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Sentencia AC-815-11 — Registro 7443

Resumen

Sentencia declaró con lugar recurso de apelación contra resolución dictado por juzgado de primera instancia con relación a demanda ejecutiva de pago promovida contra Sociedad Administradora de Valores S.A. de C. V., Banco Citibank de Honduras, René Martín Becerra Banegas en su condición de Representante Legal y responsable solidario de dicha empresa

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio expresado por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en Tegucigalpa, cuando expone que el Articulo 495 del Código de Procedimientos Civiles establece, que en cualquier estado del juicio, antes de haberse enajenado los bienes embargados, puede hacerlo cesar el ejecutado, pagando la deuda con sus intereses y costas, igualmente puede hacer cesar el embargo, consignando una cantidad suficiente para el pago, en cuyos casos, de la solicitud deberá dársele vista al ejecutado por el término de dos días y con lo que exponga o si nada expone, la resolverá el Tribunal, pero ninguna disposición legal legitima al A-Quo, para sustituir en un juicio ejecutivo, el embargo por una garantía bancaria..."..."esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso civil, como es el de plantear, tal como lo manifiestan el Ad-Quem y el Ministerio Público, que en el procedimiento ejecutivo no es posible la sustitución de un Título Ejecutivo por otra clase de garantía, y que lo procedente es la ejecución del título. Considerando que el juicio ejecutivo, tiene la característica de ser expedito, por que en ellos se consigna un derecho literal y autónomo, es decir que es contentivo de un derecho ahí expresado en el documento; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: Las sentencias que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, veintiseis de septiembre del dos mil trece. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado CARLOS ALFONSO FORTÍN LARDIZÁBAL, a favor del señor RENÉ BECERRA BANEGAS y BANCO CITIBANK DE HONDURAS S.A., contra la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil de esta Sección Judicial, en fecha veintiséis de agosto de dos mil once, que declara con lugar el Recurso de Apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil de esta sección judicial, de fecha uno de julio de dos mil diez; con relación a la Demanda Ejecutiva de Pago promovida por el ESTADO DE HONDURAS, a través de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, contra la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE VALORES S.A. DE C.V., BANCO CITIBANK DE HONDURAS Y OTROS. Estima el recurrente que con la sentencia en mención, se violenta en perjuicio de sus representados el principio estipulado en el Artículo 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES

  1. Que en fecha dieciocho de mayo de dos mil siete, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, la Abogada ROSA AMÉRICA MIRANDA RIVERA, en su condición de Procuradora General de la República y por ende Representante Legal del ESTADO DE HONDURAS, promoviendo una Demanda Ejecutiva de Pago contra la Empresa Mercantil ADMINISTRADORA DE VALORES S.A. DE C.V. y el señor RENÉ MARTÍN BECERRA BANEGAS, en su condición de Representante Legal y responsable solidario de la referida empresa, a fin de que mediante sentencia definitiva se obligue a la ejecutada a pagar la cantidad de veintisiete millones quinientos dos mil novecientos cincuenta y tres lempiras con diecinueve centavos (Lps. 27,502,953.19), al ESTADO DE HONDURAS. 2) Que en fecha veinticinco de agosto de dos mil ocho, compareció ante el Juzgado de Letras Civil de Francisco Morazán, el Abogado OSCAR ROLANDO MONTOYA, en su condición de Apoderado Judicial del ESTADO DE HONDURAS, por medio de la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI), ampliando la Demanda Ejecutiva de Pago relacionada en el inciso anterior, para acumular nueva acción contra las empresas mercantiles BANCO DE LA EXPORTACIÓN S.A. (BANEXPO S.A.) y BANCO UNO S.A. (Folios 70 al 209 de la primera pieza de antecedentes). 3) Que en providencia de fecha nueve de junio de dos mil nueve, el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, decretó el embargo sobre los bienes inmuebles inscritos, bajo el número 92 del tomo 3871, propiedad del BANCO DE EXPORTACIÓN (BANEXPO) y bajo el número 07 del tomo 4636 propiedad de BANCO UNO S.A. (Folio 293 de la primera pieza de antecedentes). 4) Que en fecha catorce de agosto de dos mil nueve, compareció ante el referido Juzgado de Letras Civil, el Abogado CARLOS ALFONSO FORTÍN LARDIZABAL, en su condición de Apoderado Legal de la sociedad BANCO CITIBANK DE HONDURAS S.A. y del señor RENÉ MARTÍN BECERRA BANEGAS, presentando garantía bancaria como consignación en sustitución del embargo decretado; solicitud que fue admitida el diecisiete de agosto de dos mil nueve, dándole trámite para que la parte demandante procediera a aprobar o impugnar la consignación, misma que fue impugnada en fecha dieciséis de octubre de dos mil nueve, por el Apoderado Legal del ESTADO DE HONDURAS, ordenando el referido A-Quo en fecha veinte de octubre, citar a las partes para oír sentencia incidental. (Folios 316, 338 y 340 de la primera pieza de antecedentes). 5) Que el Juzgado de Letras Civil de Francisco Morazán, en fecha uno de julio de dos mil diez, resolvió tener por admitida y por bien hecha la garantía bancaria irrevocable presentada por el Abogado CARLOS ALFONSO FORTÍN LARDIZÁBAL, en su condición ya mencionada, no. 1700010752 por treinta y siete millones de lempiras (Lps. 37,000,000.00), extendida por el Banco Atlántida S.A. de fecha doce de agosto de dos mil nueve y solicitada por ese mismo Juzgado, en sustitución del embargo decretado y practicado en el juicio de mérito sobre bienes inmuebles del ejecutado y en consecuencia decretó el desembargo de los bienes inmuebles propiedad de la parte ejecutada e inscrito el dominio a favor del BANCO DE EXPORTACIÓN (BANEXPO) bajo el asiento No. 92 del tomo 3871, y BANCO UNO S.A. bajo el asiento No.07 del tomo 4636 del Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas del Instituto de la Propiedad del Departamento de Francisco Morazán. (Folios 352 al 354 de la primera pieza de antecedentes). 6) Que en fecha veintiséis de agosto de dos mil once, la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, conociendo del Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado OSCAR ROLANDO MONTOYA, en su condición de Apoderado Legal del ESTADO DE HONDURAS, resolvió declarar con lugar el referido recurso y en consecuencia revocar el auto apelado, dictado por el Juzgado de Letras Civil de esta sección judicial, en fecha uno de julio de dos mil diez. (Folios 37 y 38 de la segunda pieza de antecedentes). 7) El recurrente Abogado CARLOS ALFONSO FORTÍN LARDIZÁBAL, compareció ante este Tribunal, en fecha cuatro de noviembre de dos mil once, interponiendo acción de amparo a favor del señor RENÉ MARTÍN BECERRA BANEGAS y el BANCO CITIBANK DE HONDURAS S.A., por considerar que la decisión del Ad-Quem, de fecha veintiséis de agosto de dos mil once, es violatoria del principio del debido proceso, estipulado en el Artículo 90 de la Constitución de la República. Teniendo por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha dieciocho de enero de dos mil doce. 8) Que con fecha siete de febrero de dos mil doce, la abogada YULIBETH GARAY HERNÁNDEZ, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, emitió dictamen, en el cual fue de la opinión que SE DENIEGUE el Recurso de Amparo interpuesto. CONSIDERANDO (1): Que la garantía constitucional de Amparo promovida por el Abogado CARLOS ALFONSO FORTIN LARDIZABAL a favor del señor RENE MARTIN BECERRA BANEGAS Y BANCO CITIBANK DE HONDURAS S.A; se dirige contra la sentencia dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN CON SEDE EN TEGUCIGLPA, M.D.C.(exp. 2007-20593), en fecha veintiséis de agosto de dos mil once, que declara con lugar un Recurso de Apelación interpuesto contra actuaciones dictadas por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN (exp. 0801-2007-20593-CE), de fecha uno de junio del dos mil once; con relación a la demanda ejecutiva de pago promovida por EL ESTADO DE HONDURAS a través de la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA contra la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE VALORES S.A. DE C.V.; BANCO CITIBANK DE HONDURAS S.A. Y OTROS. CONSIDERANDO (2): QUE EL Abogado CARLOS ALFONSO FORTIN LARDIZABAL, considera agraviado el derecho de sus representados, alegando la infracción por parte del Tribunal de Apelación, al Artículo 90 Constitucional (debido proceso) señalando que el presente Recurso de Amparo tiene por objeto hacer respetar el debido proceso, pretendiendo que se cumpla con lo establecido en el Artículo 495 del Código de Procedimientos Civiles que señala: “En cualquier estado del juicio, antes de haberse enajenado los bienes embargados, puede hacerlo cesar el ejecutado, pagando la deuda con sus intereses y costas. Puede, asimismo, hacer cesar el embargo, consignando una cantidad suficiente para el pago”. Poner a disposición del Juez la cantidad suficiente para responder por la obligación (consignación) a través de un Título valor (garantía bancaria), que implica la obligación del Banco de pagar la suma de dinero garantizada contra la presentación de la garantía bancaria, certificando de esta manera el posible fallo condenatorio, implica indiscutiblemente el cumplimiento de lo establecido en el Articulo 495 de la ley adjetiva civil. En el presente caso, dice que sus representados consignaron la suma señalada ante El Juzgado A-Quo y la Corte Segunda de Apelaciones mediante la sentencia impugnada desconoce la garantía bancaria como consignación, incurriéndose en una violación al debido proceso. CONSIDERANDO (3): Que se tuvo por formalizado en tiempo y forma el amparo de mérito, ordenándose dar vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho por el término de cuarenta y ocho horas para que emita su correspondiente Dictamen, con fundamento en los Artículos 56 de la Ley sobre Justicia Constitucional; 36 de la Ley del ministerio Público; 62 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 12 inciso c) del Reglamento Interno de la Sala de lo Constitucional. CONSIDERANDO (4): Que conforme lo establece la Constitución de la República, la Acción de Amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los Tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales, establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico internacional. CONSIDERANDO (5): Que el Ministerio Público en su Dictamen, en resumen concluye: Que en el procedimiento ejecutivo no se establece la sustitución de un título ejecutivo por otra clase de garantía, desde este punto de vista lo procedente es la ejecución del título: Ya que el Juicio Ejecutivo tiene la característica de ser expedito, porque en ellos se consigna un derecho literal y autónomo, es decir que es contentivo de un Derecho ahí expresado en el documento. El Código de Comercio en el libro III relativo a las cosas mercantiles, dice, la garantía bancaria no es un título valor, ya que dicho Código señala cuales son los títulos valores y las características y formalidades que deben revestir, asimismo algunas leyes especiales otorgan a ciertos documentos fuerza ejecutiva como es el caso de la certificación en que conste la obligación tributaria extendida por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) Artículo 98 del Código Tributario. No existe disposición legal que permita sustituir un embargo por una garantía bancaria y el Articulo 495 del Código de Procedimientos Civiles señala: “En cualquier estado del juicio, antes de haberse enajenado los bienes embargados, puede hacerlo cesar el ejecutado pagando la deuda con sus intereses y multas. Puede, asimismo hacer cesar el embargo consignando una cantidad suficiente para el pago. El Ministerio Público al expresar que no se aprecia la vulneración de la garantía constitucional invocada por el recurrente, opina Que se Deniegue el presente amparo. CONSIDERANDO (6): Que al estudiarse la foliada y específicamente la sentencia proferida por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, EN TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, en fecha veintiséis de agosto de dos mil once, esta se fundamenta principalmente, en que recurre el representante de la Procuraduría General de la República, contra el auto de fecha uno de julio de dos mil once, que admite y tiene por bien hecha una garantía bancaria irrevocable, en sustitución del embargo decretado y practicado sobre Bienes Inmuebles del ejecutado; decreta el desembargo de los inmuebles, dejando sin valor y efecto sus inscripciones, ordenando las anotaciones respectivas en el Registro de la Propiedad; manifestando como agravios: Que la sentencia le causa agravios al Estado de Honduras, en virtud de que se violenta el Debido Proceso, porque nuestra legislación no regula la sustitución de embargos por una garantía bancaria o depositaria, en un juicio especial, como es esta demanda ejecutiva. Que debió dársele traslado a la parte ejecutante, para que se pronuncie sobre tal situación. Que el Juzgado A-Quo violenta el debido proceso, al sustituir los embargos decretados, por una garantía Bancaria, que no es suficiente para cubrir lo adeudado y no asegura las resultas del juicio, causando daños y perjuicios. CONSIDERANDO (7): Que esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio expresado por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en Tegucigalpa, cuando expone que el Articulo 495 del Código de Procedimientos Civiles establece, que en cualquier estado del juicio, antes de haberse enajenado los bienes embargados, puede hacerlo cesar el ejecutado, pagando la deuda con sus intereses y costas, igualmente puede hacer cesar el embargo, consignando una cantidad suficiente para el pago, en cuyos casos, de la solicitud deberá dársele vista al ejecutado por el término de dos días y con lo que exponga o si nada expone, la resolverá el Tribunal, pero ninguna disposición legal legitima al A-Quo, para sustituir en un juicio ejecutivo, el embargo por una garantía bancaria. CONSIDERANDO (8): Que la garantía del Debido Proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El Derecho de Defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la demanda, la necesaria correlación que debe de existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente. CONSIDERANDO (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio como lo desea la parte, como parece entenderlo el recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. CONSIDERANDO (10): Que la violación al derecho de defensa se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos, que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a una parte, lo que en el presente caso no sucedió. CONSIDERANDO (11): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso civil, como es el de plantear, tal como lo manifiestan el Ad-Quem y el Ministerio Público, que en el procedimiento ejecutivo no es posible la sustitución de un Título Ejecutivo por otra clase de garantía, y que lo procedente es la ejecución del título. Considerando que el juicio ejecutivo, tiene la característica de ser expedito, por que en ellos se consigna un derecho literal y autónomo, es decir que es contentivo de un derecho ahí expresado en el documento; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos, 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana sobre derechos Humanos; 82, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 316 y 319 atribución 8ª, de la Constitución de la República, 1, 62, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 56, 63 y demás aplicables de la Ley sobre Justicia Constitucional, 36 de la Ley del Ministerio Público, 12 inciso c) del Reglamento Interno del Ministerio Público, 98 del Código Tributario, 495 del Código de Procedimientos Civiles. FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan las diligencias al lugar de su procedencia. Redactó el Magistrado LOZANO URBINA. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. PRESIDENTE. GERMAN VICENTE GARCÍA GARCÍA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. REINA SAGRARIO SOLÓRZANO JUAREZ. Firma y Sello DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, M.D.C., uno de octubre de dos mil trece. Visto el recurso de reposición interpuesto en el acto de la notificación por el Abogado CARLOS ALFONSO FORTIN LARSIZABAL, en el recurso de amparo interpuesto por él, a favor del señor RENE MARTIN BECERRA BANEGAS Y LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA “BANCO CITIBANK DE HONDURAS S.A.” contra la sentencia dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DE ESTA SECCION JUDICIAL, en fecha veintiséis de agosto del dos mil once, que declara con lugar un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones dictadas por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DE ESTA SECCIÓN JUDICIAL en fecha uno de julio del dos mil diez; con relación a la demanda ejecutiva de pago promovida por EL ESTADO DE HONDURAS a través de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA contra la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE VALORES S.A. DE C.V., BANCO CITIBANK DE HONDURAS S.A., Y OTROS. CONSIDERANDO: Que del acto en el cual el peticionario solicita reposición se aprecia que éste no ataca el fondo o la forma de la sentencia impugnada, en consecuencia y conforme se desprende de la misma, ésta se encuentra apegada a derecho y procede declarar sin lugar el recurso de reposición interpuesto, en virtud de no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 80, 184, 313 atribución 5ta., y 316 de la Constitución de la República 8 y 25 de la Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos; 64, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: Declarar SIN LUGAR EL RECURSO DE REPOSICION interpuesto en el acto de la notificación por el Abogado CARLOS ALFONSO FORTIN LARDIZABAL, contra la sentencia de fecha veintiséis de septiembre de dos mil trece, recaída en el recurso de amparo interpuesto por él, a favor del señor RENE MARTIN BECERRA BANEGAS Y LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA “BANCO CITIBANK DE HONDURAS S.A.”. Y MANDA: Que en definitiva se de cumplimiento a lo ordenado en la sentencia recurrida por el peticionario, debiendo la Secretaría del Despacho notificar la presente resolución de conformidad a lo establecido en el artículo 4 numeral 2 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. PRESIDENTE. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. GERMAN VICENTE GARCÍA GARCÍA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. REINA SAGRARIO SOLÓRZANO JUAREZ. Firma y Sello DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de octubre del año dos mil trece, certificación de las sentencias de fecha veintiséis de septiembre del año dos mil trece y uno de octubre del dos mil trece, recaída en el Recurso de Amparo Civil bajo el número 815=11.-

DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO

SECRETARIO DE LA

SALA DE LO CONSTITUCIONAL