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Sentencia AC-771-12 — Registro 7983

Resumen

Sentencia otorgó recurso de amparo a favor de recurrente contra actuaciones derivadas de sentencia dictada por juzgado de primera instancia que declaró con lugar nulidad absoluta de Instrumentos Públicos e inscripciones, ordenó restituir la posesión material del bien inmueble a Cooperativa de Producción Agropecuaria de Campesinos "El Despertar Limitada" en relación a demanda de Nulidad de Instrumentos Públicos e inscripciones promovida por miembros de dicha Cooperativa contra actuación de Presidente y Representante Legal de la misma

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

...."nos encontramos con que el fallo emitido por esta Sala y que hoy se impugna mediante el recurso de reposición, no solo es contradictorio en la enunciación como valida de la norma constitucional hacia la cual se remite al agraviado, sino que también en el fondo, por lo que procede un pronunciamiento que otorgue en definitiva la violación constitucional originaría a la acción consultada, pues se destaca en su texto el reconocimiento de una evidente afectación a los derechos fundamentales como ser: el Derecho de Defensa, Derecho al Debido Proceso, Derecho de Propiedad y la enunciación de que los Servidores del Estado no tienen mas facultades que las que expresamente les confiere la Ley, que se alegan como vulnerados y al reconocimiento de la evidente necesidad de tutela a estos derechos que se han invocado como violentados por la parte agraviada, por parte de este Tribunal Supremo..." ..."esta Sala de lo Constitucional estima que el razonamiento externado en su oportunidad por la Corte Segunda de Apelaciones de Francisco Morazán, es conforme a derecho, ya que ha resultado suficientemente claro que el fallo dictado por el a-quo, mediante el cual DECLARO CON LUGAR, la demanda entablada, se DECLARO SIN LUGAR, lo peticionado en cuanto a la Nulidad de un Acta supuestamente celebrada por la Asamblea de la Cooperativa Agropecuaria de Campesinos “EL DESPERTAR LIMITADA”, DECRETANDO LA NULIDAD ABSOLUTA de los instrumentos Públicos y de los Contratos de Compra Venta de Inmuebles contenidos en ellos, así como de sus respectivas inscripciones registrales y demás actuaciones posteriores inclusive: a) Instrumento Público Número 71 de fecha veinte de abril de 1994, autorizado en esta ciudad de Tegucigalpa MDC., por el Notario Público Roberto Pacheco Reyes, así como del contrato de compra venta contenido en el mismo, otorgado por el señor José Antonio Arévalo Dubón en su condición de Presidente y Representante Legal de la Cooperativa de Producción Agropecuaria de Campesinos “El Despertar Limitada” a favor de la Empresa Oleopalma de Centroamérica, S.A. de C.V., por medio de su Presidente y Representante Legal, e Inscripción de la respectiva escritura publica en el Libro de Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas bajo el numero 45 del Tomo CXL-140 del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Trujillo, Departamento de Colón y b) Instrumento Público Número 72 de fecha veinte de abril del año 1994, autorizado en esta ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, por el Notario Publico Roberto Pacheco Reyes, así como del contrato de compra venta contenido en el mismo, otorgado por el Señor José Antonio Arévalo Dubón en su condición de Presidente y Representante Legal de la Cooperativa de Producción Agropecuaria el Campesino “El Despertar Limitada” a favor de la Empresa Oleopalmas de Centroamérica, S.A. de C.V.., por medio de su Presidente y Representante Legal e inscripción de la respectiva Escritura Pública en el libro Registro de Propiedad, Hipoteca y Anotaciones Preventivas bajo el No. 44 del Tomo CXL-140 del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Trujillo, Departamento de Colón; y demás traspasos e inscripciones posteriores e inclusive; y que ORDENA: a) Que la parte demandada señor JOSE ANTONIO AREVALO DUBON, proceda a restituir en su posesión material a la parte demandante los comparecientes miembros de la Cooperativa de Producción Agropecuaria de Campesinos “El DESPERTAR LIMITADA”, del domicilio de Trujillo, Departamento de Colón, el inmueble referido en el libelo de la demanda y que fuera objeto de los contratos de compra venta, contenidos en los Instrumentos Públicos cuya nulidad de inscripción se decreta en el presente fallo.- b) Que con las inserciones de estilo y delegándole amplias facultades, se libre atenta comunicación al Señor Registrador de la Propiedad, Inmueble y Mercantil del Instituto de la Propiedad de Trujillo, Departamento de Colón, a efecto de que proceda a cancelar las inscripciones regístrales antes señaladas, haciendo las anotaciones correspondientes al margen de la misma, para los efectos legales del caso. Efectivamente ha vulnerado en perjuicio de la sociedad mercantil denominada OLEOPALMAS DE CENTROAMÉRICA, S.A. DE C.V. (OLEOPALMA), las garantías constitucionales del derecho de defensa, debido proceso y propiedad..."..."esta Sala de lo Constitucional estima que en el caso subjúdice, efectivamente se han producido la vulneración de los derechos de defensa, debido Proceso y Propiedad, en perjuicio del recurrente, y esto se estima así, puesto que la sentencia dictada por el a-quo al declarar la nulidad del contrato de compra-venta de un inmueble e invalidar también el de entrega de unos activos anexos a dicho inmueble, declarando además la nulidad de la inscripción registral del primero de dichos contratos, de los cuales el primero, con la aludida inscripción registral constituyen titulo de dominio que sobre un inmueble corresponde a la sociedad mercantil OLEOPALMAS DE CENTROAMÉRICA, S.A. DE C.V. (OLEOPALMA), sin que a la misma se le haya oído y mucho menos vencido en juicio..."..."en base a lo expuesto, procede reponer la sentencia que se recurre y en consecuencia confirmar la sentencia que se consulta, mediante la cual se otorgo el recurso de amparo..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El suscrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencias que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, quince de abril del dos mil trece. VISTA: En Consulta las diligencias procedentes de la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán, que contiene el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado NICOLÁS GARCÍA ZORTO, mayor de edad, casado, hondureño, inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el numero 1376, con oficina profesional ubicada en el Edificio Palmira, cuarto nivel, pieza numero 4-A en esta ciudad; a favor de la sociedad mercantil denominada OLEOPALMA DE CENTRO AMERICA S.A. DE C.V.(OLEOPALMAS), contra la sentencia dictada en fecha diez de mayo de dos mil once, por Juzgado de Letras Civil de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, con relación a la demanda ordinaria de nulidad absoluta de instrumentos públicos de contratos contenidos en ellos, su inscripción registral de una acta supuestamente celebrada por la asamblea de la Cooperativa, promovida por el Abogado ANTONIO TREJO CABRERA, contra el señor JOSÉ ANTONIO ARÉVALO DUBON. A N T E C E D E N T E S 1) Que mediante auto de fecha diez de mayo del año dos mil diez, el Juzgado de Letras de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, tuvo por admitida la demanda ordinaria de nulidad absoluta de instrumentos públicos de contratos contenidos en ellos, la inscripción registral de una acta supuestamente celebrada por la asamblea de la Cooperativa, promovida por el Abogado ANTONIO TREJO CABRERA, actuando en su condición de apoderado legal de los señores FELIPE CASTILLO, FRANCISCO CASTILLO, IPOLITO MARTÍNEZ, JOSÉ ANTONIO CASTILLO, JACINTO HERNÁNDEZ, JESÚS RODRÍGUEZ, MARCIAL LÓPEZ, NARCISO PEREZ CASTILLO, PEDRO MARTÍNEZ, CISTO LEIVA Y VICENTE PADILLA GARCÍA, contra el señor JOSÉ ANTONIO ARÉVALO DUBON. 2) Que en fecha diez de mayo del año dos mil once, el a-quo dicto sentencia mediante la cual fallo: I) DECLARANDO CON LUGAR, la demanda entablada; II) DECLARANDO SIN LUGAR, lo peticionado en cuanto a la Nulidad de un Acta supuestamente celebrada por la Asamblea de la Cooperativa Agropecuaria de Campesinos “EL DESPERTAR LIMITADA”, por constar en autos sentencia definitiva firme dictada por Juzgado competente, mediante la cual se decreta la nulidad de la referida Acta Número 200 de fecha seis de marzo del año 1994; III) DECRETA: LA NULIDAD ABSOLUTA de los instrumentos Públicos y de los Contratos de Compra Venta de Inmuebles contenidos en ellos, así como de sus respectivas inscripciones registrales y demás actuaciones posteriores inclusive: a) Instrumento Público Número 71 de fecha veinte de abril de 1994, autorizado en esta ciudad de Tegucigalpa MDC., por el Notario Público Roberto Pacheco Reyes, así como del contrato de compra venta contenido en el mismo, otorgado por el señor José Antonio Arévalo Dubón en su condición de Presidente y Representante Legal de la Cooperativa de Producción Agropecuaria de Campesinos “El Despertar Limitada” a favor de la Empresa Oleopalma de Centroamérica, S.A. de C.V., por medio de su Presidente y Representante Legal, e Inscripción de la respectiva escritura publica en el Libro de Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas bajo el numero 45 del Tomo CXL-140 del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Trujillo, Departamento de Colón y b) Instrumento Público Número 72 de fecha veinte de abril del año 1994, autorizado en esta ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, por el Notario Publico Roberto Pacheco Reyes, así como del contrato de compra venta contenido en el mismo, otorgado por el Señor José Antonio Arévalo Dubón en su condición de Presidente y Representante Legal de la Cooperativa de Producción Agropecuaria el Campesino “El Despertar Limitada” a favor de la Empresa Oleopalmas de Centroamérica, S.A. de C.V.., por medio de su Presidente y Representante Legal e inscripción de la respectiva Escritura Pública en el libro Registro de Propiedad, Hipoteca y Anotaciones Preventivas bajo el No. 44 del Tomo CXL-140 del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Trujillo, Departamento de Colón; y demás traspasos e inscripciones posteriores e inclusive; IV) ORDENA: a) Que la parte demandada señor JOSE ANTONIO AREVALO DUBON, proceda a restituir en su posesión material a la parte demandante los comparecientes miembros de la Cooperativa de Producción Agropecuaria de Campesinos “El DESPERTAR LIMITADA”, del domicilio de Trujillo, Departamento de Colón, el inmueble referido en el libelo de la demanda y que fuera objeto de los contratos de compra venta, contenidos en los Instrumentos Públicos cuya nulidad de inscripción se decreta en el presente fallo.- b) Que con las inserciones de estilo y delegándole amplias facultades, se libre atenta comunicación al Señor Registrador de la Propiedad, Inmueble y Mercantil del Instituto de la Propiedad de Trujillo, Departamento de Colón, a efecto de que proceda a cancelar las inscripciones regístrales antes señaladas, haciendo las anotaciones correspondientes al margen de la misma, para los efectos legales del caso. (F. 40 al 46 de los antecedentes). 3) Que en fecha veinticuatro de julio del año dos mil doce, compareció ante la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil de la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el abogado NICOLAS GARCÍA ZORTO, interponiendo recurso de amparo a favor de la sociedad mercantil OLEOPALMA DE CENTROAMÉRICA S.A. de C.V. (OLEOPALMA), alegando que la sentencia definitiva relacionada en el numeral que antecede es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 90, 106 y 321 de la Constitución de la República. 4) Que en fecha cinco de septiembre del año dos mil doce, la Corte de Apelaciones citada, dictó sentencia mediante la cual resolvió OTORGAR la acción de amparo interpuesta por el Abogado NICOLÁS GARCÍA ZORTO, en su condición de Apoderado Legal de la Empresa OLEOPLAMA DE CENTROAMERICA, S.A. de C.V. (OLEOPALMA), contra las actuaciones que se derivan de la sentencia definitiva dictada de fecha (10) de mayo del año dos mil once por el Juzgado de Letras Civil de Francisco Morazán. (F. 119 al 123). 5) Que en fecha tres de octubre del año dos mil doce, esta Sala de lo Constitucional recibió para su consulta, la sentencia dictada por Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil de la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en el Recurso de Amparo impetrado, ello en estricto cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO 1: Que la Ley Sobre Justicia Constitucional, manda que las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, vayan en trámite de consulta obligatoria para ante la Sala de lo Constitucional; señalando que al órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, le corresponderá reformar, confirmar o revocar la sentencia consultada. CONSIDERANDO 2: Que la sentencia venida en consulta es la que fuera dictada por mayoría de votos en fecha cinco de septiembre del año dos mil doce, por la Corte Segunda de Apelaciones lo Civil de Francisco Morazán, misma que otorga el recurso de amparo interpuesto por el abogado NICOLÁS GARCÍA ZORTO, a favor de la sociedad mercantil denominada OLEOPALMAS DE CENTROAMÉRICA, S.A. DE C.V. (OLEOPALMA); contra las actuaciones que se derivan de la sentencia definitiva dictada en fecha (10) de mayo del año dos mil once por el Juzgado de Letras Civil de Francisco Morazán. CONSIDERANDO 3: Que el presente caso trata de una demanda ordinaria de nulidad absoluta de unos instrumentos públicos, de los contratos contenidos en ellos, de su inscripción registral y de un acta supuestamente celebrada por la asamblea de la cooperativa, promovida por los señores FELIPE CASTILLO, FRANCISCO CASTILLO, IPOLITO MARTÍNEZ, JOSÉ ANTONIO CASTILLO, JACINTO HERNÁNDEZ, JESÚS RODRÍGUEZ, MARCIAL LÓPEZ, NARCISO PEREZ CASTILLO, PEDRO MARTÍNEZ, CISTO LEIVA Y VICENTE PADILLA GARCÍA, miembros de la Cooperativa Agropecuaria de Campesinos “EL DESPERTAR LIMITADA”, contra el señor JOSÉ ANTONIO ARÉVALO DUBON, en su condición personal, y quien actuó supuestamente en la condición de Presidente y representante legal de la Cooperativa Agropecuaria de Campesinos “EL DESPERTAR LIMITADA”, vendiéndole al señor RENE MORALES CARAZO, en su condición de Presidente del Consejo de Administración y representante legal, de la sociedad mercantil OLEOPALMAS DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.(OLEOPALMAS), un inmueble que se describe como Lote nuecero uno (Nº 1). La demanda se interpone en contra del señor JOSÉ ANTONIO ARÉVALO DUBON, constando la compraventa en el instrumento público número 71 de fecha veinte (20) de abril de mil novecientos noventa y cuatro (1994), otorgado ante los oficios del Notario ROBERTO PACHECHO REYES, exponiendo los demandantes que probaran en el juicio que la venta es nula, por la falta de legitimación del vendedor. CONSIDERANDO 4: Que siguiendo con el trámite procesal establecido, el a-quo admite la demanda y ordena emplazar al demandado para que la conteste. Consta en autos que se emplaza en legal y debida forma al señor JOSÉ ANTONIO ARÉVALO DUBON, quien contesta la demanda y se allana a las pretensiones del demandante. Como se deja apuntado en los antecedentes de este fallo, en fecha diez de mayo de dos mil once, el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia y motiva su decisión señalando que con la prueba aportada, se acreditó que el demandado no estaba legitimado para vender el predio denominado lote número uno, por no tener la representación legalmente requerida como representante de la Cooperativa Agropecuaria de Campesinos “EL DESPERTAR LIMITADA”. Argumenta el a-quo que se probó que no se siguió el procedimiento que requieren las leyes y reglamentos de las cooperativas para proceder a la venta de activos de la misma, consecuentemente falla declarando con lugar la demanda ordinaria de nulidad absoluta de instrumentos públicos, de los contratos contenidos en ellos y de su inscripción registral en el Registro de la Propiedad de Trujillo, departamento de Colón, y finalmente condena al demandado allanado JOSÉ ANTONIO ARÉVALO DUBON, a restituir a favor del demandante, el bien inmueble objeto del juicio. De la revisión de las diligencias se observa que ésta sentencia adquirió firmeza en virtud de que estando previsto recursos contra ella, transcurrió el plazo legalmente fijado sin que las partes los hayan presentado, así lo dispone el artículo 195 del Código Procesal Civil, y consecuentemente goza de la condición de cosa juzgada, esto en observancia a lo que dispone el artículo 196 de la misma normativa procesal civil. CONSIDERANDO 5: Que se analiza la sentencia recaída en el recurso de amparo interpuesto en contra de una sentencia firme, en el momento procesal de ejecución de la misma, lo que obliga a esta Sala a plantearse las interrogantes siguientes: ¿ES PROCEDENTE EL RECURSO DE AMPARO CONTRA UNA SENTENCIA FIRME?. ¿PROCEDE EL RECURSO DE AMPARO CONTRA UNA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE MANDA LA EJECUCIÓN DE ACTOS ESPECIFICOS ORDENADOS EN LA SENTENCIA FIRME Y PASADA POR AUTORIDAD DE COSA JUZGADA?- La Sala de lo Constitucional señala que para el caso que nos ocupa la Ley Sobre Justicia Constitucional dispone la acción específica a ejercitar, así, cuando de sentencias firmes se trata, el legislador ha dispuesto en el artículo 102 de la ley en mención, la procedencia DE LA ACCION DE REVISIÓN que manda: “La Sala de lo Constitucional podrá rever UNA SENTENCIA CONDENATORIA FIRME, pronunciada en juicio declarativo ordinario de mayor cuantía en los casos siguientes: 1.- Si después de pronunciada se recobraren documentos decisivos, detenidos por fuerza mayor, o por obra de la parte en cuyo favor se hubiere dictado. 2.- Si hubiere recaído en virtud de documentos que al tiempo de dictarse ignoraba una de las partes haber sido reconocidos y declarados falsos, o cuya falsedad se reconociere o declarare después. 3.- Si habiéndose dictado en virtud de prueba testifical, los testigos hubieren sido condenados por falso testimonio, dado en las declaraciones que sirvieren de fundamento a la sentencia y, 4.- Si la sentencia firme se hubiere dictado injustamente en virtud de cohecho, violencia u otra maquinación fraudulenta. CONSIDERANDO 6: Que del análisis de los antecedentes y de la sentencia en cuestión, la Sala concluye que el presente caso reúne los supuestos de procedencia de la acción de revisión, requeridos en el ya citado artículo 102 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; a saber, el requisito de tratarse de un juicio declarativo de mayor cuantía, así como también se estima que el presente caso se subsume en el numeral 4 del mismo artículo, que requiere que la sentencia firme se hubiere dictado injustamente, en virtud de maquinación fraudulenta, la que surge o comienza: a) Cuando el vendedor demandado se allana a la pretensión del demandante y b) Cuando el Juez, estando obligado a conocer el derecho, omite la aplicación del numeral 2 del artículo 69 del Código Procesal Civil, que señala: “El Juez, de oficio o a instancia de parte, puede integrar la posición de parte actora o demandada, emplazando a las personas interesadas, si de la demanda o de la contestación, parece evidente que la decisión a recaer en el proceso les va a afectar…”.(El remarcado es de la Sala). Se observa en la sentencia recurrida en amparo, que el A-quo dicta sentencia condenando al vendedor a que restituya los bienes objetos del litigio, aun conociendo la imposibilidad de la ejecución de ese mandato, pues le consta que el bien inmueble objeto del pleito esta en poder de la sociedad mercantil denominada OLEOPALMA DE CENTROAMÉRICA, S.A. DE C.V. (OLEOPALMA), en contra de quien el Juez ordena despojar de la propiedad supramencionada, sin haber sido oído y vencido en juicio. CONSIDERANDO 7: Que la sentencia de fecha cinco de septiembre de dos mil doce, venida en consulta vulnera el debido proceso, es mas, es criterio de esta Sala que la acción de amparo impetrada, no debió de haberse admitido, por no ser la acción de amparo el procedimiento legalmente preestablecido para conocer de una sentencia firme, esto, al tenor de lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO 8: Que la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán, resuelve el asunto de acuerdo a la pretensión del recurrente, declarando que la sentencia firme y pasada por autoridad de cosa juzgada, no obliga al recurrente ni es aplicable, por contravenir, disminuir o tergiversar derechos reconocidos en la Constitución de la Republica. CONSIDERANDO 9: Que cuando una sentencia ha adquirido firmeza no debe pretenderse su corrección mediante la acción de amparo, se señala lo anterior, en virtud de la obligatoriedad del respeto a la inmutabilidad del mandato que nace de una sentencia firme, cuya eficacia consiste en hacerla valer como un mandato que contiene la voluntad imperativa del Estado; permitir lo contrario, sería prolongar la incertidumbre en las relaciones jurídicas y patrimoniales, sin límite de tiempo, hasta alcanzar una “sentencia justa”, por lo que como producto de un análisis de ponderación, la Sala de lo Constitucional concluye que, produce menos daño al sistema de justicia de un país, mantener como excepción, la vigencia y ejecutabilidad de una sentencia fruto de un error o prevaricación, a mantener como regla, la inseguridad jurídica. CONSIDERANDO 10: Que al tenor de lo establecido por el artículo 186 de la Constitución de la República, ningún Poder o autoridad podrá abrir juicios fenecidos, salvo en causas juzgadas en materia penal y civil, en las cuales podrá interponerse el Recurso de Revisión. Que por lo anteriormente expuesto se concluye que la sentencia recaída en el recurso amparo y que se conoce en consulta, es violatoria del derecho fundamental a un debido proceso y de la prohibición constitucional de abrir juicios fenecidos, al soslayar el contenido de los preceptos legales donde se establece, cuando una sentencia adquiere firmeza, y por ende la autoridad de cosa juzgada. CONSIDERANDO 11: Que al tenor de lo señalado en los acápites anteriores la Sala de lo Constitucional, estima que en aplicación de lo preceptuado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es procedente que la sentencia venida en consulta sea revocada, ya que en el caso de autos se establece la improcedencia de conocer mediante la acción de amparo de una sentencia que reviste el carácter de firme, aunado a lo anterior y en virtud de ser patente el error del órgano jurisdiccional al admitir la misma, por lo que en aplicación del principio de prevalencia del derecho sustancial sobre la forma, el tribunal que conoce de la acción de amparo, en un caso como el que hoy nos ocupa, deberá inadmitir la misma y señalar el termino de seis meses (art. 95 párrafo 2 LSJC), a fin de que se demande la revisión. CONSIDERANDO 12: Que una vez detectada la indefensión de que fue objeto la persona jurídica impetrante, la presente decisión reconduce procesalmente el camino a seguir, puesto que el artículo 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional señala que si la Sala de lo Constitucional o en su caso la Corte Suprema de Justicia, estimare procedente la revisión, lo declarará así, y anulará en todo o en parte la sentencia impugnada, y en la misma sentencia que acepte el recurso de revisión se declarará si se debe o no seguirse nuevo juicio. En el primer caso, es decir cuando se determine que no debe seguirse un nuevo juicio, se determinará el estado en que queda el proceso, el cual se remitirá para su conocimiento al órgano jurisdiccional de que proceda, es decir que deba continuarse de ahí en adelante. Y en el caso de que deba seguirse nuevo juicio, servirán de base al nuevo juicio las declaraciones que se hubieren hecho en el recurso de revisión, las cuales no podrán ser ya discutidas. Se debe resaltar lo específica que es la acción de revisión para el caso que nos ocupa, puesto que a través del recurso de amparo, se limita al órgano jurisdiccional que conoce de la acción, para hacer pronunciamientos y tomar decisiones específicas de mera legalidad. CONSIDERANDO 13: Que por todas las razones anteriormente expuestas, es procedente REVOCAR la sentencia que OTORGA el recurso de amparo, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de Francisco Morazán, en fecha cinco de septiembre de dos mil doce, debiendo sobreseerse las presentes diligencias, por tratarse de un acto consumado de modo irreparable, en la vía de amparo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 183, 303, 304, 313 No. 5), 316 No. 1) de la Constitución de la República, 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 46 No. 5) Y 7), 68, 69, 102 y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: 1.- REVOCANDO la sentencia venida en consulta proferida en fecha cinco de septiembre de dos mil doce, por la Corte Segunda de Apelaciones de Francisco Morazán.- 2.- Se SOBRESEEN las presentes diligencias, por haberse recurrido una sentencia condenatoria firme, siendo el mismo un acto consumado de modo irreparable.- y 3.- Se indica al recurrente de amparo que le queda EXPEDITA LA INTERPOSICIÓN DE LA ACCIÓN DE REVISIÓN ANTE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. GERMAN VICENTE GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. Firma y sello. CRISTIAN RAMÓN BAQUIZ FLORES. SECRETARIO POR LEY SALA DE LO CONSTITUCIONAL” CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintitrés de abril del dos mil trece. VISTO: El Recurso de Reposición interpuesto por el Abogado NICOLAS GARCIA ZORTO, actuando en representación de la sociedad mercantil denominada OLEOPALMAS DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V. (OLEOPALMAS); contra la sentencia dictada en fecha quince (15) de abril de dos mil trece, por esta Sala de lo Constitucional, mediante la cual se falla: (Sic) “1.- REVOCANDO la sentencia venida en consulta, proferida por la Corte Segunda de Apelaciones de Francisco Morazán, en fecha cinco de septiembre de dos mil doce, 2.- Se SOBRESEEN las presentes diligencias, por haberse recurrido una sentencia condenatoria firme, siendo el mismo un acto consumado de modo irreparable, y 3.- Se indica al recurrente que le queda EXPEDITA LA INTERPOSICION DE LA ACCIÓN DE REVISION ANTE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL”. CONSIDERANDO1: Que consta de los antecedentes que la acción de amparo de mérito fue interpuesta ante la Corte Segunda de Apelaciones de Francisco Morazán, en fecha veinticuatro de julio del año dos mil doce, por el Abogado NICOLAS GARCIA ZORTO, actuando en representación de la sociedad mercantil denominada OLEOPALMAS DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V. (OLEOPALMAS); consta además que en fecha cinco de septiembre del año dos mil doce, la referida Corte de Apelaciones dicto fallo mediante el cual OTORGO el recurso de amparo impetrado, fallo que al ser conocido en consulta por esta Sala de lo Constitucional, fue revocado sobreseyendo las diligencias. CONSIDERANDO 2: Que en fecha dieciocho (18) de abril del año dos mil trece, el recurrente Abogado NICOLAS GARCIA ZORTO, interpone ante éste Alto Tribunal recurso de reposición contra la sentencia que emitiera en fecha quince (15) de abril de dos mil trece, esta Sala de lo Constitucional. CONSIDERANDO 3: Que conforme lo establece el párrafo final del artículo 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contra los fallos proferidos por unanimidad de la Sala de lo Constitucional, sólo cabra el recurso de reposición, mismo que podrá ser interpuesto en el acto de la notificación o al día siguiente al de su notificación por la tabla de avisos del despacho. CONSIDERANDO 4: Que vista la petición del recurrente, Abogado NICOLAS GARCIA ZORTO, se aprecia que no esta de acuerdo con el fallo dictado por esta Sala de lo Constitucional en fecha quince de abril de dos mil trece, por estimar que el mismo no esta ajustado a derecho, para ello expone que no es correcto el criterio esgrimido por la Sala, cuando señala en su fallo, que la sentencia dictada en fecha diez de mayo del dos mil once, por el Juzgado de Letras Civil de Francisco Morazán, es cosa juzgada por ser una sentencia firme, por lo que contra la misma solo cabe interponer la acción de Revisión; señala el recurrente que en el caso de autos debe repararse que la demanda interpuesta por los señores FELIPE CASTILLO, FRANCISCO CASTILLO, IPOLITO MARTÍNEZ, JOSÉ ANTONIO CASTILLO, JACINTO HERNÁNDEZ, JESÚS RODRÍGUEZ, MARCIAL LÓPEZ, NARCISO PEREZ CASTILLO, PEDRO MARTÍNEZ, CISTO LEIVA Y VICENTE PADILLA GARCÍA, fue contra el señor JOSÉ ANTONIO ARÉVALO DUBON, sin que la sociedad mercantil denominada OLEOPALMAS DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V. (OLEOPALMAS), haya sido citada y vencida en juicio, en ese sentido señala que la acción de amparo interpuesta en su oportunidad por su representada, se ha basado en el articulo 183 numeral 2 de la Constitución de la Republica, que literalmente expresa: “El Estado reconoce la garantía de amparo. En consecuencia toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de esta tiene derecho a interponer Recurso de Amparo: 1… 2. Para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por esta Constitución…”; aduce el recurrente que la acción de amparo fue interpuesta contra las actuaciones que derivan de la sentencia emitida por el a-quo, razón por la cual no se puede invocar la aplicabilidad a su representada del articulo 195 del Código de Procedimientos Comunes, pues a la misma le afecta la ejecución de la sentencia impugnada, en virtud de que nunca fue parte del proceso, por lo que el fallo impugnado violenta en su perjuicio las garantías constitucionales consignadas en los artículos 82, 90, 103 y 321 de la Constitución de la Republica, en ese orden de ideas argumenta que la referida sentencia del a-quo no es firme y mucho menos cosa juzgada para su representada la sociedad mercantil OLEOPALMAS DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V. (OLEOPALMAS), ya que nunca fue citada ni emplazada, por lo que no pudo ser oída y defenderse en juicio. CONSIDERANDO 5: Que del estudio detenido del fallo recurrido y su motivación se desprende que ésta Sala erróneamente ha aplicado un precepto constitucional ya derogado al estimar como pertinente la aplicabilidad en todo tiempo de la garantía de Revisión contenida en el artículo 186 de nuestra norma suprema, sin tomar en consideración la reforma de que éste fue objeto por Decreto 237-2012 del 23/01/13, publicado en el Diario Oficial la Gaceta No. 33,033 del 24/01/13, y ratificada mediante Decreto No. 10-2013, del 30 de enero de 2013, publicado en el Diario oficial La Gaceta No. 30,086, del 27/01/13. Limitándose mediante ésta reforma y su ratificación el tiempo de la interposición de una acción de Revisión en materia Civil al Plazo de seis (06) meses. CONSIDERANDO 6: Que tal y como establece la Ley, la acción de amparo deberá presentarse dentro de los dos meses siguientes a la fecha de la última notificación al afectado o de aquélla en que este haya tenido conocimiento de la acción u omisión que, a su juicio, le perjudica o pueda perjudicarle. En el caso de autos, es evidente que la acción intentada contra el acto reclamado en amparo se ha presentado y formalizado en tiempo y forma. CONSIDERANDO 7: Que así las cosas y aunado a lo anterior, nos encontramos con que el fallo emitido por esta Sala y que hoy se impugna mediante el recurso de reposición, no solo es contradictorio en la enunciación como valida de la norma constitucional hacia la cual se remite al agraviado, sino que también en el fondo, por lo que procede un pronunciamiento que otorgue en definitiva la violación constitucional originaría a la acción consultada, pues se destaca en su texto el reconocimiento de una evidente afectación a los derechos fundamentales como ser: el Derecho de Defensa, Derecho al Debido Proceso, Derecho de Propiedad y la enunciación de que los Servidores del Estado no tienen mas facultades que las que expresamente les confiere la Ley, que se alegan como vulnerados y al reconocimiento de la evidente necesidad de tutela a estos derechos que se han invocado como violentados por la parte agraviada, por parte de este Tribunal Supremo. CONSIDERANDO 8: Que en tanto que la Sala, tal y como lo establece nuestra Ley Sobre Justicia Constitucional, sea el interprete supremo de la Constitución, se debe definir por tal motivo como su especial misión la defensa de los derechos fundamentales, y esta misión, de conformidad a la doctrina[1], se concreta a una doble actividad, pudiendo ser abordada la misma desde dos puntos de vista el subjetivo y el objetivo. En cuanto a la actividad subjetiva, encontramos en nuestro caso, que frente al control difuso de tales derechos por parte de los tribunales ordinarios como órganos de la Justicia Constitucional, nuestra Sala, concentra en ella y asume por la vía de la consulta la defensa de tales derechos, con respecto a cuya tutela ostenta siempre la ultima ratio; y desde el punto de vista objetivo, que ante cualquier vulneración de una norma constitucional que tutele alguno de tales derechos fundamentales, le corresponde también la función de reinstaurar el ordenamiento constitucional vulnerado y a través de la interpretación, o creación inclusive de la oportuna doctrina legal que ha de vincular a todos los poderes públicos, viéndose reforzados estos conceptos doctrinarios por el contenido de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su aspecto subjetivo, por lo establecido en sus artículos 68 y 69 y en su aspecto objetivo, por el contenido de los artículos 1, 4 Nº 5, 41, 45, 73 y 119 del mismo cuerpo legal. CONSIDERANDO 9: Que como lo define ya La Ley Sobre Justicia Constitucional, uno de los principios fundamentales que informan a la justicia Constitucional es el de prevalencia del derecho sustancial, implicando éste en su más amplio concepto, la garantía de que la Justicia Constitucional mediante la intervención de la Sala de lo Constitucional de su Tribunal Supremo debe ser efectiva, pues los derechos fundamentales de una persona (sea ésta natural o jurídica) agraviada por la decisión de una autoridad, no pueden, ni deben ser limitados a ser objeto de su resolución por el mecanismo de tutela Constitucional más efectivo en este caso el amparo, evitando por ende, su remisión al sometimiento y resolución por un procedimiento extraordinario que resulta ser no solo largo y engorroso, sino que además tal y como ha quedado expuesto, es ya de imposible aplicación por ser extemporánea la tutela garantizada, conforme a la reforma de que ha sido objeto la garantía de revisión, sin tomar en consideración esta Sala en el fallo recurrido, que la parte agraviada dispuso en tiempo y forma someter el conocimiento y resolución de la violación denunciada, concretamente a la tutela sumaria que garantiza la acción de amparo. CONSIDERANDO 10: Que admitir lo contrario a lo expuesto, implicaría no solo dilatar aún más la respuesta de la Sala de lo Constitucional como órgano jurisdiccional que deberá adoptar la decisión definitiva de la justicia Constitucional, sino que imposibilitar una respuesta positiva de la justicia, no obstante la evidencia de una violación ya declarada, tanto en el fallo recurrido, contrariando de esta forma otro principio fundamental que informa a la garantía de amparo como ser el de sumariedad, al remitir a la parte agraviada a la observancia de un proceso que además resulta extemporáneo, procediendo por tal razón a juicio de esta Sala la comprensión pro homine en la aplicación de la norma e interpretación que en este caso resulte más favorable a la parte recurrente, a fin de garantizar la congruencia entre el procedimiento observado en cuanto al fallo emitido previamente por este y la resolución del problema constitucional de fondo planteado con la interposición de la presente acción, para los efectos de no dilatar por más tiempo la tutela que se reconoce indefectiblemente como necesaria y urgente para los fines de salvaguardar los derechos constitucionales que se reconocen en ambos casos vulnerados a la parte recurrente con el accionar de la autoridad recurrida, debiéndose por tal motivo ajustar la decisión de la Sala al mecanismo constitucional de tutela más adecuado establecido por la Justicia Constitucional. CONSIDERANDO 11: Que expuesto lo anterior esta Sala de lo Constitucional estima que el razonamiento externado en su oportunidad por la Corte Segunda de Apelaciones de Francisco Morazán, es conforme a derecho, ya que ha resultado suficientemente claro que el fallo dictado por el a-quo, mediante el cual DECLARO CON LUGAR, la demanda entablada, se DECLARO SIN LUGAR, lo peticionado en cuanto a la Nulidad de un Acta supuestamente celebrada por la Asamblea de la Cooperativa Agropecuaria de Campesinos “EL DESPERTAR LIMITADA”, DECRETANDO LA NULIDAD ABSOLUTA de los instrumentos Públicos y de los Contratos de Compra Venta de Inmuebles contenidos en ellos, así como de sus respectivas inscripciones registrales y demás actuaciones posteriores inclusive: a) Instrumento Público Número 71 de fecha veinte de abril de 1994, autorizado en esta ciudad de Tegucigalpa MDC., por el Notario Público Roberto Pacheco Reyes, así como del contrato de compra venta contenido en el mismo, otorgado por el señor José Antonio Arévalo Dubón en su condición de Presidente y Representante Legal de la Cooperativa de Producción Agropecuaria de Campesinos “El Despertar Limitada” a favor de la Empresa Oleopalma de Centroamérica, S.A. de C.V., por medio de su Presidente y Representante Legal, e Inscripción de la respectiva escritura publica en el Libro de Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas bajo el numero 45 del Tomo CXL-140 del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Trujillo, Departamento de Colón y b) Instrumento Público Número 72 de fecha veinte de abril del año 1994, autorizado en esta ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, por el Notario Publico Roberto Pacheco Reyes, así como del contrato de compra venta contenido en el mismo, otorgado por el Señor José Antonio Arévalo Dubón en su condición de Presidente y Representante Legal de la Cooperativa de Producción Agropecuaria el Campesino “El Despertar Limitada” a favor de la Empresa Oleopalmas de Centroamérica, S.A. de C.V.., por medio de su Presidente y Representante Legal e inscripción de la respectiva Escritura Pública en el libro Registro de Propiedad, Hipoteca y Anotaciones Preventivas bajo el No. 44 del Tomo CXL-140 del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Trujillo, Departamento de Colón; y demás traspasos e inscripciones posteriores e inclusive; y que ORDENA: a) Que la parte demandada señor JOSE ANTONIO AREVALO DUBON, proceda a restituir en su posesión material a la parte demandante los comparecientes miembros de la Cooperativa de Producción Agropecuaria de Campesinos “El DESPERTAR LIMITADA”, del domicilio de Trujillo, Departamento de Colón, el inmueble referido en el libelo de la demanda y que fuera objeto de los contratos de compra venta, contenidos en los Instrumentos Públicos cuya nulidad de inscripción se decreta en el presente fallo.- b) Que con las inserciones de estilo y delegándole amplias facultades, se libre atenta comunicación al Señor Registrador de la Propiedad, Inmueble y Mercantil del Instituto de la Propiedad de Trujillo, Departamento de Colón, a efecto de que proceda a cancelar las inscripciones regístrales antes señaladas, haciendo las anotaciones correspondientes al margen de la misma, para los efectos legales del caso. Efectivamente ha vulnerado en perjuicio de la sociedad mercantil denominada OLEOPALMAS DE CENTROAMÉRICA, S.A. DE C.V. (OLEOPALMA), las garantías constitucionales del derecho de defensa, debido proceso y propiedad. CONSIDERANDO 12: Que esta Sala de lo Constitucional en diferentes ocasiones ha dejado sentado su posición de que el derecho de defensa se traduce, entre otros, en el derecho de las partes a la comunicación previa y detallada de la demanda formulada en su contra, que pueda presentar pruebas en su descargo, que manifesté libremente sus pretensiones y en su caso si lo estima pertinente interponer los recursos respectivos. CONSIDERANDO 13: Que el articulo 90 de la Constitución de la Republica, consagra el Derecho al Debido Proceso, respecto del cual esta Sala deviene en señalar que este constituye una ineludible carga que se le impone a los órganos del Estado, tanto administrativos como jurisdiccionales, para que sus actuaciones se sometan a los principios rectores que garantizan a cada individuo sus derechos fundamentales; constituye entonces un limite al poder estatal a favor del individuo, quien podrá reclamar en todo momento que sea respetados sus derechos, para efectos de obtener respuesta dentro de un juicio justo. El debido proceso comprende el principio de legalidad, juez natural, acceso a los órganos jurisdiccionales, derecho de defensa, derecho a una resolución que resuelva sus pretensiones sin dilaciones injustificadas, oportunidad de presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en contra, prohibición de un doble juzgamiento ( non bis ídem) motivación de actos y resoluciones de los poderes públicos. El Debido Proceso garantiza la transparencia de las actuaciones de las autoridades publicas y el agotamiento de las etapas previamente determinadas por el ordenamiento jurídico, es por ello que se asegura que el Debido Proceso se encuentra íntimamente ligado con la procura de un orden justo; ello implica asegurar que los poderes públicos constituidos sujeten sus actos (sentencias, actos administrativos) no solamente a las normas orgánicas constitucionales sino a los valores, principies y derechos como objeto de la jurisdicción constitucional. CONSIDERANDO 14: Que señalado lo anterior esta Sala de lo Constitucional estima que en el caso subjúdice, efectivamente se han producido la vulneración de los derechos de defensa, debido Proceso y Propiedad, en perjuicio del recurrente, y esto se estima así, puesto que la sentencia dictada por el a-quo al declarar la nulidad del contrato de compra-venta de un inmueble e invalidar también el de entrega de unos activos anexos a dicho inmueble, declarando además la nulidad de la inscripción registral del primero de dichos contratos, de los cuales el primero, con la aludida inscripción registral constituyen titulo de dominio que sobre un inmueble corresponde a la sociedad mercantil OLEOPALMAS DE CENTROAMÉRICA, S.A. DE C.V. (OLEOPALMA), sin que a la misma se le haya oído y mucho menos vencido en juicio. CONSIDERANDO 15: Que en base a lo expuesto, procede reponer la sentencia que se recurre y en consecuencia confirmar la sentencia que se consulta, mediante la cual se otorgo el recurso de amparo interpuesto por el abogado NICOLAS GARCIA ZORTO, actuando en representación de la sociedad mercantil denominada OLEOPALMAS DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V. (OLEOPALMAS). CONSIDERANDO 16: Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 1, 59, 64, 70, 82, 90, 106, 120, 183, 186, 303, 304, 313 atribución 5ta, 316 numeral 1, 321 y 323 de la Constitución de la República; Decreto 237-2012 del 23/01/13, publicada en el Diario Oficial la Gaceta No. 33,033 del 24/01/13, y ratificada mediante decreto No. 10-2013, del 30 de enero de 2013, publicado en el Diario oficial La Gaceta No. 30,086, del 27/01/13; 1 y 78 atribución 5ta de La Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 4 Nº 5, 41, 45 y 119 de La Ley Sobre Justicia Constitucional; 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.- FALLA: 1.- DECLARANDO, que a la Sala de lo Constitucional le corresponde la función de reinstaurar el ordenamiento constitucional vulnerado a través de la interpretación y creación inclusive de la oportuna doctrina legal que haya de vincular a todos los poderes públicos a su estricta observancia, definiendo al efecto y en caso de ambigüedad, tanto los procedimientos subjetivos como objetivos, que sean pertinentes para garantizar la aplicación pro homine del principio de prevalencia del derecho sustancial, cuando sea necesaria la adopción de éste por la Justicia Constitucional, como el método más efectivo para establecer el mecanismo de tutela que sea debido a la parte agraviada, luego de determinada notoriamente una afectación concreta por parte de la autoridad recurrida a los derechos fundamentales que se invoquen como afectados, en tal sentido, las decisiones de la Sala, conforme a lo establecido por la Ley Sobre Justicia Constitucional y su Jurisprudencia, deben orientarse hacía la Garantía Constitucional de tutela más adecuada para su restitución, siempre que ésta haya sido instada en tiempo, y toda vez que la vía Constitucional en apariencia más indicada, sea negatoria por razones de su formalidad expresa, para la restitución de los derechos fundamentales requerida, al haberse declarado su violación palmariamente, una vez estudiados los antecedentes respectivos; 2.- En consecuencia se REPONE la sentencia de fecha quince de abril del año dos mil trece, mediante la cual se sobresee la acción de amparo de mérito, por resultar ilusorio e inaplicable para los fines de garantizar la aplicación de la justicia constitucional, el mecanismo indicado por la vía procesal señalada en el fallo que se repone, para garantizar una respuesta concreta a la flagrante violación constitucional denunciada y 3.- Se CONFIRMA la sentencia venida en consulta, proferida en fecha cinco de septiembre del año dos mil doce, por la Corte Segunda de Apelaciones de Francisco Morazán, en el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado NICOLÁS GARCÍA ZORTO, a favor de sociedad mercantil denominada OLEOPALMAS DE CENTROAMÉRICA, S.A. DE C.V. (OLEOPALMA), en virtud de estimar esta Sala que la misma es conforme a derecho.- Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente sentencia, se proceda a certificar éste fallo a la autoridad recurrida, para los efectos legales determinados en su parte dispositiva y se archiven los antecedentes formados para conocer de la presente consulta.- NOTIFIQUESE. Firmas y sello. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. PRESIDENTA POR LEY SALA DE LO CONSTITUCIONAL. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. Firma y sello. CRISTIAN RAMÓN BAQUIZ FLORES. SECRETARIO POR LEY SALA DE LO CONSTITUCIONAL”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del distrito Central a los ocho días del mes de mayo de dos mil trece, certificación de las sentencias de fechas quince y veintitrés de abril de dos mil trece, recaídas en el recurso de amparo civil venido en consulta registrado en este Tribunal con el número 771=12.

DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL

[1] Vid. obra Los Derechos Fundamentales y su Protección Jurisdiccional, Vicente Gimeno Sendra (Finalidad de la Acción de Amparo), P. 754, editorial Colex, 2007, 1ra. Edición, Madrid.