Sentencia AC-531-13 — Registro 7364
Resumen
Sentencia en consulta que otorgó recurso de amparo a favor de recurrente contra auto dictado por juzgado de primera instancia que declaró inadmisible cuestión de competencia por inhibitoria promovido por recurrente con relación a cuestión de competencia por inhibitoria en demanda de divorcio promovida por recurrente contra demandado
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio expresado por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de Francisco Morazán, en su sentencia de veintinueve de mayo de dos mil trece, cuando señala que el Juez de Instancia no debió haber declarado la inadmisibilidad del escrito que contiene la cuestión de competencia por inhibitoria presentado por la señora KARLA LIZETH MARTÍNEZ ROMERO, pues a esa fecha, a pesar de la vigencia de una nueva ley procesal, aun se encontraba ejerciendo su imperio normativo el Código de Procedimientos Comunes de 1906, de conformidad a lo establecido en el Artículo 913 del Código Procesal Civil, por lo que el escrito que contiene la cuestión de competencia por inhibitoria está presentado de acuerdo a aquella legislación vigente a la fecha de presentado de tal incidente. Sumado a lo anterior se imposibilitó el acceso a interponer el recurso correspondiente al no ordenarse su notificación..."..."la Sala es del criterio porque se confirme la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de Francisco Morazán, de fecha veintinueve de mayo de dos mil trece, que otorgó el recurso interpuesto por la Abogada SILVIA LORENA BONILLA MATAMOROS a favor de la señora KARLA LIZETH MARTINEZ ROMERO..."
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
- Código Procesal Civil, art. 913 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de Diciembre de dos mil trece. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil, departamento de Francisco Morazán, en fecha veintinueve de mayo de dos mil trece, que otorgó el recurso interpuesto por la Abogada SILVIA LORENA BONILLA MATAMOROS a favor de la señora KARLA LIZETH MARTINEZ ROMERO, contra el auto dictado por el Juzgado de Letras de Familia, departamento de Francisco Morazán, en fecha trece de diciembre de dos mil diez; con relación a la cuestión de competencia por inhibitoria en relación a la demanda de divorcio promovida por la señora KARLA LIZETH MARTINEZ ROMERO contra el señor JULIO ALBERTO GOMEZ TORRES. Estimando la recurrente que con el acto reclamado se ha violentado en perjuicio de su representado los Artículos 64, 80, 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES. 1) Que en fecha siete de diciembre de dos mil diez, compareció ante el Juzgado de Letras de Familia, departamento de Francisco Morazán, la señora KARLA LIZETH MARTINEZ ROMERO, en su condición personal, interponiendo cuestión de competencia por inhibitoria en relación a la demanda de divorcio, contra el señor JULIO ALBERTO GOMEZ TORRES. 2) Que en fecha trece de diciembre del año dos mil diez, el Juzgado de Letras de Familia, departamento de Francisco Morazán, resolvió: (Sic) “Declarar inadmisible la solicitud de. Se promueve cuestión de competencia por inhibitoria; ya que el primero de Noviembre del año dos mil diez entro en vigencia el Código Procesal Civil y tuvo una vacatio legis de tres años y medio y por lo tanto es un proceso nuevo y lo está presentando con el Código del año 1906, no cumple con ninguno de los presupuestos procesales exigidos en este Código Procesal Civil, en los artículos 583 y el 425 da las formalidades de la demanda, por lo tanto ordena el archivo de las presentes diligencias y la devolución de los anexos, por contener la misma defectos insubsanables.…” (Folio cinco (05) de los antecedentes de primera instancia). 3) Que en fecha diecisiete de febrero del año dos mil once, compareció ante la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil, departamento de Francisco Morazán, la abogada SILVIA LORENA BONILLA MATAMOROS interponiendo recurso de amparo a favor de la señora KARLA LIZETH MARTINEZ ROMERO, contra el auto de fecha trece de diciembre del año dos mil diez, emitido por el Juzgado de Letras de Familia, departamento de Francisco Morazán, por considerar que dicha sentencia es violatoria de lo dispuesto en los artículos 64, 80, 82 y 90 de la Constitución de la República. 4) En fecha veintinueve de mayo del año dos mil trece, la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil, departamento de Francisco Morazán, falló: (Sic) “PRIMERO: SE OTORGA LA ACCION DE AMPARO INTERPUESTA POR LA ABOGADA SILVIA LORENA BONILLA MATAMOROS y el PASANTE DE LA CARRERA DE DERECHO JORGE LUIS CALIX ESPINAL, a favor de la señora KARLA LIZETH MARTINEZ ROMERO, contra el auto de fecha 13 de diciembre de 2010.- SEGUNDO: Se indica en forma precisa al Juzgado de Letras de Familia del Departamento de Francisco Morazán, una vez ventilado el trámite de consulta obligatoria para ante la sala de lo constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia, que deberá proceder a la admisión del escrito de cuestión de competencia por inhibitoria presentado por la señora KARLA LIZETH MARTINEZ ROMERO…” (Folios treinta y siete (37) al treinta y nueve (39) de la pieza de segunda instancia). 5) Que en fecha diecisiete de julio de dos mil trece, este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo relacionado en el inciso anterior, en estricto cumplimiento al artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO UNO (1): Que al tenor de lo que dispone el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras, contemplada en el Artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley. CONSIDERANDO DOS (2): Que se conoce en consulta obligatoria la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil, departamento de Francisco Morazán, en fecha veintinueve de mayo de dos mil trece, que otorgó el recurso interpuesto por la Abogada SILVIA LORENA BONILLA MATAMOROS a favor de la señora KARLA LIZETH MARTINEZ ROMERO, contra el auto dictado por el Juzgado de Letras de Familia, departamento de Francisco Morazán, en fecha trece de diciembre de dos mil diez; con relación a la cuestión de competencia por inhibitoria en relación a la demanda de divorcio promovida por la señora KARLA LIZETH MARTINEZ ROMERO contra el señor JULIO ALBERTO GOMEZ TORRES. CONSIDERANDO TRES (3): Que la reclamante sustentó su recurso de amparo ante la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de Francisco Morazán, manifestando básicamente que dicha resolución es violatoria de los derechos estipulados en los Artículos 64, 80, 82 y 90 de la Constitución de la República, puesto que la cuestión de incompetencia por inhibitoria fue presentada por el Código de Procedimientos Comunes a pesar de estar en vigencia el Código Procesal Civil, ya que según lo dispuesto en el Artículo 913 de éste último los juicios declarativos que se encuentren en primera instancia de conformidad con la legislación procesal civil anterior y a partir de la fecha de esas resoluciones se aplicará el Código Procesal Civil; y tomando en cuenta que la demanda de divorcio fue presentada el nueve de septiembre de dos mil diez con el Código de Procedimientos Comunes, el juicio debía continuar con el Código de Procedimientos Comunes; ya que sobre tal negocio jurídico no había recaído sentencia o auto que diera fin al asunto. De igual manera los recurrentes expresan que el auto por medio del cual se inadmite a trámite la cuestión de competencia por inhibitoria concluyó con la formula “CÚMPLACE” y no con la formula “NOTIFIQUESE”, por lo que se deja en completa indefensión arrebatando el derecho a recurrir la resolución. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio expresado por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de Francisco Morazán, en su sentencia de veintinueve de mayo de dos mil trece, cuando señala que el Juez de Instancia no debió haber declarado la inadmisibilidad del escrito que contiene la cuestión de competencia por inhibitoria presentado por la señora KARLA LIZETH MARTÍNEZ ROMERO, pues a esa fecha, a pesar de la vigencia de una nueva ley procesal, aun se encontraba ejerciendo su imperio normativo el Código de Procedimientos Comunes de 1906, de conformidad a lo establecido en el Artículo 913 del Código Procesal Civil, por lo que el escrito que contiene la cuestión de competencia por inhibitoria está presentado de acuerdo a aquella legislación vigente a la fecha de presentado de tal incidente. Sumado a lo anterior se imposibilitó el acceso a interponer el recurso correspondiente al no ordenarse su notificación. CONSIDERANDO CINCO (5): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por Magistrados y Jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho. CONSIDERANDO SIETE (7): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo. CONSIDERANDO OCHO (8): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que por las razones anteriormente expuestas, la Sala es del criterio porque se confirme la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de Francisco Morazán, de fecha veintinueve de mayo de dos mil trece, que otorgó el recurso interpuesto por la Abogada SILVIA LORENA BONILLA MATAMOROS a favor de la señora KARLA LIZETH MARTINEZ ROMERO. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos 1,82,183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 , 46 numeral 3) y 9), 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA:CONFIRMAR la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de Francisco Morazán, de veintinueve de mayo de dos mil trece; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- Redactó el Magistrado GARCÍA GARCÍA.- NOTIFIQUESE. Firma y Sello. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA; PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL".
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el catorce de enero de dos mil catorce, certificación de la sentencia de fecha nueve de diciembre de dos mil trece, recaída en el Recurso de Amparo Civil venido en Consulta No.531=13.
DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL
“CERTIFICACION: El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: la sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de Diciembre de dos mil trece. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil, departamento de Francisco Morazán, en fecha veintinueve de mayo de dos mil trece, que otorgó el recurso interpuesto por la Abogada SILVIA LORENA BONILLA MATAMOROS a favor de la señora KARLA LIZETH MARTINEZ ROMERO, contra el auto dictado por el Juzgado de Letras de Familia, departamento de Francisco Morazán, en fecha trece de diciembre de dos mil diez; con relación a la cuestión de competencia por inhibitoria en relación a la demanda de divorcio promovida por la señora KARLA LIZETH MARTINEZ ROMERO contra el señor JULIO ALBERTO GOMEZ TORRES. Estimando la recurrente que con el acto reclamado se ha violentado en perjuicio de su representado los Artículos 64, 80, 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES. 1) Que en fecha siete de diciembre de dos mil diez, compareció ante el Juzgado de Letras de Familia, departamento de Francisco Morazán, la señora KARLA LIZETH MARTINEZ ROMERO, en su condición personal, interponiendo cuestión de competencia por inhibitoria en relación a la demanda de divorcio, contra el señor JULIO ALBERTO GOMEZ TORRES. 2) Que en fecha trece de diciembre del año dos mil diez, el Juzgado de Letras de Familia, departamento de Francisco Morazán, resolvió: (Sic) “Declarar inadmisible la solicitud de. Se promueve cuestión de competencia por inhibitoria; ya que el primero de Noviembre del año dos mil diez entro en vigencia el Código Procesal Civil y tuvo una vacatio legis de tres años y medio y por lo tanto es un proceso nuevo y lo está presentando con el Código del año 1906, no cumple con ninguno de los presupuestos procesales exigidos en este Código Procesal Civil, en los artículos 583 y el 425 da las formalidades de la demanda, por lo tanto ordena el archivo de las presentes diligencias y la devolución de los anexos, por contener la misma defectos insubsanables.…” (Folio cinco (05) de los antecedentes de primera instancia). 3) Que en fecha diecisiete de febrero del año dos mil once, compareció ante la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil, departamento de Francisco Morazán, la abogada SILVIA LORENA BONILLA MATAMOROS interponiendo recurso de amparo a favor de la señora KARLA LIZETH MARTINEZ ROMERO, contra el auto de fecha trece de diciembre del año dos mil diez, emitido por el Juzgado de Letras de Familia, departamento de Francisco Morazán, por considerar que dicha sentencia es violatoria de lo dispuesto en los artículos 64, 80, 82 y 90 de la Constitución de la República. 4) En fecha veintinueve de mayo del año dos mil trece, la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil, departamento de Francisco Morazán, falló: (Sic) “PRIMERO: SE OTORGA LA ACCION DE AMPARO INTERPUESTA POR LA ABOGADA SILVIA LORENA BONILLA MATAMOROS y el PASANTE DE LA CARRERA DE DERECHO JORGE LUIS CALIX ESPINAL, a favor de la señora KARLA LIZETH MARTINEZ ROMERO, contra el auto de fecha 13 de diciembre de 2010.- SEGUNDO: Se indica en forma precisa al Juzgado de Letras de Familia del Departamento de Francisco Morazán, una vez ventilado el trámite de consulta obligatoria para ante la sala de lo constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia, que deberá proceder a la admisión del escrito de cuestión de competencia por inhibitoria presentado por la señora KARLA LIZETH MARTINEZ ROMERO…” (Folios treinta y siete (37) al treinta y nueve (39) de la pieza de segunda instancia). 5) Que en fecha diecisiete de julio de dos mil trece, este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo relacionado en el inciso anterior, en estricto cumplimiento al artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO UNO (1): Que al tenor de lo que dispone el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras, contemplada en el Artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley. CONSIDERANDO DOS (2): Que se conoce en consulta obligatoria la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil, departamento de Francisco Morazán, en fecha veintinueve de mayo de dos mil trece, que otorgó el recurso interpuesto por la Abogada SILVIA LORENA BONILLA MATAMOROS a favor de la señora KARLA LIZETH MARTINEZ ROMERO, contra el auto dictado por el Juzgado de Letras de Familia, departamento de Francisco Morazán, en fecha trece de diciembre de dos mil diez; con relación a la cuestión de competencia por inhibitoria en relación a la demanda de divorcio promovida por la señora KARLA LIZETH MARTINEZ ROMERO contra el señor JULIO ALBERTO GOMEZ TORRES. CONSIDERANDO TRES (3): Que la reclamante sustentó su recurso de amparo ante la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de Francisco Morazán, manifestando básicamente que dicha resolución es violatoria de los derechos estipulados en los Artículos 64, 80, 82 y 90 de la Constitución de la República, puesto que la cuestión de incompetencia por inhibitoria fue presentada por el Código de Procedimientos Comunes a pesar de estar en vigencia el Código Procesal Civil, ya que según lo dispuesto en el Artículo 913 de éste último los juicios declarativos que se encuentren en primera instancia de conformidad con la legislación procesal civil anterior y a partir de la fecha de esas resoluciones se aplicará el Código Procesal Civil; y tomando en cuenta que la demanda de divorcio fue presentada el nueve de septiembre de dos mil diez con el Código de Procedimientos Comunes, el juicio debía continuar con el Código de Procedimientos Comunes; ya que sobre tal negocio jurídico no había recaído sentencia o auto que diera fin al asunto. De igual manera los recurrentes expresan que el auto por medio del cual se inadmite a trámite la cuestión de competencia por inhibitoria concluyó con la formula “CÚMPLACE” y no con la formula “NOTIFIQUESE”, por lo que se deja en completa indefensión arrebatando el derecho a recurrir la resolución. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio expresado por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de Francisco Morazán, en su sentencia de veintinueve de mayo de dos mil trece, cuando señala que el Juez de Instancia no debió haber declarado la inadmisibilidad del escrito que contiene la cuestión de competencia por inhibitoria presentado por la señora KARLA LIZETH MARTÍNEZ ROMERO, pues a esa fecha, a pesar de la vigencia de una nueva ley procesal, aun se encontraba ejerciendo su imperio normativo el Código de Procedimientos Comunes de 1906, de conformidad a lo establecido en el Artículo 913 del Código Procesal Civil, por lo que el escrito que contiene la cuestión de competencia por inhibitoria está presentado de acuerdo a aquella legislación vigente a la fecha de presentado de tal incidente. Sumado a lo anterior se imposibilitó el acceso a interponer el recurso correspondiente al no ordenarse su notificación. CONSIDERANDO CINCO (5): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por Magistrados y Jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho. CONSIDERANDO SIETE (7): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo. CONSIDERANDO OCHO (8): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que por las razones anteriormente expuestas, la Sala es del criterio porque se confirme la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de Francisco Morazán, de fecha veintinueve de mayo de dos mil trece, que otorgó el recurso interpuesto por la Abogada SILVIA LORENA BONILLA MATAMOROS a favor de la señora KARLA LIZETH MARTINEZ ROMERO. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos 1,82,183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 , 46 numeral 3) y 9), 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA:CONFIRMAR la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de Francisco Morazán, de veintinueve de mayo de dos mil trece; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- Redactó el Magistrado GARCÍA GARCÍA.- NOTIFIQUESE. Firma y Sello. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA; PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL". Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el catorce de enero de dos mil catorce, certificación de la sentencia de fecha nueve de diciembre de dos mil trece, recaída en el Recurso de Amparo Civil venido en Consulta No.531=13. Firma y Sello.
DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL