Sentencia AC-526-13 — Registro 7115
Resumen
Resolución desestimó recurso de apelación en relación a decision judicial sobre medidas cautelares en causa contra los señores María Lusila Hernández y Maycon Alexander Cardona Palomo por suponerlos responsables de los delitos de extorción y chantaje en perjuicio de recurrente
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."ha sido criterio reiterado de esta Sala de lo Constitucional, que la imposición de medidas cautelares es en principio una decisión propia de la jurisdicción penal, misma que aplica atendiendo a los requisitos exigidos por la ley y en atención a su finalidad, que se encuentra dispuesta por el artículo 172 del Código Procesal Penal[1]..."..."la Sala ha concluido que la imposición de medidas cautelares comporta un juicio propio de instancia y por lo tanto no susceptible de amparo, a menos que se advierta arbitrariedad en la decisión del juzgador o que tal decisión ponga en precario los derechos que la Constitución reconoce, al advertirse que la misma se ha tomado como resultado de una valoración defectuosa de los hechos o de la prueba aportada en forma oportuna por las partes..."..."este Tribunal aprecia que la resolución del Ad Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetando el derecho de defensa y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes..."..."es improcedente el recurso de amparo, entre otros casos, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad..."..."el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos..."
Legislación citada
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecisiete de diciembre de dos mil trece. VISTO: el Recurso de Amparo Penal interpuesto por el Abogado LUIS FERNANDO MARADIAGA a favor del señor EDWIN JACOBO NAZAR CASTRO, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE COMAYAGUA, COMAYAGUA, en fecha veintiocho de mayo de dos mil trece, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA, COMAYAGUA, con relación a la causa instruida contra los señores MARIA LUCILA HERNANDEZ y MAYCON ALEXANDER CARDONA PALOMO, por suponerlos responsables de los delitos de EXTORSIÓN Y CHANTAJE en perjuicio del señor EDWIN JACOBO NAZAR CASTRO. CONSIDERANDO: Que el recurrente estima que con su resolución el Ad-Quem ha violentado inter alia la garantía del debido proceso contenida en el Artículo 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que ha sido criterio reiterado de esta Sala de lo Constitucional, que la imposición de medidas cautelares es en principio una decisión propia de la jurisdicción penal, misma que aplica atendiendo a los requisitos exigidos por la ley y en atención a su finalidad, que se encuentra dispuesta por el artículo 172 del Código Procesal Penal[1]. En virtud de lo anterior, la Sala ha concluido que la imposición de medidas cautelares comporta un juicio propio de instancia y por lo tanto no susceptible de amparo, a menos que se advierta arbitrariedad en la decisión del juzgador o que tal decisión ponga en precario los derechos que la Constitución reconoce, al advertirse que la misma se ha tomado como resultado de una valoración defectuosa de los hechos o de la prueba aportada en forma oportuna por las partes. CONSIDERANDO: Que este Tribunal aprecia que la resolución del Ad Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetando el derecho de defensa y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, entre otros casos, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos. POR TANTO: LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, por UNANIMIDAD DE VOTOS, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los Artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ª., y 316 de la Constitución de la República; 7, 8, 172, 173, 174 y 178 del Código Procesal Penal; 5, 7, 46 numeral 1) y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el Recurso de Amparo Penal interpuesto por el Abogado LUIS FERNANDO MARADIAGA a favor del señor EDWIN JACOBO NAZAR CASTRO, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE COMAYAGUA, COMAYAGUA, en fecha veintiocho de mayo de dos mil trece, al concurrir la causal de inadmisibilidad estipulada en el Artículo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda vez que la imposición de medidas cautelares es considerado como un juicio propio de instancia y por tanto no susceptible de amparo, no advirtiéndose de lo actuado que la decisión recurrida proceda de una valoración defectuosa de los hechos o constituya una decisión arbitraria del juzgador; Y MANDA: Que se notifique la presente resolución al recurrente y que la Secretaría del Despacho, proceda a devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales que en derecho correspondan. NOTIFÍQUESE. Firma y Sello. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA; PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. EDITH MARIA LOPEZ RIVERA. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL".
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el dieciséis de enero de dos mil catorce, certificación de la resolución de fecha diecisiete de diciembre de dos mil trece, recaída en el Recurso de Amparo Penal No.526=2013.
DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL
“CERTIFICACION: El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: la sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecisiete de diciembre de dos mil trece. VISTO: el Recurso de Amparo Penal interpuesto por el Abogado LUIS FERNANDO MARADIAGA a favor del señor EDWIN JACOBO NAZAR CASTRO, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE COMAYAGUA, COMAYAGUA, en fecha veintiocho de mayo de dos mil trece, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA, COMAYAGUA, con relación a la causa instruida contra los señores MARIA LUCILA HERNANDEZ y MAYCON ALEXANDER CARDONA PALOMO, por suponerlos responsables de los delitos de EXTORSIÓN Y CHANTAJE en perjuicio del señor EDWIN JACOBO NAZAR CASTRO. CONSIDERANDO: Que el recurrente estima que con su resolución el Ad-Quem ha violentado inter alia la garantía del debido proceso contenida en el Artículo 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que ha sido criterio reiterado de esta Sala de lo Constitucional, que la imposición de medidas cautelares es en principio una decisión propia de la jurisdicción penal, misma que aplica atendiendo a los requisitos exigidos por la ley y en atención a su finalidad, que se encuentra dispuesta por el artículo 172 del Código Procesal Penal[2]. En virtud de lo anterior, la Sala ha concluido que la imposición de medidas cautelares comporta un juicio propio de instancia y por lo tanto no susceptible de amparo, a menos que se advierta arbitrariedad en la decisión del juzgador o que tal decisión ponga en precario los derechos que la Constitución reconoce, al advertirse que la misma se ha tomado como resultado de una valoración defectuosa de los hechos o de la prueba aportada en forma oportuna por las partes. CONSIDERANDO: Que este Tribunal aprecia que la resolución del Ad Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetando el derecho de defensa y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, entre otros casos, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos. POR TANTO: LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, por UNANIMIDAD DE VOTOS, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los Artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ª., y 316 de la Constitución de la República; 7, 8, 172, 173, 174 y 178 del Código Procesal Penal; 5, 7, 46 numeral 1) y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el Recurso de Amparo Penal interpuesto por el Abogado LUIS FERNANDO MARADIAGA a favor del señor EDWIN JACOBO NAZAR CASTRO, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE COMAYAGUA, COMAYAGUA, en fecha veintiocho de mayo de dos mil trece, al concurrir la causal de inadmisibilidad estipulada en el Artículo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda vez que la imposición de medidas cautelares es considerado como un juicio propio de instancia y por tanto no susceptible de amparo, no advirtiéndose de lo actuado que la decisión recurrida proceda de una valoración defectuosa de los hechos o constituya una decisión arbitraria del juzgador; Y MANDA: Que se notifique la presente resolución al recurrente y que la Secretaría del Despacho, proceda a devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales que en derecho correspondan. NOTIFÍQUESE. Firma y Sello. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA; PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. EDITH MARIA LOPEZ RIVERA. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL". Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el dieciséis de enero de dos mil catorce, certificación de la resolución de fecha diecisiete de diciembre de dos mil trece, recaída en el Recurso de Amparo Penal No.526=2013. Firma y sello.
DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL
[1] Las medidas cautelares tienen como finalidad, asegurar la eficacia del procedimiento, garantizando la presencia del imputado y la regular obtención de las fuentes de prueba.
[2] Las medidas cautelares tienen como finalidad, asegurar la eficacia del procedimiento, garantizando la presencia del imputado y la regular obtención de las fuentes de prueba.