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Sentencia AC-583-13 — Registro 7434

Resumen

Resolución declaró de oficio nulidad parcial de actuaciones unicamente de las relacionadas a la tramitación de la demanda de juicio posesorio interpuesta por vía de reconvención por considerar que la demanda por vía de reconvención referente a un juicio posesorio es de tramitación por juicio abreviado y la demanda principal de reivindicación de dominio es de tramitación por el juicio ordinario

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."esta Sala observa del estudio de los autos, que entre el acto reclamado en amparo y la motivación de la Corte Tercera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, se aprecia la existencia de una relación de congruencia y proporcionalidad, mediante la cual se fundamenta la decisión de declarar de oficio nulidad parcial de actuaciones, únicamente de las relacionadas a la tramitación de la demanda de juicio posesorio interpuesta por vía de reconvención..."..."al haberse constatado la inexistencia de una interpretación arbitraria, manifiestamente irrazonable, o que la misma sea excesivamente rigorista, formalista o desproporcionada, queda evidenciado para esta Sala, que la decisión adoptada por la Corte Tercera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, ha sido emitida en correspondencia a una potestad propia de su actividad, observando en su fundamentación legal, una efectiva adecuación de las normas aplicables, garantizando con ello, la efectiva tutela a los derechos de las partes, siendo además pertinente la misma, para los efectos de sustanciar adecuadamente el trámite a ser observado en el caso controvertido..."..."las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe una resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio..."..."es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad por las razones expuestas..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, M.D.C., diecinueve de noviembre de dos mil trece. VISTO: el presente recurso de amparo interpuesto por el Abogado OSCAR ADAN CALIX ROSALES, a favor del señor JOSE GREGORIO DUARTE PONCE, contra la sentencia dictada por la Corte Tercera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecinueve de marzo del año dos mil trece, que resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Primero Seccional de Danlí, departamento de El Paraíso, en fecha veintidós de noviembre del año dos mil doce; en relación a la demanda de reivindicación de dominio, promovida por la señora ELDA DANELIA FLORES, contra el señor JOSE GREGORIO DUARTE PONCE y la demanda de pretensión posesoria por vía de reconvención interpuesta por el señor JOSE GREGORIO DUARTE PONCE, contra la señora ELDA DANELIA FLORES. CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del recurso de amparo se desprende que el recurrente es del criterio que debe subsanarse la resolución recurrida, por considerar que en el caso de autos concurren todos los requisitos para tramitarse por vía de reconvención en juicio ordinario, la demanda de pretensión posesoria interpuesta por el señor JOSE GREGORIO DUARTE PONCE, contra la señora ELDA DANELIA FLORES. CONSIDERANDO: Que en el mismo escrito de interposición indica el recurrente que con el acto reclamado en amparo se vulneran en perjuicio de su representado, la garantía del debido proceso y el derecho de propiedad, contenidos en los artículos 90 y 103 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que el acto contra el cual se reclama en amparo lo constituye la sentencia de fecha diecinueve de marzo del año dos mil trece, mediante la cual la Corte Tercera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, declaró de oficio nulidad parcial de actuaciones únicamente de las relacionadas a la tramitación de la demanda de juicio posesorio interpuesta por vía de reconvención, por considerar el Tribunal de Alzada que en el caso de autos es claro que la demanda interpuesta por vía de reconvención referente a un juicio posesorio es de tramitación por juicio abreviado y la demanda principal de reivindicación de dominio es de tramitación por el juicio ordinario, por lo que la mencionada reconvención nunca debió ser admitida ya que, aunque se manifieste ser una pretensión conexa, dicha disposición no es aplicable al caso de mérito, en vista que las pretensiones conexas solo son admisibles por vía de reconvención cuando se trate de demandas por cuantía o de reclamación de cantidad, presupuesto que no se cumple en el presente casos. CONSIDERANDO: Que según establece el artículo 435 numeral 2) del Código Procesal Civil, “No se admitirá la reconvención cuando el juez carezca de competencia por razón de la materia o de la cuantía, o cuando la pretensión deba decidirse en un proceso de diferente tipo. Sin embargo, podrá interponerse mediante reconvención en el procedimiento ordinario la pretensión conexa que, por razón de la cuantía, hubiere de ventilarse en un procedimiento abreviado.” CONSIDERANDO: Que asimismo, el artículo 715 numeral 1) del citado Código Procesal Civil dispone que “si se apreciare la existencia de infracción procesal que origine la nulidad absoluta de las actuaciones o de parte de ellas, el Juzgado o tribunal lo declarará así, y ordenará la retroacción de las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que la originó.” CONSIDERANDO: Que esta Sala observa del estudio de los autos, que entre el acto reclamado en amparo y la motivación de la Corte Tercera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, se aprecia la existencia de una relación de congruencia y proporcionalidad, mediante la cual se fundamenta la decisión de declarar de oficio nulidad parcial de actuaciones, únicamente de las relacionadas a la tramitación de la demanda de juicio posesorio interpuesta por vía de reconvención. CONSIDERANDO: Que al haberse constatado la inexistencia de una interpretación arbitraria, manifiestamente irrazonable, o que la misma sea excesivamente rigorista, formalista o desproporcionada, queda evidenciado para esta Sala, que la decisión adoptada por la Corte Tercera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, ha sido emitida en correspondencia a una potestad propia de su actividad, observando en su fundamentación legal, una efectiva adecuación de las normas aplicables, garantizando con ello, la efectiva tutela a los derechos de las partes, siendo además pertinente la misma, para los efectos de sustanciar adecuadamente el trámite a ser observado en el caso controvertido. CONSIDERANDO: Que la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el articulo 90 de la Constitución de la Republica, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales se estima no han sido lesionados. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe una resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numeral 1), es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad por las razones expuestas. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Constitucional y en aplicación de los artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ta. Y 316 de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el amparo interpuesto por el Abogado OSCAR ADAN CALIX ROSALES, a favor del señor JOSE GREGORIO DUARTE PONCE, contra la sentencia dictada por la Corte Tercera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecinueve de marzo del año dos mil trece, en virtud de haberse apreciado la concurrencia de la causal de inadmisibilidad establecida en el artículo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puesto que los alegatos esgrimidos por el recurrente son propios de instancia, toda vez que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetando las garantías constitucionales de la parte recurrente y por tanto no son susceptibles de la Garantía de Amparo; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. Firma y Sello. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA; PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el dos de diciembre de dos mil trece, certificación de la resolución de fecha diecinueve de noviembre de dos mil trece, recaída en el Recurso de Amparo Civil No.583=2013.

DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL

“CERTIFICACION: El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: la sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, M.D.C., diecinueve de noviembre de dos mil trece. VISTO: el presente recurso de amparo interpuesto por el Abogado OSCAR ADAN CALIX ROSALES, a favor del señor JOSE GREGORIO DUARTE PONCE, contra la sentencia dictada por la Corte Tercera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecinueve de marzo del año dos mil trece, que resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Primero Seccional de Danlí, departamento de El Paraíso, en fecha veintidós de noviembre del año dos mil doce; en relación a la demanda de reivindicación de dominio, promovida por la señora ELDA DANELIA FLORES, contra el señor JOSE GREGORIO DUARTE PONCE y la demanda de pretensión posesoria por vía de reconvención interpuesta por el señor JOSE GREGORIO DUARTE PONCE, contra la señora ELDA DANELIA FLORES. CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del recurso de amparo se desprende que el recurrente es del criterio que debe subsanarse la resolución recurrida, por considerar que en el caso de autos concurren todos los requisitos para tramitarse por vía de reconvención en juicio ordinario, la demanda de pretensión posesoria interpuesta por el señor JOSE GREGORIO DUARTE PONCE, contra la señora ELDA DANELIA FLORES. CONSIDERANDO: Que en el mismo escrito de interposición indica el recurrente que con el acto reclamado en amparo se vulneran en perjuicio de su representado, la garantía del debido proceso y el derecho de propiedad, contenidos en los artículos 90 y 103 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que el acto contra el cual se reclama en amparo lo constituye la sentencia de fecha diecinueve de marzo del año dos mil trece, mediante la cual la Corte Tercera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, declaró de oficio nulidad parcial de actuaciones únicamente de las relacionadas a la tramitación de la demanda de juicio posesorio interpuesta por vía de reconvención, por considerar el Tribunal de Alzada que en el caso de autos es claro que la demanda interpuesta por vía de reconvención referente a un juicio posesorio es de tramitación por juicio abreviado y la demanda principal de reivindicación de dominio es de tramitación por el juicio ordinario, por lo que la mencionada reconvención nunca debió ser admitida ya que, aunque se manifieste ser una pretensión conexa, dicha disposición no es aplicable al caso de mérito, en vista que las pretensiones conexas solo son admisibles por vía de reconvención cuando se trate de demandas por cuantía o de reclamación de cantidad, presupuesto que no se cumple en el presente casos. CONSIDERANDO: Que según establece el artículo 435 numeral 2) del Código Procesal Civil, “No se admitirá la reconvención cuando el juez carezca de competencia por razón de la materia o de la cuantía, o cuando la pretensión deba decidirse en un proceso de diferente tipo. Sin embargo, podrá interponerse mediante reconvención en el procedimiento ordinario la pretensión conexa que, por razón de la cuantía, hubiere de ventilarse en un procedimiento abreviado.” CONSIDERANDO: Que asimismo, el artículo 715 numeral 1) del citado Código Procesal Civil dispone que “si se apreciare la existencia de infracción procesal que origine la nulidad absoluta de las actuaciones o de parte de ellas, el Juzgado o tribunal lo declarará así, y ordenará la retroacción de las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que la originó.” CONSIDERANDO: Que esta Sala observa del estudio de los autos, que entre el acto reclamado en amparo y la motivación de la Corte Tercera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, se aprecia la existencia de una relación de congruencia y proporcionalidad, mediante la cual se fundamenta la decisión de declarar de oficio nulidad parcial de actuaciones, únicamente de las relacionadas a la tramitación de la demanda de juicio posesorio interpuesta por vía de reconvención. CONSIDERANDO: Que al haberse constatado la inexistencia de una interpretación arbitraria, manifiestamente irrazonable, o que la misma sea excesivamente rigorista, formalista o desproporcionada, queda evidenciado para esta Sala, que la decisión adoptada por la Corte Tercera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, ha sido emitida en correspondencia a una potestad propia de su actividad, observando en su fundamentación legal, una efectiva adecuación de las normas aplicables, garantizando con ello, la efectiva tutela a los derechos de las partes, siendo además pertinente la misma, para los efectos de sustanciar adecuadamente el trámite a ser observado en el caso controvertido. CONSIDERANDO: Que la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el articulo 90 de la Constitución de la Republica, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales se estima no han sido lesionados. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe una resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numeral 1), es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad por las razones expuestas. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Constitucional y en aplicación de los artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ta. Y 316 de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el amparo interpuesto por el Abogado OSCAR ADAN CALIX ROSALES, a favor del señor JOSE GREGORIO DUARTE PONCE, contra la sentencia dictada por la Corte Tercera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecinueve de marzo del año dos mil trece, en virtud de haberse apreciado la concurrencia de la causal de inadmisibilidad establecida en el artículo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puesto que los alegatos esgrimidos por el recurrente son propios de instancia, toda vez que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetando las garantías constitucionales de la parte recurrente y por tanto no son susceptibles de la Garantía de Amparo; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. Firma y Sello. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA; PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el dos de diciembre de dos mil trece, certificación de la resolución de fecha diecinueve de noviembre de dos mil trece, recaída en el Recurso de Amparo Civil No.583=2013. Firma y sello.

DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL