Sentencia AC-850-11 — Registro 7982
Resumen
Sentencia denegó recurso de amparo contra auto dictado por juzgado de primera instancia que rechazó escrito de poder especial para pleitos por haber renunciado con anterioridad a los trámites del juicio de prenda con relación a demanda promovida por Banco de América Central, Honduras (BAC/BAMER) contra recurrente para la venta en pública subasta del mueble dado en prenda sin desplazamiento
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"Razona la Corte de Apelaciones, en su función de órgano de justicia constitucional, que es aceptado por el recurrente que la parte que él representa renunció, de conformidad a ley, a los procedimientos judiciales de ejecución prendaria, tratándose en el presente caso de una solicitud de nombramiento de notario para realizar la venta del mueble en pública subasta, según la designación estipulada en el respectivo contrato de préstamo; y que, por otra parte, ya el Juzgado ha señalado la Notaria en que se llevará a cabo la venta en pública subasta y es allí donde se desarrollara el proceso establecido; por lo que resulta que el derecho de defensa hasta este momento no resulta ha vulnerado, dado que la parte deudora podrá siempre comparecer a la audiencia señalada para la venta en pública subasta, del bien mueble dado en prenda sin desplazamiento..."..."se constata que el acto reclamado en amparo ante la Corte de Apelaciones respectiva, no resulta violatorio del debido proceso ni al derecho de defensa, como fue en su momento la pretensión esgrimida por el actor; puesto que el Juzgado A quo se ha limitado a aplicar la legalidad en congruencia con la solicitud de tramite efectuada por la parte legitimada. Considera esta Sala de lo Constitucional que el solicitante de amparo no puede alegar indefensión ante la resolución adoptada por el A Quo, por el solo hecho de rechazarse en la misma un escrito de poder especial para pleitos, habiendo renunciado expresamente - con anterioridad a los trámites del juicio de prenda - al señalamiento de audiencia pública para la realización de venta en pública subasta del mueble dado en prenda sin desplazamiento, lo cual es un claramente un contrasentido con lo decidido libre y espontáneamente por las partes, en acopio de la libertad contractual protegida constitucionalmente. Y sobre todo, teniendo en cuenta lo argumentado por la Corte sentenciadora en cuanto a que no existe indefensión, porque no le esta siendo vedado a la parte deudora comparecer a la audiencia señalada, a efecto realizar los planteamientos que ya la ley le acota y define, en defensa de sus propios derechos e intereses; no habiéndose comprobado tampoco - según se colige de los antecedentes - la ausencia de una tutela judicial efectiva manifestada a través del respeto irrestricto al principio derecho de debido proceso, habiéndose limitado la Juez A Quo a la aplicación de la potestad constitucional de juzgar y ejecutar lo juzgado en el ámbito del derecho civil y con respeto al plexo jurídico constitucional..."..."de conformidad a los antecedentes del caso, no se ha visto infringido en ningún momento el debido proceso, ni el derecho de defensa, de la persona que se presenta como agraviada en el presente recurso, como se constata con claridad de la resolución venida en consulta. Por todo lo cual procede confirmar la sentencia de mérito..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
.." Que en concordancia con lo anteriormente expresado, significativa jurisprudencia constitucional en la Sala, así como en el derecho constitucional comparado, es conteste en señalar que el derecho de petición no siempre implica obtener una decisión sobre el fondo del asunto - sin perjuicio de la estandarización del principio pro actione, según el cual las causas legales de inadmisión a trámite de la demanda deben interpretarse en el sentido más favorable a la efectividad del derecho de acceso – pues bien pueden existir causas legales que lo impidan, por lo que: “… promovida la actividad jurisdiccional, la respuesta que dé satisfacción a este derecho, en la faceta que contemplamos, puede consistir en una decisión de inadmisión a trámite”.[1
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, doce de febrero de dos mil trece. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, de fecha uno de septiembre de dos mil once, que denegó el recurso interpuesto por el abogado TEOBALDO CARDONA FIGUEROA, a favor de la señora NADINA HAYDEE QUIÑONEZ ZELAYA, contra el auto dictado por el Juzgado de Letras Civil de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticuatro de noviembre del año dos mil diez; con relación a la demanda promovida por BANCO DE AMERICA CENTRAL, HONDURAS S.A. (BAC/BAMER), contra la señora NADINA HAYDEE QUIÑONEZ ZELAYA. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintitrés de abril de dos mil diez, compareció ante el Juzgado de Letras Civil de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el abogado MILTON MOISES CARCAMO GOMEZ, en su condición de apoderado legal de la sociedad mercantil denominada BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A. (BAC BAMER), solicitando autorización para la venta directa en pública subasta por medio del Notario Público de un bien Mueble dado en prenda sin desplazamiento constituida por la señora NADINA HAYDEE QUIÑONEZ ZELAYA. 2) Que el Juzgado de Letras de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, con fecha veinticuatro de noviembre de dos mil diez, dictó providencia en la que resolvió: “RECHASECE (Sic.) la admisión del presente escrito, ya que el presente caso de autos no se trata de un juicio Verbal, y en virtud de la Escritura Pública número Trescientos Sesenta y Dos (362) de fecha treinta (30) de diciembre del año dos mil dos (2002), la señora Nadina Haydee Quiñonez Zelaya celebro un Contrato de Mutuo con interés con la sociedad Mercantil BANCO CREDOMATIC S.A., otorgándole un préstamo por la cantidad de Cuatrocientos setenta mil ochocientos lempiras exactos (LPS. 470,800.00) destinado para la compra de un vehículo, y para garantizar el pago del préstamo constituye a favor de el banco demandante prenda sin DESPLAZAMIENTO sobre el bien mueble vehículo Marca Toyota, Año 2002, Tipo Land Cruiser Prado, Mec diesel, Modelo KZJ12OL-GKMGT, Motor 1KZ-0957130, Serie JTEBY25J40-0002098, Color Champagne M.M, Cilindrada, 131 H.P. 3000CC, Capacidad 8 Personas, comprometiéndose a dejar los documentos del mismo hasta la cancelación total del préstamo; asímismo en la misma escritura consta que de común acuerdo se nomina a la abogada Victoria Sánchez De Salgado, para que autorice la Escritura de Venta Directa del Bien dado en Prenda, renunciando la demandada a los tramites del juicio de prenda; por lo que esta es una solicitud de designación de notaria para llevar a cabo la venta directa de un bien mueble dado en prenda.- Artículos: 80, 85, 87, 805 y 807 del Código de Procedimientos Civiles; 880 y 2087 del Código Civil; 1303 del Código de Comercio.- NOTIFIQUESE.” (FOLIO CUARENTA Y CINCO (45) DE LA PRIMERA PIEZA DE LOS ANTECEDENTES). 3) Que en fecha dieciocho de enero del año dos mil once, compareció ante la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, el abogado TEOBALDO CARDONA FIGUEROA, interponiendo recurso de amparo a favor de la señora Nadina Haydee Quiñonez Zelaya, contra la resolución de fecha veinticuatro de noviembre del año dos mil diez, dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, por considerar que dichas resoluciones son violatorias de los dispuesto en los artículos 64, 80, 82, 90, 94 y 320 de la Constitución de la República. 4) Que en fecha uno de septiembre de dos mil once, la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, falló de la siguiente forma: “1) DENEGANDO EL RECURSO DE AMPARO interpuesto por el Abogado TEOBALDO CARDONA FIGUEROA, a favor de NADINA HAYDEE QUIÑONEZ ZELAYA.”(FOLIOS (17) DIECISIETE Y (18) DIECIOCHO DE DE LA SEGUNDA PIEZA LOS ANTECEDENTES). 5) Que en fecha dieciséis de noviembre de dos mil once, este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo relacionado en el inciso anterior, en estricto cumplimiento al artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo la Ley Sobre Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional y manda, que las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones en cualquiera de los supuestos del artículo 68 de la referida Ley, vendrán en trámite de consulta ante la Sala de lo Constitucional, tal como ocurre en el presente caso. CONSIDERANDO (2): Que la sentencia que se conoce en consulta es la de fecha uno de septiembre de dos mil once, emitida por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en la cual falló el recurso de amparo presentado por el abogado TEOBALDO CARDONA FIGUEROA, a favor de la señora NADINA HAYDEE QUIÑONEZ ZELAYA, contra el auto dictado por el Juzgado de Letras Civil de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticuatro de noviembre del año dos mil diez, con relación a la demanda promovida por BANCO DE AMERICA CENTRAL, HONDURAS S.A. (BAC/BAMER) contra la señora NADINA HAYDEE QUIÑONEZ ZELAYA; por considerar el Tribunal Ad Quem que el Juez A-quo ha dictado su proveído con arreglo a las formalidades y garantías que la Constitución establece y tomando también en consideración, el Dictamen de la Agente de Tribunales del Ministerio Público asignada a la respectiva Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución, en el sentido que no debe otorgarse el amparo solicitado por el apoderado garantista, porque sus alegatos no son claros ni precisos en establecer de qué manera la resolución impetrada ha violentado el derecho a la defensa y al debido proceso del que goza su representada. Razona la Corte de Apelaciones, en su función de órgano de justicia constitucional, que es aceptado por el recurrente que la parte que él representa renunció, de conformidad a ley, a los procedimientos judiciales de ejecución prendaria, tratándose en el presente caso de una solicitud de nombramiento de notario para realizar la venta del mueble en pública subasta, según la designación estipulada en el respectivo contrato de préstamo; y que, por otra parte, ya el Juzgado ha señalado la Notaria en que se llevará a cabo la venta en pública subasta y es allí donde se desarrollara el proceso establecido; por lo que resulta que el derecho de defensa hasta este momento no resulta ha vulnerado, dado que la parte deudora podrá siempre comparecer a la audiencia señalada para la venta en pública subasta, del bien mueble dado en prenda sin desplazamiento. CONSIDERANDO (3): Que del examen de las diligencias de mérito se constata que el acto reclamado en amparo ante la Corte de Apelaciones respectiva, no resulta violatorio del debido proceso ni al derecho de defensa, como fue en su momento la pretensión esgrimida por el actor; puesto que el Juzgado A quo se ha limitado a aplicar la legalidad en congruencia con la solicitud de tramite efectuada por la parte legitimada. Considera esta Sala de lo Constitucional que el solicitante de amparo no puede alegar indefensión ante la resolución adoptada por el A Quo, por el solo hecho de rechazarse en la misma un escrito de poder especial para pleitos, habiendo renunciado expresamente - con anterioridad a los trámites del juicio de prenda - al señalamiento de audiencia pública para la realización de venta en pública subasta del mueble dado en prenda sin desplazamiento, lo cual es un claramente un contrasentido con lo decidido libre y espontáneamente por las partes, en acopio de la libertad contractual protegida constitucionalmente. Y sobre todo, teniendo en cuenta lo argumentado por la Corte sentenciadora en cuanto a que no existe indefensión, porque no le esta siendo vedado a la parte deudora comparecer a la audiencia señalada, a efecto realizar los planteamientos que ya la ley le acota y define, en defensa de sus propios derechos e intereses; no habiéndose comprobado tampoco - según se colige de los antecedentes - la ausencia de una tutela judicial efectiva manifestada a través del respeto irrestricto al principio derecho de debido proceso, habiéndose limitado la Juez A Quo a la aplicación de la potestad constitucional de juzgar y ejecutar lo juzgado en el ámbito del derecho civil y con respeto al plexo jurídico constitucional. CONSIDERANDO (4): Que en concordancia con lo anteriormente expresado, significativa jurisprudencia constitucional en la Sala, así como en el derecho constitucional comparado, es conteste en señalar que el derecho de petición no siempre implica obtener una decisión sobre el fondo del asunto - sin perjuicio de la estandarización del principio pro actione, según el cual las causas legales de inadmisión a trámite de la demanda deben interpretarse en el sentido más favorable a la efectividad del derecho de acceso – pues bien pueden existir causas legales que lo impidan, por lo que: “… promovida la actividad jurisdiccional, la respuesta que dé satisfacción a este derecho, en la faceta que contemplamos, puede consistir en una decisión de inadmisión a trámite”.[1] CONSIDERANDO (5): Que por todo lo anteriormente expuesto, debe acreditarse que, de conformidad a los antecedentes del caso, no se ha visto infringido en ningún momento el debido proceso, ni el derecho de defensa, de la persona que se presenta como agraviada en el presente recurso, como se constata con claridad de la resolución venida en consulta. Por todo lo cual procede confirmar la sentencia de mérito. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No.5 y 319 atribución 8ª de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 42, 45, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la resolución dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha uno de septiembre de dos mil once. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a la Autoridad recurrida para los efectos legales consiguientes.- Redactó el Magistrado CHINCHILLA BANEGAS.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. Firma y Sello DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de abril de dos mil trece, certificación de la sentencia de fecha doce de febrero del año dos mil trece, recaída en el Recurso de Amparo Penal Civil Venido en Consulta en este Tribunal bajo el número 850 =11.-
DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO
SECRETARIO DE LA
SALA DE LO CONSTITUCIONAL
[1] En este sentido: Montero Aroca, Juan y Flors Matíes, José. Amparo constitucional y proceso civil. Tirant lo Blanch Editores, Valencia, 2008. p. 67.