Sentencia AC-468-12 — Registro 7362
Resumen
Sentencia decretó nulidad absoluta de actuaciones a partir del auto de admisión y subsiguientes actuaciones e instruyó al juzgado de primera instancia efectuar exámen respecto a la admisión de la demanda con relación a la acción de rendición de cuentas promovida por recurrente contra demandado
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."en el caso subjúdice el ad-quem no debió de haber decretado una nulidad absoluta de actuaciones a partir del auto de fecha trece de septiembre del año dos mil diez, y ello se estima así puesto que ha resultado suficientemente acreditado que en la demanda de rendición de Cuentas promovida por la señora ROSA ELVIRA LICONA MANDUJANO, contra el señor MIGUEL ÁNGEL CASTILLO LICONA, inicialmente la juez a-quo ha actuado correctamente al establecer un termino prudencial a fin de que la abogada MARTA ELENA TROCHEZ, en su calidad de Curadora Ad-litem del demandado ausente señor Miguel Ángel Castillo Licona, presentara a ese despacho judicial la correspondiente rendición de cuentas; ahora bien la referida juzgadora al acceder a la petición del personado abogado JOSÉ MIGUEL VERDIAL, para que se le requiriera, y así presentar las cuentas solicitadas, ha inobservado con ello lo preceptuado en el articulo 813 del Código de procedimientos Comunes, en otras palabras el a-quo ya había señalado un plazo prudencial de quince (15) días, para que el señor Miguel Ángel Castillo Licona, rindiera las cuentas, entendemos entonces que el referido plazo empezó su curso, siendo el mismo independiente, de si el propio demandado acudía a presentar las cuentas solicitadas o lo hacia a través de la curadora ad-litem designada o por su apoderado legal, en ese orden de ideas se estima que el personado apoderado legal debió junto con el personamiento presentar suficientemente instruida y documentada aquellas cuentas contables en las que aparezca claramente el saldo liquido que resulte, al no hacerlo así y mas bien pedir que se le requiriera por parte del Tribunal para presentar tales cuentas, aunado al hecho de que la juzgadora le concedido un nuevo termino de quince días, después de requerido para que presentara las mismas, provoca evidentemente la vulneración de la garantía constitucional del debido proceso, toda vez que se trastoca el procedimiento ya establecido; en ese sentido esta Sala estima que el incidente de previo y especial pronunciamiento de nulidad absoluta de actuaciones promovido por el abogado MARCO TULIO SOSA PERALTA, en su condición de apoderado de la señora ROSA ELVIRA LICONA MANDUJANO, era procedente y por lo tanto el fallo dictado por el ad-quem, al conocer del recurso de apelación contra la denegatoria de tal incidente; decretando para ello el Tribunal de Alzada una nulidad absoluta, que no es conforme a derecho..."..."se determina que se ha violentado el precepto constitucional del debido proceso, siendo procedente otorgar la Garantía de Amparo impetrada..."
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
Sentencia
CERTIFICACION
El infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: El fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, tres de septiembre del año dos mil trece.VISTO: Para dictar sentencia en la Acción de Amparo interpuesta por la abogada WENDY CAROLINA PEÑA MOLINA, a favor de la señora ROSA ELVIRA LICONA MANDUJANO, contra la resolución dictada en fecha veintitrés de mayo de dos mil doce, por la Corte Primera de Apelaciones de la Ceiba, Atlántida, que resolvió un Recurso de Apelación presentado contra la sentencia interlocutoria dictada en fecha trece de septiembre del año dos mil once, por el Juzgado de Letras Seccional de esa misma ciudad, con relación a la demanda de Rendición de Cuentas promovida por la señora ROSA ELVIRA LICONA MANDUJANO, contra el señor MIGUEL ANGEL CASTILLO LICONA. ANTECEDENTES 1) Que en fecha seis de septiembre del año dos mil diez, compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de la Ceiba, departamento de Atlántida, la señora ROSA ELVIRA LICONA MANDUJANO, promoviendo Demanda de Rendición de Cuentas contra el señor MIGUEL ANGEL CASTILLO LICONA. (Folio uno (01) de los antecedentes de la primera pieza de autos).2) Que en fecha veinticuatro de junio de dos mil once, el Juzgado de Letras Seccional de la Ceiba, departamento de Atlántida, dicto sentencia interlocutoria mediante la cual resolvió el incidente de Nulidad de Actuaciones interpuesto por la parte demandante, Declarando SIN LUGAR el mismo. (F. cincuenta y siete (57) al cincuenta y nueve (59) de la primera pieza de autos).3) Que conociendo del recurso de apelación promovido por el abogado MARCO TULIO SOSA PERALTA, en su condición de apoderado de la señora ROSA ELVIRA LICONA MANDUJANO, la Corte Primera de Apelaciones de la Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha veintitrés de mayo del año dos mil doce, resolvió: DECRETANDO NULIDAD ABSOLUTA DE ACTUACIONES, a partir del auto de fecha trece de septiembre del dos mil diez; y subsiguientes actuaciones de procedimiento.- Dejándose subsistentes y validas aquellas en que ha tenido lugar la acreditación de poder indistintamente de las partes; Se instruye al Juez A-quo a que efectué un examen respecto a la admisión de la demanda en contraste a lo que disponen los artículos 261 y 262 del Código de Procedimientos Civiles al momento de iniciarse la causa.- Debe observarse en su admisibilidad, si así lo estima pertinente, lo que dispone el Articulo 818 del Código de Procedimientos Civiles, vigente al momento de iniciarse la causa…” (Folios dieciséis (16) al diecinueve (19)). 4) Que en fecha dieciocho de junio del año dos mil doce, la recurrente Abogada WENDY CAROLINA PEÑA MOLINA, compareció ante esta Sala de lo Constitucional, reclamando amparo a favor de la señora ROSA ELVIRA LICONA MANDUJANO, contra la sentencia, dictada por Corte Primera de Apelaciones de la ciudad de la Ceiba, departamento de Atlántida, y que se deja relacionada en el numeral que antecede, por estimar que la misma es violatoria de los dispuesto en los artículos 90, 321 y 323 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (1): Que el amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO(2): Que la sentencia recurrida mediante esta vía constitucional, es la que fuera dictada en fecha veintitrés de mayo del año dos mil doce, por la Corte Primera de Apelaciones de la ciudad de la Ceiba, departamento de Atlantida, y por la cual decreto NULIDAD ABSOLUTA DE ACTUACIONES, a partir del auto de fecha trece de septiembre del año dos mil diez, y subsiguiente actuaciones, sentencia del ad-quem que entre varios aspectos, expone básicamente lo siguiente: “…..Que el juicio de rendición de cuentas, que sin lugar a dudas el a-quo debe saber, es un juicio especial que implica, para hacer efectivo el derecho a tutelarse: una vía declarativa y la vía ejecutiva. Derivado esto de lo dispuesto de los artículos 813 al 816 del Código de Procedimientos Civiles, mismo que estaba vigente al momento de iniciarse la causa, ya que no habiendo un pronunciamiento definitivo al momento de iniciarse la causa, era esta la normativa aplicable de acuerdo a lo preceptuado en el articulo 913 del Código Procesal Civil. Que el juicio de rendición de Cuentas bajo la egida del Código de Procedimientos Civiles de 1906, debe ser tramitado como procedimiento sumario, en el entendido de que la tutela del derecho judicial alegado ha tenido lugar, como corresponde en el asunto sometido a conocimiento judicial por vía declarativa, esto es por el procedimiento sumario, por lo que la normativa aplicable al caso de autos es lo dispuesto en los artículos 817 al 824 del Código de Procedimientos Civiles, por lo que en el caso de autos debe existir una demanda, la contestación de la misma en el termino de tres días, apertura a prueba por un termino común de diez días, la opinión del fiscal y finalmente una resolución judicial dentro del termino de ley (art. 142 del Código de Proc. Civiles); tratándose el juicio de rendición de cuentas de un juicio especial (procedimiento sumario), no cabe por lo tanto sustanciar cuestiones incidentales como si tratara de un juicio ordinario, puesto que respecto de los mismos ya el articulo 823 de la norma citada contempla lo que se deba hacer. Que el a-quo por respeto a la tutela judicial efectiva debió de haber examinado el plan de demanda y contrastar sus hechos con los artículos 261 y 262 aplicables, así como lo preceptuado del articulo 813 al 824, del ya referido Código de Procedimientos Civiles, por lo que en ese orden de ideas se estima que el acto de comunicación que implica citación y emplazamiento del demandado solo puede tener lugar dentro del termino de tres días y no en ningún termino de quince días tal y como lo dispuso el a-quo, estimándose por tanto que el a-quo ha incurrido en una abierta vulneración a las formas esenciales de procedimiento, al admitir una demanda ordenando una citación arbitraria y la sustanciación de incidente que por la naturaleza del juicio no cabe y con ello proferir un fallo interlocutorio que solo cabe en los juicios ordinarios. Igual de relevante resulta señalar que no existiendo un pronunciamiento judicial en el juicio de rendición de cuentas, no corresponde que el a-quo señale el termino que ha sido señalado para que el a-quo señale el termino que ha sido señalado para que el demandado rinda cuentas en una concepción anticipada de juicio en la cual no hay valores, no hay momentos históricos con cronología causal y de resultados de hechos facticos justiciados, lo cual implica necesariamente a la preexistencia de un juicio declarativo y que consecuentemente el a-quo debía observar, por lo que ante tales actuaciones por parte de la primera instancia debe aplicarse sanción procesal de nulidad de actuaciones judiciales. CONSIDERANDO (3): Que la recurrente no está de acuerdo con la sentencia que se deja relacionada en el acápite anterior por considerar que la misma vulnera en perjuicio de su representada la señora ROSA ELVIRA LICONA MANDUJANO, el derecho al debido proceso, así como la que establece que los funcionarios no tienen mas facultades que las que expresamente le confiere la ley, y todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad; así como la de que los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella; consignados en los artículos 90, 321 y 323 respectivamente de nuestra norma fundamental. CONSIDERANDO (4): Que la impetrante manifiesta que la garantía constitucional del debido proceso se ve vulnerada por que de acuerdo con la normativa que rige los juicios sobre Rendición de Cuentas, esto es lo preceptuado en los artículos 813 al 816 del Código de Procedimientos Civiles, no cabe que se aplique en el caso de autos lo establecido en los artículos 261 y 262 del mismo cuerpo legal, tal y lo señalado por el ad-quem en el fallo impugnado; al respecto explica que en esa clase de juicio no hay ninguna citación ni emplazamiento del demandado, si no que simplemente se le pone en conocimiento de la misma para que un plazo prudencial la examine y conteste, por lo que el plazo de tres días a que hace referencia el ad-quem no existe en esta clase de juicios, y no se le puede atribuir a la ley otro sentido que aquel resulta implícito de sus propios términos, tal y lo señala el articulo 17 del Código Civil, estimando entonces que el Tribunal de Alzada se inventa un procedimiento que no existe para el juicio de Rendición de Cuentas, por lo que no esta de acuerdo con que se haya declarado de oficio la nulidad absoluta de actuaciones desde el auto mismo de admisión, solamente por que extra petita la referida Corte considero marginarse de los autos y elucubrar un procedimiento que nunca ha regulado la rendición de Cuentas, infringiéndose con ello lo señalado en el primer párrafo del articulo 190 del Código de procedimientos Civiles, al pronunciarse el ad-quem sobre extremos que no fueron objeto de debate, dice estar en la creencia de que ya había fenecido la famosa la nulidad de oficio, esto por que en reiterados fallos de la Corte Suprema de Justicia, se ha sostenido entorno a la misma que de acuerdo con la moderna teoría de nulidad, esta se decretara únicamente cuando se produzca o pueda causarse un perjuicio, de tal manera que solo declarando la nulidad se pueda subsanar la falta o irregularidad; aduce la recurrente que en el caso de autos mas bien lo que ha ocurrido con el fallo del ad-quem al declarar una nulidad que no se la ha pedido, es que ha causado perjuicio a su representada. CONSIDERANDO (5): Sigue manifestando la impetrante que el fallo dictado por el Tribunal de Alzada infringe el articulo 321 de la Constitución de la Republica, contentivo del Principio de Legalidad o competencia reglada, y esto lo estima así por que dice que el caso de merito, el obligado a rendir cuentas no las presento en el plazo prudencial que se le concedió por parte del a-quo, tal y lo preceptuado en el articulo 813 del Código de Procedimientos Civiles, por lo que al tenor de lo que preceptúa el articulo 815 del mismo texto normativo, la persona que ha pedido la rendición de cuentas queda autorizada para que la formule e invirtiéndose el proceso señalado, al ponerse en conocimiento del obligado a rendir cuentas, para que en el plazo prudencial que conceda el Tribunal, pueda examinarla y, si formula, dentro del mismo, observaciones, entonces el juicio se deberá ventilar de acuerdo con arreglo al procedimiento que corresponda conforme a las reglas generales y, se penaliza la omisión del que debía presentar la cuenta con una presunción grave para establecer la verdad de las partidas objetadas. En ese orden de ideas alega que el recurso de apelación que debía resolver el tribunal ad-quem, resulta del hecho que el plazo prudencial fijado por la Jueza a-quo para que el señor Miguel Ángel Castillo Licona rindiera la cuenta, se venció y la juzgadora se negó a decretar su preclusión, por lo que el personamiento llevado a cabo por el abogado Jose Miguel Verdial se hace cuando ya estaba en curso el termino prudencial concedido, por lo tanto el personado lo que debió de haber hecho es acompañar con su personamiento la presentación de la cuenta; alega la recurrente que siendo los términos en juicio fatales, ya sea que los mismos sean legales, convenidos por las partes o por resolución judicial; por lo que no puede pedirse la suspensión o reposición de los mismos; y en el caso de autos el abogado Verdial al personarse en vez de presentar la cuenta de su representado, ha pedido a la juzgadora que se le proceda a requerir a él, para que en lo que faltaba del termino concedido pudiera presentar las referidas cuentas, petición a la que erróneamente la jueza accedió concediendo otro plazo igual de quince días (15), decisión que provoco la interposición del incidente de nulidad absoluta, mismo que fue declarado sin lugar mediante sentencia incidental de fecha trece de septiembre de dos mil once, lo que llevo a la interposición del recurso de apelación ante el Tribunal de Alzada, instancia esta que ha resuelto con un criterio aun mas errado, al decretar la nulidad absoluta de actuaciones desde el auto de admisión de la Rendición de Cuentas, con lo cual expone la impetrante dicho Tribunal se ha excedido en sus atribuciones, amen de invocar disposiciones que no tienen aplicabilidad y tratando de imponer un procedimiento no contemplado en la ley, y dice que ello se explica porque la etapa primaria en la que se encuentran las diligencias de Rendición de Cuentas no desembocan todavía en un juicio contradictorio, que resultara únicamente de si a la cuenta se le hacen observaciones, como lo previene el párrafo segundo del articulo 814 del Código de Procedimientos Comunes, situación que todavía no ha ocurrido; en ese orden de ideas aduce que la decisión del Tribunal ad-quem al decretar una nulidad absoluta de actuaciones provoca la vulneración del referido articulo 321 de nuestra carta magna, ya que la Corte de Apelaciones le coarta al a-quo el cumplimiento de su obligación de aplicar la ley en la admisión de los asuntos sometidos a su conocimiento, aunado al hecho de que la juzgadora no pude desconocer que los términos no son susceptibles de suspenderse ni mucho menos reponerse, situación que dice ha llevado erróneamente a la referida Corte a invalidar la continuidad del termino prudencial de quince días (15), que originalmente la juzgadora de primera instancia había señalado para que el señor Miguel Ángel Castillo Licona presentara la Rendición de Cuentas.CONSIDERANDO (6): Que finalmente la recurrente alega que el articulo 323 de la Constitución de la Republica se ve vulnerado por la decisión del ad-quem, ya que se ha producido la inobservancia de lo preceptuado en los articulo 813 al 816 del Código de Procedimientos Comunes de 1906, ya que el Tribunal de Alzada ha impuesto a su libre albedrío un fallo que carece de coherencia y que esta fuera de la ley, por lo que los referidos magistrados no son depositarios de la autoridad y no están sujetos a la ley, al decretar de oficio una nulidad absoluta de actuaciones que pretende estrangular el procedimiento ya establecido para la Rendición de Cuentas, amen de que la referida Corte tergiversa la norma procesal al aplicar disposiciones del Código Procesal Civil, y con ello desconocen lo preceptuado en el articulo 915 del citado texto legal, respecto de que los juicios especiales pendientes, al entrar en vigencia el nuevo código se seguirán tramitando conforme al Código de Procedimientos Comunes. CONSIDERANDO (7): Que esta Sala de lo Constitucional no obstante lo señalado en los acápites anteriores, estima necesario hacer un pequeño esbozo sobre los hechos que han dado pie a la presente Acción de Amparo, así tenemos que de los antecedentes se observa lo siguiente: a) Que se ha presentado ante el a-quo Demanda de Rendición de Cuentas, misma que una vez seguido el tramite de ley respecto del nombramiento de Curador Ad-litem, la juzgadora ha estimado pertinente mediante resolución de fecha doce de abril del año dos mil doce, conceder un termino prudencial de quince (15) días a la señora abogada MARTA ELENA TROCHEZ, en su calidad de Curadora Ad-litem del demandado ausente señor Miguel Ángel Castillo Licona, para que la misma dentro del termino referido, presentara a ese despacho judicial la correspondiente rendición de cuentas (Vid. folio 30), b) El personamiento del abogado JOSÉ MIGUEL VERDIAL MENDEZ, en su condición de apoderado del señor Castillo, se ha hecho dentro del referido termino concedido; c) De la lectura del referido Personamiento esta Sala observa que el abogado Verdial reconoce y esta consiente del termino concedido cuando expresa: “…, teniéndome como apoderado del demandado, para aprovechar el tiempo que resta para formular las cuentas solicitadas”; d) El personado posteriormente presenta escrito en fecha treinta y uno de mayo de ese mismo año, solicitando que se le proceda a requerir a fin de presentar las cuentas solicitadas, “dentro del plazo que este juzgado designe”; e) Tal petición es resuelta por el a-quo quien mediante auto de fecha tres de junio de dos mil once, ordena se requiera mediante la señora receptora del despacho al referido profesional del derecho, a fin de que el mismo dentro del plazo de quince (15) días rinda las cuentas solicitadas (Vid. folio 39); f) El apoderado de la señora ROSA ELVIRA LICONA MANDUJANO, presenta en fecha siete de junio de dos mil once, escrito mediante el cual solicita del a-quo la caducidad del termino concedido para la rendición de cuentas, mismo que le es denegado arguyendo para ello la juzgadora que aun no se ha practicado el requerimiento al abogado JOSÉ MIGUEL VERDIAL, “por lo tanto no a empezado a correr el plazo señalado para que rinda la cuenta”; g) En fecha veinticuatro de junio de ese mismo año, el apoderado de la señora ROSA ELVIRA LICONA MANDUJANO, presenta incidente de previo y especial pronunciamiento de nulidad absoluta de actuaciones por considerar que la decisión del a-quo de fecha nueve de junio no es conforme a derecho, mismo que mediante sentencia interlocutoria de fecha trece de septiembre de dos mil once, fue declarado sin lugar ; y h) Que el Tribunal de Alzada conociendo del recurso de apelación interpuesto por el abogado MARCO TULIO SOSA PERALTA, en su condición de apoderado de la señora ROSA ELVIRA LICONA MANDUJANO, DECRETO NULIDAD ABSOLUTA DE ACTUACIONES, a partir del AUTO de fecha trece de septiembre del dos mil diez; y subsiguientes actuaciones de procedimiento, siendo esta sentencia contra la cual se ha recurrido en esta vía constitucional. CONSIDERANDO(8): Que el Derecho al Debido Proceso, se concreta en una gama de derechos establecidos a favor de las partes, que permiten su participación en un mismo plano de igualdad, de tal manera que puedan instar el curso del procedimiento a fin de obtener una resolución por parte del Tribunal que conoce de la controversia; constituye una ineludible carga que se le impone a los órganos del Estado, tanto administrativos como jurisdiccionales, para que sus actuaciones se sometan a los principios rectores que garantizan a cada individuo sus derechos fundamentales. El debido proceso comprende entre otros el principio de legalidad, juez natural, acceso a los órganos jurisdiccionales, derecho de defensa, derecho a una resolución que resuelva sus pretensiones sin dilaciones injustificadas, el derecho a ser oído, de reforma en perjuicio (no reformatio in peius), y el derecho a resoluciones debidamente motivadas. CONSIDERANDO (9): Que en el Titulo XVII del Código de Procedimiento Comunes, regula en sus artículos del 813 al 816 lo atinente al Juicio Sobre Cuentas, concretamente el articulo 813 señala: “El que deba rendir una cuenta la presentara en el plazo que la ley designe o que se establezca por convenio de las partes o por resolución judicial.” Articulo del cual colegimos que el juicio sobre Rendición de Cuentas se iniciara naturalmente cuando la persona que deba exhibir la misma se presente ante el Juez de Letras competente, en el plazo señalado por la ley, por el contrato o por el Tribunal; ahora bien si el contrato no ha señalado el plazo o si el mismo no esta contemplado en la ley, el tribunal a petición de la otra parte habrá de designar un plazo prudencial para que se cumpla con el mandato de la ley CONSIDERANDO (10): Que el artículo 128 del Código de Procedimiento Comunes, preceptúa: “Los términos judiciales no podrán suspenderse ni abrirse después de cumplidos, por vía de restitución, ni