Sentencia AC-972-12 — Registro 7450
Resumen
Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación y confirmó auto dictado por juzgado de primera instancia en relación a demanda de ejecución de título judicial interpuesta por recurrente por considerar que éste no logró acreditar ninguno de los requisitos que conlleva la oposición por haber sido tanto el testamento como la tradición de dominio anulados por sentencia firme
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."esta Sala observa del estudio de los autos, que entre el acto reclamado en amparo y la motivación del Tribunal de Alzada, se aprecia la existencia de una relación de congruencia y proporcionalidad, mediante la cual se fundamenta la decisión de confirmar el auto dictado por el A-quo en fecha veintiséis de junio del año dos mil doce, toda vez que se ha acreditado que el recurrente no funda su escrito de oposición en ninguna de las causales establecidas en el artículo 763 del Código Procesal Civil..."..."al haberse constatado la inexistencia de una interpretación arbitraria, manifiestamente irrazonable, o que la misma sea excesivamente rigorista, formalista o desproporcionada, queda evidenciado para esta Sala, que la decisión adoptada por la Corte Tercera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, ha sido emitida en correspondencia a una potestad propia de su actividad, observando en su fundamentación legal, una efectiva adecuación de las normas aplicables, garantizando con ello, la efectiva tutela a los derechos de las partes, siendo además pertinente la misma, para los efectos de sustanciar adecuadamente el trámite ordinario a ser observado en el caso controvertido..."..."este alto Tribunal advierte de las cuestiones planteadas por el recurrente, que estas resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de lo anterior en que se haya vulnerado de algún modo el derecho constitucional de la parte recurrente, en consecuencia, debe procederse al sobreseimiento de la acción de amparo de que se ha hecho mérito..."..."es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad por las razones expuestas, advirtiéndose además, que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la substanciación del juicio principal..."
Legislación citada
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, M.D.C., cinco de marzo de dos mil trece. VISTO: el presente recurso de amparo interpuesto por el Abogado MAXIMILIANO DE J. RODRIGUEZ AYALA a favor del señor MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ, contra la sentencia dictada por la CORTE TERCERA DE APELACIONES DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha veintiuno de septiembre de dos mil doce, que confirma el auto dictado por el JUZGADO DE LETRAS PRIMERO SECCIONAL DE JUTICALPA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, en fecha veintiséis de junio de dos mil doce; en relación a la demanda de ejecución de título judicial, interpuesta por la señora ANA ROSA MOTIÑO PAGUADA, contra el señor MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ. CONSIDERANDO: Que el acto contra el cual se reclama en amparo lo constituye la sentencia de fecha veintiuno de septiembre de dos mil doce, mediante la cual la Corte Tercera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto y confirma el auto dictado por el Juzgado de Letras Primero Seccional de Juticalpa, departamento de Olancho; motivando su decisión el hecho de que el recurrente no ha logrado acreditar ninguno de los requisitos que conlleva la oposición, taxativamente comprendidos en el Artículo 763 del Código Procesal Civil, por haber sido tanto el Testamento previo invocado así como la Tradición de Dominio respectiva, anulados por Sentencia firme pasada en autoridad de cosa juzgada. CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición de la presente acción de amparo, se aprecia que el recurrente alega que con este acto se ha violentado en perjuicio de su representado, entre otros el derecho de defensa, la garantía del debido proceso y el derecho de propiedad contenidos en los artículos 82, 90 y 103 de nuestro texto fundamental, respectivamente, por considerar que el no está en posesión de los bienes a que se refiere el mandato de ejecución ya que los mismos fueron entregados a los legatarios. CONSIDERANDO: Que según dispone el artículo 763 del Código Procesal Civil, “Si el ejecutado compareciere en los tres (3) días siguientes a la notificación del mandamiento de ejecución podrá formular, mediante escrito, oposición a la ejecución alegando alguno de los siguientes motivos: 1. Falta de competencia del tribunal ante quien se insta la ejecución; 2. Falta del carácter, representación o legitimación del ejecutante o del ejecutado; 3. Falta de requisitos legales en el título; 4. Pago o cumplimiento de la obligación, justificado documentalmente; 5. Pluspetición; 6. Prescripción o caducidad de la pretensión de ejecución; y 7. Transacción o acuerdo de las partes, siempre que conste en documento público.” CONSIDERANDO: Que esta Sala observa del estudio de los autos, que entre el acto reclamado en amparo y la motivación del Tribunal de Alzada, se aprecia la existencia de una relación de congruencia y proporcionalidad, mediante la cual se fundamenta la decisión de confirmar el auto dictado por el A-quo en fecha veintiséis de junio del año dos mil doce, toda vez que se ha acreditado que el recurrente no funda su escrito de oposición en ninguna de las causales establecidas en el artículo 763 del Código Procesal Civil. CONSIDERANDO: Que al haberse constatado la inexistencia de una interpretación arbitraria, manifiestamente irrazonable, o que la misma sea excesivamente rigorista, formalista o desproporcionada, queda evidenciado para esta Sala, que la decisión adoptada por la Corte Tercera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, ha sido emitida en correspondencia a una potestad propia de su actividad, observando en su fundamentación legal, una efectiva adecuación de las normas aplicables, garantizando con ello, la efectiva tutela a los derechos de las partes, siendo además pertinente la misma, para los efectos de sustanciar adecuadamente el trámite ordinario a ser observado en el caso controvertido. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, por ese motivo se alejan de la jurisdicción constitucional y si bien están vinculadas con la normativa constitucional, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, los que han sido debidamente motivados, respetándose en todo momento el derecho de defensa y las formalidades exigidas por la ley, mismas que hoy se alegan violentadas por el recurrente. CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal advierte de las cuestiones planteadas por el recurrente, que estas resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de lo anterior en que se haya vulnerado de algún modo el derecho constitucional de la parte recurrente, en consecuencia, debe procederse al sobreseimiento de la acción de amparo de que se ha hecho mérito. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numerales 1) y 9), es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad por las razones expuestas, advirtiéndose además, que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la substanciación del juicio principal. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Constitucional y en aplicación de los artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ta. Y 316 de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el amparo interpuesto por el Abogado MAXIMILIANO DE J. RODRIGUEZ AYALA a favor del señor MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ, contra la sentencia dictada por la CORTE TERCERA DE APELACIONES DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha veintiuno de septiembre de dos mil doce, en virtud de haberse apreciado la concurrencia de la causal de inadmisibilidad establecida en el artículo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puesto que los alegatos esgrimidos por el recurrente son propios de instancia, toda vez que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetando las garantías constitucionales de la parte recurrente y por tanto no son susceptibles de la Garantía de Amparo; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. Firmas. JOSE FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el ocho de abril de dos mil trece, certificación de la resolución de fecha cinco de marzo de dos mil trece, recaída en el Recurso de Amparo Civil con orden de ingreso en este Tribunal No. 972=12.
DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL