en que se sustenta la nota de suspensión, es inaplicable a la causa que nos ocupa, no sólo porque el primero (ARTICULO 1) linda con la subjetividad sino que también con la generalidad, y en cuanto al Articulo 89 del supremo texto literalmente dispone que “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente.”Lo cual no ha acontecido en el ejercicio y desarrollo de la acción laboral de mérito. CONSIDERANDO (9): Que la garantía del debido Proceso que exige nuestra Constitución, exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de Defensa en todo proceso. El Derecho de Defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la demanda, la necesaria correlación que debe de existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entra las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente, entiendo que el debido proceso es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. Y siendo, que efectivamente La Corte de Apelaciones del Trabajo, al emitir su fallo, vulnera garantías constitucionales invocadas, al revocar en consulta una sentencia definitiva que tutelaba y protegía al trabajador en su relación de trabajo, pese a que existía total anuencia de la parte contraria quien no contradijo los hechos y consintió el fallo del A-Quo; siendo procedente, entonces, OTORGAR la acción de Amparo interpuesta. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 1, 89, 90 párrafo primero, 127, 129, 135, primero y segundo párrafo, 303, 304, 313 numeral 5, 316, y 319 de la Constitución de la República, 1, 62, 78 atribución 5ª. De la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 56 63 y demás aplicables de la Ley sobre Justicia Constitucional, 36 de la Ley del Ministerio Público, 12 inciso c) del Reglamento Interno de la Sala de lo Constitucional, 99 párrafo 1º. 100 numeral 2 del Código del Trabajo, 60 de la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer. FALLA: OTORGANDO el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan las diligencias al lugar de su procedencia. Redactó el Magistrado LOZANO URBINA. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA, PRESIDENTA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. VÍCTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCÍA GARCÍA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. REINA SAGRARIO SOLÓRZANO JUÁREZ. Firma y sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los dieciséis días del mes de enero de dos mil catorce, certificación de la sentencia de fecha tres de diciembre de dos mil trece, recaída en el recurso de amparo laboral registrado en este Tribunal con el número 230-p405-p412=12.
DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
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