Sentencia AC-613-13 — Registro 7435
Resumen
Sentencia confirmó resolución dictada por juzgado de primera instancia que declaró con lugar demanda de reivindicación de dominio promovida contra recurrente condenándolo a la restitución del inmueble objeto del juicio a favor de demandante fallo que quedó firme en relación a demanda de reivindicación de dominio promovida contra recurrente y demanda de pretensión posesoria por vía de reconvención interpuesta por recurrente contra demandante
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
...esta Sala observa del estudio de los autos, que entre el acto reclamado en amparo y la motivación de la Corte Tercera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, se aprecia la existencia de una relación de congruencia y proporcionalidad, mediante la cual se fundamenta la decisión de confirmar la resolución dictada por el A-quo en fecha veintinueve de noviembre del año dos mil doce..."..."queda evidenciado para esta Sala, que la decisión adoptada por la Corte Tercera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, ha sido emitida en correspondencia a una potestad propia de su actividad, observando en su fundamentación legal, una efectiva adecuación de las normas aplicables, garantizando con ello, la efectiva tutela a los derechos de las partes, siendo además pertinente la misma, para los efectos de sustanciar adecuadamente el trámite a ser observado en el caso controvertido..."..."las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe una resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio..."..."es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad por las razones expuestas..."
Legislación citada
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, M.D.C., diecinueve de noviembre de dos mil trece. VISTO: el presente recurso de amparo interpuesto por el Abogado OSCAR ADAN CALIX ROSALES, a favor del señor JOSE GREGORIO DUARTE PONCE, contra la sentencia dictada por la Corte Tercera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciocho de marzo del año dos mil trece, que confirma la resolución dictada por el Juzgado de Letras Primero Seccional de Danlí, departamento de El Paraíso, en fecha veintinueve de noviembre del año dos mil doce; en relación a la demanda de reivindicación de dominio, promovida por la señora ELDA DANELIA FLORES, contra el señor JOSE GREGORIO DUARTE PONCE y la demanda de pretensión posesoria por vía de reconvención interpuesta por el señor JOSE GREGORIO DUARTE PONCE, contra la señora ELDA DANELIA FLORES. CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del recurso de amparo se desprende que el recurrente es del criterio que debe subsanarse la resolución recurrida, por considerar que la sentencia que sirve como título ejecutivo para su ejecución, se carece de los requisitos legales necesarios para su emisión, ya que dicha sentencia se dictó por separado cuando debió ser dictada en la misma resolución que resolvió la demanda por reconvención. CONSIDERANDO: Que en el mismo escrito de interposición indica el recurrente que con el acto reclamado en amparo se vulneran en perjuicio de su representado entre otros, el derecho de defensa, la garantía del debido proceso y el derecho de propiedad, contenidos en los artículos 82, 90 y 103 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que el acto contra el cual se reclama en amparo lo constituye la sentencia de fecha dieciocho de marzo del año dos mil trece, mediante la cual la Corte Tercera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Abogado OSCAR ADAN CALIX ROSALES, en su condición de apoderado legal del señor JOSE GREGORIO DUARTE PONCE, y confirmó la resolución dictada por el A-quo en fecha veintinueve de noviembre del año dos mil doce, por considerar el Tribunal de Alzada que se ha constatado que la sentencia definitiva dictada por el Juzgado Primero de Letras Seccional de Danlí, departamento de El Paraíso, en fecha tres de febrero del año dos mil trece, es una sentencia firme por no haberse interpuesto recurso contra ésta y lo que procede es su ejecución, por lo que resultan improcedentes las causales de nulidad y oposición alegadas por la parte ejecutada, ya dicha sentencia, por su carácter de firme no puede ser revisada en el fondo en esa instancia. CONSIDERANDO: Que del estudio de los antecedentes se aprecia que el Tribunal de primera instancia dictó sentencia definitiva en fecha tres de febrero del año dos mil doce, mediante la cual declaró con lugar la demanda de reivindicación de dominio promovida por la señora ELDA DANELIA FLORES, contra el señor JOSE GREGORIO DUARTE PONCE, condenando al demandado a restituirle el inmueble objeto del juicio a la señora ELDA DANELIA FLORES; sentencia que fue notificada a la Abogada YAUDIE COSSETE SOTOMAYOR SOLIS, en su condición de apoderada legal señor Duarte Ponce, en fecha veintinueve de febrero del año dos mil doce, sin que se haya interpuesto recurso alguno contra ésta para obtener su subsanación, y en consecuencia quedó firme la sentencia, solicitando su ejecución el apoderado legal de la parte demandante en fecha veintiuno de mayo del año dos mil doce. CONSIDERANDO: Que según establecen los artículos 195 y 196 respectivamente del Código Procesal Civil, “Son resoluciones firmes aquellas contra las que no cabe recurso alguno bien por no preverlo la ley, bien porque, estando previsto, hubiera transcurrido el plazo legalmente fijado sin que ninguna de las partes lo haya presentado, o porque habiéndolo presentado desistiera el recurrente, o porque hubiera sido inadmitido a trámite definitivamente.”; “Habiéndose producido la firmeza por alguna de las razones expresadas en el artículo anterior, la resolución gozará del efecto de cosa juzgada formal, debiendo el tribunal estar en todo caso a lo dispuesto en ella, sin poder variarla después de firmada.” CONSIDERANDO: Que esta Sala observa del estudio de los autos, que entre el acto reclamado en amparo y la motivación de la Corte Tercera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, se aprecia la existencia de una relación de congruencia y proporcionalidad, mediante la cual se fundamenta la decisión de confirmar la resolución dictada por el A-quo en fecha veintinueve de noviembre del año dos mil doce. CONSIDERANDO: Que al haberse constatado la inexistencia de una interpretación arbitraria, manifiestamente irrazonable, o que la misma sea excesivamente rigorista, formalista o desproporcionada, queda evidenciado para esta Sala, que la decisión adoptada por la Corte Tercera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, ha sido emitida en correspondencia a una potestad propia de su actividad, observando en su fundamentación legal, una efectiva adecuación de las normas aplicables, garantizando con ello, la efectiva tutela a los derechos de las partes, siendo además pertinente la misma, para los efectos de sustanciar adecuadamente el trámite a ser observado en el caso controvertido. CONSIDERANDO: Que la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el articulo 90 de la Constitución de la Republica, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales se estima no han sido lesionados. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe una resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numeral 1), es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad por las razones expuestas. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Constitucional y en aplicación de los artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ta. Y 316 de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el amparo interpuesto por el Abogado OSCAR ADAN CALIX ROSALES, a favor del señor JOSE GREGORIO DUARTE PONCE, contra la sentencia dictada por la Corte Tercera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciocho de marzo del año dos mil trece, en virtud de haberse apreciado la concurrencia de la causal de inadmisibilidad establecida en el artículo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puesto que los alegatos esgrimidos por el recurrente son propios de instancia, toda vez que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetando las garantías constitucionales de la parte recurrente y por tanto no son susceptibles de la Garantía de Amparo; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. Firma y Sello. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA; PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el dos de diciembre de dos mil trece, certificación de la resolución de fecha diecinueve de noviembre de dos mil trece, recaída en el Recurso de Amparo Civil No.613=2013.
DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL
“CERTIFICACION: El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: la sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, M.D.C., diecinueve de noviembre de dos mil trece. VISTO: el presente recurso de amparo interpuesto por el Abogado OSCAR ADAN CALIX ROSALES, a favor del señor JOSE GREGORIO DUARTE PONCE, contra la sentencia dictada por la Corte Tercera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciocho de marzo del año dos mil trece, que confirma la resolución dictada por el Juzgado de Letras Primero Seccional de Danlí, departamento de El Paraíso, en fecha veintinueve de noviembre del año dos mil doce; en relación a la demanda de reivindicación de dominio, promovida por la señora ELDA DANELIA FLORES, contra el señor JOSE GREGORIO DUARTE PONCE y la demanda de pretensión posesoria por vía de reconvención interpuesta por el señor JOSE GREGORIO DUARTE PONCE, contra la señora ELDA DANELIA FLORES. CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del recurso de amparo se desprende que el recurrente es del criterio que debe subsanarse la resolución recurrida, por considerar que la sentencia que sirve como título ejecutivo para su ejecución, se carece de los requisitos legales necesarios para su emisión, ya que dicha sentencia se dictó por separado cuando debió ser dictada en la misma resolución que resolvió la demanda por reconvención. CONSIDERANDO: Que en el mismo escrito de interposición indica el recurrente que con el acto reclamado en amparo se vulneran en perjuicio de su representado entre otros, el derecho de defensa, la garantía del debido proceso y el derecho de propiedad, contenidos en los artículos 82, 90 y 103 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que el acto contra el cual se reclama en amparo lo constituye la sentencia de fecha dieciocho de marzo del año dos mil trece, mediante la cual la Corte Tercera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Abogado OSCAR ADAN CALIX ROSALES, en su condición de apoderado legal del señor JOSE GREGORIO DUARTE PONCE, y confirmó la resolución dictada por el A-quo en fecha veintinueve de noviembre del año dos mil doce, por considerar el Tribunal de Alzada que se ha constatado que la sentencia definitiva dictada por el Juzgado Primero de Letras Seccional de Danlí, departamento de El Paraíso, en fecha tres de febrero del año dos mil trece, es una sentencia firme por no haberse interpuesto recurso contra ésta y lo que procede es su ejecución, por lo que resultan improcedentes las causales de nulidad y oposición alegadas por la parte ejecutada, ya dicha sentencia, por su carácter de firme no puede ser revisada en el fondo en esa instancia. CONSIDERANDO: Que del estudio de los antecedentes se aprecia que el Tribunal de primera instancia dictó sentencia definitiva en fecha tres de febrero del año dos mil doce, mediante la cual declaró con lugar la demanda de reivindicación de dominio promovida por la señora ELDA DANELIA FLORES, contra el señor JOSE GREGORIO DUARTE PONCE, condenando al demandado a restituirle el inmueble objeto del juicio a la señora ELDA DANELIA FLORES; sentencia que fue notificada a la Abogada YAUDIE COSSETE SOTOMAYOR SOLIS, en su condición de apoderada legal señor Duarte Ponce, en fecha veintinueve de febrero del año dos mil doce, sin que se haya interpuesto recurso alguno contra ésta para obtener su subsanación, y en consecuencia quedó firme la sentencia, solicitando su ejecución el apoderado legal de la parte demandante en fecha veintiuno de mayo del año dos mil doce. CONSIDERANDO: Que según establecen los artículos 195 y 196 respectivamente del Código Procesal Civil, “Son resoluciones firmes aquellas contra las que no cabe recurso alguno bien por no preverlo la ley, bien porque, estando previsto, hubiera transcurrido el plazo legalmente fijado sin que ninguna de las partes lo haya presentado, o porque habiéndolo presentado desistiera el recurrente, o porque hubiera sido inadmitido a trámite definitivamente.”; “Habiéndose producido la firmeza por alguna de las razones expresadas en el artículo anterior, la resolución gozará del efecto de cosa juzgada formal, debiendo el tribunal estar en todo caso a lo dispuesto en ella, sin poder variarla después de firmada.” CONSIDERANDO: Que esta Sala observa del estudio de los autos, que entre el acto reclamado en amparo y la motivación de la Corte Tercera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, se aprecia la existencia de una relación de congruencia y proporcionalidad, mediante la cual se fundamenta la decisión de confirmar la resolución dictada por el A-quo en fecha veintinueve de noviembre del año dos mil doce. CONSIDERANDO: Que al haberse constatado la inexistencia de una interpretación arbitraria, manifiestamente irrazonable, o que la misma sea excesivamente rigorista, formalista o desproporcionada, queda evidenciado para esta Sala, que la decisión adoptada por la Corte Tercera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, ha sido emitida en correspondencia a una potestad propia de su actividad, observando en su fundamentación legal, una efectiva adecuación de las normas aplicables, garantizando con ello, la efectiva tutela a los derechos de las partes, siendo además pertinente la misma, para los efectos de sustanciar adecuadamente el trámite a ser observado en el caso controvertido. CONSIDERANDO: Que la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el articulo 90 de la Constitución de la Republica, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales se estima no han sido lesionados. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe una resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numeral 1), es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad por las razones expuestas. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Constitucional y en aplicación de los artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ta. Y 316 de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el amparo interpuesto por el Abogado OSCAR ADAN CALIX ROSALES, a favor del señor JOSE GREGORIO DUARTE PONCE, contra la sentencia dictada por la Corte Tercera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciocho de marzo del año dos mil trece, en virtud de haberse apreciado la concurrencia de la causal de inadmisibilidad establecida en el artículo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puesto que los alegatos esgrimidos por el recurrente son propios de instancia, toda vez que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetando las garantías constitucionales de la parte recurrente y por tanto no son susceptibles de la Garantía de Amparo; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. Firma y Sello. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA; PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el dos de diciembre de dos mil trece, certificación de la resolución de fecha diecinueve de noviembre de dos mil trece, recaída en el Recurso de Amparo Civil No.613=2013. Firma y sello.
DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-