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Sentencia AC-950-11 — Registro 7977

Resumen

Sentencia denegó recurso de amparo contra providencia dictada por juzgado de primera instancia que resolvió solicitud de lanzamiento para que en término de treinta días hábiles desalojen bien inmueble rematado en relación a demanda ejecutiva de pago promovida por Banco Popular Covelo S A (Bancovelo Bcsa) contra recurrente

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."la Sala de lo Constitucional hace suya la argumentación jurídica de la sentencia venida en consulta, y manifiesta que la misma contiene la motivación necesaria, esta dictada en aplicación a la ley correspondiente por lo que no se observa vulneración al derecho de defensa ni al debido proceso. Al mismo tiempo señala que, la argumentación del recurrente relativa a la obligatoriedad de notificar la orden de requerimiento, no tiene basamento legal, pues el requerimiento cumple per se, el objetivo que se persigue con la notificación, el cual no es otro que el de poner en conocimiento determinada decisión judicial, así lo acontecido no es mas que la observancia al procedimiento ya establecido en la ley.."..."la Sala observa la decisión del A-quo de reponer la resolución dada inicialmente, y aplicar lo dispuesto en el artículo 207 numeral 1 del Código de Procedimientos Civiles, trajo como resultado la reconducción del proceso a la legalidad, puesto que en el juicio ejecutivo, el legislador dispuso otorgar los recursos en el efecto devolutivo, pues lo contrario iría en contra de brindar una justicia pronta y expedita, finalidad del juicio ejecutivo.."..."en virtud de ser patente la causal de improcedencia del presente recurso de amparo, corresponde que se sobresean las diligencias que conforman el mismo, por lo que el presente recurso de amparo venido en consulta debe ser reformado..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, once de Junio del año dos mil trece.- VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, de fecha once de noviembre de dos mil once, que deniega el recurso interpuesto contra la providencia y resolución dictadas por el Juzgado de Letras Civil de Francisco Morazán en fechas veinticinco y veintisiete de septiembre de dos mil diez respectivamente, en relación a un desalojo ordenado por la referida autoridad contra los señores DENNIS ANTHONY ORTEGA PERDOMO Y MILAGRO VILLATORO URBINA, manifestando el peticionario que (SIC) “con esta resolución esta lesionado en su totalidad sus derechos y garantías que la Constitución de la Republica establece.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha diez de noviembre de dos mil ocho, compareció ante el Juzgado de Letras Civil de Tegucigalpa, departamento Francisco Morazán, la abogada Maria Estela Medina Mejia actuando en su condición de Apoderada Legal del Banco Popular Covelo, Sociedad Anónima conocido Comercial mente como “BANCOVELO” O SUS SIGLAS “BCSA” entablando demanda Ejecutiva de Pago, contra el Licenciado en Administración DENNIS ANTHONY ORTEGA PERDOMO en su condición personal y además como Apoderado de la señora MILAGRO VILLATORO URBINA. (Folio uno (01) al tres (03) de la primera de antecedentes).- 2) En fecha trece de noviembre del año dos mil ocho, el juzgado antes referido admitió la demanda promovida por la Abogada Maria Estela Medina Mejia contra el Licenciado en Administración DENNIS ANTHONY ORTEGA PERDOMO en su condición personal y además como Apoderado de la señora MILAGRO VILLATORO URBINA. (Folio cuarenta y tres (43) de la primera de antecedentes).- 3) Que seguido el tramite de Ley, en fecha veinticinco de marzo de dos mil diez, el juzgado referido dando respuesta a una solicitud de “lanzamiento” presentada por el poderdante de adjudicataria del bien inmueble objeto del litigio resolvió; “Admítase el escrito que antecede, junto con la comunicación debidamente cumplimentada y demás documentos acompañados, los cuales se mandan agregar a sus antecedentes.- como se pide, por medio del señor Receptor de Despacho proceda a requerir personalmente en Legal y debida forma al señor DENNIS ANTHOMY ORTEGA PERDOMO, o cualquier persona mayor de edad que habitan el bien inmueble rematado en el presente Juicio, ubicado en el bloque L lote numero doce(12) de la urbanización Las Hadas segunda Etapa, para que dentro del termino de Treinta (30) días hábiles, procedan a desalojar el mismo que caso contrario se precederá al desalojo, haciendo uso de la seguridad publica, par tal fin habilitasen días y horas inhábiles.” (Folio ciento cincuenta y uno (151) de la primera de antecedentes).- 4) Que en fecha once de agosto de dos mil diez, los señores JAIME RENE CHAVEZ Y RAMON AUGUSTO VALLADARES, actuando en su condición de Director y Procurador respectivamente, presentaron Recurso de Reposición y subsidiario de Apelación ante el Juzgado referido resolviendo el mismo, “Admítase el Recurso de Reposición contra la providencia de fecha doce de agosto del presente año, bajo las consideraciones siguientes: 1) Que la ejecución incoada en fecha diez de noviembre del año dos mil ocho, recae en una venta en publica subasta, el bien inmueble objeto de remate se encuentra adjudicado a tercera persona que se presento en su condición de postor, 2) Que la sentencia (Remate) pronunciada contra el ejecutado, en el juicio ejecutivo son afectas al recurso de apelación en el efecto devolutivo tal como lo establece el articulo 207 numeral 1 de Procedimientos Civiles, 3) Que en el presente juicio ejecutivo se presenta el hecho que en fecha treinta de septiembre del año dos mil nueve, el cual fue adjudicado al señor CARLOS GERARDO GALEANO ROMERO por la cantidad de UN MILLO TRESCIENTOS MIL LEMPIRAS (L. 1,300,000.00), 4) Que en fecha once de agosto del presente año se personaron ante este despacho los abogado JAIME RENE CHAVEZ como director y RAMON AUGUSTO VALLADARES como procurador, interponiendo recurso de reposición y subsidiariamente apelación contra el auto de fecha cinco de agosto del presente año, el cual recae sobre las actuaciones de desalojo que procedan a raíz del remate antes indicado. Por las razones antes expuestas y en reconsideración a lo manifestado por la parte interesada HA LUGAR el recurso de reposición que ha interpuesto contra la providencia de fecha doce de agosto de dos mil diez, en consecuencia concédase el recurso apelación en efecto devolutivo sobre la providencia antes mencionada, si perjuicio a las notificaciones realizadas por los abogado JAIME RENE CHAVEZ como director y RAMON AUGUSTO VALLADARES como procurador, de fecha veinticuatro de septiembre del presente año, que mantienen subsistente para amparo de las acciones legales correspondientes que puedan tener carácter preclusivo. (Folio ciento setenta y cinco (175) de la primera de antecedentes).- 5) Que en fecha tres de noviembre de dos mil diez, compareció ante esta Sala de lo Constitucional, el abogado RAMON AUGUSTO VALLADARES, interponiendo acción de amparo a favor de DENNIS ANTHONY ORTEGA PERDOMO Y MILAGRO VILLATORO URBINA, contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE TEGUCIGALPA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÀN, con relación a la demanda ejecutiva, requerimiento de pago promovida por BANCO POPULAR COVELO S.A (BANCOCOVELO) contra DENNIS ANTHONY ORTEGA PERDOMO Y MILAGRO VILLATORO URBINA, por considerar el recurrente que dicha resolución violentan el derecho del debido proceso el derecho de defensa en contra de su representados, ambos amparados por la Constitución de la República en sus artículos 81. (Folio uno (01) al cinco (05) de la segunda de antecedentes).- 6) En fecha ocho de noviembre del año dos mil diez, esta Sala Resolvió, 1º DECLARARSE INCOMPETENTE para conocer de la demanda de amparo interpuesto por el Abogado RAMON AUGUSTO VALLADARES a favor de los señores DENNIS ANTHONY ORTEGA PERDOMO Y MILAGRO URBINA; 2º REMITIR LA DEMANDA DE AMPARO A LA CORTE SEGUNDO DE APELACIONES DE ESTA SECCION JUDICIAL. (Folio seis (06) de la segunda de antecedentes).- 7) Que en fecha once de noviembre del año dos mil once, seguido el procedimiento de la acción de amparo la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán, dictó sentencia mediante la cual falló DENEGANDO el recurso de amparo de mérito, interpuesto por el Abogado RAMON AUGUSTO VALLADARES a favor de los señores DENNIS ANTHONY ORTEGA PERDOMO Y MILAGRO URBINA. (Folio veintiocho (28) al veintinueve (29) de la segunda pieza de antecedentes).- 8) Que en fecha trece de diciembre de dos mil once, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado RAMON AUGUSTO VALLADARES, a favor de los señores DENNIS ANTHONY ORTEGA PERDOMO Y MILAGRO URBINA en virtud de la petición de estudio solicitada en base al en artículo 68 primer párrafo de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO (1): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.- CONSIDERANDO (2): Que la Ley Sobre Justicia Constitucional establece que las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, en cualquiera de los supuestos del artículo 68, vengan en trámite de consulta ante la Sala de lo Constitucional.- CONSIDERANDO (3): Que el caso que se conoce en consulta es la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil de esta sección judicial, en fecha once de noviembre de dos mil once, que deniega el recurso interpuesto contra la providencia y resolución dictadas por el Juzgado de Letras Civil de Francisco Morazán en fechas veinticinco y veintisiete de septiembre de dos mil diez respectivamente, en relación al desalojo ordenado por el A-quo contra los señores DENNIS ANTHONY ORTEGA PERDOMO Y MILAGRO VILLATORO URBINA.- CONSIDERANDO (4): Que los señores DENNIS ANTHONY ORTEGA PERDOMO Y MILAGRO VILLATORO URBINA, exponen en su acción de amparo, que la resolución de fecha 25 de marzo mediante la cual se ordena el desalojo del inmueble, y al mismo tiempo que se les requiera para la ejecución de dicha resolución, debió habérseles notificado previo a ser requeridos, por lo que a su juicio, la falta de notificación de la resolución que ordena el requerimiento, les vulnera el derecho de defensa. Por otro lado, señalan que la resolución mediante la cual el A-quo, conociendo de un recurso de reposición, repuso la decisión de admitir un recurso de apelación en ambos efectos, y en su lugar admitió el recurso de apelación solamente en el efecto devolutivo, vulnera el debido proceso, pues señala que la decisión apegada a derecho, era lo resuelto inicialmente.- CONSIDERANDO (5): Que entre los fundamentos que sirvieron de base a la Corte sentenciadora, para emitir su fallo, esta que el requerimiento realizado se hizo con las formalidades que la ley establece, pues la resolución ordena el requerimiento previo del ejecutado o a cualquier persona mayor de edad que habite en dicha vivienda, constando en autos que se requirió al joven DENNIS ORTEGA, mayor de edad, quien habita en dicha vivienda y es hijo del ejecutado, por lo que no se observa ninguna vulneración al debido proceso. Con relación al segundo agravio expuesto, señala la alzada que la resolución emitida en virtud del recurso de reposición, es la aplicación del artículo 207 numeral 1 del Código de Procedimientos Civiles, que señala que son apelables en el efecto devolutivo las sentencias pronunciadas contra el demandado en el juicio ejecutivo. Concluyendo la Corte de Apelaciones que la interposición del recurso de amparo es con la finalidad de dilatar el proceso, fundamentando la decisión en el numeral 9 del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, sin embargo, en la parte resolutiva de la misma falla denegando el recurso de amparo interpuesto.- CONSIDERANDO (6): Que la Sala de lo Constitucional hace suya la argumentación jurídica de la sentencia venida en consulta, y manifiesta que la misma contiene la motivación necesaria, esta dictada en aplicación a la ley correspondiente por lo que no se observa vulneración al derecho de defensa ni al debido proceso. Al mismo tiempo señala que, la argumentación del recurrente relativa a la obligatoriedad de notificar la orden de requerimiento, no tiene basamento legal, pues el requerimiento cumple per se, el objetivo que se persigue con la notificación, el cual no es otro que el de poner en conocimiento determinada decisión judicial, así lo acontecido no es mas que la observancia al procedimiento ya establecido en la ley. Con relación al segundo argumento, la Sala observa la decisión del A-quo de reponer la resolución dada inicialmente, y aplicar lo dispuesto en el artículo 207 numeral 1 del Código de Procedimientos Civiles, trajo como resultado la reconducción del proceso a la legalidad, puesto que en el juicio ejecutivo, el legislador dispuso otorgar los recursos en el efecto devolutivo, pues lo contrario iría en contra de brindar una justicia pronta y expedita, finalidad del juicio ejecutivo.- CONSIDERANDO (7): Que el artículo 46 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional señala: “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de amparo: 1), 2), 3), 4), 4), 5), 6), 7), 8), 9). Cuando examinados que sean los antecedentes, se constate en forma manifiesta que la acción tiene por objeto la dilación del proceso. …. Dentro del trámite se sobreseerán las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad.”.- CONSIDERANDO (8): Que en virtud de ser patente la causal de improcedencia del presente recurso de amparo, corresponde que se sobresean las diligencias que conforman el mismo, por lo que el presente recurso de amparo venido en consulta debe ser reformado.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, oído el parecer del señor Fiscal, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos Números: 303 reformado, 304 reformado, 313 No.5 reformado, 316 reformado y 319 reformado de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; No.9 y párrafo último del artículo 46, 48 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 6 atribución 5ª., del Reglamento Interno de la Corte Suprema de Justicia, FALLA: 1.- REFORMANDO la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, de fecha once de noviembre de dos mil once, 2.- SOBRESEYENDO LAS PRESENTES DILIGENCIAS, Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado LIZARDO CARRANZA. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. PRESIDENTE. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el veinticuatro (24) de junio del año dos mil trece (2013), certificación de la resolución de fecha once (11) de junio del año dos mil trece (2013), recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta con orden de ingreso en este Tribunal número 950=11.

DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL