Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia AL-166-10 — Registro 7370

Resumen

Sentencia revocó resolución dictada por juzgado de primera instancia con relación a demanda ordinaria laboral de emplazamiento contra el Banco Central de Honduras para que pruebe que siguió el procedimiento legal antes de despedir al Presidente de la Junta de Delegados de la sucursal de San Pedro Sula por Ministerio de ley, caso contrario que pague el fuero sindical

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."esta Sala observa que la Corte de Apelaciones de lo Laboral, de la Sección judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en su fallo, hace relación directa a la revocatoria del poder otorgado al recurrente por el Sindicato de Trabajadores del Banco Central de Honduras, presentado como un incidente por el apoderado de la parte demandada, sin entrar al análisis y motivación que corresponde al momento procesal que provoca la controversia y que no es otro, mas que aquel en que se deben interponer los incidentes..."..."El amparista ha visto conculcado su derecho a la defensa en el momento en que la Corte de Apelaciones de lo Laboral de la jurisdicción de San Pedro Sula revoca la providencia de fecha diez de febrero del año 2010, dictada por el A quo de esta ciudad, sin observar las exigencias del debido proceso en materia laboral, centrando su resolución en relación a la revocación y/o sustitución de poder, omitiendo hacer un pronunciamiento coherente, y conforme a las disposiciones de la norma laboral en cuanto al momento procesal en que deben exponerse y resolverse las cuestiones incidentales..."..."el fallo venido en amparo no impide la libre determinación de los empleados del Banco Central de Honduras a pertenecer o no al sindicato de Trabajadores de esta Institución Bancaria, o a participar en todo lo que atañe a las negociaciones colectivas entre los sindicalistas y la Institución Bancaria, los hechos que alteren la libre funcionalidad del sindicato son asuntos de carácter interno que el Sindicato deberá resolver, apegándose a las disposiciones de la ley..."..."la resolución objeto del presente recurso, vulnera el Derecho al debido proceso y el derecho de defensa quebrantándose los artículos 82, 90, citados por el recurrente..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintidós de enero de dos mil trece. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado FABRIZZIO ANTONIO VALLE VENTURA, a favor del SINDICATO DE TRABAJADORES DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS (SITRABANTRAL), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha cinco de marzo de dos mil diez, que revocó la resolución dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, en fecha diez de febrero de dos mil diez; con relación a la demanda ordinaria laboral para que se pague un fuero sindical por despido de un sindicalista, promovida por el SINDICATO DE TRABAJADORES DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS (SITRABANTRAL), contra el BANCO CENTRAL DE HONDURAS. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintiocho de mayo del año dos mil nueve, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, el abogado FABRIZZIO ANTONIO VALLE VENTURA, interponiendo demanda ordinaria laboral de emplazamiento, contra el BANCO CENTRAL DE HONDURAS, para que pruebe que siguió el procedimiento legal, antes de despedir al Presidente de la Junta de Delegados de la sucursal de San Pedro Sula por Ministerio de ley, caso contrario que sea condenado a pagar a su representado la cantidad de ciento quince mil setecientos trece lempiras exactos (Lps. 115,713.00), como pago del fuero sindical. 2) Que en fecha diez de febrero de dos mil diez, día señalado para la continuación de la audiencia primera de trámite, en la demanda de mérito, el abogado JORGE TORRES HENRIQUEZ, apoderado legal de la parte demandada, interpuso el incidente de carácter especial, de falta de representación legal del apoderado de la parte demandante, incidente que en la misma audiencia fue rechazado por no ser el momento procesal oportuno para presentarlo, según lo establece el Código de Trabajo, resolución contra la cual, el abogado TORRES HENRIQUEZ, interpuso recurso de reposición y subsidiariamente apelación. 3) Que la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha cinco de marzo del año dos mil diez, conociendo del recurso de apelación interpuesto por el abogado JORGE TORRES HENRIQUEZ, en su condición ya mencionada, dictó sentencia, mediante la cual revocó el auto apelado, dictado por el A-quo en fecha diez de febrero de dos mil diez, por considerar que, cuando faltan disposiciones especiales en el procedimiento relacionado al trabajo, deberán ser aplicadas las normas análogas del Código del Trabajo y en su defecto, las del Código de Procedimientos Civiles, siendo que dicho cuerpo legal, establece que la falta de representación puede ser apreciada de oficio por el Juez o Tribunal en cualquier momento procesal o podrá ser invocada por cualquiera de las partes en la primera oportunidad procesal que tengan, el incidente interpuesto por el abogado JORGE TORRES HENRIQUEZ, está correctamente fundado en el artículo 858 del Código del Trabajo y los artículos aplicables del Código de Procedimientos Civiles; el Ad-quem tiene como fundamento para su decisión los artículos 858 del Código del Trabajo; 59, 60 y 86 del Código Procesal Civil. 4) Que en fecha ocho de marzo del año dos mil diez, compareció ante esta Sala, el abogado FABRIZZIO ANTONIO VALLE VENTURA, interponiendo recurso de amparo a favor del SINDICATO DE TRABAJADORES DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS (SITRABANTRAL), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha cinco de marzo de ese mismo año, por considerar que la misma violenta los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO:(2) Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional relacionado con el artículo 41 de la Ley sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto, un reglamento, hecho, acto o resolución, de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO: (3) Que se conoce en Amparo la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Del Trabajo de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha cinco de marzo del año dos mil diez, en relación a la demanda ordinaria laboral instruida contra el Banco Central de Honduras, para que se pague el Fuero sindical, por despido de un empleado perteneciente, al sindicato de Trabajadores del Banco Central de Honduras CONSIDERANDO: (4) El recurrente al formalizar el recurso en contra de la resolución de la Corte de Apelaciones del Trabajo, de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, hace relación de los antecedentes, señalando que el A quo, declaró sin lugar el incidente planteado por el apoderado del Demandado Banco Central de Honduras en fecha diez de febrero del año 2010, fecha señalada para la continuación de la audiencia primera de trámite, cuyo objetivo era que las partes propusieran los medios de prueba, de los que se harían valer en juicio, no obstante el apoderado legal de la parte demandada, interpuso en forma extemporánea un incidente, argumentando que el apoderado actor ha cesado en su representación por haberse revocado expresamente el poder con que actuaba, señalando que por ser hechos recientes o posteriores a la audiencia antes celebrada debía aceptarse el incidente, para acreditar su pretensión presentó dos instrumentos públicos de fechas 8 y 12 de enero del año 2010, autorizados por el Notario Fredy Gerardo Mejía Bú, en el que comparece el señor Héctor Orlando Pérez, quien no acreditó su condición de Presidente del SITRABANTRAL, inobservando lo prescrito en el artículo dieciséis numeral cinco (16 No. 5) que establece que los instrumentos públicos deben contener: “Razón de haber tenido a la vista los instrumentos públicos que acrediten, en su caso el poder de representación de los comparecientes cuando actúen en nombre de otro, y la indicación expresa y categórica de que conforme a dicho poder tiene las facultades o la representación es suficiente para la celebración del acto o contrato”. Motivando su resolución el A quo en que “el momento procesal oportuno en materia laboral para interponer los incidentes que las partes consideren, ya les fue otorgado, razón por la que en el caso de autos no se pueden aplicar supletoriamente las normas establecidas en el Código civil, cuando ya está claramente determinado en el Código de Trabajo los momentos procesales para la interposición del incidentes”. Resolución que fue apelada por la parte demandada y que el Ad quem en fecha cinco de marzo del año dos mil diez, revocó por estimar que los motivos y consideraciones de derecho esgrimidos por el Juez A quo no son correctos, por las siguientes razones: “Porque las partes en sentido material pueden revocar el poder a su voluntad, expresa o tácitamente, en cualquier estado del pleito. Porque el artículo 86 No. 1 del Código Procesal Civil, establece que cesara el profesional del Derecho en su representación, por la revocación expresa o tácita del poder y luego que conste en el proceso, invocando además los preceptos 261 No. 1 de la Ley de Organización y Atribuciones del Los Tribunales, Artículo 59 del Código Procesal Civil establece que para poder actuar validamente las partes deberán gozar de capacidad procesal, estar legitimadas y ser asistidas por profesional del derecho que les defienda y represente. Señaló también “que a la falta de disposiciones especiales en el procedimiento del Trabajo, se aplicarán las normas análogas del Código del Trabajo, y en su defecto las del Código de Procedimientos Civiles (artículo 858 del Código Del Trabajo), que el artículo 22 del Código Procesal Civil señala que se aplicará supletoriamente cuando no existan disposiciones en las leyes que regulen los procesos penales, contenciosos-administrativos, laborales y de otra índole procesal”. Expresó además, que el tribunal Ad quem no le admitió la prueba propuesta, en su mayoría de fecha reciente; por lo que todo ello ha vulnerado los artículos 82 del Derecho a la Defensa, 90 del Debido Proceso, 3 del convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Libertad sindical y la Protección del Derecho de Libertad Sindical; 2 numeral 2 del Convenio 98 sobre el Derecho de sindicación y de Negociación colectiva. CONSIDERANDO: (5) Que al analizar la resolución censurada, esta Sala observa que la Corte de Apelaciones de lo Laboral, de la Sección judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en su fallo, hace relación directa a la revocatoria del poder otorgado al recurrente por el Sindicato de Trabajadores del Banco Central de Honduras, presentado como un incidente por el apoderado de la parte demandada, sin entrar al análisis y motivación que corresponde al momento procesal que provoca la controversia y que no es otro, mas que aquel en que se deben interponer los incidentes. Ciertamente la revocación o sustición del poder puede ocurrir en cualquier momento del proceso, por su naturaleza es considerado como un acto de mero trámite, no un incidente; entendiéndose como incidente “las cuestiones accesorias que surgen durante la substanciación de la cuestión principal, que son objeto de un proceso”[1]. Contrario a las cuestiones de mero trámite que no inciden en el fondo del asunto controvertido, siendo conocidas por el juez ya de oficio, o por petición de parte, sin que para ello se necesite el trámite incidental, el revocar o sustituir un poder es asunto de las partes en litigio que lo harán de acuerdo a sus facultades, confianza u otras circunstancias acordes a sus pretensiones. El Código Procesal Civil en su artículo 193 No. 2 literal a) señala que se consideran Providencias, cuando la resolución se dicte por aplicación de normas de impulso procesal, y cuando el tema procesal resuelto no exija motivación. En todo caso se citará el fundamento de derecho aplicable. CONSIDERANDO: (6) Que las normas supletorias solamente se utilizará en el caso de que la ley de aplicación directa, nada establezca sobre el caso concreto, o bien que su regulación siendo deficiente, requiera por ello de ser complementada, solo se aplica para integrar una omisión en la ley, o para interpretar sus disposiciones en forma que se integre con principios generales contenidos en otras leyes. Cuando la referencia de una ley a otra es expresa, se entenderá que la aplicación de la supletoria se hará en los supuestos no contemplados en la primera ley, que la complementará ante posibles omisiones o para la interpretación de sus disposiciones[2]. CONSIDERANDO:(7) Que el Código del Trabajo en su artículo 710 establece los momentos procesales en que podrán proponerse los incidentes, y esto es en la contestación de la demanda o en la audiencia primera de tramite, por lo que al momento en que el apoderado de la parte demandada invoca como incidente la revocación del poder otorgado al representante de la parte demandante, además que tal petición no reviste el carácter de incidente por su naturaleza tal como se dijo antes, no obstante ello, el Ad quem emite su fallo a la luz de las normas supletorias del nuevo Código de Procedimientos Civiles, lo cual altera la manera de sustanciar el procedimiento, cuando ya existe la norma aplicable al caso concreto señaladas sin lugar a dudas en el Código del Trabajo. CONSIDERANDO:(8) el debido proceso es aquel, que se ajusta a los requerimientos, procedimientos, y exigencias establecidas en la ley, necesarias para garantizar la efectividad del derecho material, por lo que la inobservancia en cualquiera de sus formas en el proceso, conduce al atropello de éste, concretamente lo señala el artículo 90 de la Carta Magna “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”. Que la resolución objeto del presente recurso vulnera el Derecho al debido proceso alegado como infringido, al resolver una cuestión que no reviste el carácter de incidente, en un momento procesal en el que ya no debían conocerse los incidentes, es decir no era el momento de incidentes ni era un incidente a resolver. CONSIDERANDO: (9) Que el artículo 82 Constitucional establece que el derecho de defensa es inviolable, que los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes, este derecho no admite excepción alguna, de esta manera se garantiza la igualdad procesal, reconocido y protegido dentro del marco de las garantías Constitucionales, en los instrumentos internacionales que forman parte del derecho interno de Honduras, entre ellos la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, que lo consagra en sus artículos 8 y 10. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos artículo 14. 1. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos ARTS. 8, 24, 25. El derecho de defensa se encuentra estrechamente ligado al debido proceso por lo que su desconocimiento lo invalida. El amparista ha visto conculcado su derecho a la defensa en el momento en que la Corte de Apelaciones de lo Laboral de la jurisdicción de San Pedro Sula revoca la providencia de fecha diez de febrero del año 2010, dictada por el A quo de esta ciudad, sin observar las exigencias del debido proceso en materia laboral, centrando su resolución en relación a la revocación y/o sustitución de poder, omitiendo hacer un pronunciamiento coherente, y conforme a las disposiciones de la norma laboral en cuanto al momento procesal en que deben exponerse y resolverse las cuestiones incidentales. CONSIDERANDO: (10) Que los artículo 3 del Convenio Ochenta y Siete de la Organización Internacional del Trabajo, sobre la Libertad Sindical; 2 No. 2 Del Convenio Noventa y Ocho Sobre el Derecho de Sindicación y Negociación Colectiva, no han sido vulnerados por la resolución del Ad Quem, encontrándose a salvo tales disposiciones, el fallo venido en amparo no impide la libre determinación de los empleados del Banco Central de Honduras a pertenecer o no al sindicato de Trabajadores de esta Institución Bancaria, o a participar en todo lo que atañe a las negociaciones colectivas entre los sindicalistas y la Institución Bancaria, los hechos que alteren la libre funcionalidad del sindicato son asuntos de carácter interno que el Sindicato deberá resolver, apegándose a las disposiciones de la ley. CONSIDERANDO: (11) Que la resolución objeto del presente recurso, vulnera el Derecho al debido proceso y el derecho de defensa quebrantándose los artículos 82, 90, citados por el recurrente. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, oído el parecer del Fiscal y en aplicación de los artículos 80, 82, 90 párrafo primero, 321, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 193 No.2 literal a) del Código Procesal Civil y 710 del Código de Trabajo; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 41 No.1, 45, 48, 63, 65, de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 8, 10 Declaración Universal sobre Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.1, 24, Y 25 de La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, FALLA: OTORGANDO EL AMPARO a favor del recurrente. Que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redacto el Magistrado LIZARDO CARRANZA.- NOTIFIQUESE. Firmas y sello. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. Firmas y sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central el uno de marzo de dos mil trece, certificación de la sentencia de fecha veintidós de enero de dos mil trece, recaída en el recurso de amparo laboral registrado en este Tribunal con el número 166-p268-p270=10.

DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

[1] VILLAMIL Carlos. Formulario de Procedimiento en materia de trabajo. Botas. México 1949. Pag. 65

[2] Castrillón y Luna Victor M. Normas Supletoria.MéxicoPág. 193