por otro motivo alguno. Solo por fuerza mayor que impida utilizarlos podrá suspenderse durante su curso.”CONSIDERANDO (11): Que una lectura armónica de las disposiciones legales antes trascritas, en relación con lo señalado en el articulo 17 del Código Civil que preceptúa “No podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención del legislador”; nos permite arribar a la siguiente conclusión: Que en el caso subjúdice el ad-quem no debió de haber decretado una nulidad absoluta de actuaciones a partir del auto de fecha trece de septiembre del año dos mil diez, y ello se estima así puesto que ha resultado suficientemente acreditado que en la demanda de rendición de Cuentas promovida por la señora ROSA ELVIRA LICONA MANDUJANO, contra el señor MIGUEL ÁNGEL CASTILLO LICONA, inicialmente la juez a-quo ha actuado correctamente al establecer un termino prudencial a fin de que la abogada MARTA ELENA TROCHEZ, en su calidad de Curadora Ad-litem del demandado ausente señor Miguel Ángel Castillo Licona, presentara a ese despacho judicial la correspondiente rendición de cuentas; ahora bien la referida juzgadora al acceder a la petición del personado abogado JOSÉ MIGUEL VERDIAL, para que se le requiriera, y así presentar las cuentas solicitadas, ha inobservado con ello lo preceptuado en el articulo 813 del Código de procedimientos Comunes, en otras palabras el a-quo ya había señalado un plazo prudencial de quince (15) días, para que el señor Miguel Ángel Castillo Licona, rindiera las cuentas, entendemos entonces que el referido plazo empezó su curso, siendo el mismo independiente, de si el propio demandado acudía a presentar las cuentas solicitadas o lo hacia a través de la curadora ad-litem designada o por su apoderado legal, en ese orden de ideas se estima que el personado apoderado legal debió junto con el personamiento presentar suficientemente instruida y documentada aquellas cuentas contables en las que aparezca claramente el saldo liquido que resulte, al no hacerlo así y mas bien pedir que se le requiriera por parte del Tribunal para presentar tales cuentas, aunado al hecho de que la juzgadora le concedido un nuevo termino de quince días, después de requerido para que presentara las mismas, provoca evidentemente la vulneración de la garantía constitucional del debido proceso, toda vez que se trastoca el procedimiento ya establecido; en ese sentido esta Sala estima que el incidente de previo y especial pronunciamiento de nulidad absoluta de actuaciones promovido por el abogado MARCO TULIO SOSA PERALTA, en su condición de apoderado de la señora ROSA ELVIRA LICONA MANDUJANO, era procedente y por lo tanto el fallo dictado por el ad-quem, al conocer del recurso de apelación contra la denegatoria de tal incidente; decretando para ello el Tribunal de Alzada una nulidad absoluta, que no es conforme a derecho. CONSIDERANDO (12): Que en virtud de lo anteriormente expuesto, se determina que se ha violentado el precepto constitucional del debido proceso, siendo procedente otorgar la Garantía de Amparo impetrada. POR TANTO: La Sala Constitucional en nombre de la Corte Suprema de Justicia como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, y haciendo aplicación de los artículos: 1, 59, 80, 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, 321 y 323 de la Constitución de la República; 8 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 18 y 24 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 128, 813 al 816 del Código de Procedimientos Comunes; 17 del Código Civil; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 Nº 2), 4, 5, 9 Nº 2), 41, 56, 63 y 72 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: 1) OTORGANDO el recurso de Amparo interpuesto por la abogada WENDY CAROLINA PEÑA MOLINA, a favor de la señora ROSA ELVIRA LICONA MANDUJANO, contra la resolución dictada en fecha veintitrés de mayo de dos mil doce, por la Corte Primera de Apelaciones de la Ceiba, Atlántida; 2) Se ordena que el Ad quem profiera un nuevo fallo conforme al razonamiento plasmado en la motivación de este fallo.- Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redacto el Magistrado LIZARDO CARRANZA. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL".
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de septiembre de dos mil trece, certificación de fallo de fecha tres de septiembre de dos mil trece, recaída en el recurso de Amparo Civil, registrado en ese Tribunal bajo el número 468=12.
DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL