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Sentencia AC-899-11 — Registro 7976

Resumen

Sentencia denegó recurso de amparo a favor de recurrente contra actuaciones dictadas por juzgado de primera instancia con relación a demanda para que se decrete mediante sentencia definitiva la expiración de un contrato de arrendamiento de un inmueble interpuesta contra recurrente

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."esta Sala comparte lo expresado por la Corte Primera de Apelaciones de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, cuando señala que en la demanda de desahucio consta en autos la sentencia definitiva de fecha veintitrés de agosto de dos mil siete, la cual quedó firme el diecinueve de septiembre de ese mismo año, por lo que contra ella no cabe recurso alguno; y, no queda mas que su ejecución, proceso que se llevo a cabo por el A-Quo; que es de hacer notar que la sentencia fue dictada mucho antes de entrar en vigencia el Código Procesal Civil, motivo por el cual deberá de sustanciarse su ejecución con el Código de Procedimientos Civiles, ya que dicho presupuesto no cabe dentro de los enumerados en las Disposiciones Transitorias del Código Procesal Civil, no habiendo disposición legal que ordene que la tramitación deberá de ser con el Código Procesal Civil, por lo que se entiende que el mismo deberá tramitarse con el Código de Procedimientos Civiles..."..."la Sala es del criterio que se confirme la sentencia proferida por la Corte Primera de Apelaciones de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha seis de septiembre de dos mil once, que denegó el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada ERIKA YOSELY CORRALES CRUZ a favor de la señora OLGA LIDIA CASTELLANOS QUIÑONEZ y GINO TENTORI, contra actuaciones dictadas por el JUZGADO DE LETRAS DE INQUILINATO DE TEGUCIGALPA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, con relación a la demanda para que se decrete mediante sentencia definitiva la expiración de un contrato de arrendamiento de un inmueble interpuesta por el señor LUIS ANTONIO VIJIL, contra los señores OLGA LIDIA CASTELLANOS QUIÑONEZ y GINO TENTORI MATUTY, en virtud de que el juicio se ha llevado en absoluto respeto a los derechos y formalidades que exige la ley..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central,treinta de julio de dos mil trece.- VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha seis de septiembre de dos mil once, dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DE TEGUCIGALPA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, que declaró que no se otorgue el recurso de amparo interpuesto por la Abogada ERIKA YOSELY CORRALES CRUZ a favor de la señora OLGA LIDIA CASTELLANOS QUIÑONEZ y GINO TENTORI, contra actuaciones dictadas por el JUZGADO DE LETRAS DE INQUILINATO DE TEGUCIGALPA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, con relación a la demanda para que se decrete mediante sentencia definitiva la expiración de un contrato de arrendamiento de un inmueble interpuesta por el señor LUIS ANTONIO VIJIL, contra los señores OLGA LIDIA CASTELLANOS QUIÑONEZ y GINO TENTORI MATUTY. Estimando la recurrente que con ese acto se le violenta el derecho contenido en el Artículo 82 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha veintiocho de septiembre de dos mil seis, compareció ante el Juzgado de Letras de Inquilinato de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, el señor LUIS GONZALO VIJIL, interponiendo demanda para que se decrete mediante sentencia definitiva la expiración de un contrato de arrendamiento de un inmueble en virtud de necesitarlo su propietario para habitarlo, desahucio, lanzamiento, habilitación de días y horas inhábiles, deposito de mensualidades a la orden del Tribunal, contra los señores OLGA LIDIA CASTELLANOS QUIÑONEZ Y GINO TENTORI MATUTY.- 2) Que el Juzgado de Letras de Inquilinato del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecinueve de junio del dos mil nueve, resolvió (Sic): “Visto; El informe de la Secretaría del despacho que antecede, declárese caducado de Derecho e irrevocablemente perdido el término antes indicado; en consecuencia decrétese el lanzamiento de la demandada señora OLGA LIDIA CASTELLANOS QUIÑONEZ, con auxilio de la Policía Nacional; para la práctica del mismo nómbrese Juez Ejecutor a ROBERTO MONTENEGRO ZAVALA, mayor de edad, hondureño y de este domicilio a quien se le hará saber del nombramiento en el recaído para su aceptación y demás efectos legales.- Artículos 3, 61, 62, 63 de la Ley de Inquilinato; 119, 129, 158, 704 del Código de Procedimientos Comunes; 306 de la Constitución de la República.- NOTIFIQUESE”. (Folio ciento catorce (114)).- 3) Que en fecha cuatro de agosto de dos mil nueve, compareció ante la Corte Segunda de Apelaciones de Tegucigalpa, Francisco Morazán, hoy Corte Primera de Apelaciones de lo Civil, la Abogada ERICKA JOSELY CORRALES CRUZ, interponiendo recurso de amparo a favor de los señores OLGA LIDIA CASTELLANOS QUIÑONEZ y GINO TENTORI, contra la resolución de fecha diecinueve de junio del año dos mil nueve, dictada por el Juzgado de Letras de Inquilinato del Departamento de Francisco Morazán, por considera que dichas resoluciones son violatorias de lo dispuesto en el Artículo 82 de la Constitución de la República.- 4) Que en fecha seis de septiembre de dos mil once, la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, fallo: (Sic) “Declarando que NO SE OTORGA LA GARANTIA CONSTITUCIONAL DE AMPARO INTERPUESTO POR LA ABOGADA ERICKA YOSELY CORRALES CRUZ.- Y MANDA Que se notifique este fallo, que se eleve a trámite de consulta obligatoria la presente Sentencia emitida por la Corte a la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia y en su oportunidad se devuelvan los antecedentes al Juzgado de su procedencia, con certificación de estilo para su debido cumplimiento. (Folio treinta y dos (32) al treinta y cuatro (34).- 5) Que en fecha veinticinco de noviembre de dos mil once, este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo relacionado en el inciso anterior, en estricto cumplimiento al Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO UNO (1): Que se conoce en consulta obligatoria la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, que denegó el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada ERIKA YOSELY CORRALES CRUZ a favor de la señora OLGA LIDIA CASTELLANOS QUIÑONEZ y GINO TENTORI, contra actuaciones dictadas por el Juzgado de Letras de Inquilinato de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, con relación a la demanda para que se decrete mediante sentencia definitiva la expiración de un contrato de arrendamiento de un inmueble interpuesta por el señor LUIS ANTONIO VIJIL, contra los señores OLGA LIDIA CASTELLANOS QUIÑONEZ y GINO TENTORI MATUTY.- CONSIDERANDO DOS (2): Que el reclamante sustentó su recurso de amparo ante la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, manifestando básicamente que se le han violentado con la resolución recurrida, las garantías constitucionales referidas, debido a que, el Juez ordenó la ejecución de la sentencia siguiendo los lineamientos y procedimientos establecidos en el Código de Procedimientos Civiles, debiendo hacerlo conforme al Código Procesal Civil.- CONSIDERANDO TRES (3): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.- CONSIDERANDO CUATRO (4): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución, es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho.- CONSIDERANDO CINCO (5): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución, exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo.- CONSIDERANDO SEIS (6): Que la violación al derecho de defensa se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos, que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a una parte, lo que en el presente caso sucedió.- CONSIDERANDO SIETE (7): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional.- CONSIDERANDO OCHO (8): Que esta Sala comparte lo expresado por la Corte Primera de Apelaciones de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, cuando señala que en la demanda de desahucio consta en autos la sentencia definitiva de fecha veintitrés de agosto de dos mil siete, la cual quedó firme el diecinueve de septiembre de ese mismo año, por lo que contra ella no cabe recurso alguno; y, no queda mas que su ejecución, proceso que se llevo a cabo por el A-Quo; que es de hacer notar que la sentencia fue dictada mucho antes de entrar en vigencia el Código Procesal Civil, motivo por el cual deberá de sustanciarse su ejecución con el Código de Procedimientos Civiles, ya que dicho presupuesto no cabe dentro de los enumerados en las Disposiciones Transitorias del Código Procesal Civil, no habiendo disposición legal que ordene que la tramitación deberá de ser con el Código Procesal Civil, por lo que se entiende que el mismo deberá tramitarse con el Código de Procedimientos Civiles.- CONSIDERANDO NUEVE (11): Que por las razones anteriormente expuestas, la Sala es del criterio que se confirme la sentencia proferida por la Corte Primera de Apelaciones de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha seis de septiembre de dos mil once, que denegó el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada ERIKA YOSELY CORRALES CRUZ a favor de la señora OLGA LIDIA CASTELLANOS QUIÑONEZ y GINO TENTORI, contra actuaciones dictadas por el JUZGADO DE LETRAS DE INQUILINATO DE TEGUCIGALPA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, con relación a la demanda para que se decrete mediante sentencia definitiva la expiración de un contrato de arrendamiento de un inmueble interpuesta por el señor LUIS ANTONIO VIJIL, contra los señores OLGA LIDIA CASTELLANOS QUIÑONEZ y GINO TENTORI MATUTY, en virtud de que el juicio se ha llevado en absoluto respeto a los derechos y formalidades que exige la ley.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos 1,82,183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 , 46 numeral 3) y 9), 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: Confirmado la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha seis de septiembre de dos mil once; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. PRESIDENTA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO. EDITH MARIA LOPEZ RIVERA. Firma y Sello. CRISTIAN RAMON BAQUIZ FLORES. RECEPTOR ADSCRITO SECRETARIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el catorce (14) de agosto del año dos mil trece (2013), certificación de la resolución de fecha treinta (30) de julio del año dos mil trece (2013), recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta con orden de ingreso en este Tribunal número 899=11.

DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL