Sentencia AC-621-12 — Registro 7436
Resumen
Providencia declaró inadmisible un recurso de apelación de hecho interpuesto contra autos dictados por juzgado de primera instancia con relación a demanda ejecutiva de pago promovida por Cooperativa Mixta La Prosperidad Limitada (COMIXPROL)
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."del análisis de los antecedentes y en específico de la resolución reclamada, se desprende que la Alzada solicitó informe al A-quo, mediante el cual se relacionó que las diligencias pertenecen a una demanda ejecutiva de pago, donde consta que el señor DANILO VELASQUEZ, renunció en el titulo de ejecución a los tramites del juicio ejecutivo como aval solidario, que el titulo de ejecución consiste en una Escritura de Primera Única y Especial Hipoteca de un Inmueble propiedad del ya relacionado ejecutado, razón por la que el Ad-quem de acuerdo a lo que estipula el artículo 2117, declaró inadmisible dicho recurso..."..."se aprecia que al haber renunciado la parte ejecutada al tramite del juicio ejecutivo, sometiéndose a lo dispuesto en el articulo 2117 del Código Civil, la resolución proferida por el Ad-quem, en fecha treinta de mayo del año dos mil doce, se encuentra arreglada a derecho..."..."Esta Sala aprecia sin embargo, que los órganos jurisdiccionales que conocieron del asunto en sus respectivas resoluciones, aplicaron correctamente lo dispuesto por la ley, para el asunto que nos ocupa..."..."es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad; estimando además esta Sala, que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la substanciación del trámite del juicio principal..."
Legislación citada
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 9 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M. D. C., dieciocho de febrero del año dos mil trece.VISTOS: Los antecedentes en el recurso de amparo interpuesto por: el Abogado MARIO MATIAS GALINDO MALDONADO, a favor de DANILO VELASQUEZ; recurso contra la providencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha treinta de mayo de dos mil doce, que declara inadmisible un recurso de apelación de hecho que fuera interpuesto en contra de los autos dictados por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE PUERTO CORTÉS, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha doce y dieciséis de abril del dos mil doce; con relación a la demanda ejecutiva de pago promovida por COOPERATIVA MIXTA LA PROSPERIDAD LIMITADA, (COMIXPROL).CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del recuso de amparo se aprecia que el recurrente considera que la resolución del Tribunal de Alzada no se encuentra acorde a derecho, ya que declara inadmisible el recurso de apelación de hecho, cimentándose en un informe rendido por el A-quo, con lo cual considera se confirman los autos de fecha doce (12) y dieciséis (17) de abril del año dos mil doce, autos mediante los cuales no se le dio el curso pertinente a un incidente que promoviera el afectado por estimar que el crédito es usurario, el cual fue declarado sin lugar, asimismo de una nulidad por mandamiento de pago como deudor por no ser quien figura en el titulo ejecutivo, asimismo indica el impugnante le fue rechazada la impugnación que hiciera de las costas personales y procesales supuestamente por ser extemporánea. CONSIDERANDO: Que el recurrente estima que con el acto reclamado le fue violentado la garantía del debido proceso, derecho de defensa reconocidos en los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.CONSIDERANDO: Que del análisis de los antecedentes y en específico de la resolución reclamada, se desprende que la Alzada solicitó informe al A-quo, mediante el cual se relacionó que las diligencias pertenecen a una demanda ejecutiva de pago, donde consta que el señor DANILO VELASQUEZ, renunció en el titulo de ejecución a los tramites del juicio ejecutivo como aval solidario, que el titulo de ejecución consiste en una Escritura de Primera Única y Especial Hipoteca de un Inmueble propiedad del ya relacionado ejecutado, razón por la que el Ad-quem de acuerdo a lo que estipula el artículo 2117, declaró inadmisible dicho recurso.CONSIDERANDO: Que el artículo 82 de la Constitución de la República consagra el "Derecho de Defensa", en el caso de autos, no se ha afectado de ninguna manera ese derecho; hay suficientes actuaciones que dejan al descubierto que el derecho de defensa ha estado presente en la secuela del juicio, lo que conduce a afirmar que ha tenido libre acceso a los tribunales y que sus acciones las ha desarrollado en la forma que la ley señala, y el ha tenido la posibilidad de recurrir de los proveídos que estima le causan agravios. CONSIDERANDO: Que el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República que establece que "Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece"; este principio implica no solamente el derecho a ser juzgado por un juez natural, sino que, los órganos jurisdiccionales en sus actos y resoluciones, observen las formalidades, derechos y garantías legalmente establecidas; el recurrente invoca violación del artículo constitucional antes relacionado y del estudio de autos consta que el asunto sometido al conocimiento del órgano jurisdiccional, ha sido juzgado por Juez o Tribunal competente, y en observancia del procedimiento legalmente establecido, con las motivaciones legales del caso, no resultando la existencia de infracción al derecho-garantía constitucional del debido proceso judicial. CONSIDERANDO: Que de los antecedentes, se desprende el Instrumento Número Doscientos Ocho, de Primera Única Y Especial Hipoteca de fecha diecinueve de septiembre de dos mil siete, autorizada por el Notario Hugo Reinierio Martinez Matute, donde obra la renuncia del señor DANILO VELÁSQUEZ, a los tramites del juicio ejecutivo, previos al señalamiento de la audiencia de remate. Que según lo establece el artículo 2117 del Código Civil: "Es permitido renunciar en la escritura de Hipoteca los tramites del juicio ejecutivo. En tal caso se procederá, desde luego, a la venta judicial, sirviendo de base el precio fijado por las partes en la escritura; si no hubiese fijado el precio, se establecerá por peritos.". CONSIDERANDO: Que conforme se ha establecido, se aprecia que al haber renunciado la parte ejecutada al tramite del juicio ejecutivo, sometiéndose a lo dispuesto en el articulo 2117 del Código Civil, la resolución proferida por el Ad-quem, en fecha treinta de mayo del año dos mil doce, se encuentra arreglada a derecho. CONSIDERANDO: Que asimismo el peticionario refiere que el auto de fecha dieciséis de abril de dos mil doce, que a su criterio fue confirmado con el acto reclamado, vulnerando así los derechos de su representado, ya que el A-quo resolvió en el auto de admisión del escrito de tasación de costas, ordenando la vista a las partes, considerando que lo que debió decidir fue el traslado del expediente, no obstante se observa que de acuerdo a lo que obra en autos, el recurrente interpuso la impugnación de tasación de costas personales y procesales en fecha trece de abril de dos mil doce, la cual fue declarada sin lugar por extemporánea, por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE PUERTO CORTÉS, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, mediante auto de fecha dieciséis de abril de dos mil doce, en virtud de que en fecha quince de marzo del año dos mil doce, el mismo Juzgado admitió la tasación de costas personales y procesales interpuestas por el apoderado de la parte demandante, ordenando además se practique la tasación de costas procesales y se de la vista por el termino de tres días a las parte condenada al pago, para que se pronuncie sobre su aprobación o impugnación tal como lo estipula el artículo 247 del Código de Procedimientos Comunes, este auto fue notificado al demandado en fecha diez (10) de abril del año dos mil doce, termino que transcurrió y fue vencido el día trece (13) de abril de dos mil doce, sin que el amparista hiciera uso del mismo, por lo que su solicitud fue declarada extemporánea y en consecuencia, este alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable. CONSIDERANDO: Que la alegación en que el impetrante basa su recurso, refiere que se violentaron el Derecho de Defensa y la Garantía del Debido Proceso, por considerar no ha sido juzgado con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece. Esta Sala aprecia sin embargo, que los órganos jurisdiccionales que conocieron del asunto en sus respectivas resoluciones, aplicaron correctamente lo dispuesto por la ley, para el asunto que nos ocupa.CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido, la causa que orientó su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numeral primero y noveno, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad; estimando además esta Sala, que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la substanciación del trámite del juicio principal. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 457 y 470 Código de Procedimientos de 1906; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numerales 1) y 9), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado MARIO MATIAS GALINDO MALDONADO, a favor de DANILO VELASQUEZ; recurso contra la providencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha treinta de mayo de dos mil doce; por apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad; estimándose además, que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la substanciación del trámite del juicio principal; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. Firma y sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL".
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de marzo del año dos mil trece, certificación de resolución de fecha dieciocho de febrero de dos mil trece, recaída en el recurso de Amparo Civil, registrado en ese Tribunal bajo el número 621-P856-P873=12.
DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL