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Sentencia AC-884-12 — Registro 7974

Resumen

Sentencia otorgó recurso de amparo contra actuaciones dictadas por juzgado de primera instancia, señaló que se debe decretar nulidad absoluta de actuaciones en demanda ordinaria de nulidad absoluta de instrumentos públicos, de contratos contenidos en ellos e inscripción registral promovida por demandantes contra demandados por considerar que sentencia definitiva no es firme al no haberse notificado al tercero perjudicado

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."esta Sala de lo Constitucional estima que del estudio de los antecedentes así como de la sentencia venida en consulta, el razonamiento externado en la misma por la Corte Primera de Apelaciones de este departamento, es conforme a derecho, ya que ha resultado suficientemente claro que las actuaciones del a-quo, consistentes en la sentencia definitiva de fecha once (11) de noviembre del año dos mil diez; la Comunicación Judicial librada al señor Registrador de la Propiedad, Inmueble y Mercantil de la ciudad de Trujillo, departamento de Colón, en fecha veintiuno de marzo del dos mil once; la providencia de fecha veintiocho de julio del año dos mil once; la Providencia de fecha dos de mayo del dos mil doce; y la Orden de desalojo de fecha dieciocho de junio del año dos mil doce, emitidas en el expediente número 0801-2010-00758 contentivo de la Demanda Ordinaria de Nulidad Absoluta de instrumentos Públicos; De los contratos que contenidos en ellos y de su inscripción registral, promovida por el Abogado ANTONIO TREJO CABRERA, efectivamente ha vulnerado en perjuicio de la sociedad mercantil denominada EXPORTADORA DEL ATLANTICO, S.A. de C.V., las garantías constitucionales del debido proceso y derecho de defensa..."..."esta Sala estima que en el caso subjúdice, tal y como lo apreciado la Honorable Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán, efectivamente se han producido la vulneración de los derechos de defensa y debido Proceso y esto se estima así, puesto que tal y como lo señala el ad-quem, hasta el momento de dictarse sentencia definitiva por parte del a-quo en fecha once de noviembre del año dos mil diez, no se había hecho notificación, tanto de las providencias como de la señalada sentencia a la parte que pudiese resultar perjudicada con el contenido de las misma, sentencia esta que como muy bien se apunta debió ser notificada a las partes conforme lo preceptuado en la nueva normativa vigente, esto es el Código Procesal Civil, y aunado a ello al constar en autos que la inscripción registral que se anula y manda cancelar estaba nombre de la sociedad Agrícola Lexus de Honduras S.A., de C. V., persona jurídica que ostenta la calidad de tercero respecto a las partes demandadas y demandantes en el juicio promovido, al ser afectada con el contenido del referido fallo, provoca la vulneración de de los derechos constitucionales antes citados, razón por la cual esta Sala comparte el criterio esgrimido por el ad-quem, en cuanto que el juzgado de instancia debió haber posibilitado el ejercicio del derecho al recurso de la referida sociedad en su condición de tercero afectado, en los términos que señala el Código Procesal Civil, situación que al no suceder así ha provocado la vulneración de las ya referidas garantías constitucionales..."..."esta Sala considera procedente que se confirme la sentencia venida en consulta..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

.."Que el articulo 90 de la Constitución de la Republica, consagra el Derecho al Debido Proceso, respecto del cual esta Sala deviene en señalar que este constituye una ineludible carga que se le impone a los órganos del Estado, tanto administrativos como jurisdiccionales, para que sus actuaciones se sometan a los principios rectores que garantizan a cada individuo sus derechos fundamentales; constituye entonces un limite al poder estatal a favor del individuo, quien podrá reclamar en todo momento que sea respetados sus derechos, para efectos de obtener respuesta dentro de un juicio justo. El debido proceso comprende el principio de legalidad, juez natural, acceso a los órganos jurisdiccionales, derecho de defensa, derecho a una resolución que resuelva sus pretensiones sin dilaciones injustificadas, oportunidad de presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en contra, prohibición de un doble juzgamiento ( non bis ídem) motivación de actos y resoluciones de los poderes públicos. El Debido Proceso garantiza la transparencia de las actuaciones de las autoridades publicas y el agotamiento de las etapas previamente determinadas por el ordenamiento jurídico, es por ello que se asegura que el Debido Proceso se encuentra íntimamente ligado con la procura de un orden justo; ello implica asegurar que los poderes públicos constituidos sujeten sus actos (sentencias, actos administrativos) no solamente a las normas orgánicas constitucionales sino a los valores, principies y derechos como objeto de la jurisdicción constitucional. CONSIDERANDO: Que señalado lo anterior esta Sala estima que en el caso subjúdice, tal y como lo apreciado la Honorable Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán, efectivamente se han producido la vulneración de los derechos de defensa y debido Proceso y esto se estima así, puesto que tal y como lo señala el ad-quem, hasta el momento de dictarse sentencia definitiva por parte del a-quo en fecha once de noviembre del año dos mil diez, no se había hecho notificación, tanto de las providencias como de la señalada sentencia a la parte que pudiese resultar perjudicada con el contenido de las misma, sentencia esta que como muy bien se apunta debió ser notificada a las partes conforme lo preceptuado en la nueva normativa vigente, esto es el Código Procesal Civil, y aunado a ello al constar en autos que la inscripción registral que se anula y manda cancelar estaba nombre de la sociedad Agrícola Lexus de Honduras S.A., de C. V., persona jurídica que ostenta la calidad de tercero respecto a las partes demandadas y demandantes en el juicio promovido, al ser afectada con el contenido del referido fallo, provoca la vulneración de de los derechos constitucionales antes citados, razón por la cual esta Sala comparte el criterio esgrimido por el ad-quem, en cuanto que el juzgado de instancia debió haber posibilitado el ejercicio del derecho al recurso de la referida sociedad en su condición de tercero afectado, en los términos que señala el Código Procesal Civil, situación que al no suceder así ha provocado la vulneración de las ya referidas garantías constitucionales.."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

EL Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecinueve de febrero del dos mil trece. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada de fecha veintinueve de octubre de dos mil doce, por la Corte Primera de Apelaciones Civil de Francisco Morazán, que otorgó el recurso de amparo interpuesto por el Abogado SAUL MONTES AMAYA, mayor de edad, casado, hondureño, inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el numero 2977, con oficina profesional ubicada en el numero 2333, de la Colonia El Prado en esta ciudad; a favor de la sociedad mercantil denominada EXPORTADORA DEL ATLANTICO, S.A. DE C.V., contra actuaciones dictadas por el Juzgado de Letras de lo Civil de Francisco Morazán, con relación a la demanda ordinaria de nulidad absoluta de instrumentos públicos promovida por los señores AGRIPINO AVILA MELENDEZ, ESTEBAN BONILLA GUERRERO, MIGUEL FRANCISCO RAMIREZ HERNÁNDEZ, AQUILINO MEZA SAUCEDA, BENJAMIN GARCIA, GABRIEL MEZA BETANZO, BELARMINO VASQUEZ, JORGE BERNARDO NAJERA, SANTOS ELISEO PAVON AVILA, JUAN MIGUEL LOPEZ, ANGELINO LOPEZ RAMIREZ, FELIPE MEJIA, PEDRO ANTONIO SANTAMARIA PERAZA, EMILIO BAUTISTA GARCIA, PASCUAL DE JESUS RUIZ Y OTROS contra los señores JOSE DESIDERIO DELGADO, ANGEL FIGUEROA Y OTROS. ANTECEDENTES 1) Que en fecha nueve de agosto de dos mil doce, compareció ante la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán, el Abogado SAUL MONTES AMAYA, interponiendo Recurso de Amparo a favor de la sociedad mercantil denominada EXPORTADORA DEL ATLANTICO, S.A. DE C.V., contra actuaciones del Juzgado de Letras de lo Civil del departamento de Francisco Morazán contenidas en: a) Sentencia definitiva de fecha once de noviembre de dos mil diez, b) Comunicación Judicial librada al Registrador de la Propiedad, Inmueble y Mercantil de Trujillo, Colón de fecha veintiuno de marzo de dos mil once, c) Providencia de fecha veintiocho de julio de dos mil once, d) Providencia de fecha dos de mayo de dos mil doce y e)Orden de desalojo de fecha dieciocho de junio de dos mil doce, con relación a la demanda ordinaria de nulidad absoluta de instrumentos públicos promovida por los señores AGRIPINO AVILA MELENDEZ, ESTEBAN BONILLA GUERRERO, MIGUEL FRANCISCO RAMIREZ HERNÁNDEZ, AQUILINO MEZA SAUCEDA, BENJAMIN GARCIA, GABRIEL MEZA BETANZO, BELARMINO VASQUEZ, JORGE BERNARDO NAJERA, SANTOS ELISEO PAVON AVILA, JUAN MIGUEL LOPEZ, ANGELINO LOPEZ RAMIREZ, FELIPE MEJIA, PEDRO ANTONIO SANTAMARIA PERAZA, EMILIO BAUTISTA GARCIA, PASCUAL DE JESUS RUIZ Y OTROS contra los señores JOSE DESIDERIO DELGADO, ANGEL FIGUEROA Y OTROS, argumentando para ello que tales actuaciones del a-quo son violatorias de lo dispuesto en los artículos 61, 82, 90, 103, 321, 323 y 331 de la Constitución de la República. 2) Que en fecha veintinueve de octubre de dos mil doce, el Tribunal ad-quem dictó sentencia mediante la cual falló OTORGANDO la acción de amparo interpuesta por el abogado SAUL MONTES AMAYA, a favor de la Sociedad Mercantil EXPORTADORA DEL ATLANTICO, S.A. de C.V., contra las actuaciones precisas del Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, que se dejan relacionadas en el numeral anterior; señalando el ad-quem expresamente que las resoluciones y ordenes de desalojo comprendidos en los literales del pronunciamiento “PRIMERO” de esta parte dispositiva, no obligan ni se aplican a la sociedad mercantil Exportadora del Atlántico, S.A. de C.V., por contravenir, disminuir y tergiversar derechos fundamentales. (F; 205 al 217 v., segunda pieza de antecedentes). 3) Que en fecha cinco de noviembre del año dos mil doce, esta Sala de lo Constitucional recibió para su consulta, la sentencia que se deja relacionada en el numeral anterior en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado SAÚL MONTES AMAYA, ello en cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO: Que la Ley Sobre Justicia Constitucional, manda que las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, irá en trámite de consulta obligatoria para ante la Sala de lo Constitucional; señalando que al órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, le corresponderá reformar, confirmar o revocar la sentencia consultada. CONSIDERANDO: Que la sentencia venida en consulta es la que fuera dictada por mayoría de votos en fecha veintinueve de octubre del año dos mil doce, por la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán, misma que otorga el recurso de amparo interpuesto por el abogado SAÚL MONTES AMAYA, a favor de la sociedad mercantil denominada EXPORTADORA DEL ATLANTICO, S.A. de C.V., contra precisas actuaciones del Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, con sede en esta ciudad, para ello el ad-quem ha estimado que las resoluciones contra las cuales se ha interpuesto la acción de amparo así como también las ordenes de desalojo no obligan ni se aplican a la referida sociedad mercantil porque las mismas contravienen, disminuyen y restringen los derechos constitucionales del derecho de defensa y debido proceso, por lo que ordena la conducta a seguir por parte del a-quo, ello con el fin de hacer volver las cosas siempre que sea posible al estado anterior a su violación, y determina por lo tanto que la primera instancia al recibo de la certificación de la sentencia, debe proceder a decretar la nulidad absoluta de actuaciones en el juicio ordinario que obra en el expediente Nº 0801-2010-00758, a partir e inclusive del auto de fecha veinticuatro de noviembre del año dos mil diez, que obra a folio ochenta y tres (83), incluyendo consecuentemente lo actuado por el juez ejecutor OSCAR ARMANDO MEZA RODRIGUEZ, en vista de que dicha sentencia no ha adquirido firmeza, al no haberse notificado al tercero perjudicado, esto es la empresa mercantil denominada EXPORTADORA DEL ATLANTICO, S.A. de C.V., consecuentemente el referido Juzgado deberá proceder a practicar la notificación de dicha sentencia al tercero referido; debiendo también librar comunicación al Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Trujillo, departamento de Colon a fin de que deje sin valor ni efecto la cancelación de la inscripción del Instrumento Publico numero cuarenta y uno (41), correspondiente al asiento Nº 41 del Tomo CXXXVI (136) del Libro de Registro de Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas de dicho Registro; señalando que en la misma comunicación se deberá ordenar dejar sin valor ni efecto la matricula Nº 285609 de fecha veinticuatro de mayo del dos mil once, así mismo los subsiguientes asientos regístrales que se derivan o son consecuencia de ella; y finalmente estipula que si la sociedad agraviada EXPORTADORA DEL ATLANTICO, S.A. de C.V., no esta poseyendo el inmueble conocido como Finca San Isidro, se deberá librar comunicación al Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, departamento de Colon, para que ponga a la misma en posesión del citado inmueble, pudiendo requerir el auxilio de la fuerza publica. CONSIDERANDO: Que esta Sala de lo Constitucional estima que del estudio de los antecedentes así como de la sentencia venida en consulta, el razonamiento externado en la misma por la Corte Primera de Apelaciones de este departamento, es conforme a derecho, ya que ha resultado suficientemente claro que las actuaciones del a-quo, consistentes en la sentencia definitiva de fecha once (11) de noviembre del año dos mil diez; la Comunicación Judicial librada al señor Registrador de la Propiedad, Inmueble y Mercantil de la ciudad de Trujillo, departamento de Colón, en fecha veintiuno de marzo del dos mil once; la providencia de fecha veintiocho de julio del año dos mil once; la Providencia de fecha dos de mayo del dos mil doce; y la Orden de desalojo de fecha dieciocho de junio del año dos mil doce, emitidas en el expediente número 0801-2010-00758 contentivo de la Demanda Ordinaria de Nulidad Absoluta de instrumentos Públicos; De los contratos que contenidos en ellos y de su inscripción registral, promovida por el Abogado ANTONIO TREJO CABRERA, efectivamente ha vulnerado en perjuicio de la sociedad mercantil denominada EXPORTADORA DEL ATLANTICO, S.A. de C.V., las garantías constitucionales del debido proceso y derecho de defensa. CONSIDERANDO: Que esta Sala de lo Constitucional en diferentes ocasiones ha dejado sentado su posición de que el derecho de defensa se traduce, entre otros, en el derecho de las partes a la comunicación previa y detallada de la demanda formulada en su contra, así como de que un tercero que pueda resultar perjudicado por una decisión judicial tenga la oportunidad de ser parte en el proceso, esto es que pueda ser notificado, que pueda presentar pruebas en su descargo, que manifesté libremente sus pretensiones y en su caso si lo estima pertinente interponer los recursos respectivos. CONSIDERANDO: Que el articulo 90 de la Constitución de la Republica, consagra el Derecho al Debido Proceso, respecto del cual esta Sala deviene en señalar que este constituye una ineludible carga que se le impone a los órganos del Estado, tanto administrativos como jurisdiccionales, para que sus actuaciones se sometan a los principios rectores que garantizan a cada individuo sus derechos fundamentales; constituye entonces un limite al poder estatal a favor del individuo, quien podrá reclamar en todo momento que sea respetados sus derechos, para efectos de obtener respuesta dentro de un juicio justo. El debido proceso comprende el principio de legalidad, juez natural, acceso a los órganos jurisdiccionales, derecho de defensa, derecho a una resolución que resuelva sus pretensiones sin dilaciones injustificadas, oportunidad de presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en contra, prohibición de un doble juzgamiento ( non bis ídem) motivación de actos y resoluciones de los poderes públicos. El Debido Proceso garantiza la transparencia de las actuaciones de las autoridades publicas y el agotamiento de las etapas previamente determinadas por el ordenamiento jurídico, es por ello que se asegura que el Debido Proceso se encuentra íntimamente ligado con la procura de un orden justo; ello implica asegurar que los poderes públicos constituidos sujeten sus actos (sentencias, actos administrativos) no solamente a las normas orgánicas constitucionales sino a los valores, principies y derechos como objeto de la jurisdicción constitucional. CONSIDERANDO: Que señalado lo anterior esta Sala estima que en el caso subjúdice, tal y como lo apreciado la Honorable Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán, efectivamente se han producido la vulneración de los derechos de defensa y debido Proceso y esto se estima así, puesto que tal y como lo señala el ad-quem, hasta el momento de dictarse sentencia definitiva por parte del a-quo en fecha once de noviembre del año dos mil diez, no se había hecho notificación, tanto de las providencias como de la señalada sentencia a la parte que pudiese resultar perjudicada con el contenido de las misma, sentencia esta que como muy bien se apunta debió ser notificada a las partes conforme lo preceptuado en la nueva normativa vigente, esto es el Código Procesal Civil, y aunado a ello al constar en autos que la inscripción registral que se anula y manda cancelar estaba nombre de la sociedad Agrícola Lexus de Honduras S.A., de C. V., persona jurídica que ostenta la calidad de tercero respecto a las partes demandadas y demandantes en el juicio promovido, al ser afectada con el contenido del referido fallo, provoca la vulneración de de los derechos constitucionales antes citados, razón por la cual esta Sala comparte el criterio esgrimido por el ad-quem, en cuanto que el juzgado de instancia debió haber posibilitado el ejercicio del derecho al recurso de la referida sociedad en su condición de tercero afectado, en los términos que señala el Código Procesal Civil, situación que al no suceder así ha provocado la vulneración de las ya referidas garantías constitucionales. CONSIDERANDO: Que atendiendo a las razones anteriormente expuestas, y en atención a lo preceptuado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, esta Sala considera procedente que se confirme la sentencia venida en consulta. POR TANTO: La Sala Constitucional de La Corte Suprema de Justicia como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD de votos, y haciendo aplicación de los artículos: 1, 59, 64, 70, 82, 90, 94, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta, 316 numeral 1, y 321 de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta de La Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1.2, 3, 7, 136.3, 142, 197.2, 690, 750, 913 del Código Procesal Civil, 41 de la Ley de Propiedad; 1, 2, 3 numeral 2), 5, 7, 10 numeral 2) literal a), 41, 45, 63, 65, 68 y 69 de La Ley Sobre Justicia Constitucional; 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta, proferida en fecha veintinueve de octubre del año dos mil doce, por la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán, en el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado SAÚL MONTES AMAYA, a favor de sociedad mercantil denominada EXPORTADORA DEL ATLANTICO S. A. DE C. V., en virtud de estimar esta Sala que la misma es conforme a derecho. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. PRESIDENTA POR LEY DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA.GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. EDITH MARIA LOPEZ RIVERA. Firma y sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de marzo de dos mil trece, certificación de la sentencia de fecha diecinueve de febrero de dos mil trece, recaída en el recurso de amparo civil venido en consulta registrado en este Tribunal con el número 884=12.

DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

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