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Sentencia AC-759-11 — Registro 7441

Resumen

Sentencia declaro sin lugar recurso de apelación y confirmó sentencia interlocutoria dictada por juzgado de primera instancia con relación a diligencias prejudiciales promovida por recurrente para la exhibición de testamento o legado del Abogado y Notario Reinaldo Chacón Ferrufino

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."el presente amparo fue interpuesto, por no estar de acuerdo la peticionaria con la valoración de la prueba que hiciere el a quo y que sirviera a su vez a la Corte Tercera de Apelaciones, para declarar sin lugar el recurso de apelación que interpusiere; y, acorde a continuada jurisprudencia, las valoraciones de índole probatoria realizadas por la recurrente, en defensa de sus intereses procesales, que no resulten compartidas por la jurisdicción ordinaria en sus resoluciones, no constituyen vulneración al debido proceso, por lo que siendo esto lo que ocurre en el presente caso, nos encontramos con un asunto de mera legalidad carente de trascendencia constitucional para los fines de la garantía de amparo; y susceptible de sobreseimiento, al tenor de lo que dispone el artículo 46 en su numeral 1..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: El fallo que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, ocho de abril de dos mil trece. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la abogada VIRGINIA G. CARRANZA RODRIGUEZ, a favor del señor JORGE ALBERTO SEVILLA ZELAYA, contra la sentencia dictada por la Corte Tercera de Apelaciones de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha diez de agosto de dos mil once, que declaró sin lugar el Recurso de Apelación y confirmó la sentencia interlocutoria de fecha doce de noviembre del año dos mil diez, dictada por el Juzgado Segundo de Letras Segundo Seccional de Danlí, departamento de El Paraíso, con relación a las Diligencias Prejudiciales promovida por el señor JORGE ALBERTO SEVILLA ZELAYA para la exhibición de un testamento o legado al protocolo del Abogado y Notario REINALDO CHACON FERRUFINO. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintidos de abril del año dos mil diez, compareció ante el Juzgado de Letras Segundo Seccional de Danlí, departamento de El Paraíso, la Abogada VIRGINIA G. CARRANZA RODRIGUEZ, en su condición de apoderada legal del señor JORGE ALBERTO SEVILLA ZELAYA, promoviendo Diligencias Prejudiciales Para la Exhibición del Testamento del Causante de la Herencia o Legado, consistente en el Original con la Firma del Causante GUILLERMO ENRIQUE SEVILLA GAMERO, del Protocolo del Notario en el Instrumento No.213 de fecha veintinueve de mayo del año dos mil, para que sea citado en legal y debida forma el Abogado y Notario REINALDO CHACON FERRUFINO. (FOLIOS UNO (01) Y DOS (02).2) Que seguido el trámite de ley correspondiente con fecha doce de noviembre de dos mil diez, el Juzgado de Letras Segundo Seccional de Danlí, departamento de El Paraíso, falló (Sic); “1) Declarar CON LUGAR el Incidente de Oposición é Impugnación Interpuesto por el Abogado REINALDO CHACON FERRUFINO, contra la tramitación de las presentes Diligencias Prejudiciales presentadas por el señor JORGE ALBERTO SEVILLA ZELAYA, por haberse allegado al proceso tanto por el Ministerio Público, como por el Abogado CHACON FERRUFINO, documentación indubitada mediante la cual se ha probado que la firma puesta en el Instrumento Público número (213) de fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil, corresponden al causante GUILLERMO ENRIQUE SEVILLA GAMERO- 2) Declarar inadmisibles las presentes Diligencias Prejudiciales por considerar este juzgador en base a los razonamientos antes deducidos, que al existir un dictamen pericial evacuado por el Ministerio Público, como ente gubernamental facultado y especializado para evacuar dicha diligencia, con el cual se ha probado que la firma cuestionada en el testamento, es la misma que usaba en vida el señor GUILLERMO ENRIQUE SEVILLA GAMERO, para todos sus actos legales y de comercio.- MANDA: Que si dentro del término legal que establece el artículo 709 del Código Procesal Civil, no se interpone el Recurso de Apelación, quede firme éste fallo, y se manden archivar definitivamente estas diligencias.- Hasta en esta fecha se dicta el presente fallo debido a la carga procesal en materia civil y penal que impera en esta judicatura y por la multiplicidad de funciones asignadas al Juzgador.- NOTIFIQUESE”.- (FOLIOS (128) CIENTO VEINTIOCHO AL (134) CIENTO TREINTA Y CUATRO.)3) Que conociendo del recurso de apelación promovido por la Abogada VIRGINIA G. CARRANZA RODRIGUEZ, en su condición de apoderada legal del señor JORGE ALBERTO SEVILLA ZELAYA, la Corte Tercera de Apelaciones de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha diez de agosto del año dos mil once, falló (Sic): “1) SIN LUGAR EL RECURSO de Apelación interpuesto por la Abogada VIRGINIA G. CARRANZA RODRIGUEZ; 2) CONFIRMAR LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA de fecha doce de noviembre del dos mil diez, dictada por el Juzgado de Letras Segundo Seccional de Danlí, El Paraíso…”.- (FOLIOS(11) ONCE AL (16) DIECISEIS).4) Que la recurrente Abogada VIRGINIA G. CARRANZA RODRIGUEZ, compareció ante este Tribunal, en fecha catorce de octubre del año dos mil once, reclamando amparo a favor del señor JORGE ALBERTO SEVILLA ZELAYA, contra la sentencia dictada por la Corte Tercera de Apelaciones de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha diez de agosto del año dos mil once, de que se ha hecho referencia en el inciso que antecede, la cual considera violatoria de lo dispuesto en los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República. Teniendo esta sala por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha diez de febrero de dos mil doce.5) Que mediante providencias de fechas veintidos de febrero de dos mil doce y veintiuno de marzo de dos mil doce, esta sala aprobó los escritos de abstención presentados por los Abogados MARIO RENE ALBERTO ALONZO Y XIOMARA YAMILETH OSORIO VELÁSQUEZ, en su condición de Fiscales del Despacho, ordenando proseguir con el trámite normal del recurso de mérito. CONSIDERANDO 1: Que la presente garantía de amparo fue instada por la Abogada VIRGINIA G. CARRANZA RODRIGUEZ al considerar que el aquem había violado las garantías constitucionales contenidas en los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República; es decir, el derecho de acción, el derecho de defensa y el debido proceso. CONSIDERANDO 2: Que respecto a los derechos de acción, defensa y debido proceso que considera violentados, la peticionaria ha basado su recurso al considerar que no se trata de un asunto en donde prime la cosa juzgada ya que no existe una misma causa de pedir, ya que son distintas las pretensiones y no han sido debatidas en juicio, así como tampoco existe identidad en las personas, en las acciones ni en las cosas, lo que a su parecer le produce indefensión a su poderdante y violenta los derechos antes referidos. CONSIDERANDO 3: Que el Debido Proceso, como derecho individual, al tenor de lo que dispone el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, implica que no es un derecho per se, sino que está conformado por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley; lo que trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado, sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos; y en el caso sub judice ha sido relacionado por la recurrente, con apreciaciones jurídicas de lo que debe o no considerarse cosa juzgada y que como efecto, a su parecer, transgreden los derechos de acción y de defensa. CONSIDERANDO 4: Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en obtener del órgano jurisdiccional, un criterio afín a la pretensión de la parte, de forma que parece entenderlo la recurrente; sino, que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. En consecuencia, el debido proceso, se encuentra íntimamente ligado al principio de legalidad, que deviene obligatorio, no sólo para el órgano jurisdiccional, sino, también para las partes, quienes tienen que efectuar sus peticiones en los momentos procesales que la ley determine. Dicho esto, la garantía de amparo basada en el debido proceso no hace posible que la Sala Constitucional, cuya intervención es a posteriori y que no participa de manera directa y personal en la recolección de la prueba, pueda reevaluarla y juzgar el caso nuevamente; ya que de hacerlo se convertiría en instancia. CONSIDERANDO 5: Que el presente amparo fue interpuesto, por no estar de acuerdo la peticionaria con la valoración de la prueba que hiciere el a quo y que sirviera a su vez a la Corte Tercera de Apelaciones, para declarar sin lugar el recurso de apelación que interpusiere; y, acorde a continuada jurisprudencia, las valoraciones de índole probatoria realizadas por la recurrente, en defensa de sus intereses procesales, que no resulten compartidas por la jurisdicción ordinaria en sus resoluciones, no constituyen vulneración al debido proceso, por lo que siendo esto lo que ocurre en el presente caso, nos encontramos con un asunto de mera legalidad carente de trascendencia constitucional para los fines de la garantía de amparo; y susceptible de sobreseimiento, al tenor de lo que dispone el artículo 46 en su numeral 1. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de VOTOS; haciendo aplicación de los artículos 80, 82, 90, 313 numeral 5, 316 de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5ta de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales;1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 numeral 2, 41, 42, 45, 46 numeral 1 y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: SOBRESEYENDO: La Garantía de Amparo interpuesta por la Abogada VIRGINIA G. CARRANZA RODRIGUEZ a favor del señor JORGE ALBERTO SEVILLA ZELAYA, contra la sentencia de fecha diez de agosto del año dos mil once, emitida por la Corte Tercera de Apelaciones de esta Sección Judicial. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a la Corte de su procedencia y se continúe con el trámite procedente. Redactó el Magistrado JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. Firma y sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL".

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de abril del año dos mil trece, certificación de fallo de fecha ocho de abril de dos mil trece, recaída en el recurso de Amparo Civil, registrado en ese Tribunal bajo el número 759=11.

DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL