Sentencia AL-1297-09 — Registro 4944
Resumen
Sentencia confirmó resolución interlocutoria con relación a demanda ordinaria laboral contra la Fundación Internacional para la Asistencia Comunitaria de Honduras (FINCA) porque existe claúsula donde ambas partes convinieron que los conflictos se dirimirían por conciliación y en última instancia se subordinarían a la jurisdicción de los juzgados de letras de lo civil
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."esta Sala de lo Constitucional, ha manifestado que consecuentemente la existencia de una relación de trabajo no depende de lo que las partes hubieren pactado, sino de la situación real en que el trabajador se encuentre, de modo que la aplicación del derecho del trabajo depende cada vez menos de una relación jurídica subjetiva, cuya existencia es independiente del acto que condiciona su nacimiento; por ello resulta erróneo pretender juzgar la naturaleza de esta relación, de acuerdo a lo que las partes hubieren pactado, ya que si las estipulaciones consignadas en el contrato no corresponde a la realidad, y además, como ocurre en el caso subexamine, implican renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución y el Código del Trabajo le otorgan al trabajador son nulas de pleno derecho..."..." Que si bien la excepción de incompetencia por razón de la materia es un medio legal de defensa admitido supletoriamente por la legislación laboral, corresponde al Juez de esta jurisdicción para su decisión, tomar en cuenta la normativa constitucional y ordinaria que tutela el trabajo con un derecho social de orden público, por lo que procede el otorgamiento del presente amparo..."
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintidós de enero de dos mil trece. VISTO: Para dictar sentencia definitiva en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada DELMY ANARDA BANEGAS PADILLA a favor de la señora ALICIA TRINIDAD PAZ MEZA, mayor de edad, casada, Abogada, hondureña y de este domicilio, contra la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha dieciséis de octubre del año dos mil nueve, que confirmó la sentencia interlocutoria de fecha trece de agosto del año dos mil nueve, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán; con relación a la Demanda Ordinaria Laboral, interpuesta por la señora ALICIA TRINIDAD PAZ MEZA, en su condición personal, contra la FUNDACION INTERNACIONAL PARA LA ASISTENCIA COMUNITARIA DE HONDURAS (FINCA). A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha diecisiete de febrero del año dos mil nueve, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, la abogada ALICIA TRINIDAD PAZ MEZA, en su condición personal, interponiendo demanda ordinaria laboral contra la FUNDACION INTERNACIONAL PARA LA ASISTENCIA COMUNITARIA DE HONDURAS (FINCA), a través de su representante legal, señor PHILLIP CHARLES BROUGHTON JR., para que mediante sentencia definitiva se condene a la parte demandada a pagar el salario adeudado, pago de prestaciones laborales por despido indirecto y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde su despido hasta que quede firme la sentencia condenatoria, más las costas del juicio. 2) Que en fecha dieciséis de junio del año dos mil nueve, compareció ante el Juzgado de Letras citado, el abogado JORGE ALBERTO HERRERA FLORES, en su condición de apoderado legal de la parte demandada, contestando la demanda interpuesta en contra de su representada e interponiendo excepción dilatoria de Incompetencia de Tribunal por Razón de la Materia, por considerar que la señora Paz Meza, celebró un contrato de servicios profesionales con la demandada, en el cual ambas partes someten su controversia en caso de conflicto al Juzgado de Letras Primero de lo Civil de Francisco Morazán. 3) Que en fecha trece de agosto del año dos mil nueve, el Tribunal de primera instancia, dictó sentencia interlocutoria mediante la cual declaró con lugar la excepción dilatoria de Incompetencia de Tribunal por Razón de la Materia, por considerar que dicho Juzgado es incompetente para conocer de la demanda interpuesta por la señora ALICIA TRINIDAD PAZ MEZA, en virtud de que las obligaciones contraídas en los contratos deben cumplirse de buena fe entre las partes contratantes, al tenor de lo estipulado en los mismos, ya que tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y en el presente caso se acreditó que la demandante celebró un contrato de servicios profesionales con la FUNDACION INTERNACIONAL PARA LA ASISTENCIA COMUNITARIA DE HONDURAS (FINCA), en el cual ambas partes someten su controversia en caso de conflicto al Juzgado de Letras Primero de lo Civil de Francisco Morazán. 4) Que en fecha dieciséis de octubre del año dos mil nueve, la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, confirmó la sentencia interlocutoria que se deja relacionada en el inciso que precede, en virtud de haberse acreditado que la señora ALICIA TRINIDAD PAZ MEZA, celebró un contrato de servicios profesionales con la ahora demandada, y en su cláusula novena se convino que los conflictos entre las partes se dirimirían por conciliación y en última instancia se subordinarían al fuero civil de la jurisdicción de los Juzgados de Letras de lo Civil de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, y al revisar el contrato de servicios profesionales mencionado, se establece que el mismo reúne todos los requisitos señalados en el Código Civil para que surta todos sus efectos; citando como fundamento de su decisión el artículo 1539 del Código Civil. 5) La recurrente abogada DELMY ANARDA BANEGAS PADILLA, compareció ante este Tribunal, en fecha dieciséis de noviembre del año dos mil nueve, reclamando amparo a favor de la señora ALICIA TRINIDAD PAZ MEZA, afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha dieciséis de octubre del año dos mil nueve, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 64, 82, 90 párrafo primero, 321 y 323 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (1): Respecto a los derechos de defensa, debido proceso, legalidad y prohibición de disminuir, restringir o tergiversar las declaraciones, derechos y garantías establecidas dentro del marco constitucional, que considera violentados, el peticionario ha basado su recurso en que el aquo declaro con lugar una excepción dilatoria de incompetencia de tribunal, en virtud de la existencia de una cláusula en el contrato de servicios profesionales, donde en caso de conflicto ambas partes someterían sus controversias al Juzgado de Letras Primero de lo Civil; obviando el aquo que se trata de una relación laboral que ha de regirse por lo dispuesto en el Código de Trabajo. Resolución que fue confirmada por el aquem, conociendo del recurso de apelación interpuesto. CONSIDERANDO (2): Que tal y como esta Sala de lo Constitucional lo ha referido en otras ocasiones, el Debido Proceso, como derecho individual, al tenor de lo que dispone el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, implica que no es un derecho per se, sino que está conformado por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley; lo que trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos; y en el caso subjudice, el peticionario lo relaciona con los derechos de defensa, legalidad y prohibición de disminuir, restringir o tergiversar las declaraciones, derechos y garantías establecidas dentro del marco constitucional. CONSIDERANDO (3): Que el aquem al emitir su decisión se apoya en los siguientes criterios: a) Que la jurisdicción del trabajo esta instituida para decidir los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente del contrato de trabajo; b) que como principio general corresponde a las partes probar el supuesto de hecho de los preceptos que causaron los derechos impetrados. Así, el demandante debe acreditar idóneamente los hechos en que apoya sus pretensiones y el demandado aquellos en que fundamenta su defensa; c) que el demandado puede oponerse a la prosecución del proceso por entender que éste carece, tal como ha sido planteado, de alguno de los presupuestos procesales que reconoce nuestro ordenamiento jurídico; d) que tal como consta a folios 16 al 20, la señora ALICIA TRINIDAD PAZ MEZA, celebró un contrato de servicios profesionales con la ahora demandada, FUNDACION INTERNACIONAL PARA LA ASISTENCIA COMUNITARIA DE HONDURAS (FINCA), conocida también como FINCA HONDURAS; y en la cláusula NOVENA se convino que las partes aceptaban que el contrato celebrado no estaba sujeto “al fuero laboral, y por consiguiente los conflictos se dirimirán por conciliación y en última instancia se subordinan al fuero civil de la jurisdicción de los Juzgados de Letras de lo Civil de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central; e) que el Código Civil en su artículo 1539, define el contrato como una convención en virtud de la cual una o más personas se obligan para con otra u otras, o recíprocamente, a dar, hacer o no hacer alguna cosa, y al revisar el contrato de servicios profesionales mencionado en el anterior considerando, se establece que el mismo reúne todos los requisitos señalados en el Código Civil para que surta todos sus efectos. CONSIDERANDO (4): Que como lo ha expresado en la resolución de anteriores amparos[1], esta Sala de lo Constitucional, al juzgador laboral no le es permisible acogerse a normas del orden civil para analizar una relación laboral, porque ésta, por principio está protegida por la presunción legal que prevé el artículo 21 del Código del Trabajo en el sentido de que la misma está regida por un contrato de trabajo. Además de que al tenor de lo que dispone el artículo 24 de ese mismo ordenamiento, aunque el contrato de trabajo se presente involucrado o en concurrencia con otro y otros, no pierde su naturaleza, y le son aplicables, por tanto, las disposiciones de este Código. CONSIDERANDO (5): Que haciendo alusión a la jurisprudencia antes citada, esta Sala de lo Constitucional, ha manifestado que consecuentemente la existencia de una relación de trabajo no depende de lo que las partes hubieren pactado, sino de la situación real en que el trabajador se encuentre, de modo que la aplicación del derecho del trabajo depende cada vez menos de una relación jurídica subjetiva, cuya existencia es independiente del acto que condiciona su nacimiento; por ello resulta erróneo pretender juzgar la naturaleza de esta relación, de acuerdo a lo que las partes hubieren pactado, ya que si las estipulaciones consignadas en el contrato no corresponde a la realidad, y además, como ocurre en el caso subexamine, implican renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución y el Código del Trabajo le otorgan al trabajador son nulas de pleno derecho. CONSIDERANDO (6): Que si bien la excepción de incompetencia por razón de la materia es un medio legal de defensa admitido supletoriamente por la legislación laboral, corresponde al Juez de esta jurisdicción para su decisión, tomar en cuenta la normativa constitucional y ordinaria que tutela el trabajo con un derecho social de orden público, por lo que procede el otorgamiento del presente amparo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de VOTOS; haciendo aplicación de los artículos 64, 82, 90, 127, 303, 304, 313 numeral 5, 316, 321 y 323 de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5ta de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 numeral 2, 5, 6, 7, 8, 9 numeral 3 literal b, 41 numeral 1, 42, 45, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 3, 21 y 24 del Código de Trabajo FALLA: OTORGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada DELMY ANARDA BANEGAS PADILLA a favor de la señora ALICIA TRINIDAD PAZ MEZA, mayor de edad, casada, Abogada, hondureña y de este domicilio, contra la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha dieciséis de octubre del año dos mil nueve, que confirmó la sentencia interlocutoria de fecha trece de agosto del año dos mil nueve, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán; con relación a la Demanda Ordinaria Laboral, interpuesta por la señora ALICIA TRINIDAD PAZ MEZA, en su condición personal, contra la FUNDACION INTERNACIONAL PARA LA ASISTENCIA COMUNITARIA DE HONDURAS (FINCA). Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias a la Corte de Apelaciones antes referida, a efecto de que enmiende la resolución contra la cual se otorga el amparo. Redacto el Magistrado LOZANO URBINA.- NOTIFIQUESE. Firmas y sello. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. Firma y sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintiocho días del mes de febrero de dos mil trece, certificación de la sentencia de fecha veintidós de enero de dos mil trece, recaída en el recurso de amparo laboral registrado en este Tribunal con el número 1297-1022-1024=09.
DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
[1] Sentencia de fecha doce de febrero del año dos mil ocho, recaída en el Recurso de Amparo Laboral, registrado bajo el número 656-755-884-2006.