Sentencia AL-205-10 — Registro 4933
Resumen
Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación y confirmó resolución interlocutoria con relación a demanda ordinaria laboral promovida por el Sindicato de Trabajadores del Banco Central de Honduras (SITRABANTRAL) contra el Banco Central de Honduras (BCH) por considerar que el actor demostró haber agotado el procedimiento gubernativo
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."esta Sala observa que corre agregada a los autos la certificación de Acta de No Conciliación de fecha 24 de abril el año 2009, extendida por la Oficina Regional del Trabajo de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, en la que consta que el abogado FABRIZZIO ANTONIO VALLE VENTURA compareció en su condición de apoderado legal del trabajador NELSON ANTONIO ZAVALA ZAVALA, para conciliar con el Banco Central de Honduras, reclamando a favor del trabajador el reintegro a su puesto de trabajo, por haber sido despedido injustamente, en la que finalmente no hubo conciliación. Del contenido de la certificación de mérito, se aprecia que en ningún momento se ha comparecido en representación del Sindicato de Trabajadores SITRABANTRAL, constando en el acta de mérito que la comparecencia del trabajador ha sido a título personal, ejercitando una acción personal, por otra parte el Abogado Valle Ventura, comparece como apoderado legal del señor NELSON ANTONIO ZAVALA ZAVALA, en ningún momento señala que en esa audiencia conciliatoria representa al Sindicato de Trabajadores para una reclamación indemnizatoria, actuación que es exclusiva de la organización sindical..."..."esta Sala estima que la resolución del Ad quem, es errada cuando considera como agotada la vía administrativa del Sindicato de Trabajadores del Banco Central de Honduras, por la comparecencia del Trabajador NELSON ANTONIO ZAVALA ZAVALA, ante la Oficina Regional del Trabajo de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, en su condición personal, reclamando su reintegro por lo que cree es un despido injusto, inobservando que el Sindicato de Trabajadores SITRABANTRAL es una persona jurídica que como tal debe agotar también la vía administrativa. Salvo que el actor hubiese comparecido a la referida audiencia en su condición personal, y en su condición de representante del referido sindicato reclamando indemnización por fuero Sindical a favor de SITRABANTRAL, todo lo cual no sucedió según la referida certificación de acta de No Conciliación ya mencionada. Las normas que rigen la materia laboral son de orden público, en consecuencia rige para las partes en conflicto la igualdad de condiciones, a tenor de lo dispuesto en el artículo 691 del Código del Trabajo, por lo que según los antecedentes, el Sindicato de Trabajadores del Banco Central de Honduras, en su condición de persona jurídica, independiente, titular de derechos y obligaciones e interés distintos que reclamar, como lo es la protección de un derecho social y el cumplimiento de una obligación Indemnizatoria por parte del patrono, no agotó la vía Administrativa..."
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
- Código del Trabajo, art. 691 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: El fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Municipio del Distrito Central, veintidós de enero del año dos mil trece. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado MARIO ROBERTO ANDINO BERNHARD, en su condición de apoderado legal del BANCO CENTRAL DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Seccional del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veinte de enero de dos mil diez, que declara sin lugar el recurso de apelación y confirma la sentencia interlocutoria dictada por el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, de fecha tres de diciembre de dos mil nueve; con relación a la demanda ordinaria laboral promovida por el SINDICATO DE TRABAJADORES DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS (SITRABANTRAL), contra el BANCO CENTRAL DE HONDURAS. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintiocho de mayo del año dos mil nueve, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, el abogado FABRIZZIO ANTONIO VALLE VENTURA, en su condición de apoderado legal del SINDICATO DE TRABAJADORES DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS (SITRABANTRAL), interponiendo demanda ordinaria laboral de emplazamiento, contra el BANCO CENTRAL DE HONDURAS, para que pruebe que siguió el procedimiento legal, antes de despedir al Presidente de la Junta de Delegados de la sucursal de San Pedro Sula por Ministerio de ley, caso contrario que sea condenado a pagar a su representado la cantidad de ciento quince mil setecientos trece lempiras exactos (Lps. 115,713.00), como pago del fuero sindical.2) Que el dos de noviembre del año dos mil nueve, fecha señalada para la celebración de la audiencia primera de trámite en la demanda de mérito, el abogado JORGE TORRES HENRIQUEZ, en su condición de apoderado legal del BANCO CENTRAL DE HONDURAS, interpuso el incidente de nulidad absoluta de actuaciones, alegando que la demanda de mérito fue admitida sin haberse agotado el procedimiento gubernativo reglamentario y no haber interrumpido la prescripción ante la autoridad del trabajo competente, basando su comparecencia en el artículo 691 del Código del Trabajo, en relación los artículos 1, 2 y 3 de la Ley del Banco Central de Honduras. 3) Que en fecha tres de diciembre del año dos mil nueve, el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, dictó sentencia interlocutoria, en la cual declaró sin lugar el incidente de nulidad absoluta de actuaciones interpuesto por el abogado JORGE TORRES HENRIQUEZ, en su condición ya mencionada, por considerar que consta en los autos la certificación extendida por la Oficina Regional del Trabajo de esa misma ciudad, de la cual se desprende la comparencia de los apoderados legales tanto del Banco Central de Honduras como del Sindicato de esa misma institución, misma que en su parte resolutiva da por agotado el trámite administrativo correspondiente, cumpliendo la demanda de mérito con los trámites legales debidos; fundamenta su decisión en los artículos 691, 715 y 858 del Código del Trabajo; 286 del Código de Procedimientos Comunes.4) Que en fecha trece de enero del año dos mil diez, la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, conociendo del recurso de apelación interpuesto por el abogado JORGE TORRES HENRIQUEZ, en su condición ya conocida, contra la resolución emitida por el A-quo, relacionada en el inciso anterior, escuchó los alegatos de las partes, y en fecha veinte de enero del mismo año procedió a dictar la correspondiente sentencia, mediante la cual: a) declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto y b) confirmó la sentencia interlocutoria emitida por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés en fecha tres de diciembre de dos mil nueve, por considerar que la constancia extendida por el departamento de Conciliación de la Oficina Regional del Trabajo de San Pedro Sula, que fue acompañada al escrito de la demanda de mérito demuestra el agotamiento del procedimiento gubernativo o reglamentario necesario para interponer la acción contra entidades de derecho público; tiene como fundamento para su decisión el artículo 691 del Código del Trabajo.5) Que en fecha veintidós de marzo del año dos mil diez, compareció ante esta Sala, el abogado MARIO ROBERTO ANDINO BERNHARD, interponiendo recurso de amparo a favor del BANCO CENTRAL DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha veinte de enero de dos mil diez, por considerar que la misma violenta el artículo 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: (1) Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO: (2) Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional relacionado con el artículo 41 de la Ley sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto, un reglamento, hecho, acto o resolución, de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO: (3) Que se conoce en Amparo la resolución dictada en fecha veinte de enero del año dos mil diez, por la Corte de Apelaciones Seccional Del Trabajo de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia interlocutoria dictada por el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha tres de diciembre del año dos mil nueve, en relación a la demanda ordinaria laboral promovida contra el Banco Central de Honduras, por el Sindicato de Trabajadores de la misma Institución Bancaria. CONSIDERANDO: (4) Que El recurrente al formalizar el recurso interpuesto en contra de la resolución de la Corte de Apelaciones Seccional del Trabajo, de San Pedro Sula, departamento de Cortés, hace relación de los antecedentes, Manifestando que “el 28 de mayo del año dos mil nueve el Abogado Fabricio Antonio Valle Ventura, en su condición de apoderado del Sindicato de Trabajadores del Banco Central de Honduras, presentó una demanda ordinaria Laboral de emplazamiento para que el Patrono probara que siguió el procedimiento que ordena el artículo 516 del Código de Trabajo antes de despedir al Presidente (por ministerio de la ley) de la Junta de Delegados de la Sucursal de San Pedro Sula, Cortés, caso contrario fuera condenado al pago del fuero sindical al Sindicato de Trabajadores del Banco Central de Honduras. Para acredita la procedencia de esta acción el representante del Sindicato de Trabajadores del Banco Central de Honduras, adujo que su representado, procedió a realizar la correspondiente conciliación para agotar el Trámite Gubernativo como lo ordena el Código del Trabajo en su artículo 691, sin embargo para acreditar tal extremo, refiere que acompaña un acta de conciliación celebrada el 24 de abril del año 2009, donde con la simple lectura de la misma, se deriva que las partes contendientes o conciliadoras en tal reclamo administrativo son el señor NELSON ANTONIO ZAVALA ZAVALA y el BANCO CENTRAL DE HONDURAS, resultando una tremenda incongruencia entre quien es “su representado” y la persona que presentó el reclamo administrativo referido en el acta de NO CONCILIACION, resultando ser dos personas completamente distintas, una jurídica y otra natural, lógicamente cada una de ellas titular de sus propios derechos, acciones y obligaciones. Ante tal incoherencia e incongruencia entre lo que el demandante planteaba y lo que estaba acreditado en autos como la justificación de haber agotado la vía gubernativa correspondiente, esta parte demandada en fase preliminar a la Audiencia Primera de Trámite, y en uso del derecho que le confiere el artículo 715 del código del Trabajo, interpuso Incidente de Nulidad por la falta de agotamiento del trámite gubernativo o administrativo correspondiente. Del artículo 516 del Código del Trabajo que regula lo referente a la protección que gozan los trabajadores involucrados en la organización sindical de la empresa o institución, se establecen dos situaciones jurídicas, la primera contenida en el artículo 516 y que consisten en la protección propiamente dicha del fuero sindical (y por extensión del Contrato Colectivo celebrado entre el SITRABANTRAL y El Banco Central de Honduras, al Presidente y Secretario de las Juntas de Delegados, desde su elección hasta seis meses después de de cesar en sus funciones no podrán ser despedidos de su trabajo sin comprobar ante Juez competente que exista justa causa para dar por terminado el contrato que lo vincula. Derecho por el cual nace a favor del Trabajador aforado el derecho a emplazar al patrono que ha procedido a despedirlo sin observar esta disposición legal. La segunda situación que se deriva de este artículo es la contenida en el párrafo segundo del mismo, según el cual: “…, La violación de los dispuesto en el párrafo anterior, sujetará al patrono a pagar a la organización sindical respectiva, una indemnización equivalente a seis meses de salario del trabajador, sin perjuicio de los derechos que a este correspondan. Señala además que esta situación jurídica, puede originar una acción exclusiva del sindicato, de lo que se deriva, que si se da el despido en esas circunstancias el sindicato como persona jurídica autónoma e independiente, con obligaciones y derechos propios, deberá entablar una acción para reclamar tal indemnización o derecho, por lo tanto, si el Sindicato es una entidad de derecho público, con personería jurídica propia y con capacidad de ejercer derechos y contraer obligaciones devenía obligado también a ejercer tal derecho, comenzando los trámites administrativo o gubernativos correspondientes por su propia mano, es decir por su propia gestión a través de sus representantes legales debidamente acreditados, debiendo en primer término agotar los medios establecidos en el contrato colectivo de trabajo, celebrado entre el Sindicato de Trabajadores del Banco Central de Honduras y el Banco Central de Honduras, según el cual, en su cláusula CUADRAGESIMA OCTAVA se establece literalmente: que “Cuando se presente un problema no previsto por el presente Contrato ni por el Reglamento Interno de Trabajo, las partes procuraran resolverlo de común acuerdo antes de acudir a las autoridades administrativas o jurisdiccionales…, situación que no ocurrió en el presente caso, ya que no consta en autos que el Sitrabantral haya planteado algún reclamo interno a la Administración Superior del banco, reclamando esta indemnización que supuestamente les corresponde, y además no consta en autos tampoco que el Sitrabantral haya realizado Gestión alguna ante el Ministerio de Trabajo para reclamar administrativamente ante autoridad competente, el pago de tal indemnización, lo único que el actor acompaña es una certificación de Acta de No conciliación, donde las partes que comparecieron fueron el Banco Central de Honduras y el señor Nelson Antonio Zavala Zavala en su condición personal, reclamando su reintegro por despido injusto, es decir su comparecencia era estrictamente personal y lógicamente reclamando lo que personalmente le afectaba como lo era el Despido que le había sido notificado por el Banco Central de Honduras como patrono”. Además dice que a pesar de que así se expuso en la audiencia en Primera instancia el A quo decidió resolver declarando inadmisible el incidente de nulidad, justificando su resolución en que el sindicato de Trabajadores del Banco Central de Honduras había agotado la vía gubernativa o administrativa respectiva por el hecho de que el señor NELSON ANTONIO ZAVALA ZAVALA en su condición personal había hechos gestiones ante el Ministerio de Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, contra el Banco Central de Honduras. Señala que la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés consideró que el hecho del que el señor NELSON ANTONIO ZAVALA ZAVALA en su condición personal hubiera intentado una conciliación ante las oficinas administrativas del trabajo era suficiente para considerar que el Sindicato de Trabajadores del Banco Central de Honduras había agotado el trámite gubernativo o administrativo, sin considerar dicho Tribunal los aspectos procesales para el ejercicio de acciones que le competen a cada persona, sea natural o jurídica, ni el hecho de que las acciones que se derivan del artículo 516, son dos y de naturaleza muy diferente, una de naturaleza procesal y personal, cuyo ejercicio le compete única y exclusivamente al trabajador aforado para emplazar al patrono por su despido, y la otra de naturaleza pecuniaria y exclusiva de la Organización Sindical, cuyo ejercicio le compete únicamente al Sindicato respectivo. El recurrente considera que la resolución del Ad quem vulnera la Garantía el Debido Proceso, contemplado en el artículo 90 de la Constitución de la República, en relación con las reglas procesales que establece el artículo 691 reformado del Código del Trabajo. Violación que se explica por el hecho de que el Tribunal Ad quem, ha dictado la sentencia interlocutoria objeto de esta demanda, sin observar las formalidades derechos y garantías que la ley adjetiva laboral establece, específicamente en lo que dispone el artículo 691 del Código del Trabajo, ya que de la simple lectura de los antecedentes del caso se encuentra que el Sindicato de Trabajadores del Banco Central de Honduras, como entidad independiente y con personería jurídica propia, titular de sus propios derechos y obligaciones NO AGOTO NI EL PROCEDIMIENTO GUBERNATIVO NI EL PROCEDIMIENTO REGLAMENTARIO CORRESPONDIENTE (sic). CONSIDERANDO: (5) Que el Ad quem en su resolución consideró que es un principio laboral el rápido adelantamiento del proceso, sin perjuicio de la defensa de las partes y para mantener la justicia social se requieren normas y procedimientos suficientemente claros y precisos que no impliquen obstáculos a las partes en conflicto para acudir ante las autoridades administrativas o judiciales a resolver sus problemas en la forma más rápida posible…, en tal sentido la norma citada y reformada establece que “Las acciones contra una entidad de derecho público, una personas administrativa autónoma, o una institución o entidad de derecho social, podrán iniciarse sólo cuando el actor a su elección, haya agotado bien el procedimiento gubernativo o bien el procedimiento reglamentario correspondiente” (sic). Además deja establecido que con la constancia extendida por el departamento de Conciliación de la Región de San Pedro Sula (f 15 y 16) y que fuera acompañada a la demanda por la parte actor, se demuestra a suficiencia la circunstancia relativa al agotamiento del procedimiento respectivo, por lo que es del caso confirmar la resolución interlocutoria que se conoce. Fundamenta su decisión en el artículo 691 del Código del Trabajo, señala en el literal b) que la finalidad de los medios de prueba es el establecimiento de la verdad de los hechos y sus circunstancias mediante el estricto cumplimiento de las disposiciones legales. c) Hace referencia que a falta de disposiciones especiales en el procedimiento del trabajo, se aplicarán las normas análogas del código del Trabajo y en su defecto las del Código de Procedimientos Civiles. (Art. 858 del Código de Trabajo). D) el código Procesal civil se aplicará supletoriamente cuando no existan disposiciones en las leyes que regulen los procesos…, laborales y de otra índole procesal. Confirmando la resolución interlocutoria de fecha tres de diciembre del año dos mil nueve. CONSIDERANDO: (6) Los Sindicatos de Trabajadores son personas jurídicas de derecho privado, cuyo fin es la defensa de intereses concretos relacionados con asuntos de orden laboral de las personas que deciden asociarse para tal fin. Se denomina “fuero sindical” la garantía de que gozan algunos trabajadores de no ser despedidos, ni desmejorados en sus condiciones de trabajo, ni trasladados a otros establecimientos de la misma empresa o a otro lugar, sin justa causa, previamente calificada por el juez de trabajo. CONSIDERANDO: (7) Que el artículo 691 dispone que “para entablar acciones contra una entidad de derecho público, una persona administrativa autónoma, o una institución o entidad de derecho social, podrán iniciarse sólo cuando el actor a su elección, haya agotado bien el procedimiento gubernativo o bien el procedimiento reglamentario (la negrita es nuestra) correspondiente. En cumplimiento de la norma debe dejarse claramente establecido las acciones que competen tanto a la persona natural como a la persona jurídica. Por su parte la persona natural le compete una acción personal – procesal, y a la persona jurídica le compete una acción de reclamo indemnizatorio, debiendo por su parte cada una de ellas (persona natural, y jurídica) cumplir con el agotamiento del procedimiento gubernativo o el reglamentario, a su elección, si bien podrá elegir entre cualquiera de los dos procedimientos no podrá omitir el procedimiento, ya que es una norma de orden público que no puede eludirse por convención de los particulares. Siguiendo este orden de ideas, si el actor por una parte comparece en su condición personal, ante el ente gubernativo a fin de agotar la vía administrativa, reclamando su reintegro por despido injusto; de igual manera la persona jurídica denominada Sindicato de Trabajadores debe comparecer a través de su apoderado legal agotando la vía gubernativa o el procedimiento reglamentario, haciendo un reclamo indemnizatorio, que deberá pagar la parte demandada en el caso de no haber dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 516 del Código del Trabajo, que se refiere a la protección del fuero sindical de un trabajador miembro de la junta Directiva de una organización sindical. CONSIDERANDO: (8) Que del estudio de los antecedentes esta Sala observa que corre agregada a los autos la certificación de Acta de No Conciliación de fecha 24 de abril el año 2009, extendida por la Oficina Regional del Trabajo de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, en la que consta que el abogado FABRIZZIO ANTONIO VALLE VENTURA compareció en su condición de apoderado legal del trabajador NELSON ANTONIO ZAVALA ZAVALA, para conciliar con el Banco Central de Honduras, reclamando a favor del trabajador el reintegro a su puesto de trabajo, por haber sido despedido injustamente, en la que finalmente no hubo conciliación. Del contenido de la certificación de mérito, se aprecia que en ningún momento se ha comparecido en representación del Sindicato de Trabajadores SITRABANTRAL, constando en el acta de mérito que la comparecencia del trabajador ha sido a título personal, ejercitando una acción personal, por otra parte el Abogado Valle Ventura, comparece como apoderado legal del señor NELSON ANTONIO ZAVALA ZAVALA, en ningún momento señala que en esa audiencia conciliatoria representa al Sindicato de Trabajadores para una reclamación indemnizatoria, actuación que es exclusiva de la organización sindical. CONSIDERANDO: (9) Que del Estudio de los antecedentes y la resolución recurrida esta Sala estima que la resolución del Ad quem, es errada cuando considera como agotada la vía administrativa del Sindicato de Trabajadores del Banco Central de Honduras, por la comparecencia del Trabajador NELSON ANTONIO ZAVALA ZAVALA, ante la Oficina Regional del Trabajo de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, en su condición personal, reclamando su reintegro por lo que cree es un despido injusto, inobservando que el Sindicato de Trabajadores SITRABANTRAL es una persona jurídica que como tal debe agotar también la vía administrativa. Salvo que el actor hubiese comparecido a la referida audiencia en su condición personal, y en su condición de representante del referido sindicato reclamando indemnización por fuero Sindical a favor de SITRABANTRAL, todo lo cual no sucedió según la referida certificación de acta de No Conciliación ya mencionada. Las normas que rigen la materia laboral son de orden público, en consecuencia rige para las partes en conflicto la igualdad de condiciones, a tenor de lo dispuesto en el artículo 691 del Código del Trabajo, por lo que según los antecedentes, el Sindicato de Trabajadores del Banco Central de Honduras, en su condición de persona jurídica, independiente, titular de derechos y obligaciones e interés distintos que reclamar, como lo es la protección de un derecho social y el cumplimiento de una obligación Indemnizatoria por parte del patrono, no agotó la vía Administrativa. CONSIDERANDO: (10) Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial[1]. Así, si bien los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. De acuerdo a estos postulados del debido proceso, y las razones expuestas, la resolución recurrida no se ajusta a los requerimientos, requisitos y formalidades señaladas en la ley, por lo que se ha vulnerado el debido Proceso. CONSIDERANDO: (11) Que el Ministerio Público al emitir su dictamen fue de la opinión que la decisión del Ad quem produce un estado de inseguridad jurídica al provocar una condición de desigualdad procesal no establecida por la ley procesal aplicable, pues dispensa al demandante del cumplimiento de un procedimiento previamente establecido para poder acceder a la vía judicial con su reclamo, vulnerando el Debido Proceso como garantía constitucional, por lo que es del parecer que se otorgue la acción de amparo interpuesta. CONSIDERANDO:(12) Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, oído el parecer del Fiscal y en aplicación de los artículos 80, 82, 90, 321, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 516, 691, del Código de Trabajo; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 41 No.1, 45, 48, 63, 65, de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 8, 10 Declaración Universal sobre Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.1, 24, Y 25 de La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, FALLA: OTORGANDO EL AMPARO a favor del recurrente. Que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redacto el Magistrado LIZARDO CARRANZA.- NOTIFIQUESE. Firmas y sello. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. Firma y sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL".
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de febrero del año dos mil trece, certificación de fallo de fecha veintidós de enero de dos mil trece, recaída en el recurso de Amparo Laboral, registrado en ese Tribunal bajo el número 205-P270-P380=10.
DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL
[1] Garantías Judiciales en el Estado de Emergencia, Opinión Consultiva OC-9/87, 6 de agosto de 1987.