Sentencia AC-661-12 — Registro 7966
Resumen
Sentencia denegó recurso de amparo a favor de recurrente dictada por juzgado de primera instancia con relación a demanda ejecutiva de pago promovida contra recurrente
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."se conoce en consulta es la sentencia de fecha veintinueve de marzo de dos mil doce, por la cual la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán (Ahora Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán) denegó el Recurso de Amparo interpuesto contra la providencia dictada por el Juzgado de Letras de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve de noviembre de dos mil once, con relación a la demanda ejecutiva de pago promovida por la sociedad mercantil BANCO DE AMERICA CENTRAL DE HONDURAS S.A. (BAC HONDURAS) antes BANCO CREDOMATIC contra la señora ELA GEORGINA BURGOS; decretando la respectiva denegatoria, por considerar la referida Corte que esta resolución no ha vulnerado las garantías constitucionales de impetradas por el recurrente. Motivación del fallo venido en consulta es que si bien el reclamo de amparo fue incisivo en señalar que la providencia impugnada en amparo, mediante la cual se declaró sin lugar la pretensión del recurrente, de que no se ejecutará un mandato ejecutivo que pondría fin al negocio, mientras la Corte Suprema de Justicia no se hubiere pronunciado respecto a un recurso admitido; proveído que finalizaba además con la frase “cúmplase”; también es cierto que a lo largo del proceso la parte recurrente no hizo uso de los recursos a que tiene derecho y a otras acciones expeditas ante el reclamo pretendido, pues se limitaba a presentar recursos de apelación, los que luego no formalizaba o abandonaba; señalando por otra parte en el Considerando (3) que el argumento principal de la citada acción constitucional era inaplicable al pretendido otorgamiento del referido amparo, toda vez que ya se había dictado la correspondiente sentencia (se entiende que por el Tribunal Superior) que confirmaba la dictada por ese Ad-Quem, en el sentido de denegar el recurso impetrado y sustanciado bajo el expediente número 218-08; por lo que la acción intentada devenía improcedente al haber cesado los efectos del acto reclamado, el cual se realizó por haber puesto el A- Quo en posesión material de los inmuebles - objeto de la demanda - a las entidades adquirentes en audiencia pública de remate..."
Legislación citada
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 6 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, catorce de mayo de dos mil trece.- VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de Francisco Morazán, de fecha veintinueve de marzo de dos mil doce, que deniega el recurso de amparo interpuesto por el abogado JOSÉ EDGARDO RAMOS FINO a favor de la señora ELA GEORGINA BURGOS, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve de noviembre de dos mil once, con relación a la demanda ejecutiva de pago promovida por la sociedad mercantil BANCO DE AMERICA CENTRAL DE HONDURAS S.A. (BAC HONDURAS) antes BANCO CREDOMATIC contra la señora ELA GEORGINA BURGOS. Estimando el recurrente que dicha resolución es violatoria de los derechos estipulados en los artículos 64, 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha treinta de agosto del año dos mil cinco, compareció ante el Juzgado de Letras Primero de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, ahora Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de Francisco Morazán, el abogado MILTON MOISES CARCAMO GOMEZ, en su condición de apoderado legal de la sociedad mercantil BANCO DE AMERICA CENTRAL DE HONDURAS S.A. (BAC HONDURAS), interponiendo Demanda Ejecutiva de Pago contra la señora ELA GEORGINA BURGOS, en su condición de deudora principal en el préstamo hipotecario otorgado a su persona por dicha entidad mercantil, para que dentro del término legal sea obligada a pagar la cantidad de TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS (LPS. 3,282,720.74) más los intereses y costas del juicio.- 2) Que una vez adelantado el proceso, en fecha veintiuno de marzo del año dos mil seis, se llevó a cabo la correspondiente audiencia de remate de dos inmuebles propiedad de la demandada, el primero ubicado en la Lotificación Palmira, teniendo como mejora una casa de habitación de dos plantas y valorado en la cantidad de cinco millones trescientos nueve mil quinientos siete lempiras con ochenta y cinco centavos (Lps. 5,309,507.85), el segundo ubicado en la Colonia Lomas del Guijarro Sur, que tiene como mejora una casa de habitación de dos plantas y valorado en la cantidad de dos millones novecientos doce mil setecientos sesenta y un lempiras exactos (Lps. 2,912,761.00), inmuebles que fueron adjudicados de la siguiente manera: a) el primero a la Asociación para la Cooperación y el Desarrollo (ACODE), por la cantidad de dos millones de lempiras exactos (Lps. 2,000,000.00); y b) el segundo a favor del Banco Central Honduras S.A. (BAC Honduras) por la cantidad de un millón quinientos mil lempiras (Lps. 1,500,000.00). (Folios Setenta y ocho (78) al Ochenta (80) de la primera pieza de antecedentes).- 3) Que en fecha nueve de mayo del año dos mil ocho, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, el abogado MILTON MOISES CÁRCAMO GÓMEZ, en su condición de apoderado legal de la sociedad mercantil BANCO DE AMÉRICA CENTRAL DE HONDURAS S.A. (BAC HONDURAS), manifestando que en virtud de habérsele imposibilitado la inscripción del inmueble adquirido en audiencia de remate celebrada en ese mismo Tribunal, por la negativa de librar la correspondiente comunicación suficientemente explicita al Registro de la Propiedad en ese sentido. Asimismo, en fecha veinticuatro de julio del año dos mil ocho, el susodicho apoderado compareció ante la jurisdicción, con el fin de solicitar la ampliación del embargo efectuado a la señora ELA GEORGINA BURGOS VARELA, para lo cual requería del Juzgado se informará sobre las rentas percibidas por la ejecutada producto de los dos (2) inmuebles rematados, en particular sobre los términos de duración de los contratos de arrendamiento suscritos, asimismo las cantidades mensuales que en concepto de renta pagan a la demandada; por lo que, en consonancia a la dicha solicitud, el referido Juzgado de Letras, dictó el auto de fecha veinticinco de julio del año dos mil ocho, mediante el cual admitió el escrito relacionado y ordenó el libramiento de notas a los respectivos representantes legales de la sociedad mercantil Euro Inversiones S. de R.L. y CIECSA, empresas que arriendan cada uno de los inmuebles aludidos por el compareciente, para que se sirvieran en rendir la información solicitada judicialmente. (Ver: Folios Ciento Setenta y Cinco (175) al Ciento setenta y seis (176); y Ciento Ochenta y uno (181) al Ciento Ochenta y dos (182) de la primera pieza de antecedentes).- 4) Que en fecha ocho de octubre de dos mil ocho, compareció ante la Corte Segunda de Apelaciones de Francisco Morazán, ahora Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, el abogado JOSÉ FRANCISCO CARBAJAL GAHONA, en su condición de apoderado legal de la señora ELA GEORGINA BURGOS VARELA, interponiendo recurso de amparo contra el referido auto de fecha veinticinco de julio de dos mil ocho, que ha quedado relacionado, según emitido por el Juzgado de Letras Civil de Francisco Morazán; por considerarlo violatorio de lo contenido en los artículos 64, 82 y 90 de la Constitución de la República; dictando sentencia, la referida Corte en su calidad de órgano de justicia constitucional, en fecha diecisiete de junio de dos mil diez, mediante la cual resolvió sobreseer el recurso de amparo de mérito, por considerar que en él recae la causal de inadmisibilidad establecida en el numeral 3) del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, al tenerse el acto como consentido por el agraviado, por no ejercitar dentro del término legal los recursos provistos en la ley. (Ver antecedente con número de referencia 218-08, folios uno (01) al (03) y del veintiocho (28) al veintinueve (29).- 5) Que en fecha veintiuno de septiembre del año dos mil diez, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado JOSE FRANCISCO CARBAJAL GAHONA, a favor de la señora ELA GEORGINA BURGOS VARELA, registrado en esta Sala, bajo numero de expediente 612=10, en el cual recayó la sentencia de fecha cuatro de octubre de dos mil once, en la cual se confirma la decisión del Ad-quem, de fecha diecisiete de junio de dos mil diez. (Ver antecedente con número de referencia 218-08, folios treinta y tres (33) al treinta y seis (36).- 6) Que en fecha ocho de noviembre de dos mil once, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Civil de Francisco Morazán, el abogado JOSÉ EDGARDO RAMOS FINO, en su condición de apoderado legal de la señora ELA GEORGINA BURGOS, presentando escrito mediante el cual solicitó la no ejecución de los mandatos ejecutivos de desalojo y suscripción de contrato de arrendamiento, mientras estuviese pendiente el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre recurso de amparo admitido a fin de no perder la causa y sentido del mismo. (Ver folios trescientos veintidós (322) al trescientos veinticuatro (324) de la primera pieza de antecedentes).- 7) Que en fecha nueve de noviembre de dos mil once, el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, en virtud del escrito presentado por el abogado JOSÉ EDGARDO RAMOS FINO, y que ha quedado relacionado en el antecedente inmediato anterior, se pronunció de la siguiente manera: “ (…) si bien es cierto esta pendiente de que se consigne a este Tribunal la resolución respectiva del Recurso de Amparo el cual fue concedido sin suspensión del acto reclamado por la Honorable Corte Segunda de Apelaciones, contra la providencia de fecha veinticinco de julio del año dos mil ocho; asimismo, consta en el expediente la Audiencia de Remate de fecha veintiuno de marzo del año dos mil seis, en la cual fueron debidamente adjudicados los bienes inmuebles que fuero dados en garantía tal y como consta en el Instrumento numero treinta y cuatro de fecha quince de febrero del año dos mil cinco, autorizado por el Notario Rafael Alejandro Moncada Cantarero.- De dicha venta en publica subasta se adjudicó un bien inmueble a la parte ejecutante y el otro bien inmueble a la Asociación para la Cooperación y el Desarrollo (ACODE) (…) De lo anterior se deduce que a los propietarios de los bienes inmuebles adjudicados en ningún momento se les puede menoscabar el derecho que poseen por decreto judicial así como por la tradición de dominio y por mandato Constitucional (…) por lo cual, este Juzgado en apego a derecho ha decretado que se proceda a poner en posesión material el bien inmueble adjudicado como consta en las resoluciones dictadas.- De igual forma, se le indica al compareciente que en ningún momento se ha ordenado el desalojo y suscripción de contrato de arrendamiento, como lo señala en su escrito, sino el poner en posesión material el bien inmueble inscrito a favor del adjudicatario (…) respetándose con ello lo establecido en el Articulo 46 de la Ley de Inquilinato, ya que existe un contrato arrendamiento suscrito. De la misma forma, se le indica al compareciente que la presente demanda al tener carácter de firme ya ha finalizado (ya hay sentencia firme con anterioridad al Recurso de Amparo concedido sin suspensión del Acto Reclamado), solo quedando pendiente como ya se ha indicado en reiteradas ocasiones, el poner en posesión los bienes inmuebles adjudicados y debidamente inscritos a nombre de sus adjudicatarios; por lo cual no es pertinente darle tramite a actuaciones que vengan en detrimento de conceder al ganador en juicio su derecho, como lo establece el Articulo 233 del Código de Procedimientos Civiles.- Por lo anteriormente relacionado, No ha Lugar lo solicitado, recalcándole nuevamente al compareciente que en vista de haberse renunciado a los tramites del Juicio Ejecutivo (Articulo 2117 del Código Civil), y, como lo establece el Articulo 2118 del Código Civil, puede hacer valer sus derechos ante la vía ordinaria si así lo considera necesario.- Artículos 158, 185, 233, 447, 479, 489 del Código de Procedimientos Civiles; 1499, 2117, 2118 y 2126 del Código Civil; 103 de la Constitución de la Republica 46 de la Ley de Inquilinato.- CUMPLASE.” (Folio trescientos veinticinco (325) de la primera pieza de antecedentes).- 8) Que en fecha catorce de noviembre de dos mil once, compareció ante la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán, el Abogado JOSÉ EDGARDO RAMOS FINO interponiendo recurso de amparo a favor de la señora ELA GEROGINA BURGOS, contra la providencia dictada por el Juzgado de Letras de lo Civil de Francisco Morazán, en fecha nueve de noviembre de dos mil once, recaída en la demanda Ejecutiva promovida por la institución bancaria denominada BAC BAMER S.A., por considerar que dicha resolución es violatoria de los derechos contenidos en los artículos 64, 82 y 90 de la Constitución de la República.- 9) Que una vez efectuado el trámite que determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán, en fecha veintinueve de marzo de dos mil doce, falló denegando el recurso de amparo interpuesto. (Folios treinta y dos (32) al treinta y cinco (35) de la referida pieza de antecedentes con número de referencia 4625).- 10) Que en fecha cuatro de septiembre de dos mil doce, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado JOSÉ EDGARDO RAMOS FINO a favor de la señora ELA GEORGINA BURGOS, en estricto cumplimiento al artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO (1): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo la Ley Sobre Justicia Constitucional manda que las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, en cualquiera de los supuestos del artículo 68, vengan en trámite de consulta ante la Sala de lo Constitucional.- CONSIDERANDO (2): Que el caso que se conoce en consulta es la sentencia de fecha veintinueve de marzo de dos mil doce, por la cual la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán (Ahora Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán) denegó el Recurso de Amparo interpuesto contra la providencia dictada por el Juzgado de Letras de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve de noviembre de dos mil once, con relación a la demanda ejecutiva de pago promovida por la sociedad mercantil BANCO DE AMERICA CENTRAL DE HONDURAS S.A. (BAC HONDURAS) antes BANCO CREDOMATIC contra la señora ELA GEORGINA BURGOS; decretando la respectiva denegatoria, por considerar la referida Corte que esta resolución no ha vulnerado las garantías constitucionales de impetradas por el recurrente. Motivación del fallo venido en consulta es que si bien el reclamo de amparo fue incisivo en señalar que la providencia impugnada en amparo, mediante la cual se declaró sin lugar la pretensión del recurrente, de que no se ejecutará un mandato ejecutivo que pondría fin al negocio, mientras la Corte Suprema de Justicia no se hubiere pronunciado respecto a un recurso admitido; proveído que finalizaba además con la frase “cúmplase”; también es cierto que a lo largo del proceso la parte recurrente no hizo uso de los recursos a que tiene derecho y a otras acciones expeditas ante el reclamo pretendido, pues se limitaba a presentar recursos de apelación, los que luego no formalizaba o abandonaba; señalando por otra parte en el Considerando (3) que el argumento principal de la citada acción constitucional era inaplicable al pretendido otorgamiento del referido amparo, toda vez que ya se había dictado la correspondiente sentencia (se entiende que por el Tribunal Superior) que confirmaba la dictada por ese Ad-Quem, en el sentido de denegar el recurso impetrado y sustanciado bajo el expediente número 218-08; por lo que la acción intentada devenía improcedente al haber cesado los efectos del acto reclamado, el cual se realizó por haber puesto el A- Quo en posesión material de los inmuebles - objeto de la demanda - a las entidades adquirentes en audiencia pública de remate.- CONSIDERANDO (3): Que, finalmente, la sentencia en estudio hace referencia a lo reclamado en sede constitucional respecto al uso de la expresión “cúmplase” en el resolutivo judicial del A-Quo, acto reclamado que tiene su razón de ser en el proveído de respuesta jurisdiccional a una petición más de parte, dirigida formalmente a impedir la ejecución de lo fallado en su más amplio sentido; evitando con ello imprimirle eficacia a lo resuelto judicialmente y que queda anteriormente descrito, pues si bien el auto de fecha “31 de octubre del año 2011” (Sic.) admitió al impetrante un personamiento, esta admisión fue sólo para notificarle la resolución adoptada por el A Quo respecto a la resolución dictada en cuanto a la nulidad que planteó; siendo reiterado aquí, el fundamento de denegatoria, en que habiendo repuesto y apelado el recurrente de dicha resolución, y siéndole admitido el segundo de dichos recursos en el efecto devolutivo, el mismo no fue formalizado ante la Corte Ad- Quem como apelante, lo cual: “... es otro motivo de los establecidos en la Ley Sobre Justicia Constitucional, para denegar el presente amparo y que refuerza la tesis referente a que no ha existido violación alguna a los derechos que se denuncian infringidos”. (Ver Considerando (4) de la sentencia venida en consulta).- CONSIDERANDO (4): Que del examen de las diligencias de mérito se constata que el acto reclamado en amparo ante la Corte de Apelaciones respectiva, no resulta violatorio de las garantías invocadas por la recurrente, siendo notorio por las razones establecidas en la resolución, que la acción de amparo intentada se subsume claramente en la causal de inadmisibilidad del recurso prevista en el numeral 6) del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, la cual es aplicable: “6) Cuando han cesado los efectos del acto reclamado”; debido a que como se corrobora en la presente causa y se verá a continuación el motivo que prevenía la paralización de la actuación o diligencia judicial, a juicio del recurrente en amparo, como fuera la admisión de un amparo en el referido caso por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, habiendo sido denegado dicho amparo por la Sala de lo Constitucional, ha cesado ya definitivamente, pues obra constancia de que dicha acción garantista fue fallada en forma definitiva por este alto Tribunal en fecha cuatro de octubre del año dos mil once, según se aprecia a folios treinta y tres (33) y subsiguientes del expediente No. 218-08. Asimismo, resulta procedente confirmar la denegatoria por motivos concurrentes a los que se subsumen a la expresada causal de inadmisibilidad de la acción de amparo, como es la demostración de la tesis referente a que no ha existido violación alguna a los derechos (y declaraciones) que se denuncian infringidos, pues resulta de autos que, en efecto, tanto el derecho a la inviolabilidad del derecho de defensa, como el derecho al debido proceso, han sido respetados escrupulosamente a la parte impetrante del recurso a lo largo del proceso, como en general a toda laya de acciones y recursos ocurridos, a lo largo de varios años, a instancia de parte interesada; lo cual dilató a todas luces el supuestamente sumario proceso ejecutivo y es así reconocido en el cuerpo de la sentencia que se consulta, al hacérsele en forma correcta un llamado de atención al impetrante (Ver Considerando (7) de la sentencia venida en consulta).- CONSIDERANDO (5): De que se han resuelto, asimismo, sucesivos amparos (Vid., entre otros, los números registro 04-09 interpuesto en fecha 06 de enero de dos mil nueve (2009) y el 218-08 antes referido), los cuales versan también sobre aspectos indisociables al thema decidendi, como es la efectividad del mandato de adjudicación en pública subasta. Lo anterior lleva como consecuencia normativa la puesta en posesión de los inmuebles subastados a favor de los adquirentes, inclusive mediante la fuerza pública y regular orden de desalojo emanada de juez competente, cumplidos que sean los requisitos del debido proceso; tal y como se constata ha ocurrido en el presente caso. Que por las razones antes expuestas, procede confirmar la resolución venida en consulta, en todas y cada una de sus partes.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 1 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 60, 61, 64, 82, 90, 103, 303, 304, 313 No.5 y 316 atribución 1ª de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 45, 46 numeral 6), 63, 67, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO La resolución dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán (Ahora Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán) en fecha veintinueve de marzo de dos mil doce, de la cual se ha hecho el debido mérito. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado CHINCHILLA BANEGAS. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. PRESIDENTE. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el cuatro (4) de junio del año dos mil trece (2013), certificación de la resolución de fecha catorce (14) de mayo del año dos mil trece (2013), recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta con orden de ingreso en este Tribunal número 661=12.
DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL