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Sentencia AC-754-11 — Registro 7455

Resumen

Sentencia declaró inadmisible recurso de apelación de hecho contra providencia dictada por juzgado de primera instancia con relación a demanda ejecutiva de dar promovida por Banco del País, S.A. contra Juan Baustista Gómez, Juan Edgardo Gómez Mejía

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-Quem objeto del recurso en estudio, no se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; existiendo violación al derecho del Debido Proceso, y el derecho de Defensa; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe otorgar el amparo interpuesto siendo que es evidente que la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, en fecha veintiocho de septiembre de dos mil once, no aplica el procedimiento que la ley manda para afectar al nuevo propietario de un bien hipotecado, que trae como la indefensión absoluta de quien a su favor le pide el amparo..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de Diciembre de dos mil trece. VISTO: Para dictar sentencia el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JULIO ANDRES RODAS FLORES, a favor del señor FAUSTO ESPINAL MARTINEZ, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, en fecha veintiocho de septiembre de dos mil once, que declaró inadmisible el recurso de apelación de hecho presentado contra la providencia de fecha dieciséis de agosto del año dos mil once, dictado por el Juzgado Primero de Letras Departamental de Choluteca, con relación a la demanda ejecutiva de dar promovida por BANCO DEL PAIS S.A. contra los señores JUAN BAUTISTA GOMEZ Y JUAN EDGARDO GOMEZ MEJIA. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en contra de su representado los Artículos 90 párrafo primero y 82 de párrafo primero de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha dos de mayo de dos mil diez, compareció ante el Juzgado Primero de Letras Departamental de Choluteca, el Licenciado DAGOBERTO MAYORGA MARADIAGA, en su condición de Apoderado Legal de BANCO DEL PAIS S.A. promoviendo demanda Ejecutiva de Dar, Requerimiento de Pago, en contra de los señores JUAN BAUTISTA GOMEZ RODRIGUEZ Y JUAN EDGARDO MEJIA. (Folios uno al siete de la primera pieza). 2) Que en fecha veintidós de julio de dos mil once, el Abogado JULIO ANDRES RODAS FLORES, compareció ante el citado Juzgado personándose en el juicio Ejecutivo de Dar, solicitando que se excluya un lote de terreno del mandamiento de posesión material de un inmueble rematado y vendido a tercera persona y el señalamiento de audiencia a la parte contraria, por lo que en fecha veintiséis de julio del mismo año, el Juzgado tuvo por admitido el escrito interpuesto y en cuanto a lo solicitado por el peticionario, SIN LUGAR en virtud de que el señor FAUSTO EMILIO ESPINAL MARTINEZ, no es parte en el juicio de mérito y no estando conforme, en fecha dieciséis de agosto de dos mil once, interpuso recurso de reposición contra la misma. (Folio 131 de la primera pieza) 3) Que seguido el trámite de ley correspondiente, con fecha dieciséis de agosto de dos mil once, el Juzgado de Letras Primero Departamental de Choluteca, resolvió (sic) “Sin Lugar el Recurso de Reposición por considerar la resolución recurrida se encuentra dictada conforme a derecho, y Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado JULIO ANDRES RODAS, en el acto de la notificación de la resolución de fecha veintiséis de julio de dos mil once, en virtud de que el señor FAUSTO EMILIO ESPINAL MARTINEZ, no es parte en el presente juicio.…”(Folio 139 de la primera pieza)

  1. Que conociendo de un recurso de apelación de hecho promovido por el Abogado JULIO ANDRES RODAS FLORES, en su condición de Apoderado Legal del señor FAUSTO EMILIO ESPINAL MARTINEZ, la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle en fecha veintiocho de Septiembre dos mil once, resolvió (sic) “DECLARAR INADMISIBLE el Recurso de Apelación de hecho interpuesto por el Abogado JULIO ANDRES RODAS FLORES, en la DEMANDA EJECUTIVA DE DAR, promovida por el Abogado DAGOBERTO MAYORGA MARADIAGA, en su condición de apoderado legal de BANCO DEL PAIS S.A. contra los señores JUAN BAUTISTA GOMEZ RODRIGUEZ Y JUAN EDGARDO MEJIA. …” (Folios 12 y 13 de la segunda Pieza). 5) Que el recurrente Abogado JULIO ANDRES RODAS FLORES, compareció ante este Tribunal, en fecha trece de octubre de dos mil once, reclamando amparo a favor del señor FAUSTO EMILIO ESPINAL MARTINEZ, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, en fecha veintiocho de septiembre de dos mil once, de que se ha hecho referencia en el numeral que precede, la cual considera violatoria de lo dispuesto en los Artículos 90 párrafo primero y 82 de la Constitución de la República. Teniendo por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha diecinueve de enero de dos mil doce. 6) Que en fecha dos de febrero de dos mil doce, se tuvo por evacuada la vista concedida al Fiscal del Despacho Abogado OSCAR ARNALDO ALVARADO, el cual fue de la opinión que DEBE DENEGARSE el amparo de mérito. CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por el Abogado JULIO ANDRES RODAS FLORES, a favor del señor FAUSTO ESPINAL MARTINEZ, se dirige contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, en fecha veintiocho de septiembre de dos mil once, que declaró inadmisible el recurso de apelación de hecho presentado contra la providencia de fecha dieciséis de agosto del año dos mil once, dictado por el Juzgado Primero de Letras Departamental de Choluteca, con relación a la demanda ejecutiva de dar promovida por BANCO DEL PAIS S.A. contra los señores JUAN BAUTISTA GOMEZ Y JUAN EDGARDO GOMEZ MEJIA. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el recurrente aduce, en sus escritos de interposición y formalización del Recurso de Amparo, fundamentalmente que el Juzgado de Letras Primero Departamental, al rechazar a su cliente, una persona humilde y luchadora, se lesionan flagrantemente el derecho de su defensa; y, la pretensión del Banco de desalojo de su único lote de terreno que le queda y en el cual tiene como cuidante a la señora Gloria Valladares, se está cometiendo una injusticia; con tal actitud de las autoridades judiciales a las cuales se ha hecho la petición correspondiente de excluir dicho lote del desalojo que pretenden. El Artículo 2348, invocado para que se aplique por analogía en el presente caso, establece que el tenedor de un título inscrito tendrá derecho para oponerse a que se le embarguen los bienes inmuebles a que el título se refiere o a que se inventaríen a consecuencia de acciones que no se dirijan contra el; y, el Juez sin más trámite que la audiencia verbal a la parte contraria ordenará que no se embarguen los bienes, o que no se inventaríen, y, si ya se hubiere verificado, decretar en el acto el desembargo o que se excluyan del inventario. CONSIDERANDO CINCO (5): Que una vez realizado el traslado que conforme a la Ley Sobre Justicia Constitucional debe efectuarse al Ministerio Público, este emitió dictamen en fecha primero de febrero de dos mil doce, en el cual se señala que como se aprecia del mismo escrito de interposición, en la demanda ejecutiva de dar, las partes en contienda son: Banco del País como ejecutante, contra los señores Juan Bautista Gómez Rodríguez y Juan Edgardo Gómez Mejía, quienes a su vez se comprometieron como deudores principales con dicha institución bancaria; consecuentemente, si en el transcurso del procedimiento aparece una tercera persona, no es el conducto o la vía utilizada la correcta, y es por ello que el Tribunal de Segunda Instancia con atino expresa que se trata de un juicio en el que se delimitó claramente el cuadro fáctico, o sea las partes en contienda y el señor Fausto Espinal Martínez, no es parte en el mismo, por lo que de asistirle algún derecho es preciso emprender las acciones que la ley franquea, en un juicio diferente. Siendo del parecer que el presente recurso de Amparo debe ser denegado. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción de lo Civil, conforme lo establecían los Artículos 187 y 190 del Código de Procedimientos Comunes, vigentes al momento de la resolución; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto CONSIDERANDO OCHO (8): Que de la revisión de la foliada de mérito, encontramos, la resolución dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de Choluteca y Valle, Departamento de Choluteca, en fecha veintiocho de septiembre de dos mil once; se aprecia en la misma, que el Ad-Quem hizo expresa mención a la circunstancia de lo que se valora para dictar sentencia en esa instancia. Llegando a la conclusión de declarar inadmisible el recurso de apelación de hecho presentado contra la providencia de fecha dieciséis de agosto del año dos mil once, dictado por el Juzgado Primero de Letras Departamental de Choluteca. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que por su parte el Artículo 2098 del Código Civil conceptualiza al contrato accesorio de hipoteca así: “La hipoteca es un derecho constituido sobre los bienes inmuebles o derechos reales del deudor o de un tercero en beneficio de un acreedor, para asegurar sobre los mismos el cumplimiento de una obligación.” CONSIDERANDO DIEZ (10): Que como ya se dijo la Hipoteca es un derecho real de garantía y realización de valor, que se constituye en asegurar el cumplimiento de una obligación normalmente de pago de un crédito o préstamo sobre un bien inmueble que aunque normalmente es agravado, permanece en poder de su propietario, pero en caso de que no cumpla se procede a la venta forzosa a través de la vía judicial para el pago del crédito debido. CONSIDERANDO ONCE (11): Que el Artículo 2141 del Código Civil establece que: “La hipoteca da al acreedor derecho de perseguir la finca hipotecada, sea quien fuere el que la posea, y a cualquier título que la haya adquirido. Sin embargo, esta disposición no tendrá lugar contra el tercero que haya adquirido la finca hipotecada en pública subasta, ordenada por el Juez. Mas para que esta excepción surta efecto a favor del tercero, deberá hacerse la subasta con citación personal de los acreedores que tengan constituidas hipotecas sobre la misma finca; los cuales serán cubiertos sobre el precio del remate en el orden que corresponda. El Juez, antes de proceder a la venta, hará que el Registrador certifique las inscripciones de las otras hipotecas que afecten la propiedad que se pretende subastar. El Juez, entre tanto, hará consignar el dinero.” CONSIDERANDO DOCE (12): Que así también el Código Civil en su Artículo 2142, manda: “El tercer poseedor puede ser demandado para el pago de la hipoteca constituida sobre la finca que después pasó a sus manos Con este gravamen, y no tendrá derecho para que se persiga primero a los deudores personalmente obligados.” CONSIDERANDO TRECE (13): Que el derecho a la propiedad privada, garantizado por la Constitución de la República, le es inherente la facultad de poseer y aprovecharse del objeto sobre el cual recae, así como disponer de él y excluir a terceros de su disfrute y posesión. También hace suyo el Propietario todo lo que el bien produce y lo que se le une natural o artificialmente. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho. CONSIDERANDO QUINCE (15): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo. CONSIDERANDO DIECISEIS (16): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional. CONSIDERANDO DIECISIETE (17): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-Quem objeto del recurso en estudio, no se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; existiendo violación al derecho del Debido Proceso, y el derecho de Defensa; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe otorgar el amparo interpuesto siendo que es evidente que la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, en fecha veintiocho de septiembre de dos mil once, no aplica el procedimiento que la ley manda para afectar al nuevo propietario de un bien hipotecado, que trae como la indefensión absoluta de quien a su favor le pide el amparo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45,46 numeral 1, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: OTORGANDO el amparo interpuesto; dejando sin valor y efecto el remate que afecta al amparista. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.-NOTIFIQUESE. Firmas y sello. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. SECRETARIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. VÍCTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCÍA GARCÍA. REINA SAGRARIO SOLÓRZANO JUÁREZ. Firma y sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central a los diez días del mes de enero de dos mil catorce, certificación de la sentencia de fecha tres de diciembre de dos mil trece, recaída en el recurso de amparo civil registrado en este Tribunal con el número 754-p937-p947=11.

DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.