Sentencia AC-821-12 — Registro 7444
Resumen
Sentencia confirmó auto dictado por juzgado de primera instancia con relación a demanda ordinaria de reivindicación de dominio promovida contra recurrente por considerar que ejecución de sentencia recaída debe tramitarse conforme con el código de procedimientos de 1906
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."este alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable..."..."es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad, en la que el órgano jurisdiccional se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso..."
Legislación citada
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M. D. C., once de junio del año dos mil trece.- VISTOS: Los antecedentes en el recurso de amparo interpuesto por la Abogada DELMY ANARDA BANEGAS PADILLA, a favor de la señora MARIA LOURDES NÚÑEZ CRUZ; recurso contra la sentencia dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintiséis de julio de dos mil doce, que confirma el auto dictado por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintisiete de abril del dos mil doce; con relación a la Demanda Ordinaria de Reivindicación de Dominio promovida por la señora MARLENI CRUZ MATUTE contra la señora MARIA LOURDES NÚÑEZ CRUZ.- CONSIDERANDO: Que del estudio del escrito de interposición del recurso de amparo, se aprecia que la recurrente circunscribe su reclamo en el hecho que la sustanciación de la ejecución de la sentencia recaída en la el procedimiento de instancia, debió ser tramitada de conformidad con las disposiciones del Código Procesal Civil y no con el Código de Procedimientos de 1906 ya derogado, como lo determinó la Alzada.- CONSIDERANDO: Que la recurrente señala que con el acto reclamado fueron vulneradas las declaraciones y garantías reconocidas en los Artículos 59, 64, 82, 90 párrafo primero entre otros de la Constitución de la República.- CONSIDERANDO: Que del estudio del acto reclamado, emitido por la Alzada y de los antecedentes que motivaron su emisión, se indica a la reclamante que la ejecución de la sentencia de mérito inició cuando aun se encontraba en vigencia el Código de Procedimientos de 1906, por ende, el trámite de ejecución debía ser concluido por esa misma normativa, tal y como lo estipulan las disposiciones transitorias del Código Procesal Civil vigente.- CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República en su artículo 59, establece que la persona humana es el fin supremo de la Sociedad y del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla. La dignidad del ser humano es inviolable, principio que estima esta Sala ha sido observado por la autoridad recurrida a la hora de ejercer su potestad.- CONSIDERANDO: Que entre los derechos que el recurrente estima vulnerados se encuentra la garantía genérica del debido proceso, consagrado en el articulo 90 de la Constitución de la Republica, la cual se concreta inter alia, en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales se estima no han sido lesionados.- CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable.- CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.- CONSIDERANDO: Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes, por lo cual, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad, en la que el órgano jurisdiccional se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 457 y 470 Código de Procedimientos de 1906; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numerales 1) y 9), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por la Abogada DELMY ANARDA BANEGAS PADILLA, a favor de la señora MARIA LOURDES NÚÑEZ CRUZ; recurso contra la sentencia dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMETNO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintiséis de julio de dos mil doce; al apreciar esta Sala que la recurrente alega una violación de mera legalidad y que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la substanciación del trámite del juicio principal. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. PRESIDENTE. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el veinticuatro (24) de julio del año dos mil trece (2013), certificación de la resolución de fecha once (11) de junio del año dos mil trece (2013), recaída en el Recurso de Amparo Civil con orden de ingreso en este Tribunal número 821=12.
DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL