Sentencia AC-653-12 — Registro 7965
Resumen
Sentencia denegó recurso de amparo contra auto dictado en audiencia por juzgado de primera instancia con relación al acto judicial no contencioso de guarda y aposición de sellos sobre bienes sucesorales promovida por recurrente sobre el causante Vidal Valle Martínez
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."del examen de las diligencias se aprecia que la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en el fallo emitido ha hecho una relación circunstanciada de los hechos que motivaron el Acto Judicial no contencioso de Guarda y Aposición de Sellos sobre bienes sucesorales, “Promovida por la señora ANA EVELYN VALLE CASTILLO sobre el causante VIDAL VALLE MARTINEZ, siguiendo el procedimiento establecido en la Ley “Se nombró al señor PEDRO REGINALDO HERRERA, administrador de los bienes de la masa hereditaria (semovientes) del causante Valle Martínez, habiendo aceptado el inventario del ganado (F39 de la primera pieza) posteriormente se amplió la solicitud a bienes como vehículos, documentos de Escrituras públicas de inmuebles y documentos de vehículos”.” La señora ELDA IDALIA ROMERO RAUDALES en representación de su menor hija presentó oposición conforme al proceso declarativo ordinario, solicitando la suspensión de la diligencia de guarda aposición de sellos, ya que su menor hija ANA EVELYN VALLE CASTILLO ha sido declarada heredera testamentaria de los bienes dejados por el causante VIDAL VALLE MARTINEZ..."..."esta Sala observa que las resoluciones dictadas por el A-Quo, no fueron recurridas por el impetrante, siendo relevantes para la pretensión de su representada, sin embargo se observa que fueron admitidas siendo evidente que las siguientes resoluciones: 1.- La audiencia de nombramiento de cambio de Depositario de Guarda y Custodia celebrada el 25 de julio del año dos mil once (F 155 primera pieza), 2.- La resolución donde el A-Quo ordena levantar inventario de los bienes (semovientes) que se habían dado en administración al señor PEDRO REGINALDO HERRERA, ello en respuesta a lo peticionado por la señora ELDA IDALIA ROMERO quien actúa en representación de su menor hija FLORIDALMA VALLE ROMERO, de que se señalara audiencia para el cambio de Administrador. (F426 primera pieza), 3.- Aceptando además la resolución de fecha 5 de octubre del dos mil once, mediante la cual de oficio el A-Quo resuelve señalar fecha para la celebración de audiencia con carácter de urgente para resolver sobre la situación de la administración de los semovientes. 4.- dejó de hacer uso del Recurso de Apelación que le franquea la Ley en el Artículo 376 No.3 del Código Procesal Civil en la Audiencia..."..."esta Sala encuentra que el fallo dictado por el Ad-Quem contiene el razonamiento y fundamentos de derecho que garantizan el debido proceso y el Derecho de Defensa, valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el derecho constitucional, no se ha hecho sino atender el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como quehacer fundamental del Juez Constitucional; el cual consiste en hacer accesible a los habitantes de la República la tutela judicial efectiva. En segundo lugar, que tal como ha fundamentado su fallo el Ad-Quem, debe Denegarse la Acción de Amparo intentada. Por las razones antes expuestas, resulta procedente en derecho confirmar la resolución venida en consulta..."..."el pronunciamiento proferido por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, se ajusta a los requerimientos, procedimientos, y exigencias establecidas en la Ley, necesarias para garantizar la efectividad del derecho material, así se desprende del estudio de los antecedentes y argumentos jurídicos, en que el Ad-Quem apreció que no se ha vulnerado derechos fundamentales a la representada del recurrente. En relación al Debido proceso y el Derecho a la Defensa contenidos en los Artículos 90 y 82 de la Constitución de la República, invocados como vulnerados por el recurrente, su apreciación resulta errónea, puesto que la resolución que impugna es solo el resultado del procedimiento establecido en la Ley, que debe observarse para garantizar la tutela judicial a las partes, su intervención a lo largo del proceso y la garantía del Debido Proceso, que según el estudio de los autos se ha garantizado a lo largo del proceso..."
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, tres de septiembre del dos mil trece.- VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha ocho de marzo de dos mil doce, que denegó el Recurso interpuesto por el Abogado JOSE EDGARDO RAMOS FINO a favor de ANA EVELYN VALLE CASTILLO contra el auto dictada por el Juzgado de Letras de lo Civil de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha siete de octubre de dos mil once, con relación al acto judicial no contencioso de guarda y Aposición de sellos sobre bienes sucesorales promovida por la señora ANA EVELYN VALLE CASTILLO, sobre la causante VIDAL VALLE MARTÍNEZ.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha veintiséis de mayo de dos mil diez, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Civil de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, el Abogado NERY ESTEBAN BACA MONDRAGÓN, en su condición de Apoderado Legal de la señora ANA EVELYN VALLE CASTILLO, solicitando actividad judicial no contencioso de guarda y Aposición de sellos sobre bienes inmuebles de la sucesión que dejase el padre de su representada, con el objeto que se mantenga en debida custodia hasta el momento de que los herederos tomen posesión efectiva de la herencia.- 2) Que en fecha veintidós de febrero del año dos mil once, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Civil de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, la señora ELDA IDALIA ROMERO RAUDALES en su condición de Representante Legal de su menor hija FLORIDALMA VALLE ROMERO, solicitando la suspensión de la diligencia de la guarda y Aposición de sellos (semovientes), se ordene la suspensión del administrador nombrado y la restitución de los frutos percibidos durante la administración decretada por el A-Quo sobre los bienes de la masa hereditaria (semovientes) del causante Vidal Valle Martínez, por lo que en fecha quince de marzo de dos mil once, el Juzgado de Letras citado, resolvió: “Tener por subsanada en tiempo y la oposición planteada, en consecuencia admítase a trámite la oposición interpuesta por la señora ELDA IDALIA ROMERO RAUDALES, en su condición de Representante Legal de su menor hija FLORIDALMA VALLE ROMERO, junto con los documentos acompañados, por medio del funcionario judicial respectivo emplácese al señor NERY ESTEBAN BACA MONDRAGON, en su condición de Representante Legal de la Señora ANA EVELYN VALLE CASTILLO, para que conteste la Demanda dentro de los treinta(30)días hábiles siguientes al emplazamiento, entregándosele copia de ella y de sus anexos, haciéndole la advertencia que si transcurrido el plazo antes señalado sin haberse personado en el procedimiento, se le declarara en rebeldía; así como que deberá nombrar comunicación judicial el demandado puede ser ubicado en la dirección señalada en él escrito de subsanación…” (Folios treinta y dos (32) y treinta y tres (33)).- 3) Que mediante resolución adoptada en Audiencia de Cambio de Administrador celebrada el siete de octubre del año dos mil once, el Juzgado de Letras citado resolvió (Sic): “Que habiendo escuchado las alegaciones efectuadas por Parte del Demandante como Demandada, sin haber surgido acuerdo alguno entre ellos sobre el nombramiento del Administrador, de igual forma se ha escuchado la posición del actual administrador, es consecuencia, estima: 1.- Con fundamento en los principios reguladores del CPP, en especial el principio de buena fe, conducta y ejercicio de la vía procesal adecuada, que faculta al Juez para prevenir o sancionar cualquier acción u omisión contrarias al orden o a los principios del proceso, impone MULTA equivalente a dos (2) salarios mínimos al señor PEDRO REGINALDO HERRERA, por haber actuado con mala fe, al haber ofrecido a este Juzgado un inmueble ubicado en la Colonia Torocagua de esta ciudad, para acreditar su solvencia, cuando era de su conocimiento que sobre dicho inmueble pesaba u gravamen hipotecario a favor del BANCO FICOHSA, S.A., tal y como se acredita con los documentos relacionados en el literal B antes relacionado, acorde a los Artículos 3, 6, 12 y 689.- 2.- Al no existir acuerdo entre las partes, este Juzgado considera pertinente sustituir al Administrador actualmente nombrado en autos, señor PEDRO REGINALDO HERRERA, por la señora ELDA IDALIA ROMERO RADUALES, mayor de edad, soltera, ama de casa, y con domicilio en la Aldea de Mata de Plátano, Municipio de Cedros, Departamento de Francisco Morazán, a quien en este acto se le solicita nos ponga a la vista su tarjeta de identidad constatando que efectivamente es el número 0801-1967-01079, debiendo la recién nombrada proceder a: Levantar acta en la que se incluya inventario de los semovientes, el estado en que se encuentra la administración, acta que deberá ser firmado por el Administrador preexistente, en este caso, el señor Herrera, presentándola posteriormente a este Juzgado, acta que deberá ser levantada en compañía de un Notario Público que las partes tengan a bien nombrar si están de acuerdo, caso contrario lo nombrara de oficio el Juzgado, haciendo la observación al Señor Herrera que deberá estar presente al momento del levantamiento del acta. Se fija la duración del cargo del nuevo Administrador en un plazo de seis (6) meses, pudiendo prorrogarse el mismo mediante justificación sumaria de su necesidad, haciéndole las advertencias que deviene obligada a desempeñar el cargo con la debida diligencia de un buen padre de familia, como si actuara en negocio propio: asimismo que debe dar estricto cumplimiento a las obligaciones que le impone el Artículo 375 del CPC y que en este acto se leen; así como de las responsabilidad civil y penal en cumplimiento de sus funciones: para un mejor control de su gestión deberá abrir una cuenta bancaria ya sea en el BANCO CENTRAL DE HONDURAS o en su defecto BANADESA, debiendo depositar en ella las utilidades o frutos obtenidos de la administración, lo anterior de conformidad a los Artículos 367, 368, 369, 370, 375, 376 relativas a la administración judicial, recordándole que deberá solicitar a este Juzgado la respectiva autorización para compra o venta de semovientes; por lo anterior, el Señor PEDRO REGINALDO HERRERA, Cesa en su cargo de Administrador desde esta fecha, debiendo proceder hacer formal entrega a la nueva Administradora a retirar de la propiedad sus pertenencias personales, advirtiéndole que debe de abstenerse de promover acciones que vallan en contra de la recién nombrada como desagravio por el cambio de administración, así como se le autoriza para que retire de la propiedad únicamente la cría de cerdos, pues según el último informe presentado durante su gestión ha comprado la cantidad de 200 pollitos, equivalentes a L.2,000, según factura agregada en autos.- 3.- Por el principio de contradicción, este Juzgado tiene a bien dar en traslado a la Parte Demandante los informes presentados por el señor PEDRO REGINALDO HERRERA, durante su gestión como Administrador, para que procedan a impugnarlos en el plazo de cinco (05) días, prorrogable hasta treinta (30) días atendida su complejidad, según Artículo 376, y una vez analizados dichos informes si la Parte Demandante considera que el señor Herrera incurrió en responsabilidad civil y penal, queda a criterio de dicha parte promover las acciones legales que en derecho correspondan, por el cumplimiento de sus funciones, de la veracidad de la información que ha ofrecido, acorde al Artículo 369 del mismo Código, traslado que se hará efectivo una vez que la Secretaria del Despacho termine con el correlativo de los folios que integran los respectivos informes.- La señora Juez consulta a los intervinientes si se pondrán de acuerdo en el nombramiento del Notario Público, por no haberlo, de oficio procede a nombrar al Abogado y Notario Público LUIS ALFREDO GALEANO ORDOÑEZ, quien es mayor de edad, soltero, hondureño y de este domicilio, con número de colegiación 2353 y Exequátur 1357, con dirección profesional en la Colonia Alameda, 4ta avenida, calle atrás del negocio llamado Midas estacionamiento lempira, No.1329, para que a más tardar el día lunes diez (10) de octubre del año dos mil once, él proceda junto con la recién nombrada y Administrador Preexistente, señor Herrera a levanta el acta respectiva…” (Folios quinientos siete (507) y quinientos ocho (508)).- 4)Que en fecha diecisiete de octubre de dos mil doce, compareció ante la Corte Segunda de Apelaciones de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, el Abogado JOSE EDGARDO RAMOS FINO, interponiendo Recurso de Amparo a favor de la señora ANA EVELYN VALLE CASTILLO, contra el auto de fecha siete de octubre del año dos mil once, emitido por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, por considerar que dicho auto es violatorio de los dispuesto en los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.- 5) Que en fecha ocho de marzo de dos mil doce, la Corte Segunda de Apelaciones de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, falló: “1.- RESUELVE DENEGAR EL RECURSO DE AMPARO interpuesto por el Abogado JOSE EDGARDO RAMOS FINO, a favor de la ANA EVELYN VALLE CASTILLO, contra el auto contenido en audiencia de fecha siete (7) de octubre de dos mil once (2011), dictado por el Juzgado de Letras Civil, de este Departamento de Francisco Morazán, en la demanda de mérito…” (FOLIOS VEINTINUEVE (29) AL TREINTA Y DOS (32)).- 6) Que en fecha treinta y uno de agosto de dos mil doce, este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo relacionado en el inciso anterior, en estricto cumplimiento al Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 Constitucional relacionado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un Reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.- CONSIDERANDO (2): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en Consulta, los Recursos de Amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No.244-2003.- CONSIDERANDO (3): Que se conoce en consulta la sentencia de fecha ocho de marzo del año dos mil doce, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JOSE EDGARDO RAMOS FINO, a favor de la señora ANA EVELY VALLE CASTILLO, mediante la cual se Deniega el Recurso interpuesto contra las actuaciones del Juzgado de Letras Civil de esta Sección Judicial, de fecha siete de octubre del año dos mil once, con relación al Acto Judicial no contencioso de Guarda y Aposición de Sellos sobre bienes sucesorales promovida por la señora ANA EVELYN VALLE CASTILLO sobre el causante VIDAL VALLE MARTINEZ.- CONSIDERANDO (4): Que el recurrente fue notificado en fecha siete de Agosto del año dos mil doce, del fallo emitido por el Ad-Quem mediante el cual se Deniega el Recurso de Amparo interpuesto.- CONSIDERANDO (5): Que del examen de las diligencias se aprecia que la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en el fallo emitido ha hecho una relación circunstanciada de los hechos que motivaron el Acto Judicial no contencioso de Guarda y Aposición de Sellos sobre bienes sucesorales, “Promovida por la señora ANA EVELYN VALLE CASTILLO sobre el causante VIDAL VALLE MARTINEZ, siguiendo el procedimiento establecido en la Ley “Se nombró al señor PEDRO REGINALDO HERRERA, administrador de los bienes de la masa hereditaria (semovientes) del causante Valle Martínez, habiendo aceptado el inventario del ganado (F39 de la primera pieza) posteriormente se amplió la solicitud a bienes como vehículos, documentos de Escrituras públicas de inmuebles y documentos de vehículos”.” La señora ELDA IDALIA ROMERO RAUDALES en representación de su menor hija presentó oposición conforme al proceso declarativo ordinario, solicitando la suspensión de la diligencia de guarda aposición de sellos, ya que su menor hija ANA EVELYN VALLE CASTILLO ha sido declarada heredera testamentaria de los bienes dejados por el causante VIDAL VALLE MARTINEZ. Conforme lo solicitado el A-Quo se nombró un administrador, y se levantó un nuevo inventario con fecha treinta de septiembre del año dos mil once, por la Secretaria del Tribunal la que fue nombrada para ese efecto, posteriormente se cambió el administrador habiendo nombrado a la señora ELDA IDALIA ROMERO BARDALES, quien se encuentra en posesión del cargo. El Ad-Quem invoca los fundamentos legales contenidos en los Artículos 1019, al 1023 del Código de Procedimientos Civiles que señalan el procedimiento a seguir, además que son diligencias provisionales y una vez que los herederos han sido declarados termina dicho proceso, porque se les pone en posesión efectiva de la herencia a las personas que han sido declaradas herederas. Arribando a la conclusión el Ad-Quem que no existe violación al debido proceso y al derecho a la Defensa, denegando el Recurso interpuesto.- CONSIDERANDO (6): Que del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida esta Sala observa que las resoluciones dictadas por el A-Quo, no fueron recurridas por el impetrante, siendo relevantes para la pretensión de su representada, sin embargo se observa que fueron admitidas siendo evidente que las siguientes resoluciones: 1.- La audiencia de nombramiento de cambio de Depositario de Guarda y Custodia celebrada el 25 de julio del año dos mil once (F 155 primera pieza), 2.- La resolución donde el A-Quo ordena levantar inventario de los bienes (semovientes) que se habían dado en administración al señor PEDRO REGINALDO HERRERA, ello en respuesta a lo peticionado por la señora ELDA IDALIA ROMERO quien actúa en representación de su menor hija FLORIDALMA VALLE ROMERO, de que se señalara audiencia para el cambio de Administrador. (F426 primera pieza), 3.- Aceptando además la resolución de fecha 5 de octubre del dos mil once, mediante la cual de oficio el A-Quo resuelve señalar fecha para la celebración de audiencia con carácter de urgente para resolver sobre la situación de la administración de los semovientes. 4.- dejó de hacer uso del Recurso de Apelación que le franquea la Ley en el Artículo 376 No.3 del Código Procesal Civil en la Audiencia de fecha siete de octubre del dos mil once (07/10/2012). En consecuencia esta Sala encuentra que el fallo dictado por el Ad-Quem contiene el razonamiento y fundamentos de derecho que garantizan el debido proceso y el Derecho de Defensa, valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el derecho constitucional, no se ha hecho sino atender el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como quehacer fundamental del Juez Constitucional; el cual consiste en hacer accesible a los habitantes de la República la tutela judicial efectiva. En segundo lugar, que tal como ha fundamentado su fallo el Ad-Quem, debe Denegarse la Acción de Amparo intentada. Por las razones antes expuestas, resulta procedente en derecho confirmar la resolución venida en consulta.- CONSIDERANDO (7): Que el pronunciamiento proferido por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, se ajusta a los requerimientos, procedimientos, y exigencias establecidas en la Ley, necesarias para garantizar la efectividad del derecho material, así se desprende del estudio de los antecedentes y argumentos jurídicos, en que el Ad-Quem apreció que no se ha vulnerado derechos fundamentales a la representada del recurrente. En relación al Debido proceso y el Derecho a la Defensa contenidos en los Artículos 90 y 82 de la Constitución de la República, invocados como vulnerados por el recurrente, su apreciación resulta errónea, puesto que la resolución que impugna es solo el resultado del procedimiento establecido en la Ley, que debe observarse para garantizar la tutela judicial a las partes, su intervención a lo largo del proceso y la garantía del Debido Proceso, que según el estudio de los autos se ha garantizado a lo largo del proceso.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos: 303, 304 , 313 y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 10, 41, 46 numeral 4, 48, 68 párrafo 2do, de la Ley Sobre Justicia Constitucional; CONFIRMANDO la sentencia dictada en fecha ocho de marzo del dos mil doce por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JOSE EDGARDO RAMOS FINO a favor de la señora ANA EVELYN VALLE CASTILLO. Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado VICTOR MANUEL LOZANO. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. PRESIDENTA. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el veintitrés (23) de octubre del año dos mil trece (2013), certificación de la resolución de fecha tres (3) de septiembre del año dos mil trece (2013), recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta con orden de ingreso en este Tribunal número 653=12.
DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL