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Sentencia AC-66-12 — Registro 7120

Resumen

Acto recurrido que declara con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del a-quo en relación a la demanda de ejecución forzosa de títulos extra judiciales promovida por el Régimen de Aportaciones Privadas (RAP)

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

.." Que el recurrente ha planteado como argumento toral del recurso impetrado en esta vía constitucional, el hecho de que el ad-quem no debió de haber declarado con lugar el recurso de apelación interpuesto y consecuentemente revocar la resolución apelada, por que a su criterio en el caso de autos ha resultado debidamente probado que la Resolución RCD2010-23 emitida por la Junta Directiva del Régimen de Aportaciones Privadas(RAP), al no ser firme no podía concitar ¿Se vulneran los derechos de defensa y debido proceso alegados por el recurrente cuando se inadmite el Recurso de Apelacion?..." ..."... Que el articulo 792 del Código Procesal Civil, establece Los Motivos de Oposición, y aun y cuando el mismo establece taxativamente los casos en los que procederá la oposición de títulos extrajudiciales, también lo es que el siguiente articulo o sea el 793, señala que se puede alegar oposición por defectos procesales; en ese orden de ideas y dado que en el caso subexamine ha resultado acreditado mediante el Exhorto que se envió al Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, que la Resolución Administrativa RCD2010-23 emitida por la Junta Directiva del Régimen de Aportaciones Privadas(RAP), esta siendo objeto de impugnación en esa judicatura, habiéndose admitido la demanda a tramite y por la cual la parte peticionaria pretende la nulidad de la misma; en ese orden de ideas entendemos que tratándose la resolución impugnada sobre la procedencia de saldos, la misma incide directamente en el fondo de la demanda que se conoce en la vía civil al no existir una plena certeza del titulo extrajudicial que sirve de soporten a la demanda entablada..."..."... Esta Sala de lo Constitucional estima que la decisión del Tribunal ad-quem vulnera en perjuicio del impetrante la garantía constitucional del debido proceso al igual que el principio de legalidad, razón por la cual es procedente otorgar la garantía de Amparo impetrada..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, trece de agosto del dos mil trece. VISTO: Para dictar sentencia en la Acción de Amparo interpuesta por el Abogado JORGE ALBERTO GARCIA MARTINEZ, a favor de la sociedad mercantil denominada COMIDAS ESPECIALIZADAS, S. DE R.L., contra la sentencia dictada en fecha veinticinco de noviembre de dos mil once, por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, que declara con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada en fecha veinte de septiembre de dos mil once, por el Juzgado de Letras de lo Civil de esa misma ciudad, en relación a la demanda de ejecución forzosa de títulos extra judiciales promovida por el RÉGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP) contra la sociedad mercantil denominada COMIDAS ESPECIALIZADAS, S. DE R.L. ANTECEDENTES 1) Que en fecha uno de abril de dos mil once, compareció ante el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el Abogado CARLOS ISAÍAS ORTEGA ULLOA, actuando en su condición de apoderado legal del RÉGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP), interponiendo demanda de ejecución de título extrajudicial contra la sociedad mercantil denominada COMIDAS ESPECIALIZADAS, S. DE R.L. 2) Que en fecha dos de agosto de dos mil once, compareció ante el referido Juzgado, el abogado NICOLÁS GARCIA ZORTO, en su condición de apoderado legal de COMIDAS ESPECIALIZADAS, S. DE R.L., presentando oposición a la demanda de ejecución de título extrajudicial presentada por el Régimen de Aportaciones Privadas (RAP) contra su representada. (Folios 43 al 53 de la primera pieza de antecedentes). 3) Que en fecha veinte de septiembre de dos mil once, el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, resolviendo la petición referida en el numeral anterior, falló Declarando CON LUGAR la oposición opuesta por el abogado NICOLÁS GARCIA ZORTO en condición antes indicada, en la demanda de ejecución forzosa de títulos extrajudiciales promovida por el Abogado CARLOS ISAÍAS ORTEGA ULLOA en su condición de apoderado legal del RÉGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP), para el pago de la suma de TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON OCHO CENTAVOS…” (Folios 177 Y 178 de la primera pieza de antecedentes). 4) Que en fecha veinticinco de noviembre de dos mil once, la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, conociendo del recurso de apelación planteado por el abogado CARLOS ISAÍAS ORTEGA, en su condición de apoderado legal del RÉGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP), resolvió “1) DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de lo Civil de esta Sección Judicial, en fecha veinte de septiembre del dos mil once.- 2) REVOCANDO la resolución apelada.” (Folios 08 y 09 de la segunda pieza de antecedentes) 5) Que en fecha veintisiete de enero de dos mil doce, el recurrente abogado JORGE ALBERTO GARCIA MARTÍNEZ, compareció ante esta Sala de lo Constitucional, interponiendo acción de amparo a favor de la sociedad mercantil COMIDAS ESPECIALIZADAS, S. de R.L., por considerar que la decisión del Ad-quem, relacionada en el inciso anterior, es violatoria de lo estipulado en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República y 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. 6) Que con fecha veintiuno de mayo de dos mil doce, se tuvo por evacuada la vista concedida al Fiscal del Despacho y por emitido en tiempo y forma el dictamen presentado por la Abogada XIOMARA YAMILETH OSORIO VELASQUEZ, la que fue del parecer que NO SE OTORGUE la acción de amparo impetrada. CONSIDERANDO (1): Que la sentencia recurrida mediante esta vía constitucional es la que fuera dictada en fecha veinticinco de noviembre de dos mil once, por la Corte de Apelaciones Civil de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, y mediante la cual declaro con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de lo Civil de esta Sección Judicial, en fecha veinte de septiembre del dos mil once, y revoco la resolución apelada; sentencia que su motivación factica y Jurídica expone lo siguiente: (Sic) “PRIMERO: El a-quo argumento la resolución para declarar con lugar la oposición que hoy conocemos mediante recurso, en lo siguiente: “…que la procedencia de la misma que justifica la demanda es precisamente la Resolución RCD2010-23 dictada por el Consejo Directivo del RAP, que ha quedado probado según el exhorto enviado al Juzgado de lo Contencioso Administrativo que esta Resolución administrativa esta siendo objeto de impugnación en dicho juzgado….. se trata de una demanda de nulidad de la Resolución numero RCD2010-23 emitida por el RAP, se trata pues que debido a la procedencia de la certificación de saldos es una resolución administrativa este juzgado no puede desconocer que la tramitación de dicha demanda en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán afecta el fondo de esta demanda por lo que estando en entredicho el titulo que sirve de soporte este juzgado considera procedente declarar con lugar la oposición….SEGUNDO: Conduciéndonos a la petición de oposición del ejecutado vemos que el motivo de oposición invocado es la NULIDAD DEL MANDAMIENTO POR NO CUMPLIR EL TITULO EJECUTIVO LOS REQUISITOS LEGALES EXIGIDOS, fundamentándose en el articulo 792.3 del Código Procesal Civil norma que indica expresamente los únicos motivos que se podrán oponer a la ejecución extrajudicial, decimos únicos pues la norma expresa textualmente “…Solo serán admisibles en la ejecución de Títulos extrajudiciales los siguientes motivos de oposición extrajudiciales…”, considerándola como una norma restrictiva. TERCERO: Refiriéndonos específicamente al motivo de oposición planteado por el ejecutado, al momento de dar tramite a la oposición por tal motivo, se evacuo el medio de prueba relativo a que al exhorto del juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa que establece que la Resolución administrativa dictada por el RAP, esta siendo impugnada, que ha sido admitida la demanda a tramite, demanda de nulidad de la resolución dictada por el RAP, medio de prueba del cual hizo uso el a-quo para argumentar la resolución dictada declarando con lugar la oposición. CUARTO: Si observamos el motivo de oposición invocado y los argumentos de la resolución, nos damos cuenta que no tiene relación alguna, en primer lugar la ejecución forzosa se ampara en un titulo que tiene fuerza ejecutiva, reconocido por la ley tal y como se ha dejado establecido la resolución que anteriormente dicto esta alzada, pronunciándose respecto a la validez del titulo ejecutivo en que se ampara la ejecución (resolución que se encuentra inserta en la certificación agregada en el folio 33), documento que por disposición de la ley tiene reconocido ese carácter tal y como lo dice el articulo 751.5 del Código Procesal Civil; en segundo lugar no existe alegación alguna en torno a los requisitos legales del titulo ejecutivo, el que se puede hacer valer como derecho que ostenta el ejecutante por la mera posesión de un titulo ejecutivo valido y con fuerza ejecutiva que reconoce una deuda liquida, vencida y exigible; finalmente la ejecución forzosa es independiente a cualquier acción de nulidad entablada, específicamente en el caso que nos ocupa en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, lo atacado con dicha acción es la Resolución administrativa del RAP y no el titulo ejecutivo en si, que ampara la acción de ejecución forzosa, y es que el Código Procesal Civil en su articulo 742 establece la finalidad de la ejecución forzosa la cual es de hacer cumplir el contenido de un titulo y dotar de efectividad a la tutela judicial otorgada, es claro que el ejecutado puede oponer la excepciones procesales que puedan asistirlo, pero necesariamente debe excluirse la alegación tanto de hechos constitutivos como hechos impeditivos ya que ambos quedan amparados por la cosa juzgada. QUINTO: En atención a lo antes manifestado tomando como referencia el articulo 715 del Código Procesal Civil, existiendo infracción de tipo procesal, así como infracción en la aplicación o interpretación del derecho en la decisión de fondo se revoca la resolución apelada en el sentido de desestimar la oposición a la ejecución del titulo judicial extrajudicial interpuesta”. CONSIDERANDO (2): Que el recurrente no está de acuerdo con la sentencia que se deja relacionada en el acápite anterior por considerar que la misma vulnera en perjuicio de su representada la sociedad mercantil COMIDAS ESPECIALIZADAS, S. de R.L., la garantía constitucional del derecho al debido proceso y la de que los servidores del Estado no tienen mas facultades que las que expresamente les confiere la ley, por lo que todo acto que ejecuten fuera de la misma acarrea nulidad e implica responsabilidad; preceptuados respectivamente en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República, señalando también la vulneración del articulo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; para ello explica que tales vulneraciones constitucionales se han suscitado debido a que el Tribunal ad-quem se extralimita en cuanto a las facultades que la ley le confiere, al proceder a revocar el fallo dictado por el a-quo, mismo que estima apegado a derecho; explica que el principio de legalidad o primacía es un principio fundamental del derecho publico, mismo a que se debe someter la jurisdicción y no a la voluntad de la personas, el Estado debe estar sometido al imperio de la ley, razón por la cual se dice que el principio de legalidad establece seguridad jurídica. Aduce que la doctrina recoge el principio de legalidad como la regla de oro del derecho, pues en el poder tiene su fundamento y limite de la norma jurídica; dice que en conclusión la ley solo seria entonces un límite externo a la actividad administrativa, dentro de cuyo marco la administración es libre. El Estado solo puede hacer o dejar lo que la ley permite y manda, por lo que nada puede quedar a su libre albedrío, dice el impetrante que en el caso de autos se ha probado de que la Resolución RCD2010-23 dictada por el Régimen de Aportaciones Privadas(RAP), no tiene el carácter de firme, razón por la que cualquier pretensión que se derive de la misma, no constituye una deuda liquida, vencida y exigible, situación que no entendió el Tribunal de Alzada y con ello ha provocado la vulneración del debido proceso y del principio de legalidad. CONSIDERANDO (3): Que de la lectura de los antecedentes y del fallo que es motivo del presente recurso de amparo, esta Sala de lo Constitucional considera que el fondo del asunto en el caso de mérito se contrae a establecer si las razones esgrimidas en la decisión del ad-quem mediante la cual se declaro con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de lo Civil de esta Sección Judicial, en fecha veinte de septiembre del dos mil once, y revoco la resolución apelada; supone o no la vulneración de las garantías constitucionales invocadas. CONSIDERANDO(4): Que el Derecho al Debido Proceso, se concreta en una gama de derechos establecidos a favor de las partes, que permiten su participación en un mismo plano de igualdad, de tal manera que puedan instar el curso del procedimiento a fin de obtener una resolución por parte del Tribunal que conoce de la controversia; constituye una ineludible carga que se le impone a los órganos del Estado, tanto administrativos como jurisdiccionales, para que sus actuaciones se sometan a los principios rectores que garantizan a cada individuo sus derechos fundamentales. El debido proceso comprende entre otros el principio de legalidad, juez natural, acceso a los órganos jurisdiccionales, derecho de defensa, derecho a una resolución que resuelva sus pretensiones sin dilaciones injustificadas, el derecho a ser oído, de reforma en perjuicio (no reformatio in peius), y el derecho a resoluciones debidamente motivadas. CONSIDERANDO(5): Que al tenor de lo anteriormente señalado y dado que el recurrente ha planteado como argumento toral del recurso impetrado en esta vía constitucional, el hecho de que el ad-quem no debió de haber declarado con lugar el recurso de apelación interpuesto y consecuentemente revocar la resolución apelada, por que a su criterio en el caso de autos ha resultado debidamente probado que la Resolución RCD2010-23 emitida por la Junta Directiva del Régimen de Aportaciones Privadas(RAP), al no ser firme no podía concitar que se pudiese hacer efectiva cualquier pretensión que se derive de la misma. CONSIDERANDO (6): Que el articulo 792 del Código Procesal Civil, establece Los Motivos de Oposición, y aun y cuando el mismo establece taxativamente los casos en los que procederá la oposición de títulos extrajudiciales, también lo es que el siguiente articulo o sea el 793, señala que se puede alegar oposición por defectos procesales; en ese orden de ideas y dado que en el caso subexamine ha resultado acreditado mediante el Exhorto que se envió al Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, que la Resolución Administrativa RCD2010-23 emitida por la Junta Directiva del Régimen de Aportaciones Privadas(RAP), esta siendo objeto de impugnación en esa judicatura, habiéndose admitido la demanda a tramite y por la cual la parte peticionaria pretende la nulidad de la misma; en ese orden de ideas entendemos que tratándose la resolución impugnada sobre la procedencia de saldos, la misma incide directamente en el fondo de la demanda que se conoce en la vía civil al no existir una plena certeza del titulo extrajudicial que sirve de soporten a la demanda entablada. CONSIDERANDO (7): Que en virtud de lo anteriormente expuesto, esta Sala de lo Constitucional estima que la decisión del Tribunal ad-quem vulnera en perjuicio del impetrante la garantía constitucional del debido proceso al igual que el principio de legalidad, razón por la cual es procedente otorgar la garantía de Amparo impetrada. POR TANTO: La Sala Constitucional en nombre de la Corte Suprema de Justicia como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, oído el parecer de la Fiscal, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, y haciendo aplicación de los artículos: 1, 59, 80, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, 321 y 323 de la Constitución de la República; 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 3, 7, 12.5, 792 y 793 del Código Procesal Civil; 1, 2, 3 Nº 2), 4, 5, 9 Nº 2), 41, 56, 63 y 72 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: I.- OTORGANDO el recurso de Amparo interpuesto por el abogado JORGE ALBERTO GARCIA MARTINEZ, a favor de la sociedad mercantil denominada COMIDAS ESPECIALIZADAS, S. DE R.L., contra la sentencia dictada en fecha veinticinco de noviembre de dos mil once, por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, y II.- Se ORDENA que el Tribunal a-quem proceda a dictar nuevo fallo, con la debida motivación de acuerdo con los considerandos del presente fallo.- Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redacto la Magistrada SANTOS MONCADA. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. PRESIDENTE POR LEY SALA DE LO CONSTITUCIONAL. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. REINA SAGRARIO SOLORZANO. Firma y sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintinueve días del mes de agosto de dos mil doce, certificación de la sentencia de fecha trece de agosto de dos mil trece, recaída en el recurso de amparo civil registrado en este Tribunal con el número 66-p202-p210=12.

DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

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