Sentencia AC-816-11 — Registro 7984
Resumen
Sentencia denegó recurso de amparo a favor de recurrente contra ´decisión dictada por Tribunal Arbitral del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa que declaró la inexistencia e invalidez del Convenio Arbitral y con lugar Excepción dilatoria de previo y expecial por incompetencia de tribunal en relación a demanda arbitral de resolución de contrato de construcción e indemnización de daños y perjuicios promovida por recurrente contra Inmobiliaria Las Marías S A de C V
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."la Sala de lo Constitucional concluye que el thema decidendi planteado por el recurrente en el presente caso es determinar: 1º Si la falta de firma de una de las partes en un contrato, excluye o sustituye el acuerdo de voluntades, de someterse a la jurisdicción del Centro de Conciliación y Arbitraje, establecido previamente a través de intercambio de correspondencia, cartas, o cualquier medio de comunicación, mediante el cual inequívocamente se deje constancia documental de la voluntad de las partes de someterse a arbitraje..y 2º Si existe certeza en el sustento del Tribunal Arbitral al declarar (sic) “…la inexistencia e invalidez del convenio arbitral y en consecuencia se declara incompetente para conocer y resolver sobre la presente controversia…”..."esta Sala, estima, en cuanto a la controversia constitucional planteada, que como thema decidendi, antes de que la Justicia Constitucional se pronuncie en cuanto al conocimiento y resolución del fondo de la violación alegada por el recurrente, la Corte Segunda de Apelaciones de Francisco Morazán, debió haber establecido si era o no, pertinente el conocimiento de una acción de amparo intentada contra el Tribunal Arbitral del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, toda vez, que tal y como se expresa en el precedente citado, nadie puede ser obligado a someter sus asuntos a un procedimiento como el que origina la presente acción, derivando este razonamiento, de una lógica consideración a la naturaleza esencialmente discrecional que origina la conformación de los Tribunales arbitrales, atendiendo a la libre voluntad de las partes en conflicto; así, es preciso definir en primer lugar, si estos deben o no, ser considerados como autoridad pública; determinando posterior y objetivamente si su proceder esta sujeto o no, a la tutela Constitucional que brinda la garantía específica de amparo..."..."Queda claramente establecido, que es únicamente al acudir ante una Corte de Apelaciones como Tribunal de alzada y dictarse por ésta una resolución de nulidad, que se abre la posibilidad de la Justicia Constitucional, para intervenir a través de la tutela garantizada constitucionalmente por el Amparo..."..."tal y como ha quedado plasmado, esta tutela no resulta procedente, ni eficaz contra actos, hechos o resoluciones, que emanan de personas naturales que no ejercen una función pública, ni desempeñan un cargo o empleo publico, que les confiera el carácter de Funcionarios Públicos y consecuentemente les invista de autoridad; toda vez, que su designación y responsabilidades se originan en un acto de naturaleza esencialmente discrecional, que atiende a la libre voluntad de las partes en conflicto y que por tal motivo no les impone con mayor responsabilidad que el cumplimiento de su función con “… esmero y dedicación…”[5], o en su defecto “…reparar los daños y perjuicios…” que pudieren ocasionar con su actuar..."..."los Árbitros y en su caso, los Tribunales Arbítrales, si bien son personas naturales, que desempeñan un cargo en virtud de lo establecido por un precepto legal, al no ser designados por una autoridad competente, y por tal motivo, no ser juramentadas como es requerido por nuestra Constitución para adquirir el carácter de funcionarios públicos, no ejercen una función pública, ni desempeñan un cargo o empleo publico, que les confiera el carácter de Funcionarios Públicos y consecuentemente les invista de una autoridad que vaya más allá de la pactada o reconocida individualmente por la voluntad de las partes al solicitar su intervención, reconociendo la ley únicamente en cuanto a su actuación, la ejecutoriedad del laudo arbitral que emitan; esto, sin perjuicio de los recursos procesales establecidos (Recursos de reposición y Nulidad), y la acción extraordinaria de Amparo que procederá exclusivamente en caso de darse una violación a alguno (s) de los derechos tutelados por nuestra Constitución, cuando se resuelva un procedimiento de nulidad por una Corte de Apelaciones..."..."al no ejercer una función pública, ni desempeñar un cargo o empleo, que les confiera el carácter de Funcionarios Públicos y que consecuentemente, les invista con la autoridad requerida, las actuaciones de los Tribunales Arbitrales de los Centros de Conciliación y Arbitraje de las diferentes Cámaras de Comercio e Industria del País, o sus miembros, de conformidad a las competencias establecidas en el Título II, Capítulo I, de la Ley Sobre Justicia Constitucional, no se encuentran comprendidos dentro de la tutela y/o el campo de acción que para el conocimiento de la acción de amparo delega la ley a los diferentes órganos de la Justicia Constitucional..."..."Apreciándose en el caso de autos, por virtud de las razones expuestas, como una causal de nulidad absoluta, la falta de competencia para el conocimiento de la acción interpuesta por parte de la “Corte Segunda de Apelaciones de Francisco Morazán..."..."al haber quedado claramente establecida la falta de competencia de la “Corte Segunda de Apelaciones de Francisco Morazán”, el recurso de amparo interpuesto por el abogado ALDO COSENZA BUNGENER, a favor de la Sociedad Mercantil denominada PROFESIONALES DE LA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S. DE R. L, (PROINCO), contra la decisión dictada por el Tribunal Arbitral del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, de fecha veintisiete de julio de dos mil diez; es procedente en primer lugar, revocar la sentencia dictada en fecha veintiséis de septiembre de dos mil once, que deniega; con relación a la Demanda Arbitral de que se hizo mérito en el preámbulo de este fallo; en segundo lugar, Declarar la Nulidad Aboluta de todo lo actuado por la “Corte Segunda de Apelaciones de Francisco Morazán”, a partir e inclusive del auto de admisión de la acción de amparo, dictado en fecha doce de agosto de dos mil diez; y en tercer lugar, Rechazar de Plano la admisión de la acción de amparo intentada ..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 10, 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 11, 2 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: El fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, doce de febrero de dos mil trece.VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de Francisco Morazán, de fecha veintiséis de septiembre de dos mil once, que deniega el recurso de amparo interpuesto por el abogado ALDO COSENZA BUNGENER, a favor de la Sociedad Mercantil denominada PROFESIONALES DE LA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S. DE R. L, (PROINCO); contra la decisión dictada por el Tribunal Arbitral del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, de fecha veintisiete de julio de dos mil diez; con relación a la Demanda Arbitral de resolución de un contrato de construcción e indemnización de daños y perjuicios causados, promovida por ALDO COSENZA BUNGENER, en su condición de apoderado procesal de Sociedad Mercantil denominada PROFESIONALES DE LA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S. DE R. L, (PROINCO); contra la Sociedad Mercantil denominada inmobiliaria Las Marías S. A de C. V. ANTECEDENTES 1) Que en fecha diecinueve de noviembre de dos mil nueve, compareció ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, el abogado ALDO COSENZA BUNGENER, en su condición de apoderado procesal de Sociedad Mercantil denominada PROFESIONALES DE LA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S. DE R. L. (PROINCO), promoviendo demanda arbitral para que se declare la resolución de un contrato y el pago de daños y perjuicios ocasionados, contra la Sociedad Mercantil denominada Las Marías S. A de C.V., a través de su Presidente del Consejo de Administración y Representante legal, señor CAMILO ATALA FARAJ. 2) Que el Tribunal Arbitral del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, en fecha veintisiete de julio de dos mil diez, celebró audiencia de competencia, en relación a la demanda interpuesta, audiencia en la cual, entre otras cosas, resolvió: 1) Declarando la inexistencia del convenio arbitral y en consecuencia se declara incompetente para conocer de la presente controversia, 2) Sin lugar el recurso de reposición interpuesto por el abogado ALDO COSENZA BUNGENER. 3) Que en fecha once de agosto de dos mil diez, compareció ante la Corte Segunda de Apelaciones de Francisco Morazán, ahora Cortes Primera y Segunda de Apelaciones Civil de Francisco Morazán, el abogado ALDO COSENZA BUNGENER, interponiendo recurso de amparo a favor de la de Sociedad Mercantil denominada PROFESIONALES DE LA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S. DE R. L. (PROINCO), contra la decisión del Tribunal Arbitral del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, manifestando el recurrente que dicha resolución es violatoria de las garantías contenidas en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, que corresponden al derecho de defensa y principio del debido proceso. 4) Que en fecha veintiséis de septiembre de dos mil once, la Corte Segunda de Apelaciones de esta Sección Judicial, conociendo del recurso de amparo interpuesto por el abogado HUGO R. BORJAS TORRES, falló denegando el recurso de amparo interpuesto. 5) Que en fecha cuatro de noviembre de 2011, este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado ALDO COSENZA BUNGENER, a favor de la Sociedad Mercantil denominada PROFESIONALES DE LA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S. DE R. L, (PROINCO); contra la decisión dictada por el Tribunal Arbitral del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, de fecha veintisiete de julio de dos mil diez. CONSIDERANDO (1): Que en fecha 25 de marzo de 2010, el abogado ALDO COSENZA BUNGENER, en su condición de apoderado procesal de Sociedad Mercantil denominada PROFESIONALES DE LA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S. DE R. L., en adelante (PROINCO), compareció ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, solicitando a la integración de un Tribunal Arbitral, para conocer de una demanda de resolución de un contrato e indemnización de daños y perjuicios en contra de la empresa mercantil Inmobiliaria Las Marías. Expresa el demandante que el objeto del contrato sobre el cual se pide la resolución, es la construcción por parte de PROINCO, del Sistema Hidrosanitario del Proyecto denominado condominios Las Marías, propiedad de Inmobiliaria Las Marías S.A. de C.V., (alcantarillado sanitario, de agua potable y pluvial) pactándose un precio de DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS COPN SESETAN Y DOS CENTAVOS (2,763.426.62). Manifiesta el demandante, que PROINCO procedió diligentemente a ejecutar la obra convenida en el contrato aludido, sin embargo se ha enfrentado con varios problemas por ejemplo constantes cambios en las especificaciones y rutas del alcantarillado, constituyendo el más grave problema, el atraso en el pago de las estimaciones por obra ejecutada, así como el pago de las órdenes de obra adicional, para lo cual ha determinado una cuantía del litigio en TRES MILLONES CUATROCUENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIEBNTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS DE LEMPIRAS (L 3,447,592.35).CONSIDERANDO (2):Que siguiendo el procedimiento legalmente establecido, en fecha 5 de mayo de dos mil diez, el abogado ERNESTO ALFONSO CARRASCO CASTRO, en su condición de apoderado legal de la sociedad mercantil denominada Inmobiliaria Las Marías S. A. de C. V., compareció ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, absteniendo de contestar solicitud de integración de Tribunal Arbitral para conocer la demanda ya referida, solicitando al mismo tiempo que el Centro de Conciliación y Arbitraje se declare incompetente para conocer de la demanda , en virtud de carecer de un convenio arbitral, es decir que interpuso una excepción de incompetencia por falta de jurisdicción por inexistencia de convenio arbitral. Alega el demandando, que la inexistencia del contrato arbitral la funda en que el contrato supramencionado fue firmado solamente por PROINCO y no por su representada, por lo que no hay un acuerdo de voluntades, en consecuencia no hay convenio arbitral, requisito sine qua non para que dicho centro sea competente para conocer de la demanda, no hubo por tanto acuerdo de someter las controversias a la jurisdicción el Centro de Conciliación y Arbitraje. CONSIDERANDO (3): Que en auto de fecha 25 de marzo de 2010, la Dirección del Centro de Conciliación y Arbitraje, con fundamento en el artículo 44 del Reglamento del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, resolvió admitir la solicitud de integración de Tribunal, presentada por el Apoderado judicial de PROINCO Abogado ALDO COSENZA BUNGENER, y dar traslado de la solicitud a CAMILO ALEJANDRO ATALA FARAJ, representante legal de la sociedad mercantil Inmobiliaria Las Marías, para que dentro del término de cinco días conteste. CONSIDERANDO (4): Que en fecha 17 de mayo de 2010, el apoderado demandante contesta la excepción de incompetencia por falta de jurisdicción por inexistencia de convenio arbitral, argumentando estar en desacuerdo con lo expuesto en virtud de que SI existe un acuerdo de sometimiento de las controversias a la jurisdicción del Centro de Conciliación y Arbitraje, aun y cuando el contrato no este suscrito por ambas partes, por establecerlo así el artículo 38 de la Ley de Conciliación y Arbitraje que manda: “... se entenderá que el convenio se ha formalizado por escrito, no solamente cuando esté contenido en documento único suscrito por las partes, sino también cuando resulte del intercambio de cartas o de cualquier otro medio de comunicación o de correspondencia que inequívocamente deje constancia documental de la voluntad de las partes de someterse a arbitraje.” Señala el demandante, que acredita el convenio del sometimiento a la jurisdicción del Centro de Conciliación y Arbitraje con el intercambio de correspondencia, que exige la norma citada. CONSIDERANDO (5): Que la parte demandante acredita la existencia de convenio arbitral aportando la documentación siguiente: a folio 77 de la primera pieza de autos, consta la correspondencia de fecha 2 de mayo de 2008, enviada por la Ingeniera Reina Flores, en su condición de Jefe de Gestiones y Contrataciones Proyectos y Servicios Inmobiliarios P. S. I. “Inmobiliaria Las Marías”, y dirigida a la Ingeniera Yancie Juárez, Gerente General de la sociedad mercantil denominada Profesionales de la Ingeniería y Construcción S. de R. L., (PROINCO), haciendo de su conocimiento que ésta sociedad mercantil, (PROINCO), gano la licitación privada, convocada por Inmobiliaria “Las Marías”, para la construcción del Sistema Hidrosanitario del proyecto: CONDOMINIOS LAS MARIAS. A folio 78 consta nota de fecha 26 de marzo de 2008, mediante la cual, Inmobiliaria Las Marías, a través de la Ingeniera Reina Flores, requiere de la Ingeniera Yancie Juárez, la documentación para preparar el contrato. Igual correspondencia se lee a folios 79, en correspondencia de fecha 29 de mayo y 2 de junio del año 2008.CONSIDERANDO (6): Que corre agregado a folio 80 de la primera pieza, correspondencia fechada en 5 de junio de 2008, enviada por la Ingeniera Reina Flores de Inmobiliaria Las Marías, dirigida a la Gerente General de PROINCO, Ingeniera Yancie Juárez, con copia a los señores Antonio Francisco Bendaña McCausland y Otto Kayser ambos integrantes del Grupo FICOHSA, en la cual se lee textualmente lo siguiente: “ESTIMADA UNGENIERA YANCIE: ADJUNTO CONTRATO DEL SISTEMA HIDROSANITARIO PARA LAS MARIAS, AGRADECERÉ QUE POR FAVOR LO REVISE PARA PROCEDER A LAS FIRMAS CORRESPONDIENTES”. Se observa a folio del 32 al 36 de la primera pieza de autos, el contrato referido, en el cual, Inmobiliaria Las Marías, propone a PROINCO, resolver las diferencias que pudieran suscitarse, en primer lugar, mediante la vía conciliatoria o amistosa y en su defecto, mediante conciliación y arbitraje de conformidad con el Reglamento del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, esta propuesta esta contenida y se lee en la cláusula décima tercera del contrato aludido. Es sencillo deducir que PROINCO procedió a revisar el borrador del contrato enviado por Inmobiliaria Las Marías, y al estar de acuerdo, siguió las instrucciones indicadas, es decir, procedió a la impresión del documento y a la firma del mismo, tal y como se solicita en la misiva. El contrato calza solamente la firma de la representante de la empresa contratada PROINCO, YANCIE JUAREZ, más no la del contratante de Inmobiliaria Las Marías, señor JORGE SALOMON. CONSIDERANDO (7): Que en fecha 27 de julio de dos mil diez, el Tribunal Arbitral del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, instalado para resolver la disputa de mérito, resolvió declarar “…la inexistencia e invalidez del convenio arbitral y en consecuencia se declara incompetente para conocer y resolver sobre la presente controversia…”. Se observa en la resolución que corre a folios del 3 al seis de la pieza de amparo en consulta, que el argumento que motiva dicha resolución es el hecho de que el contrato supramencionado solo fue suscrito por la representante de la parte contratada, PROINCO, y no así la del contratante, por lo que no existe un acuerdo de voluntades sobre el sometimiento a la jurisdicción del Centro de Conciliación y Arbitraje, ya que solo aparece la manifestación de una de ellas, y es la parte que suscribió el contrato. CONSIDERANDO (8): Que el abogado ALDO COSENZA BUNGENER, compareció ante la Corte Segunda de Apelaciones de Francisco Morazán, e interpuso recurso de amparo, alegando que la resolución de fecha 27 de julio de 2010, ha vulnerado en perjuicio de su cliente, el derecho fundamental de defensa y la garantía del debido proceso, consagrados respectivamente, en los artículos 82 y 90 párrafo primero, de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (9): Que según expone el recurrente, la infracción de los preceptos constitucionales se produce en el momento que el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa resolvió declararse incompetente para conocer la demanda arbitral de resolución de contrato y pago de indemnización de daños y perjuicios causados, promovida por el apoderado legal y judicial de PROINCO, y declara Con lugar la excepción dilatoria de Previo y especial pronunciamiento por incompetencia de tribunal interpuesta por el apoderado legal y judicial de la empresa mercantil Inmobiliaria Las Marías. Sostiene el recurrente que la excepción dilatoria de Previo y especial pronunciamiento por incompetencia de tribunal debió ser declara sin lugar en virtud de haber acreditado con la documentación pertinente la existencia del convenio formalizado a través de intercambio de correspondencia tal y como lo establece el artículo 38 de la Ley de Conciliación y Arbitraje. Concluye el recurrente que existe convenio arbitral en vista de que (sic) “el ejemplar del contrato que se acompaño junto con la demanda, es la impresión del archivo que así fuera enviado por correo electrónico por la INMOBILIARIA LAS MARIAS S.A. de C.V., a mi representada, y por tanto, que al haber sido redactado tal texto del contrato por la Demandada INMOBILIARIA LAS MARIAS S.A. de C.V. (el cual incluye la Cláusula Arbitral que ahora se pretende desconocer), y que este contrato fue impreso y firmado por la parte (PROFESIONALES DE LA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S. DE R.L., PROINCO), para así remitirlo a la contraparte, de esa forma se produjo un intercambio de correspondencia en el cual se generó ese Convenio Arbitral”. CONSIDERANDO (10): Que analizados los antecedentes, la Sala de lo Constitucional concluye que el thema decidendi planteado por el recurrente en el presente caso es determinar: 1º Si la falta de firma de una de las partes en un contrato, excluye o sustituye el acuerdo de voluntades, de someterse a la jurisdicción del Centro de Conciliación y Arbitraje, establecido previamente a través de intercambio de correspondencia, cartas, o cualquier medio de comunicación, mediante el cual inequívocamente se deje constancia documental de la voluntad de las partes de someterse a arbitraje, tal y como lo establece el artículo 38 de la Ley de Conciliación y Arbitraje; y 2º Si existe certeza en el sustento del Tribunal Arbitral al declarar (sic) “…la inexistencia e invalidez del convenio arbitral y en consecuencia se declara incompetente para conocer y resolver sobre la presente controversia…”. CONSIDERANDO (11): Que no obstante lo anterior, esta Sala de lo Constitucional ya ha dejado establecido en su jurisprudencia que si bien de conformidad al artículo 110 de la Constitución de la República, ninguna persona natural que tenga la libre administración de sus bienes, puede ser privada del derecho de terminar sus asuntos civiles por transacción o arbitramento, “…a contrario sensu…”, ninguna persona puede ser obligada, “… a que someta sus asuntos a negocios o arbitramentos o a otra forma de terminarlos, salvo la del ejercicio de la acción que corresponda, ante juez competente y en el ejercicio de un derecho natural.”[1] De lo anterior, resulta evidente que nuestra interpretación obedece al carácter esencialmente volitivo en que se fundamenta la naturaleza de los procedimientos de Conciliación y Arbitraje; por lo cual esta Sala, estima, en cuanto a la controversia constitucional planteada, que como thema decidendi, antes de que la Justicia Constitucional se pronuncie en cuanto al conocimiento y resolución del fondo de la violación alegada por el recurrente, la Corte Segunda de Apelaciones de Francisco Morazán, debió haber establecido si era o no, pertinente el conocimiento de una acción de amparo intentada contra el Tribunal Arbitral del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, toda vez, que tal y como se expresa en el precedente citado, nadie puede ser obligado a someter sus asuntos a un procedimiento como el que origina la presente acción, derivando este razonamiento, de una lógica consideración a la naturaleza esencialmente discrecional que origina la conformación de los Tribunales arbitrales, atendiendo a la libre voluntad de las partes en conflicto; así, es preciso definir en primer lugar, si estos deben o no, ser considerados como autoridad pública; determinando posterior y objetivamente si su proceder esta sujeto o no, a la tutela Constitucional que brinda la garantía específica de amparo. CONSIDERANDO (12): Que esta Sala de lo Constitucional en reiterada jurisprudencia[2], ha establecido que para que se reconozca el carácter de Funcionario Público a un ciudadano, “se deben reunir los siguientes requisitos: 1) Que se trate de una persona natural, 2) Que exista un precepto legal o un nombramiento por autoridad competente y 3) Que la persona ejerza funciones publicas o desempeñe un cargo o empleo publico. CONSIDERANDO (13): En este sentido, nuestra Constitución de la República, establece en su artículo 322, que Todo funcionario público al tomar posesión de su cargo prestará la siguiente promesa de ley: "Prometo ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes".CONSIDERANDO (14): Que del contenido del capítulo tercero de la Ley de Conciliación y Arbitraje, concerniente a “… LOS ARBITROS”[3], se aprecia, que como único requisito para ostentar tal carácter se encuentra el hallarse en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, debiendo estos ser Profesionales del Derecho, cuando el arbitraje haya de decidirse con sujeción a derecho o ser expertos en el arte, profesión u oficio respectivo, Cuando el arbitraje se deba resolver conforme principios técnicos, estableciendo en su caso, las partes de mutuo acuerdo, ulteriores requisitos o condiciones adicionales para los árbitros en el convenio arbitral. Excluyendo esta normativa, la posibilidad de que los siguientes funcionarios públicos, intervengan en los procedimientos de arbitraje: 1) Jueces; 2) Magistrados; 3) fiscales; y 4) demás personas que ejerzan funciones pública. Siendo su nombramiento igualmente un acuerdo de carácter volutivo, establecido de manera directa y de común acuerdo, pudiendo a falta de acuerdo de las partes ser éstos designados por la institución arbitral que corresponda. De esta forma, el procedimiento de nombramiento es comunicado a los árbitros designados de manera personal y a estos se les concede un plazo de cinco (5) días para manifestar si lo aceptan o no. La falta de respuesta durante el término referido se tendrá como no-aceptación y permitirá proceder al reemplazo, sin señalar la Ley responsabilidad alguna en caso de una negativa, ni implicar la delegación más responsabilidad que el cumplimiento de su función con esmero y dedicación, siendo, en su caso, responsables de reparar los daños y perjuicios que por su culpa y negligencia llegaren a causar a las partes o a terceros. CONSIDERANDO (15): Que de conformidad a lo establecido por el artículo 183 de nuestro texto Constitucional, la acción de amparo será promovida por cualquier persona (natural o jurídica) que se considere agraviada: “1. Para que se le mantenga o restituya en el goce o disfrute de los derechos o garantías que la Constitución establece; y, 2. Para que se declare en casos concretos que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por esta Constitución.”.CONSIDERANDO (16): Que cuando la Ley de Conciliación y Arbitraje establece en sus artículos 71 y 73 que, “El laudo arbitral firme produce efectos de cosa juzgada y presta mérito ejecutivo en la misma forma y términos establecidos en el Código de procedimientos Civiles para las sentencias judiciales.”; que contra éste “… solo podrá interponerse el recurso de nulidad dentro de los siete (7) días siguientes a la notificación del mismo o de la providencia por medio de la cual se aclarará corrige o complementa…” Y que “… Su trámite corresponderá a la corte de apelaciones de la jurisdicción del lugar donde se dictó el laudo…”. Queda claramente establecido, que es únicamente al acudir ante una Corte de Apelaciones como Tribunal de alzada y dictarse por ésta una resolución de nulidad, que se abre la posibilidad de la Justicia Constitucional, para intervenir a través de la tutela garantizada constitucionalmente por el Amparo. CONSIDERANDO (17): Que para efectos de ser congruentes con la jurisprudencia establecida por esta Sala[4], encontramos que en cuanto al conocimiento de acciones de amparo concernientes a la materia de la Conciliación y el Arbitraje, se ha determinado, que no obstante establecer el artículo número setenta y seis de la Ley de Conciliación y Arbitraje en su último párrafo, que contra lo que resuelva la Corte de Apelaciones, en su caso no procederá recurso alguno, se debe imponer lo previsto por nuestra constitución de la República al reconocer la Garantía Específica de Amparo como un recurso contra los actos de autoridad, inaplicando por ende el artículo citado de la Ley de Conciliación y Arbitraje; y por tal motivo, no se ha impedido a toda persona agraviada o cualquiera otra persona en nombre de ésta, a interponerlo y a este Tribunal Supremo conocerlo y decidirlo, cuando se dirija contra la autoridad judicial que interviene en estos procedimientos, por entender la Sala que las Cortes de Apelaciones, han intervenido en estos procedimientos investidas con su carácter de autoridad Pública, permitiendo por tal motivo la acción de la Justicia Constitucional, aplicando eficazmente la tutela establecida por el artículo 183 Constitucional. Sin embargo, tal y como ha quedado plasmado, esta tutela no resulta procedente, ni eficaz contra actos, hechos o resoluciones, que emanan de personas naturales que no ejercen una función pública, ni desempeñan un cargo o empleo publico, que les confiera el carácter de Funcionarios Públicos y consecuentemente les invista de autoridad; toda vez, que su designación y responsabilidades se originan en un acto de naturaleza esencialmente discrecional, que atiende a la libre voluntad de las partes en conflicto y que por tal motivo no les impone con mayor responsabilidad que el cumplimiento de su función con “… esmero y dedicación…”[5], o en su defecto “…reparar los daños y perjuicios…” que pudieren ocasionar con su actuar.CONSIDERANDO (18): Que con lo expuesto, queda claramente establecido que los Árbitros y en su caso, los Tribunales Arbítrales, si bien son personas naturales, que desempeñan un cargo en virtud de lo establecido por un precepto legal, al no ser designados por una autoridad competente, y por tal motivo, no ser juramentadas como es requerido por nuestra Constitución para adquirir el carácter de funcionarios públicos, no ejercen una función pública, ni desempeñan un cargo o empleo publico, que les confiera el carácter de Funcionarios Públicos y consecuentemente les invista de una autoridad que vaya más allá de la pactada o reconocida individualmente por la voluntad de las partes al solicitar su intervención, reconociendo la ley únicamente en cuanto a su actuación, la ejecutoriedad del laudo arbitral que emitan; esto, sin perjuicio de los recursos procesales establecidos (Recursos de reposición y Nulidad), y la acción extraordinaria de Amparo que procederá exclusivamente en caso de darse una violación a alguno (s) de los derechos tutelados por nuestra Constitución, cuando se resuelva un procedimiento de nulidad por una Corte de Apelaciones. CONSIDERANDO (19): Que de conformidad a lo establecido por los artículos 9 numeral 3), 10 numeral 2) y 11 numeral 2), de la Ley sobre Justicia Constitucional, tanto la Sala de lo Constitucional, como los demás órganos de la Justicia Constitucional (Cortes de Apelaciones y Jueces de Letras), de conformidad a lo previsto por el artículo 183 Constitucional de la Ley Sobre Justicia Constitucional, según sus correspondientes Jurisdicciones, únicamente tendrán competencia, en cada caso, para conocer de las acciones de amparo intentadas contra actuaciones de: El Presidente de la República o los Secretarios de Estado; Las Cortes de Apelaciones; El Tribunal Superior de Cuentas, la Procuraduría General de la República y el Tribunal Supremo Electoral; y Las violaciones cometidas por los demás funcionarios con autoridad en toda la República (Esto en el caso de la Sala de lo Constitucional); Jueces de Letras Departamentales o Seccionales, Jueces de Sentencia, Jueces de Ejecución y Jueces de Paz, en los casos de jurisdicción preventiva; y, Empleados departamentales o seccionales del orden político, administrativo o militar (Esto en el caso de las Cortes de Apelaciones); asimismo, por violaciones de los derechos fundamentales cometidas por los inferiores en el orden jerárquico, según la materia, asimismo, de las violaciones cometidas por las Corporaciones Municipales o alguno de sus miembros e inclusive las de los Jueces de Policía y Alcaldes Auxiliares (Esto en el caso de los Jueces de Letras). CONSIDERANDO (20): Que al no ejercer una función pública, ni desempeñar un cargo o empleo, que les confiera el carácter de Funcionarios Públicos y que consecuentemente, les invista con la autoridad requerida, las actuaciones de los Tribunales Arbitrales de los Centros de Conciliación y Arbitraje de las diferentes Cámaras de Comercio e Industria del País, o sus miembros, de conformidad a las competencias establecidas en el Título II, Capítulo I, de la Ley Sobre Justicia Constitucional, no se encuentran comprendidos dentro de la tutela y/o el campo de acción que para el conocimiento de la acción de amparo delega la ley a los diferentes órganos de la Justicia Constitucional, en ejercicio del Control Difuso establecido por la citada norma adjetiva Constitucional, para el ejercicio procesal de la Garantía Específica de Amparo. CONSIDERANDO (21): Que existe nulidad absoluta de los actos cuando falta alguna de las formalidades que la ley exige para su existencia o validez. Apreciándose en el caso de autos, por virtud de las razones expuestas, como una causal de nulidad absoluta, la falta de competencia para el conocimiento de la acción interpuesta por parte de la “Corte Segunda de Apelaciones de Francisco Morazán”. CONSIDERANDO (22): Que de conformidad a lo establecido por los artículos 68 párrafo segundo y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, “La sentencia de amparo dictada por las Cortes de Apelaciones en virtud del artículo 10 de la presente Ley, irá en trámite de consulta obligatoria para ante la Sala de lo Constitucional.”; en consecuencia ésta, “…fallará… reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada,…”. CONSIDERANDO (23): Que al haber quedado claramente establecida la falta de competencia de la “Corte Segunda de Apelaciones de Francisco Morazán”, el recurso de amparo interpuesto por el abogado ALDO COSENZA BUNGENER, a favor de la Sociedad Mercantil denominada PROFESIONALES DE LA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S. DE R. L, (PROINCO), contra la decisión dictada por el Tribunal Arbitral del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, de fecha veintisiete de julio de dos mil diez; es procedente en primer lugar, revocar la sentencia dictada en fecha veintiséis de septiembre de dos mil once, que deniega; con relación a la Demanda Arbitral de que se hizo mérito en el preámbulo de este fallo; en segundo lugar, Declarar la Nulidad Aboluta de todo lo actuado por la “Corte Segunda de Apelaciones de Francisco Morazán”, a partir e inclusive del auto de admisión de la acción de amparo, dictado en fecha doce de agosto de dos mil diez; y en tercer lugar, Rechazar de Plano la admisión de la acción de amparo intentada.POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos Números: 80, 90, 183, 303 reformado, 304 reformado, 313 No.5 reformado, 316 reformado, 319 reformado, 322 y demás aplicables de la Constitución de la República; 1586 del Código Civil; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; ; 1, 2, 3 No.2; 4, 5, 7, 9 No.2 y 3, 10 Nº 2, 11 Nº 2, 41, 63, 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 3,1, 37 y 38 de la Ley de Conciliación y Arbitraje; 1, 2, 3 8, y demás aplicables del Reglamento Interno de la Sala de lo Constitucional, Y FALLA: 1.-REVOCANDO la sentencia de fecha 26 de septiembre de 2011, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán; 2.-DECRETANDO DE OFICIO LA NULIDAD ABSOLUTA de todo lo actuado por la “Corte Segunda de Apelaciones de Francisco Morazán”, a partir e inclusive del auto de admisión de la acción de amparo, dictado en fecha doce de agosto de dos mil diez. Y 3.-RECHAZAR DE PLANO LA ADMISIÓN DE LA ACCIÓN DE AMPARO INTENTADA, por el abogado ALDO COSENZA BUNGENER, a favor de la Sociedad Mercantil denominada PROFESIONALES DE LA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S. DE R. L, (PROINCO), contra la decisión dictada por el Tribunal Arbitral del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, de fecha veintisiete de julio de dos mil diez, en virtud de dirigirse la acción contra un ente que de conformidad a la motivación expuesta en este fallo, no es sujeto de la tutela prevista Constitucionalmente por la acción de amparo, al integrarse el ente impugnado por personas naturales que no ejercen una función pública, ni desempeñan un cargo o empleo publico, que les confiera el carácter de Funcionarios Públicos y consecuentemente les invista de autoridad. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redacto el Magistrado LOZANO URBINA.- NOTIFIQUESE. Firmas y sello. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. Firma y sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL".
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil trece, certificación de fallo de fecha doce de febrero de dos mil trece, recaída en el recurso de Amparo Civil venido en Consulta, registrado en ese Tribunal bajo el número 816=12.
DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL
[1] Vid. sentencia recaída en la acción registrada bajo el No. AC1826-02.
[2] En concordancia con el artículo 393 del Código Penal, Esta Sala ha adoptado esta definición en las sentencias y resoluciones recaídas en las acciones con registros Nos. AP520-08, RI847-11
[3] Ver artículos 41 al 51 de la Ley de Conciliación y Arbitraje.
[4] Vid sentencia recaídas en las acciones de amparo con registros Nos. AC190-03, AC445-06 Y AC752-07
[5] Vid artículo 47 de la Ley de Conciliación y Arbitraje.