Sentencia AC-882-09 — Registro 7448
Resumen
Sentencia confirmó auto dictado por juzgado de primera instancia que declaró sin lugar recurso de reposición por considerar que una vez citadas las partes para oír sentencia no se admitirán escritos ni pruebas de ningún género con relación a Querella de Restitución interpuesta por recurrente contra Universidad Católica de Honduras "Nuestra Señora Reina de la Paz"
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."en el presente caso el amparista expone ante esta Corte, un planteamiento de mera legalidad, sin que se pueda señalar que la sentencia recurrida implique la violación de los derechos y garantías constitucionales enunciadas por el amparista, o que amerite el ejercicio de la justicia constitucional a través del Recurso de Amparo, por cuanto el término para la proposición y evacuación de los términos probatorios en un querella de restitución constituye materia de estricta legalidad ordinaria atribuida a los órganos judiciales competentes, de tal modo que podría ser sometida a control de constitucionalidad tan solo en aquello supuestos en que la interpretación y aplicación de la norma que se señala el procedimiento a seguir resultará manifiestamente irracional, arbitraria o en cualquier sentido viniera a contravenir, tergiversar o disminuir cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República. Por lo que con fundamento en lo anterior, el Ministerio Público dictamina que la demanda de amparo debió haberse declarado inadmisible desde su inicio..."..."de la revisión de la foliada de mérito, encontramos, la resolución dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintitrés de abril del año dos mil nueve, señala que no habiendo presentado oposición al nombramiento del perito dentro del tercer día, la parte querellante devino obligada a establecer comunicación con el perito nombrado a fin de asegurar la aceptación del cargo y la entrega del dictamen en el lapso señalado. Que tratándose de un juicio especial, con un periodo de prueba muy breve, la parte interesada debe procurar que, el perito nombrado rinda su informe en el tiempo oportuno, circunstancia que no se dio en el presente caso. Por lo que se le dio estricto cumplimiento a lo ordenado en el Artículo 672 del Código de Procedimientos Civiles que es de orden público y de obligatorio cumplimiento, la sentencia definitiva debe pronunciarse tan pronto como estuviere concluida la prueba o a lo mas dentro de los tres días siguientes..."..."el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque el actor tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en él alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley á, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los difusos e inconcretos razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales..."..."de la lectura de los alegatos expuestos en los considerandos anteriores, se evidencia que las argumentaciones de la amparista se refieren a asuntos que por su naturaleza salen de la esfera de conocimiento de la Sala Constitucional, pues se reduce a alegaciones de mera legalidad. Amén de que dichos alegatos son de mera legalidad, circunstancias que dan pie a SOBRESEER el presente recurso..."
Legislación citada
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, quince de abril de dos mil trece.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado SAUL ARMANDO REYES SAA, a favor del INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (IMPREMA), contra la sentencia de fecha veintitrés de abril del año dos mil nueve, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de Francisco Morazán, que confirmó el auto de fecha tres de octubre del año dos mil siete, dictado por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán; con relación a la Querella de Restitución, interpuesta por el Abogado MARCO TULIO CASTRO CANALES, en su condición de apoderado legal del INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (IMPREMA), contra la UNIVERSIDAD CATOLICA DE HONDURAS “NUESTRA SEÑORA REINA DE LA PAZ”.- A N T E C E D E N T E S.- 1) Que en fecha veintisiete de noviembre del año dos mil seis, compareció ante el Juzgado de Letras Segundo de lo Civil de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el Abogado MARCO TULIO CASTRO CANALES, actuando en su condición de apoderado legal del INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (IMPREMA), interponiendo Querella de Restitución contra la UNIVERSIDAD CATOLICA DE HONDURAS “NUESTRA SEÑORA REINA DE LA PAZ”.- 2) Que en fecha diez de septiembre del año dos mil siete, compareció el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, la Abogada LINDA LIZZIE RIVERA, en su condición de apoderada legal de la parte querellada, solicitando se declare caducado de derecho y perdido irrevocablemente el término probatorio, en virtud de haber transcurrido más de diez días después de la audiencia de prueba, y el trámite se encuentra paralizado, perjudicando gravemente a su representada, por lo que el citado Juzgado, en fecha once de septiembre del año dos mil siete, declaró cerrado de derecho e irrevocablemente perdido el término de diez días concedido a ambas partes para la proposición y evacuación de toda la prueba que consideraran conveniente, en consecuencia, citó a las partes para oír sentencia definitiva; citando como fundamento de su decisión los Artículo 668 y 672 del Código de Procedimientos Civiles.- 3) Que en fecha veintiocho de septiembre del año dos mil siete, compareció ante el A-quo, el abogado SAUL ARMANDO REYES SAA, actuando en su condición de apoderado legal del INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO, solicitando la reposición de la providencia que se deja relacionada en el inciso que precede, por considerar que el tribunal no puede citar a las partes para oír sentencia, en virtud de que falta por evacuar un medio de prueba denominado Pericial, propuesto por la parte actora, en el que el Juez señaló al perito un término de diez días para que presentara su dictamen, término que comenzaría a correr al día siguiente de la aceptación del cargo, lo cual nunca ocurrió, por lo que el Tribunal de primera instancia, en fecha tres de octubre del año dos mil siete, declaró sin lugar lo solicitado por el compareciente, en virtud de que una vez citadas las partes para oír sentencia, no se les admitirán escritos ni pruebas de ningún género; citando como fundamento de su decisión el artículo 414 del Código de Procedimientos Civiles.- 4) Que en fecha veintitrés de abril del año dos mil nueve, la Corte Segunda de Apelaciones de Francisco Morazán, declaró sin lugar el recurso de apelación y confirmó la resolución que se deja relacionada en el inciso que precede, por considerar que tratándose de un juicio especial, siendo el período de prueba breve, la parte interesada debe procurar que, el perito nombrado rinda su informe en tiempo oportuno, circunstancia que no se dio en el presente caso, además en estricto acatamiento a lo ordenado por el Artículo 672 del Código de Procedimientos Civiles, la sentencia definitiva debe pronunciarse tan pronto como se estuviere concluida la prueba, o a mas tardar, dentro de los tres días siguientes.- 5) El recurrente Abogado SAUL ARMANDO REYES SAA, compareció ante este Tribunal, en fecha veinticinco de junio del año dos mil nueve, reclamando amparo a favor del INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (IMPREMA), afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha veintitrés de abril del año dos mil nueve, es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 82 párrafo primero y 90 de la Constitución de la República.- CONSIDERANDO UNO (1): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por el Abogado SAUL ARMANDO REYES SAA, a favor del INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (IMPREMA), se dirige contra la sentencia de fecha veintitrés de abril del año dos mil nueve, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de Francisco Morazán, que confirmó el auto de fecha tres de octubre del año dos mil siete, dictado por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán; con relación a la Querella de Restitución, interpuesta por el Abogado MARCO TULIO CASTRO CANALES, en su condición de apoderado legal del INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (IMPREMA), contra la UNIVERSIDAD CATOLICA DE HONDURAS “NUESTRA SEÑORA REINA DE LA PAZ”.- CONSIDERANDO DOS (2): Que el recurrente aduce fundamentalmente, en sus escritos interposición y formalización del Recurso de Amparo, que la Honorable Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil de esta Sección Judicial se evidencia que dictó la resolución impugnada violentando las reglas del debido proceso restringiéndole el derecho a su representada, habida cuenta que no obstante que faltaba por evacuarse la prueba pericial propuesta por el querellante, y considerada fundamental para resolver lo planteado, y sin contar con la observancia de las formalidades legales, el Juzgado mediante providencia de fecha once de septiembre de dos mil siete declaro cerrado el periodo probatorio y citó a las partes para oír sentencia.- CONSIDERANDO TRES (3): Que una vez realizado el traslado que conforme a la Ley Sobre Justicia Constitucional debe efectuarse al Ministerio Público, este emitió dictamen en fecha veintitrés de noviembre de dos mil nueve, en el cual se señala que el planteamiento presentado por el impetrante en la formalización del recurso de amparo no puede considerarse de contenido constitucional, pues si bien es cierto el estima que la resolución emitida por la Corte Segunda de Apelaciones le vulnera sus derechos, al analizar el planteamiento se puede determinar que interpone el amparo por no estar de acuerdo con la resolución emitida por el Tribunal Ad-Quem, y no porque dicha resolución vulnere derechos y garantías que menciona. Determinando que en el presente caso el amparista expone ante esta Corte, un planteamiento de mera legalidad, sin que se pueda señalar que la sentencia recurrida implique la violación de los derechos y garantías constitucionales enunciadas por el amparista, o que amerite el ejercicio de la justicia constitucional a través del Recurso de Amparo, por cuanto el término para la proposición y evacuación de los términos probatorios en un querella de restitución constituye materia de estricta legalidad ordinaria atribuida a los órganos judiciales competentes, de tal modo que podría ser sometida a control de constitucionalidad tan solo en aquello supuestos en que la interpretación y aplicación de la norma que se señala el procedimiento a seguir resultará manifiestamente irracional, arbitraria o en cualquier sentido viniera a contravenir, tergiversar o disminuir cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República. Por lo que con fundamento en lo anterior, el Ministerio Público dictamina que la demanda de amparo debió haberse declarado inadmisible desde su inicio.- CONSIDERANDO CUATRO (4): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.- CONSIDERANDO CINCO (5): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción de lo Civil, conforme lo establecían los Artículos 187 y 190 del Código de Procedimientos Comunes, vigentes al momento de la resolución; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto.- CONSIDERANDO SEIS (6): Que de la revisión de la foliada de mérito, encontramos, la resolución dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintitrés de abril del año dos mil nueve, señala que no habiendo presentado oposición al nombramiento del perito dentro del tercer día, la parte querellante devino obligada a establecer comunicación con el perito nombrado a fin de asegurar la aceptación del cargo y la entrega del dictamen en el lapso señalado. Que tratándose de un juicio especial, con un periodo de prueba muy breve, la parte interesada debe procurar que, el perito nombrado rinda su informe en el tiempo oportuno, circunstancia que no se dio en el presente caso. Por lo que se le dio estricto cumplimiento a lo ordenado en el Artículo 672 del Código de Procedimientos Civiles que es de orden público y de obligatorio cumplimiento, la sentencia definitiva debe pronunciarse tan pronto como estuviere concluida la prueba o a lo mas dentro de los tres días siguientes.- CONSIDERANDO SIETE (7): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho.- CONSIDERANDO OCHO (8): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo.- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos.- CONSIDERANDO DIEZ (10): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque el actor tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en él alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley á, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los difusos e inconcretos razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales.- CONSIDERANDO ONCE (11): Que los numerales 1) y 3) y el ultimo párrafo del Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece: “ARTÍCULO 46.- DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de Amparo: 1) Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; 2)…; 3)…; 5)…; 6)…; 7)…; 8)…; 9).- El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad.”.- CONSIDERANDO DOCE (12): Que conforme manda la Constitución de la República, la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, sin embargo de la lectura de los alegatos expuestos en los considerandos anteriores, se evidencia que las argumentaciones de la amparista se refieren a asuntos que por su naturaleza salen de la esfera de conocimiento de la Sala Constitucional, pues se reduce a alegaciones de mera legalidad. Amén de que dichos alegatos son de mera legalidad, circunstancias que dan pie a SOBRESEER el presente recurso.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: SOBRESEYENDO el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se siga el procedimiento señalado para estos casos en el Artículo 316 de la Constitución de la República.- Redactó el Magistrado GARCÍA GARCÍA.- NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. PRESIDENTE. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. Firma y Sello. CRISTIAN RAMON BAQUIZ FLORES. SECRETARIO POR LEY SALA DE LO CONSTITUCIONAL”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el treinta (30) de abril del año dos mil trece (2013), certificación de la resolución de fecha quince (15) de abril del año dos mil trece (2013), recaída en el Recurso de Amparo Civil con orden de ingreso en este Tribunal número 882=09.
DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL