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Sentencia AC-521-13 — Registro 7114

Resumen

Acto recurrido que desestimó el recurso de nulidad interpuesto contra el laudo arbitral emitido por el Tribunal Arbitral del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, con relación a la demanda promovida por impetrante contra el Colegio de Ingenieros de Honduras

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."En el caso que nos ocupa, no se advierte la existencia de una interpretación o decisión arbitraria por parte de la Alzada, tampoco que ésta sea manifiestamente irrazonable, excesivamente rigorista, formalista o desproporcionada, pues la decisión del Tribunal Ad-Quem ha sido emitida en correspondencia a una potestad propia de su actividad, observando en su fundamentación legal una efectiva adecuación de las normas aplicables al caso que fue llamada a conocer y resolver, garantizando con ello, la efectiva tutela a los derechos de las partes, siendo además pertinente la misma al asunto sometido a su conocimiento, para los efectos de sustanciar adecuadamente el trámite ordinario que debía ser observado en el caso controvertido..." ..."Que esta Sala observa del estudio de los autos y las normas aplicables, que entre el acto reclamado en amparo y la motivación de la autoridad recurrida, se evidencia la existencia de una relación de congruencia y proporcionalidad, mediante la cual se fundamenta la decisión de denegar el recurso de nulidad planteado, sin que dicha negativa pueda por sí misma considerarse como una trasgresión al debido proceso, toda vez que se observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable..." Que este alto Tribunal advierte de las cuestiones planteadas por el recurrente, que éstas resultan ser alegaciones de mera legalidad..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M.D.C., diecisiete de diciembre de dos mil trece. VISTO: el Recurso de Amparo Civil interpuesto por el Abogado ALDO F. COSENZA BUNGENER a favor de la Sociedad Mercantil denominada MAPFRE/ SEGUROS HONDURAS S. A., contra la sentencia dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha seis de marzo de dos mil trece, que desestimó un recurso de nulidad interpuesto contra el laudo arbitral emitido por el TRIBUNAL ARBITRAL DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE TEGUCIGALPA, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil doce, con relación a la demanda promovida por la Sociedad Mercantil denominada MAPFRE/ SEGUROS HONDURAS S. A. contra el COLEGIO DE INGENIEROS DE HONDURAS. CONSIDERANDO: Que el recurrente afirma como violatoria a la garantía del debido proceso la sentencia de fecha seis de marzo de dos mil trece, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil de este Departamento, misma que además encuentra el impetrante contraía el Artículo 321 constitucional, infiriendo por ende que la autoridad recurrida, al decidir el recurso de nulidad interpuesto se excedió en el uso de sus facultades legales debe estar desligándose del marco jurídico al que todo funcionarios público debe estar sometido. CONSIDERANDO: Que de acuerdo con la motivación plasmada por la Alzada en su fallo, la decisión arribada se basó en el hecho que si bien la empresa MAPFRE/SEGUROS HONDURAS, S.A., al tener la pretensión que el Tribunal Arbitral declarase la no existencia de una obligación con el COLEGIO DE INGENIEROS DE HONDURAS, debió tener en consideración que en caso contrario, al declararse la existencia de la obligación, debían determinarse los alcances la misma, puesto que de lo contrario el pronunciamiento de dicho Tribunal sería incompleto. De igual manera, el Tribunal de Apelación sostiene que el juicio arbitral de mérito se propuso y evacuó prueba para determinar el monto de las obligaciones de la empresa MAPFRE/HONDURAS, S.A., en base a los reclamos del COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE HONDURAS, con la cual, concluyó la Alzada, que el fallo emitido por el Tribunal Arbitral corresponde a lo acreditado con las pruebas aportadas y evacuadas en juicio. CONSIDERANDO: Que no siendo el amparo un recurso de instancia, el pronunciamiento de la Sala Constitucional con relación a éste, debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con respecto al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional. En el caso que nos ocupa, no se advierte la existencia de una interpretación o decisión arbitraria por parte de la Alzada, tampoco que ésta sea manifiestamente irrazonable, excesivamente rigorista, formalista o desproporcionada, pues la decisión del Tribunal Ad-Quem ha sido emitida en correspondencia a una potestad propia de su actividad, observando en su fundamentación legal una efectiva adecuación de las normas aplicables al caso que fue llamada a conocer y resolver, garantizando con ello, la efectiva tutela a los derechos de las partes, siendo además pertinente la misma al asunto sometido a su conocimiento, para los efectos de sustanciar adecuadamente el trámite ordinario que debía ser observado en el caso controvertido. CONSIDERANDO: Que esta Sala observa del estudio de los autos y las normas aplicables, que entre el acto reclamado en amparo y la motivación de la autoridad recurrida, se evidencia la existencia de una relación de congruencia y proporcionalidad, mediante la cual se fundamenta la decisión de denegar el recurso de nulidad planteado, sin que dicha negativa pueda por sí misma considerarse como una trasgresión al debido proceso, toda vez que se observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal advierte de las cuestiones planteadas por el recurrente, que éstas resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado de algún modo garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido, resuelto por la justicia ordinaria, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad, en la que el órgano jurisdiccional se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Constitucional y en aplicación de los artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ta. Y 316 de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el Recurso de Amparo Civil interpuesto por el Abogado ALDO F. COSENZA BUNGENER a favor de la Sociedad Mercantil denominada MAPFRE/ SEGUROS HONDURAS S. A., contra la sentencia dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha seis de marzo de dos mil trece, en virtud de haberse apreciado la concurrencia de la causal de inadmisibilidad establecida en el artículo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puesto que los alegatos esgrimidos por el recurrente son propios de instancia, toda vez que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetando las garantías constitucionales de la parte recurrente y por tanto no son susceptibles de la Garantía de Amparo; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. Firma y Sello. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA; PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. EDITH MARIA LOPEZ RIVERA. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL".

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el dieciséis de enero de dos mil catorce, certificación de la resolución de fecha diecisiete de diciembre de dos mil trece, recaída en el Recurso de Amparo Civil No.521=2013.

DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL

“CERTIFICACION: El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: la sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M.D.C., diecisiete de diciembre de dos mil trece. VISTO: el Recurso de Amparo Civil interpuesto por el Abogado ALDO F. COSENZA BUNGENER a favor de la Sociedad Mercantil denominada MAPFRE/ SEGUROS HONDURAS S. A., contra la sentencia dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha seis de marzo de dos mil trece, que desestimó un recurso de nulidad interpuesto contra el laudo arbitral emitido por el TRIBUNAL ARBITRAL DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE TEGUCIGALPA, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil doce, con relación a la demanda promovida por la Sociedad Mercantil denominada MAPFRE/ SEGUROS HONDURAS S. A. contra el COLEGIO DE INGENIEROS DE HONDURAS. CONSIDERANDO: Que el recurrente afirma como violatoria a la garantía del debido proceso la sentencia de fecha seis de marzo de dos mil trece, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil de este Departamento, misma que además encuentra el impetrante contraía el Artículo 321 constitucional, infiriendo por ende que la autoridad recurrida, al decidir el recurso de nulidad interpuesto se excedió en el uso de sus facultades legales debe estar desligándose del marco jurídico al que todo funcionarios público debe estar sometido. CONSIDERANDO: Que de acuerdo con la motivación plasmada por la Alzada en su fallo, la decisión arribada se basó en el hecho que si bien la empresa MAPFRE/SEGUROS HONDURAS, S.A., al tener la pretensión que el Tribunal Arbitral declarase la no existencia de una obligación con el COLEGIO DE INGENIEROS DE HONDURAS, debió tener en consideración que en caso contrario, al declararse la existencia de la obligación, debían determinarse los alcances la misma, puesto que de lo contrario el pronunciamiento de dicho Tribunal sería incompleto. De igual manera, el Tribunal de Apelación sostiene que el juicio arbitral de mérito se propuso y evacuó prueba para determinar el monto de las obligaciones de la empresa MAPFRE/HONDURAS, S.A., en base a los reclamos del COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE HONDURAS, con la cual, concluyó la Alzada, que el fallo emitido por el Tribunal Arbitral corresponde a lo acreditado con las pruebas aportadas y evacuadas en juicio. CONSIDERANDO: Que no siendo el amparo un recurso de instancia, el pronunciamiento de la Sala Constitucional con relación a éste, debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con respecto al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional. En el caso que nos ocupa, no se advierte la existencia de una interpretación o decisión arbitraria por parte de la Alzada, tampoco que ésta sea manifiestamente irrazonable, excesivamente rigorista, formalista o desproporcionada, pues la decisión del Tribunal Ad-Quem ha sido emitida en correspondencia a una potestad propia de su actividad, observando en su fundamentación legal una efectiva adecuación de las normas aplicables al caso que fue llamada a conocer y resolver, garantizando con ello, la efectiva tutela a los derechos de las partes, siendo además pertinente la misma al asunto sometido a su conocimiento, para los efectos de sustanciar adecuadamente el trámite ordinario que debía ser observado en el caso controvertido. CONSIDERANDO: Que esta Sala observa del estudio de los autos y las normas aplicables, que entre el acto reclamado en amparo y la motivación de la autoridad recurrida, se evidencia la existencia de una relación de congruencia y proporcionalidad, mediante la cual se fundamenta la decisión de denegar el recurso de nulidad planteado, sin que dicha negativa pueda por sí misma considerarse como una trasgresión al debido proceso, toda vez que se observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal advierte de las cuestiones planteadas por el recurrente, que éstas resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado de algún modo garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido, resuelto por la justicia ordinaria, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad, en la que el órgano jurisdiccional se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Constitucional y en aplicación de los artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ta. Y 316 de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el Recurso de Amparo Civil interpuesto por el Abogado ALDO F. COSENZA BUNGENER a favor de la Sociedad Mercantil denominada MAPFRE/ SEGUROS HONDURAS S. A., contra la sentencia dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha seis de marzo de dos mil trece, en virtud de haberse apreciado la concurrencia de la causal de inadmisibilidad establecida en el artículo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puesto que los alegatos esgrimidos por el recurrente son propios de instancia, toda vez que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetando las garantías constitucionales de la parte recurrente y por tanto no son susceptibles de la Garantía de Amparo; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. Firma y Sello. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA; PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. EDITH MARIA LOPEZ RIVERA. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL". Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el dieciséis de enero de dos mil catorce, certificación de la resolución de fecha diecisiete de diciembre de dos mil trece, recaída en el Recurso de Amparo Civil No.521=2013. Firma y sello.

DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL