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Sentencia AC-681-09 — Registro 7967

Resumen

Sentencia denegó recurso de amparo a favor de recurrente contra auto dictado por juzgado de primera instancia en relación a demanda ejecutiva de pago promovida por Ahorro Hondureño S A contra Reginaldo Salvador Aguilar

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."esta Sala comparte lo expresado por la Corte Segunda de Apelaciones de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, cuando señala que los argumentos torales en que fundamenta el recurrente su impugnación, trascienden de la mera confrontación del acto con los preceptos constitucionales que se invocan como violentados, pues para su plena apreciación es necesario el desarrollo de un debate abierto y en donde cada una de las partes interesadas tenga la actitud procesal de alegar y probar lo que estime pertinente; todo lo cual escapa de la naturaleza esencia de la acción de amparo que se intenta..."..."esta Sala también comparte lo expresado por la Corte de Apelaciones cuando señala que con el acto impugnado a través de la presente acción de amparo, en nada viene a desconocer el derecho constitucional de propiedad que invoca el recurrente, pues mediante la providencia recurrida, el A-Quo no hace más que ejecutar un fallo que se encuentra firme, como así se lo ordena el Artículo 233 del Código de Procedimientos Civiles, vigente al momento del proceso; y, por el contrario, en nada viene a pronunciarse sobre la existencia o no de un derecho de propiedad sobre el inmueble cuestionado por el impetrante pues en la demanda ejecutiva de pago de mérito, éste ni siquiera es parte. Por consiguiente, estimó la Corte de Apelaciones, que la concurrencia o no de un derecho de dominio de parte del recurrente sobre el inmueble que reclama como suyo forzosamente deberá ser objeto de un juicio declarativo, como así ya se ha indicado, y por el contrario, que no puede ser resuelto mediante una acción constitucional de Amparo..."..."la Sala es del criterio porque se confirme la sentencia proferida por la Corte Segunda de Apelaciones de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintitrés de enero del año dos mil nueve, que denegó el Recurso de Amparo interpuesto por el señor JUAN GUILLERMO CALIX AGUILAR a favor de SI MISMO, contra el auto de fecha nueve de junio del año dos mil seis, emitido por el Juzgado de Letras Primero de lo Civil de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán; con relación a la demanda ejecutiva de pago promovida por el Abogado JORGE MISAEL MEJIA, en su condición de apoderado sustituto de la sociedad mercantil denominada AHORRO HONDUREÑO S.A., contra el señor REGINALDO SALVADOR AGUILAR..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: El fallo que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecinueve de febrero de dos mil trece. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha veintitrés de enero del año dos mil nueve, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de Francisco Morazán, que denegó el Recurso de Amparo interpuesto por el señor JUAN GUILLERMO CALIX AGUILAR a favor de SI MISMO, contra el auto de fecha nueve de junio del año dos mil seis, emitido por el Juzgado de Letras Primero de lo Civil de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán; con relación a la demanda ejecutiva de pago promovida por el Abogado JORGE MISAEL MEJIA, en su condición de apoderado sustituto de la sociedad mercantil denominada AHORRO HONDUREÑO S.A., contra el señor REGINALDO SALVADOR AGUILAR. ANTECEDENTES 1) Que fecha nueve de marzo del año mil novecientos ochenta y dos, compareció ante el Juzgado de Letras Primero de lo Civil de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, el Abogado JORGE MISAEL MEJIA, actuando en su condición de apoderado sustituto de la sociedad mercantil denominada AHORRO HONDUREÑO S.A., interponiendo demanda ejecutiva de pago contra el señor REGINALDO SALVADOR AGUILAR, para que en el término de veinticuatro horas, pagara o consignara a la orden de su representada, la cantidad de siete mil doscientos noventa Lempiras (L7,290.00), más los intereses y las costas del juicio.2) Que en fecha treinta y uno de mayo del año dos mil seis, compareció ante el Juzgado de Letras citado, el Abogado MARIO RENE WELCHEZ MIRANDA, en su condición de apoderado legal de la sociedad mercantil denominada BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO S.A., personándose en la demanda ejecutiva relacionada en el inciso que precede y solicitando se ponga en posesión a su representada, del inmueble adjudicado mediante remante de fecha quince de julio de mil novecientos ochenta y dos; por lo que el A-quo, en fecha dos de junio del año dos mil seis, admitió el dicho escrito, tuvo por personado al Abogado MARIO RENE WELCHEZ MIRANDA, en su condición indicada y ordenó que previo a resolver lo demás solicitado, que el compareciente acompañara la escritura traslaticia de dominio del inmueble rematado, debidamente registrada.3) Que en fecha nueve de junio del año dos mil seis, la Juez de primera instancia, repuso de oficio el auto de fecha dos de junio del año dos mil seis, emitido por dicho juzgado, ordenando que en cuanto a lo solicitado por el Abogado WELCHEZ MIRANDA, se libre atenta comunicación al Juzgado de Paz de lo Civil de Juticalpa, Departamento de Olancho, “a fin de que por medio del Funcionario Judicial respectivo proceda a requerir personalmente en legal y debida forma a las personas que habitan el inmueble cuyo dominio se encuentra inscrito bajo el número 20 del Tomo V del Registro de la Propiedad Hipotecas y Anotaciones Preventivas de la Sección Judicial de Olancho; para que dentro de término de treinta días hábiles contados a partir del día del requerimiento para que procedan a desalojar el inmueble rematado en las presentes diligencias; haciéndole la advertencia de que de no hacerlo durante dicho periodo se procederá al desalojo correspondiente”; citando como fundamento de su decisión los Artículos 105 y 496 del Código de Procedimientos Civiles.4) Que en fecha veintisiete de julio del año dos mil seis, compareció ante la Corte Segunda de Apelaciones de Francisco Morazán, el señor JUAN GUILLERMO CALIX AGUILAR, interponiendo el Recurso de Amparo a favor de SI MISMO, por considerar que el auto que se deja relacionado en el inciso que precede, es violatorio de lo dispuesto en los Artículos 82, 90 y 103 de la Constitución de la República.5) Que en fecha veintitrés de enero del año dos mil nueve, la Corte de Apelaciones citada, denegó el Recurso de Amparo interpuesto por el señor JUAN GUILLERMO CALIX AGUILAR, por considerar que: a) no se ha producido violación al debido proceso, ya que el auto recurrido ordena entregar un bien inmueble al vencedor de un pleito en que se ha producido la cosa juzgada, dándole estricto cumplimiento a las normas que rigen el procedimiento de mérito; b) no se ha violentado el Derecho de Defensa, en virtud de que en ningún momento se le ha privado de interponer las acciones legales que estime pertinentes para la defensa de sus derechos patrimoniales; y c) el acto impugnado no desconoce en nada el Derecho de Propiedad, en virtud de que el mismo no se pronuncia en nada sobre la existencia o no de un derecho de propiedad sobre el inmueble cuestionado por parte del impetrante, ya que no hace más que ejecutar un fallo que se encuentra firme, como así lo ordena el Artículo 233 del Código de Procedimientos Civiles.

  1. Que en fecha veintiséis de marzo del año dos mil nueve, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo interpuesto por el señor JUAN GUILLERMO CALIX AGUILAR. CONSIDERANDO UNO (1): Que se conoce en consulta obligatoria la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de Francisco Morazán, que denegó el Recurso de Amparo interpuesto por el señor JUAN GUILLERMO CALIX AGUILAR a favor de SI MISMO, contra el auto de fecha nueve de junio del año dos mil seis, emitido por el Juzgado de Letras Primero de lo Civil de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán; con relación a la demanda ejecutiva de pago promovida por el Abogado JORGE MISAEL MEJIA, en su condición de apoderado sustituto de la sociedad mercantil denominada AHORRO HONDUREÑO S.A., contra el señor REGINALDO SALVADOR AGUILAR CONSIDERANDO DOS (2): Que el reclamante sustentó su recurso de amparo ante la Corte Segunda de Apelaciones de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, manifestando básicamente que acompaña fotocopias debidamente autenticadas de las escrituras publicas que datan desde el año de mil novecientos sesenta, con las cuales se acredita plenamente que tanto sus ancestros como el han sido los legítimos propietarios de los lotes de terrenos en mención; y, que nunca, el señor Reginaldo Salvador Aguilar Urinas, ni el antes Banco El Ahorro Hondureño S.A., hoy Davivienda S.A., han tenido posesión de los mismos, sino que hasta veinticuatro años después de habérsele adjudicado vía remate los lotes del terreno en litigio, pretenden que se les conceda la misma, por lo que se infiere que a esta fecha ha operado en su favor la prescripción ordinaria de Acciones y Derechos sobre los inmuebles relacionados. CONSIDERANDO TRES (3): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial general una violación o desconocimiento de este derecho. CONSIDERANDO CINCO (5): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la propiedad privada puede definirse como el poder jurídico pleno o completo de un individuo sobre una cosa. Nuestro Código Civil en su Articulo 643 define: “Se llama dominio o propiedad el derecho de poseer exclusivamente una cosa y gozar y disponer de ella, sin más limitaciones que las establecidas por la ley o por la voluntad del propietario. La propiedad separada del goce de la cosa se llama mera o nuda propiedad.” CONSIDERANDO SIETE (7): Que la violación al derecho de defensa se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos, que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a una parte, lo que en el presente caso sucedió. CONSIDERANDO OCHO (8): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que esta Sala comparte lo expresado por la Corte Segunda de Apelaciones de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, cuando señala que los argumentos torales en que fundamenta el recurrente su impugnación, trascienden de la mera confrontación del acto con los preceptos constitucionales que se invocan como violentados, pues para su plena apreciación es necesario el desarrollo de un debate abierto y en donde cada una de las partes interesadas tenga la actitud procesal de alegar y probar lo que estime pertinente; todo lo cual escapa de la naturaleza esencia de la acción de amparo que se intenta. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que esta Sala también comparte lo expresado por la Corte de Apelaciones cuando señala que con el acto impugnado a través de la presente acción de amparo, en nada viene a desconocer el derecho constitucional de propiedad que invoca el recurrente, pues mediante la providencia recurrida, el A-Quo no hace más que ejecutar un fallo que se encuentra firme, como así se lo ordena el Artículo 233 del Código de Procedimientos Civiles, vigente al momento del proceso; y, por el contrario, en nada viene a pronunciarse sobre la existencia o no de un derecho de propiedad sobre el inmueble cuestionado por el impetrante pues en la demanda ejecutiva de pago de mérito, éste ni siquiera es parte. Por consiguiente, estimó la Corte de Apelaciones, que la concurrencia o no de un derecho de dominio de parte del recurrente sobre el inmueble que reclama como suyo forzosamente deberá ser objeto de un juicio declarativo, como así ya se ha indicado, y por el contrario, que no puede ser resuelto mediante una acción constitucional de Amparo. CONSIDERANDO ONCE (11): Que por las razones anteriormente expuestas, la Sala es del criterio porque se confirme la sentencia proferida por la Corte Segunda de Apelaciones de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintitrés de enero del año dos mil nueve, que denegó el Recurso de Amparo interpuesto por el señor JUAN GUILLERMO CALIX AGUILAR a favor de SI MISMO, contra el auto de fecha nueve de junio del año dos mil seis, emitido por el Juzgado de Letras Primero de lo Civil de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán; con relación a la demanda ejecutiva de pago promovida por el Abogado JORGE MISAEL MEJIA, en su condición de apoderado sustituto de la sociedad mercantil denominada AHORRO HONDUREÑO S.A., contra el señor REGINALDO SALVADOR AGUILAR.POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos 1,82,183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 , 46 numeral 3) y 9), 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: Confirmado la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintitrés de enero del año dos mil nueve; sin perjuicio de las acciones y los derechos que pueda hacer valer al considerarse como dueño legitimo de un inmueble; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- NOTIFIQUESE. Firmas y sello. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA

BANEGAS. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. Firma y sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL".

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de abril del año dos mil trece, certificación de fallo de fecha diecinueve de febrero de dos mil trece, recaída en el recurso de Amparo Civil venido en Consulta, registrado en ese Tribunal bajo el número 681=09.

DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL