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Sentencia AC-740-11 — Registro 7970

Resumen

Sentencia denegó recurso de amparo contra resolución dictada por Tribunal Arbitral del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa que se declaró incompetente para conocer de demanda arbitral de pago de indemnización de daños y perjuicios por cobro ilegal de garantía bancaria contra el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA)

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"la Corte Segunda de Apelaciones de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, basa su fallo principalmente en que de acuerdo al análisis que se ha verificado de las diligencias venidas en amparo, si bien es cierto el contrato suscrito y del que se hace mención, establece el sometimiento al procedimiento del arbitraje, no es menos cierto que el propio Tribunal Arbitral podrá decidir sobre su competencia, circunstancia que aconteció, declarándose incompetente, con el argumento de que no podrán ser objeto de conciliación todos aquellos conflictos que no son susceptibles de transacción, por lo que dicha resolución obliga sin limitaciones su acatamiento a las partes intervinientes..."..."los sujetos de la justicia constitucional; se encuentran delimitados legalmente en el citado Artículo 42, así como en el Artículo 10 de la Ley Sobre Justicia Constitucional en lo referente a la acción de amparo ante las Cortes de Apelaciones..."…"el TRIBUNAL ARBITRAL DEL CENTRO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA, no es un sujeto contra el cual procede el recurso de amparo al no ser este Tribunal del Centro de Conciliación y Arbitraje un Poder del Estado, ni entidad descentralizada, desconcentradas, o sostenida con fondos públicos; o, que actúe por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otras resolución válida..."..."la Sala es del criterio que se revoque la sentencia venida en consulta y se proceda al sobreseimiento del expediente por parte de la Corte de Apelaciones de su procedencia, en concordancia a lo expresado en el párrafo último del Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional..."..."la Sala es del criterio porque se reforme la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de Tegucigalpa Departamento de Francisco Morazán, de fecha uno de septiembre de dos mil once,; sobreseyendo el presente recurso de Amparo..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: Las Resoluciones que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de Julio de dos mil trece. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de Tegucigalpa Departamento de Francisco Morazán, de fecha uno de septiembre de dos mil once, que falla denegando el recurso de amparo presentado contra la resolución dictada por el TRIBUNAL ARBITRAL DEL CENTRO DE CONCILIACIÒN Y ARBITRAJE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha dieciséis de noviembre del año dos mil nueve, con relación a la demanda arbitral promovida por la Sociedad Mercantil denominada HIDROSOLUCIONES S.A. de C.V. (HISO) contra el SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA). ANTECEDENTES 1) Que en fecha veinte de marzo del año dos mil nueve, compareció ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Industria de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el Abogado Carlos Alfonso Fortín Lardizábal, en su condición de apoderado legal de la Sociedad Mercantil denominada HIDROSOLUCIONES S.A de C.V (HISO), promoviendo demanda arbitral para el pago de indemnización de daños y perjuicios, por cobro ilegal de garantía bancaria, contra el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), a través de su gerente general y representante legal el señor Jorge Méndez. 2) Que en audiencia de Competencia celebrada el dieciséis de noviembre del año dos mil nueve, el Tribunal Arbitral nombrado en las diligencias que se dejan relacionada en el inciso que antecede, se declaró incompetente para conocer de dicha demanda. (Folios 137 al 138 de la primera pieza de antecedentes). 3) Que en fecha cinco de enero de dos mil diez, compareció ante Corte Segunda de Apelaciones de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, el Abogado CARLOS ALFONSO FORTIN LARDIZABAL, interponiendo acción de amparo a favor de la Sociedad Mercantil denominada HIDROSOLUCIONES S.A de C.V (HISO), contra la resolución dictada por el citado TRIBUNAL ARBITRAL, en fecha dieciséis de noviembre del año dos mil nueve, con relación a la demanda arbitral promovida por la Sociedad Mercantil denominada HIDROSOLUCIONES S.A de C.V (HISO), contra el SERVICIO AUTÒNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA), por considerar el recurrente que dicha resolución violentan el derecho del debido proceso Y el derecho de defensa de su representada, ambos amparados por la Constitución de la República en sus Artículos 82 párrafo primero y 90. (Folio 01 al 09 de la segunda pieza de antecedentes) 4) Que la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil de Tegucigalpa Departamento de Francisco Morazán, en fecha uno de septiembre del año dos mil once, dicto sentencia mediante la cual falló denegando el recurso de amparo de mérito, interpuesto por el abogado CARLOS ALFONSO FORTÌN LARDIZÀBAL. (Folio 74 al 75 de la segunda pieza de antecedentes) 5) Que en fecha diez de octubre de dos mil once, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado CARLOS ALFONSO FORTÌN LARDIZÀBAL, favor de la Sociedad Mercantil denominada HIDROSOLUCIONES S.A de C.V (HISO), en virtud de lo dispuesto en Artículo 68 primer párrafo de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO UNO (1): Que al tenor de lo que dispone el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras, contemplada en el Artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley. CONSIDERANDO DOS (2): Que se conoce en consulta obligatoria la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de Tegucigalpa Departamento de Francisco Morazán, de fecha uno de septiembre de dos mil once, que falla denegando el recurso de amparo presentado contra la resolución dictada por el TRIBUNAL ARBITRAL DEL CENTRO DE CONCILIACIÒN Y ARBITRAJE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha dieciséis de noviembre del año dos mil nueve, con relación a la demanda arbitral promovida por la Sociedad Mercantil denominada HIDROSOLUCIONES S.A. de C.V. (HISO) contra el SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA). CONSIDERANDO TRES (3): Que la reclamante sustentó su recurso de amparo ante la Corte Segunda de Apelaciones de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, manifestando básicamente que se cuando el Tribunal Arbitral se inhibió de conocer el caso concreto, que es un caso patrimonial, pues lo que su representada demandó es una indemnización por los daños y perjuicio causados por el cobro ilegal de la Garantía Bancaria, violenta los derechos constitucionales de su representada de someter esa diferencia al arbitraje, así como su derecho de defensa y el debido proceso. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que la Corte Segunda de Apelaciones de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, basa su fallo principalmente en que de acuerdo al análisis que se ha verificado de las diligencias venidas en amparo, si bien es cierto el contrato suscrito y del que se hace mención, establece el sometimiento al procedimiento del arbitraje, no es menos cierto que el propio Tribunal Arbitral podrá decidir sobre su competencia, circunstancia que aconteció, declarándose incompetente, con el argumento de que no podrán ser objeto de conciliación todos aquellos conflictos que no son susceptibles de transacción, por lo que dicha resolución obliga sin limitaciones su acatamiento a las partes intervinientes. CONSIDERANDO CINCO (5): Que el Artículo 10 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece: “DE LA COMPETENCIA DE LAS CORTES DE APELACIONES. Las Cortes de Apelaciones en su respectiva jurisdicción conocerán y resolverán: 1) Del Hábeas Corpus o de Exhibición Persona; y; 2) Del amparo por violación de los derechos fundamentales que fueron cometidos por: a) Jueces de Letras Departamentales o Seccionales, Jueces de Sentencia, Jueces de Ejecución y Jueces de Paz, en los casos de Jurisdicción preventiva; y, b) Empleados departamentales o seccionales del orden político, administrativo o militar.” CONSIDERANDO SEIS (6): A su vez, el Artículo 42 de la Ley Sobre Justicia Constitucional manda: “DE LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN. Procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otras resolución válida.” CONSIDERANDO SIETE (7): Que el Artículo 26 de la Ley de Conciliación y Arbitraje; literalmente indica: “CONCEPTO DE ARBITRAJE. El arbitraje es un mecanismo de solución de controversias, a través del cual las partes en conflicto difieren la solución del mismo a un tribunal arbitral.” CONSIDERANDO OCHO (8): Así también el Artículo 36 de la Ley de Conciliación y Arbitraje establece: “COMPETENCIA Y AUXILIO JUDICIAL.” En cuanto a la competencia y auxilio judicial, se adoptan las reglas siguientes: 1) En las controversias que se resuelvan con sujeción a la presente Ley, sólo tendrá competencia el tribunal arbitral correspondiente. Ningún otro tribunal o instancia podrá intervenir, salvo que esta Ley así lo autorizare expresamente; y, 2) La autoridad judicial competente para prestar auxilio en los casos establecidos en la presente Ley será la calificada para conocer de la controversia en ausencia de arbitraje. En defecto de ello, será la del lugar donde deba realizarse el arbitraje, si se hubiere previsto; a falta de ello y a elección del demandante, el del lugar de celebración del convenio arbitral o del establecimiento o del domicilio del demandado o el de cualquiera de ellos, si son varios. CONSIDERANDO NUEVE (9): El Artículo 45 de la Ley de Conciliación y Arbitraje, consigna que: “NOMBRAMIENTO DE LOS ARBITROS. Las partes podrán designar los árbitros de demanda directa y de común acuerdo o delegar en un tercero, persona natural o jurídica la designación parcial o total de los árbitros. A falta de acuerdo de las partes o de no designación de los mismos por el tercero o terceros delegados. Los árbitros serán designados por la institución arbitral que corresponda, cuando se trate de arbitraje institucional, o por cualquiera de las instituciones arbítrales que estuviere legalmente establecida en el lugar del domicilio donde habrá de llevarse el arbitraje, a solicitud de cualquiera de las partes.” CONSIDERANDO DIEZ (10): Que los sujetos de la justicia constitucional; se encuentran delimitados legalmente en el citado Artículo 42, así como en el Artículo 10 de la Ley Sobre Justicia Constitucional en lo referente a la acción de amparo ante las Cortes de Apelaciones. Y siendo que el Arbitraje es un mecanismo de solución de controversias, a través del cual las partes en conflicto difieren la solución del mismo a un tribunal arbitral, y cuyos integrantes del Tribunal son designados por las mismas partes; el TRIBUNAL ARBITRAL DEL CENTRO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA, no es un sujeto contra el cual procede el recurso de amparo al no ser este Tribunal del Centro de Conciliación y Arbitraje un Poder del Estado, ni entidad descentralizada, desconcentradas, o sostenida con fondos públicos; o, que actúe por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otras resolución válida. Tal es así, que en los señalados por la ley requiere el auxilio judicial. Ya que los hechos también se no enmarcan con los que mandan los artículos: 73, 74, y 75 de la Ley de Conciliación y Arbitraje. CONSIDERANDO ONCE (11): Que sin perjuicio al derecho de las partes beneficiarias del recurso a hacer prevalecer el derecho que consideran les asiste, en las instancias Arbitrales correspondientes; la Sala es del criterio que se revoque la sentencia venida en consulta y se proceda al sobreseimiento del expediente por parte de la Corte de Apelaciones de su procedencia, en concordancia a lo expresado en el párrafo último del Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO DOCE (12): Que por las razones anteriormente expuestas, la Sala es del criterio porque se reforme la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de Tegucigalpa Departamento de Francisco Morazán, de fecha uno de septiembre de dos mil once,; sobreseyendo el presente recurso de Amparo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos 1,82,183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 , 46 numeral 3) y 9), 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: 1).- REFORMAR la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de Tegucigalpa Departamento de Francisco Morazán, de fecha uno de septiembre de dos mil once,; y, 2).- SOBRESEYENDO el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. PRESIDENTE. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. VÍCTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. Firma y Sello DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO.- SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecisiete de diciembre de dos mil trece. VISTO el recurso de reposición interpuesto por el Abogado CARLOS ALFONSO FORTÍN LARDIZÁBAL, contra la sentencia de fecha veintitrés de julio de dos mil trece, dictada por esta Sala de lo Constitucional en el recurso de amparo venido en consulta, interpuesto por el referido Abogado CARLOS ALFONSO FORTÍN LARDIZÁBAL, a favor de LA SOCIEDAD ANÓNIMA HIDRO SOLUCIONES SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE (HISO) ante la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE ESTA SECCIÓN JUDICIAL, venido en consulta de la sentencia de fecha uno de septiembre de dos mil once, que falla denegando el recurso presentado contra la resolución dictada por el TRIBUNAL ARBITRAL, en fecha dieciséis de noviembre de dos mil diez; con relación a la demanda arbitral promovida por LA SOCIEDAD ANÓNIMA HIDRO SOLUCIONES SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE (HISO) contra SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA). CONSIDERANDO: Que el recurrente eleva a conocimiento de la Sala un recurso de reposición interpuesto en el acto de la notificación, apreciándose que ha omitido establecer los razonamientos que sirven de fundamento al mismo, excluyendo con ello rebatir de manera concreta el fondo o la forma de la resolución que se impugna, en consecuencia y conforme se desprende de la motivación de la resolución contendida, se aprecia que ésta se encuentra apegada a derecho, resultando procedente declarar sin lugar el recurso de reposición referido, al no advertirse razones de fondo o forma para proceder a la enmienda de la sentencia impugnada. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 80, 183, 313 atribución 5ta., y 316 de la Constitución de la República 8 y 25 de la Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos; 41, 44, 45, 46, 49, 119, 120 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: Declarar SIN LUGAR EL RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por el Abogado CARLOS ALFONSO FORTÍN LARDIZÁBAL, contra la sentencia de fecha veintitrés de julio de dos mil trece; Y MANDA: Que una vez notificado el presente auto, se dé cumplimiento a lo ordenado en la resolución recurrida por el impetrante. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. PRESIDENTE. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. VÍCTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. Firma y Sello DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO.- SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco días del mes de febrero del año dos mil catorce, certificación de las Resoluciones de fechas veintitrés de julio y diecisiete de diciembre del año dos mil trece, recaídas en el Recurso de Amparo Civil venido en Consulta bajo el número 740=11.-

DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO

SECRETARIO DE LA

SALA DE LO CONSTITUCIONAL