Sentencia AC-957-11 — Registro 7449
Resumen
Sentencia resolvió recurso de apelación y de oficio decretó nulidad de actuaciones a partir de auto de admisión dictado por juzgado de primera instancia que había declarado con lugar la demanda ejecutiva de pago en acción cambiaria directa promovida por recurrente contra la Corporación Nacional de Inversiones (CONADI) y condenó a ésta última al pago de cantidad a favor de recurrente
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"esta Sala observa que el fallo recurrido en esta vía constitucional, ha estimado oportuno entre otros fundamentarse en lo preceptuado en el articulo 715.1 del Código Procesal Civil…articulo que no deja lugar a dudas en cuanto a que la nueva ley procesal civil confiere tales facultades de nulidad a los órganos jurisdiccionales respectivos, ahora bien conforme al rol establecido en el artículo 212 del Código Procesal Civil, se establecen los casos que dan lugar a la nulidad, entre los cuales se establece que serán nulos los actos procesales cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, haya podido producirse indefensión; añadiendo el artículo 214 de la citada normativa que la nulidad de pleno derecho, en todo caso, y los defectos de forma en los actos procesales que impliquen ausencia de los requisitos indispensables para alcanzar su fin o determinen efectiva indefensión, se harán valer por medio de los recursos establecidos en la ley contra la resolución de que se trate o por los demás medios que establezcan las leyes procesales. Así tenemos que para que sea procedente la declaración de nulidad de actuaciones judiciales es preciso la concurrencia conjunta de un triple requisito, a saber: a) La existencia de una infracción procesal sustancial, esto es, de una omisión total y absoluta de las normas esenciales del procedimiento, por lo que, “a contrario sensu”, no cualquier infracción de las normas procedimentales podrá determinar la nulidad de las actuaciones judiciales; b) En segundo término, que, como consecuencia directa de tal infracción procesal, se haya producido efectiva indefensión y c) Finalmente, que la nulidad de actuaciones se haga valer, en todo caso, a través de los recursos establecidos en la ley, concretamente de los de reposición y apelación, si hubiere existido posibilidad de ello, o de los demás medios establecidos en la ley...."..."menester es por parte de esta Sala apuntar que constitucionalmente se suscita indefensión de manera trascedente cuando la situación en la que, normalmente con infracción de una norma procesal, el órgano judicial en el curso del proceso impide a una parte el ejercicio del derecho de defensa, privando o limitando bien su facultad de alegar y justificar sus derechos e intereses para que le sean reconocidos, produciendo un efectivo y real menoscabo del derecho de defensa; a estos efectos tal y como anteriormente se ha dejado apuntado, no siempre la vulneración de cualquier normas procesal, trae aparejada la nulidad de actuaciones; constitucionalmente la indefensión para que sea relevante y determinante para decretar una nulidad de actuaciones, se dará únicamente en aquellos casos cuando con esa vulneración se aparejan consecuencias prácticas consistentes en la privación del derecho de defensa y en un perjuicio real y efectivo de los intereses del afectado por ella..."..."esta Sala estima que en el caso subjúdice la nulidad absoluta de actuaciones decretada por el Tribunal ad-quem, no se ajusta a los presupuestos que dan lugar a una nulidad absoluta de actuaciones, en otras palabras la nulidad decretada por la referida Corte de Apelaciones no es conforme a derecho, y ello se explica así, puesto que la nulidad decretada pretende sustentarse básicamente en la inobservancia por la parte demandante, de lo preceptuado en el articulo 147 de la Ley de Procedimiento Administrativo, en cuanto que la demanda que se presente deberá sustentarse en los mismos hechos y derechos en que se sustento el reclamo administrativo, normativa de la cual se colige que habiéndose formulado el respectivo reclamo administrativo por determinadas situaciones, y rechazado que sea tal reclamo por parte del Estado, no puede el solicitante después presentar demanda contra el Estado alegando otras situaciones que no se plantearon en el reclamo administrativo, en otras palabras no se puede aumentar lo ya reclamado administrativamente; en ese orden de ideas esta Sala encuentra que en el caso de merito ha operado en sentido contrario, puesto que si bien es cierto que la demandante al momento de presentar el respectivo reclamo administrativo previo a la vía judicial, consigno además del pago de lo adeudado el pago de Daños Morales, también lo es que al momento de interponer la demanda respectiva esto ultimo no fue incluido, en otras palabras la parte demandante desistió del pago de daños morales, situación procesal que evidentemente no provoca un estado de indefensión en la parte demandada, como para dar lugar con ello a decretar una nulidad absoluta de actuaciones..."
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
Sentencia
CERTIFICACION
El infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: El fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio Distrito Central, diecinueve de noviembre del dos mil trece.VISTO: Para dictar sentencia en la Acción de Amparo interpuesto por el Abogado MIGUEL RAFAEL MILLA PAVON, a favor de la SOCIEDAD MERCANTIL LABORATORIOS BAGO S.A., contra la sentencia dictada en fecha veintiocho de septiembre de dos mil once, por la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán, que resuelve un Recurso de Apelación contra la resolución dictada en fecha tres de mayo del año dos mil once, por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, con relación a la Demanda Ejecutiva de pago promovida por la SOCIEDAD MERCANTIL LABORATORIOS BAGO S.A, contra la CORPORACION NACIONAL DE INVERSIONES (CONADI).ANTECEDENTES 1) Que en fecha quince (15) de noviembre del año mil novecientos ochenta y nueve (1989), compareció ante el Juzgado de Letras Civil Departamento de Francisco Morazán, el abogado JOSE RAMON PAZ, en su condición de Apoderado legal de la Sociedad Mercantil denominada LABORATORIOS BAGO S.A., promoviendo DEMANDA EJECUTIVA EN ACCION CAMBIARA DIRECTA contra la CORPORACION NACIONAL DE INVERSIONES (CONADI). (F. 01 al 06 de la primera pieza).2) Que fecha tres (3) de mayo del año dos mil once (2011), seguido el trámite de ley correspondiente el a-quo dictó Sentencia Definitiva mediante la cual (Sic) “FALLA: 1.- Declarando SIN LUGAR la Excepción dilatoria de FALSEDAD DEL TITULO O DEL ACTO QUE LE HUBIERE DADO FUERZA DE TAL, asimismo las excepciones de INCOMPETENCIA DE JURISDICCION, SUSPENSIÓN DE PAGOS, LAS PERSONALES QUE TENGA EL DEMANDADO CONTRA EL ACTOR Y LA NULIDAD ABSOLUTA DE ACTUACIONES, interpuestas por el abogado SERGIO ZAVALA LEIVA, en su condición de Procurador General de la Republica y por ende representante del ESTADO DE HONDURAS.- 2.- DECLARANDO CON LUGAR, la Demanda Ejecutiva de Pago promovida por el Abogado JOSE RAMON PAZ, quien actúa en su condición de Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil LABORATORIOS BAGO S.A., contra la CORPORACION NACIONAL DE INVERSIONES (CONADI).- En consecuencia CONDENA a la CORPORACION NACIONAL DE INVERSIONES (CONADI) a pagar a su ejecutante o Representante Legal la cantidad de TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE DOLARES CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS DE DÓLAR ($326,899.79), mas intereses y costas del presente juicio. Y MANDA: Que si dentro del término de ley no se interpone recurso alguno contra este fallo, quede firme el mismo…” (F. 423 al 425 de la primera pieza de antecedentes).3) Que en fecha veintiocho (28) de septiembre del año dos mil once (2011), la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, conociendo de un recurso de apelación promovido por la abogada ANA LIA YNESTROZA PINEDA, en su condición de Procuradora Judicial ESTADO DE HONDURAS; contra el fallo que se deja relacionado en el numeral anterior, dicto sentencia mediante la cual “FALLA: 1) De oficio decreta la nulidad de actuaciones a partir del auto de admisión de la demanda de fecha dieciséis (16) de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve (1989), que obra a folio seis (6) de la primera pieza. 2) Devolver las actuaciones del Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, para retrotraerlas al estado que corresponda…” (F. 11 al 13 pieza de antecedentes).4) Que en fecha catorce de diciembre del año dos mil once, el recurrente Abogado MIGUEL RAFAEL MILLA PAVON, compareció ante esta Sala de lo Constitucional, reclamando amparo a favor de la SOCIEDAD MERCANTIL LABORATORIOS BAGO S.A., contra la sentencia, dictada en fecha veintiocho de septiembre de dos mil once, por la Corte Primera de Apelaciones del departamento de Francisco Morazán, arguyendo para ello que la misma es violatoria de los dispuesto en los artículos 82, 90, 94 y 96 de la Constitución de la República; acción constitucional que se formalizo en fecha doce de abril del año dos mil doce.6) Que en fecha ocho de mayo del año dos mil doce, el abogado MARIO RENE ALBERTO ALONZO, actuando en su condición de Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, emitió su dictamen siendo de la opinión que se OTORGUE, el recurso de amparo impetrado. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como lo preceptuado en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la resolución dictada el veintiocho de septiembre del año dos mil once, por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, mediante la cual de oficio decreta nulidad absoluta de actuaciones a partir del auto de admisión de la demanda de fecha dieciséis de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, en la DEMANDA EJECUTIVA EN ACCION CAMBIARA DIRECTA contra la CORPORACION NACIONAL DE INVERSIONES (CONADI).CONSIDERANDO (4): Que el recurrente abogado MIGUEL RAFAEL MILLA PAVON, actuando en su condición de apoderado Judicial de la sociedad mercantil denominada LABORATORIOS BAGO, S.A., aduce, tanto en el escrito de la presente acción extraordinaria, como en su formalización, que la supra indicada resolución del Ad-quem, es violatoria de las garantías constitucionales siguientes: Artículo 82 “El derecho de defensa es inviolable. Los habitantes de la república tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma en que señalan las leyes”; Artículo 90 párrafo 1º., “Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…”; y Artículo 96 “La ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado”; de la Constitución de la República, y contentivos respectivamente del derecho de defensa, Debido Proceso y la no retroactividad de la ley. CONSIDERANDO (5): Que según expone el recurrente de amparo, la resolución dictada por el ad-quem, vulnera en perjuicio de su representada las garantías constitucionales invocadas; explica para ello, que las mismas se habrían producido en tanto en cuanto el referido fallo ha tomado como argumento para decretar la nulidad de actuaciones una mera mención que se hizo en el reclamo administrativo, previo a la vía judicial relativo a los perjuicios al nombre y prestigio de su representada que la negativa del pago por parte de la CORPORACION NACIONAL DE INVERSIONES (CONADI), le podría provocar, ya que LABORATORIOS BAGO, S.A., estimo la posibilidad de promover la demanda con el añadido de Daños Morales; lo que finalmente no hizo así, por lo que debe entenderse que con ello nunca se ha des configurado la correspondencia exigida por la Ley de Procedimiento Administrativo, entre el reclamo administrativo y el memorial de la demanda. Señala el recurrente que afirmar lo contario es asumir una posición de literalidad de la ley, es decir con puntos y comas, situación que tanto la ley de Procedimiento Administrativo ni el Código Procesal Civil, reclaman, pues tal extremo riñe con los postulados procedimentales respectivos, además de pugnar con el sentido común y la lógica; aduce el recurrente que la resolución impugnada al decretar de oficio la nulidad de actuaciones, ha violentado también el articulo 36 de la Ley de Procedimiento Administrativo por cuanto en el mismo se indica la suficiencia de los actos cuando contengan los requisitos formales indispensables para alcanzar su objetivo, en ese orden señala que la lectura comparativa entre el reclamo administrativo y el plan de la demanda no contiene brecha alguna que propicie la ausencia de correspondencia entre los hechos y derechos reclamados, tal y como lo preceptúa el articulo 147 de la citada Ley de Procedimiento Administrativo, misma que no exige en ningún caso la literalidad idéntica entre reclamo y demanda; por lo que pretender darle tal sentido, es sencillamente desfigurar tal disposición, y que en ese sentido nuestro legislador ha sido lo suficientemente sabio al precaver abusos y actuaciones desmedidas al establecer en el articulo 125 de la citada ley una efectiva detente respecto delo cual determina: “las potestades de anulación, revocación y modificación de oficio no podrán ser ejercidas cuando por prescripción de acciones; por el tiempo transcurrido u otras circunstancias, su ejercicio resultase contrario a la equidad, al derecho de los particulares o a las leyes”; dice que al tenor de tal normativa resulta sorprendente que después de veintidós años se dejen sin valor ni efecto las actuaciones realizadas por el a-quo, por el ad-quem y la Propia Corte Suprema de Justicia, instancias que en ningún momento vislumbraron causal alguna para decretar nulidad.CONSIDERANDO (6): Que sigue explicando el recurrente que la resolución impugnada también violenta el artículo 96 de la Constitución de la República, en relación con el articulo 82 de la norma fundamental y lo dispuesto en el articulo 21.1 del Código Procesal Civil, puesto que la ley no tiene efecto retroactivo excepto en materia penal, y cuando la misma favorezca al delincuente, en ese sentido explica que la referida resolución quebranta el principio de irretroactividad de la ley al decretar la nulidad absoluta del juicio desde el auto mismo de la admisión de la demanda fundamentándose para ello en las facultades de nulidad que se preceptúan en el nuevo Código Procesal Civil, por lo que no se pueden anular actuaciones que estuvieron reguladas por el Código de Procedimientos Civiles, actuaciones que son legitimas y consolidadas y que se han dictado por las diferentes instancias jurisdiccionales incluso este Alto Tribunal; señala que las facultades de anulación que se establecen en el nuevo Código Procesal Civil deben entenderse otorgadas a partir de su vigencia, es decir que el juzgador puede anular actuaciones que no tengan que ver con órganos superiores por un lado y por otra parte de las emitidas antes de la vigencia del nuevo ordenamiento, por lo que la potestad de anulación en el caso de autos es a partir del día diez de noviembre de dos mil diez. CONSIDERANDO (7): Que finalmente el impetrante aduce que la vulneración de los artículos 82 y 94 de la Constitución de la República, se suscita por que el Tribunal ad-quem al decretar la nulidad absoluta de actuaciones, no satisface el derecho a la obtención de una sentencia, ya que su representada no fue convocada y escuchada en los autos y aunque, si bien puede considerarse como una facultad discrecional de Tribunal de Alzada, su misión primordialmente es la de emitir los fallos correspondientes que resuelvan las controversias allegadas a su conocimiento, por lo que en ese sentido la decisión impugnada lo que ha hecho es evadir el cumplimiento de la función que constitucionalmente le corresponde a los juzgados y tribunales de administrar justicia, sustituyéndola por una resolución que evidentemente provoca una indefensión a su representada, misma que durante veintidós años ha respetado la majestad de la ley, y que no se puede aceptar la nulidad referida por que con ello se da por concluida la demanda planteada, por lo que cualquier intento posterior de demandar quedaría bajo la orbita de la prescripción que podría alegar la parte ejecutada, mediante la respectiva excepción, y así poder librarse tranquilamente de una obligación documentada en títulos ejecutivos. CONSIDERANDO (8): Que al analizar la resolución censurada, esta Sala observa que la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, ha basado su decisión de decretar nulidad absoluta de actuaciones a partir e inclusive del auto de admisión de la demanda, arguyendo fundamentalmente para ello que la parte demandante no sujetó su demanda a lo prescrito en el artículo 147 de la Ley de Procedimiento, esto es que: “El reclamo administrativo previo a la vía judicial se sustentara en los mismos hechos y derechos que se invocaran en la eventual demanda judicial”; el citado tribunal de Alzada argumenta que la demanda ejecutiva de pago presentada por la sociedad mercantil denominada LABORATORIOS BAGO S.A., contra la CORPORACION NACIONAL DE INVERSIONES (CONADI), ha contravenido lo dispuesto en el citado articulo.CONSIDERANDO (9): Que frente a las inquietudes expuestas por el Recurrente contra la resolución del Ad-quem y para determinar si efectivamente la nulidad decretada por el mismo ha vulnerado garantías constitucionales, es conveniente, señalar que la garantía del derecho de defensa invocada por el recurrente forma parte del derecho al debido proceso, que también ha sido invocado por el impetrante, razón por la cual esta Sala al pronunciarse sobre la alegada vulneración de ambas lo hará en forma conjunta. Señalado lo anterior esta Sala estima prudente hacer algunas acotaciones respecto del recurso de apelación, mismo que no tiene otro objeto que el de obtener por parte del tribunal de segunda instancia, que el mismo declare que se han cometido infracciones procesales que llevan como consecuencia la nulidad de parte o todo lo actuado en el tribunal de primera instancia; para ello entendemos que el Tribunal de Alzada tiene la potestad para declarar de oficio los actos procesales que conllevan nulidad, en ese orden de ideas se puede presumir que sí se interpone un recurso de apelación, es por que en la primera instancia hayan ocurrido probablemente las siguientes actuaciones: a) Que el juez no apreció de oficio la nulidad del acto procesal; b) Que las partes no lo hayan solicitado oportunamente o que habiéndolo solicitado, el juez lo haya declarado inadmisible y no lo hayan recurrido en tiempo; y c) que el Juez haya denegado la impugnación presentada por las partes contra un acto nulo.CONSIDERANDO (10): Que señalado lo anterior esta Sala observa que el fallo recurrido en esta vía constitucional, ha estimado oportuno entre otros fundamentarse en lo preceptuado en el articulo 715.1 del Código Procesal Civil, que establece “Si se apreciare la existencia de infracción procesal que origine la nulidad absoluta de las actuaciones o de parte de ellas, el juzgado o Tribunal lo declarara así, y ordenara la retroacción de las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que la originó”; articulo que no deja lugar a dudas en cuanto a que la nueva ley procesal civil confiere tales facultades de nulidad a los órganos jurisdiccionales respectivos, ahora bien conforme al rol establecido en el artículo 212 del Código Procesal Civil, se establecen los casos que dan lugar a la nulidad, entre los cuales se establece que serán nulos los actos procesales cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, haya podido producirse indefensión; añadiendo el artículo 214 de la citada normativa que la nulidad de pleno derecho, en todo caso, y los defectos de forma en los actos procesales que impliquen ausencia de los requisitos indispensables para alcanzar su fin o determinen efectiva indefensión, se harán valer por medio de los recursos establecidos en la ley contra la resolución de que se trate o por los demás medios que establezcan las leyes procesales. Así tenemos que para que sea procedente la declaración de nulidad de actuaciones judiciales es preciso la concurrencia conjunta de un triple requisito, a saber: a) La existencia de una infracción procesal sustancial, esto es, de una omisión total y absoluta de las normas esenciales del procedimiento, por lo que, “a contrario sensu”, no cualquier infracción de las normas procedimentales podrá determinar la nulidad de las actuaciones judiciales; b) En segundo término, que, como consecuencia directa de tal infracción procesal, se haya producido efectiva indefensión y c) Finalmente, que la nulidad de actuaciones se haga valer, en todo caso, a través de los recursos establecidos en la ley, concretamente de los de reposición y apelación, si hubiere existido posibilidad de ello, o de los demás medios establecidos en la ley.CONSIDERANDO (11): Que señalado lo anterior menester es por parte de esta Sala apuntar que constitucionalmente se suscita indefensión de manera trascedente cuando la situación en la que, normalmente con infracción de una norma procesal, el órgano judicial en el curso del proceso impide a una parte el ejercicio del derecho de defensa, privando o limitando bien su facultad de alegar y justificar sus derechos e intereses para que le sean reconocidos, produciendo un efectivo y real menoscabo del derecho de defensa; a estos efectos tal y como anteriormente se ha dejado apuntado, no siempre la vulneración de cualquier normas procesal, trae aparejada la nulidad de actuaciones; constitucionalmente la indefensión para que sea relevante y determinante para decretar una nulidad de actuaciones, se dará únicamente en aquellos casos cuando con esa vulneración se aparejan consecuencias prácticas consistentes en la privación del derecho de defensa y en un perjuicio real y efectivo de los intereses del afectado por ella.CONSIDERANDO (12): Que al tenor de lo anteriormente señalado esta Sala estima que en el caso subjúdice la nulidad absoluta de actuaciones decretada por el Tribunal ad-quem, no se ajusta a los presupuestos que dan lugar a una nulidad absoluta de actuaciones, en otras palabras la nulidad decretada por la referida Corte de Apelaciones no es conforme a derecho, y ello se explica así, puesto que la nulidad decretada pretende sustentarse básicamente en la inobservancia por la parte demandante, de lo preceptuado en el articulo 147 de la Ley de Procedimiento Administrativo, en cuanto que la demanda que se presente deberá sustentarse en los mismos hechos y derechos en que se sustento el reclamo administrativo, normativa de la cual se colige que habiéndose formulado el respectivo reclamo administrativo por determinadas situaciones, y rechazado que sea tal reclamo por parte del Estado, no puede el solicitante después presentar demanda contra el Estado alegando otras situaciones que no se plantearon en el reclamo administrativo, en otras palabras no se puede aumentar lo ya reclamado administrativamente; en ese orden de ideas esta Sala encuentra que en el caso de merito ha operado en sentido contrario, puesto que si bien es cierto que la demandante al momento de presentar el respectivo reclamo administrativo previo a la vía judicial, consigno además del pago de lo adeudado el pago de Daños Morales, también lo es que al momento de interponer la demanda respectiva esto ultimo no fue incluido, en otras palabras la parte demandante desistió del pago de daños morales, situación procesal que evidentemente no provoca un estado de indefensión en la parte demandada, como para dar lugar con ello a decretar una nulidad absoluta de actuaciones. CONSIDERANDO (13): Que respecto de la vulneración de lo preceptuado en el articulo 96 de la Constitución de la República, que expresa: “La ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado”; principio constitucional por el cual entendemos que la no retroactividad de una ley, esta íntimamente ligada con el principio de la legalidad, esto es que toda persona natural o jurídica tiene derecho a la no retroactividad de la ley, salvo en materia penal, en consecuencia las nuevas leyes se aplican a los hechos futuros y no a los anteriores, respetando uno de los principios mas importantes del Estado de Derecho y su teología axiológica, como es la seguridad jurídica. Tal principio de la no retroactividad de la ley se quebranta únicamente por razones de humanidad, por vía de excepción, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado. Entiende esta Sala que el principio de que las leyes no son retroactivas al emanar directamente de la Constitución, y concretamente tratándose de la aplicación retrospectiva de cualquier norma procesal, evidentemente con ello se violenta el artículo 96 de nuestra constitución; sin embargo hay que rescatar que conforme la normativa procesal vigente en materia civil, y por tratarse de instancias, no se produce tal vulneración cuando el Tribunal de Alzada conociendo de un recurso de apelación bajo la egida del Código Procesal Civil dicta su fallo haciendo aplicación de la normativa vigente.CONSIDERANDO (14): Que al tenor de lo antes señalado en el iter del presente fallo, y de la doble vinculación a la Constitución y a la Ley a que se encuentra sujeta la autoridad recurrida en orden de subsanar lo proveído en el presente caso, lo cual es en todo caso concerniente al derecho a un debido proceso invocado por el garantista; razón por la cual se estima procedente otorgar la presente Acción de Amparo de que se ha hecho merito. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 59, 60, 80, 82, 90, 96, 183, 298, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 146 y 147 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 1, 3, 5, 6, 8, 21.1, 200, 211, 212, 214, 705, 713, 715 y 913 del Código Procesal Civil, contenido en Decreto No. 211-2006; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional.- FALLA: I.- OTORGANDO la Garantía Constitucional de Amparo interpuesta por el abogado MIGUEL RAFAEL MILLA PAVON, a favor de la SOCIEDAD MERCANTIL LABORATORIOS BAGO S.A., contra la sentencia dictada en fecha veintiocho de septiembre de dos mil once, por la Corte Primera de Apelaciones del departamento de Francisco Morazán; y II.- SE ORDENA que el Tribunal Ad-Quem profiera nuevo fallo conforme al razonamiento plasmado en las consideraciones contenidas en la motivación de la presente sentencia.- Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al órgano jurisdiccional de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redacto la Magistrada SANTOS MONCADA. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. Firma y sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO.- SECRETARIO POR LEY DE LA SALA CONSTITUCIONAL".
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de noviembre de dos mil trece, certificación de fallo de fecha diecinueve de noviembre de dos mil trece, recaída en el recurso de Amparo Civil, registrado en ese Tribunal bajo el número 957=11.
DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL