Sentencia AC-468-11 — Registro 7459
Resumen
Resolución No. 345-2010 dictada por autoridad recurrida que determinó pagar cantidad justipreciada a favor de recurrente con relación a solicitud de afectación y posterior adjudicación sobre predio rural; decidió entregar a recurrente pagar valores en efectivo y bonos especiales clase "A" de la deuda agraria, finalizando la resolución con fórmula "Cumplase"
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."es criterio de la Sala que en el caso de autos la cuestionada Resolución del INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA), no vulnera el derecho del afectado al pago de una indemnización justipreciada, habida cuenta de que el derecho de expropiación es una facultad constitucional concedida al Estado, por lo que si el proceso de afectación se ha llevado a cabo apegado a derecho, la resolución expropiatoria al adquirir el carácter de firme; dará lugar para que el órgano que emitió la misma, ponga en conocimiento de la Secretaria de Finanzas, tal situación, a fin de ésta, a su vez proceda a autorizar las asignaciones presupuestarias correspondientes y emita los bonos de la deuda agraria respectivos, y así de esta forma hacer efectivo a la parte afectada, la indemnización justipreciada..."..."el argumento del recurrente ante esta Sala se centra fundamentalmente en que el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA), ha procedido a inscribir la comunicación de expropiación en el Registro de la Propiedad, sin que previamente haya hecho efectivo el pago y mucho menos que haya ordenado la emisión y entrega de los bonos, situación que aduce es violatoria del articulo 106 de la Constitución de la República, por cuanto no puede llevarse a cabo la afectación del predio, sin que medie previamente indemnización justipreciada. Señalado lo anterior, menester es por parte de la Sala analizar si las actuaciones llevadas a cabo por el referido Instituto vulneran o no lo preceptuado en la normativa atinente al caso, en ese orden de ideas tenemos que el articulo 56 literal e) de la Ley de Reforma Agraria, señala que el acuerdo de expropiación deberá contener: “El valor del área expropiada y el de las mejoras, en su caso, y las modalidades de pago de la indemnización correspondiente”; en ese mismo orden el artículo 59, de la citada Ley preceptúa:”Si la persona afectada por la expropiación no recurre dentro del plazo establecido en el artículo anterior o si, habiéndolo hecho, el Acuerdo de Expropiación adquiere el carácter de firme, el Instituto Nacional Agrario citará al expropiado para que comparezca en día y hora determinados en la sede de la Institución para recibir el valor de la indemnización que le corresponda según dicho Acuerdo, o los documentos representativos de ésta”; de la revisión de la foliada esta Sala no encuentra que al señor JORGE BUESO ARIAS, en su condición de afectado, se la haya dado cumplimiento a la normativa antes citada; es más de la lectura del articulo 60 de la citada ley, nos encontramos con que contempla el supuesto inverso, esto es que cuando la parte afectada no comparece a la referida cita o se niega a recibir el valor de la indemnización, el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO consignará dicho valor en el Juzgado de Letras de lo Civil que ejerza la jurisdicción en el lugar en que esté ubicado el predio expropiado; señalándose que le corresponderá al órgano judicial sin más trámite tener por hecha la consignación, para lo cual mandará depositar a favor del expropiado el valor respectivo en las oficinas más próximas del Banco Central de Honduras. Ahora bien, el referido tramite no se agota ahí, si no que el articulo 61, establece que “Efectuado el pago o hecha la consignación, él o los expropiados deberán otorgar la correspondiente escritura pública de traspaso del predio a favor del Instituto Nacional Agrario. Si dichas personas no pueden o no quieren hacer el otorgamiento respectivo, lo hará el Juez competente en su nombre dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha del pago o consignación y ordenará su inscripción en el Registro de la Propiedad correspondiente….”; en el caso subjúdice como vemos los citados artículos no han sido observados por el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA); en ese orden de ideas esta Sala estima que el incumplimiento por parte del referido Instituto de todo lo atinente al pago de la indemnización justipreciada a favor de la parte afectada, concita evidentemente la vulneración del articulo 106 de la Constitución de la República..."..."la Sala de lo Constitucional estima procedente otorgar el recurso de amparo impetrado..."
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 106 (Decreto)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia y la resolución que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiuno de mayo del dos mil trece. VISTA: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JOSÉ JORGE BUESO HERNÁNDEZ, mayor de edad, casado, hondureño, inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el numero 2098, con oficina ubicada en el edificio principal del Banco de Occidente, S.A., en la ciudad de Tegucigalpa MDC., Departamento de Francisco Morazán, a favor del señor JORGE BUESO ARIAS, contra la resolución No. 345-2010 dictada en fecha veinticuatro de agosto de dos mil diez, por el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA) en aplicación del Decreto Legislativo No. 18-2008, que determina como indemnización justipreciada la cantidad de Cuatro Millones Doscientos Noventa y Siete Mil Novecientos Dos Lempiras con Cuarenta Centavos (L.4,297,902.40), con relación a la solicitud de afectación y posterior adjudicación sobre un predio rural ubicado en la Aldea Palmerola No.2, jurisdicción del Municipio de Comayagua, Departamento de Comayagua, presentada por los señores: MERCEDES PINEDA MARTINEZ, MIRIAN YAMILETH MEJIA BONILLA, ALICIA TREJO MORALES, CONCEPCIÓN MALDONADO MEJIA, NORMA EUFEMIA MORALES GALVEZ, JUANA PEREZ, ROSALÍA MEJIA EUCEDA, MARIA SUYAPA MEJIA VÁSQUEZ, JUANA CASTRO SÁNCHEZ, MARIA DEL ROSARIO CASTILLO MARTINEZ, MARIA ISABEL SANCHEZ FÚNEZ, LESLY LETICIA SÁNCHEZ ESPINALEZ, ALMA DORIS CÁCERES ESCOBAR, MARGARITA ESCOBAR, MARIA ENRIQUETA MÉNDEZ VARELA, MARIA DE LOS ANGELES ACOSTA ENRIQUEZ, JUAN ANTONIO CÁRCAMO, PEDRO CANTARERO ULLOA PINEDA, y ALEJANDRINA TORREZ ZELAYA. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha doce de agosto de mil novecientos noventa y nueve, comparecieron ante las oficinas del INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA), Zona Central, los señores: MERCEDES PINEDA MARTINEZ, MIRIAN YAMILETH MEJIA BONILLA, ALICIA TREJO MORALES, CONCEPCIÓN MALDONADO MEJIA, NORMA EUFEMIA MORALES GALVEZ, JUANA PEREZ, ROSALÍA MEJIA EUCEDA, MARIA SUYAPA MEJIA VÁSQUEZ, JUANA CASTRO SÁNCHEZ, MARIA DEL ROSARIO CASTILLO MARTINEZ, MARIA ISABEL SANCHEZ FÚNEZ, LESLY LETICIA SÁNCHEZ ESPINALEZ, ALMA DORIS CÁCERES ESCOBAR, MARGARITA ESCOBAR, MARIA ENRIQUETA MÉNDEZ VARELA, MARIA DE LOS ANGELES ACOSTA ENRIQUEZ, JUAN ANTONIO CÁRCAMO, PEDRO CANTARERO ULLOA PINEDA, y ALEJANDRINA TORREZ ZELAYA, todos mayores de edad, hondureños, en su condición de vecinas (nos) del Municipio de Comayagua, Departamento de Comayagua, solicitando la adjudicación de un lote de terreno de aproximadamente doscientas manzanas, ubicado lugar denominado Palmerola No.2, jurisdicción de ese Municipio. 2) Que en fecha veinticuatro de agosto de dos mil diez, el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA), resolvió: (sic) PRIMERO: Determinar como justiprecio a pagar al Señor JORGE ARTURO BUESO ARIAS la cantidad de Cuatro Millones Doscientos Noventa y Siete Mil Novecientos Dos Lempiras con Cuarenta Centavos (L.4,297,902.40), a razón de Treinta Nueve Mil Setecientos Setenta Lempiras con Setenta y Dos Centavos (L.39,770.72), por hectárea como indemnización justipreciada por el predio ubicado en el lugar denominado Aldea Palmerola No. 2, Jurisdicción del Municipio de Comayagua, Departamento de Comayagua, que tiene una extensión superficial Ciento Ocho Punto Cero Sesenta y Siete Hectáreas (108.067 Has.), equivalente a Ciento Cincuenta y Cuatro Punto Noventa y Nueve manzanas (154.99 Mzs.)… la que se pagará así: Novecientos Dos Lempiras con Cuarenta Centavos (Lps. 902.40) en Efectivo y Cuatro Millones Doscientos Noventa y Siete Mil Lempiras exactos (Lps.4,297,000.00) en Bonos Especiales Clase “A” de la deuda agraria, que devengará el cinco por ciento (5%) de interés anual redimibles en amortizaciones cada cinco (5) años, en cuotas similares por un período de diez (10) años a partir de la fecha de su colocación. SEGUNDO: Entregar al Señor JORGE ARTURO BUESO ARIAS los valores en Efectivo y Bonos Especiales Clase “A” de la deuda agraria mencionados en el numeral anterior. Finalizando dicha resolución con la formula CÚMPLASE.” (F. 392 al 395 de los antecedentes). 3) Que en fecha dieciséis de junio de dos mil once, el recurrente el Abogado JOSE JORGE BUESO HERNÁNDEZ compareció ante esta Sala de lo Constitucional, interponiendo acción de amparo a favor del señor JORGE BUESO ARIAS, por considerar que la resolución emitida por el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA), y que se deja relacionada en el numeral anterior es violatoria de lo preceptuado en el artículo 106 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO 1: Que el amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO 2: Que la resolución impugnada mediante esta vía constitucional, es la No. 345-2010 dictada en fecha veinticuatro de agosto de dos mil diez, por el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA), resolución con la que el recurrente abogado JOSE JORGE BUESO HERNÁNDEZ, no esta de acuerdo pues estima que es irecurrible, al haberse dictado con la formula “CÚMPLASE”, y con ello, según su parecer se le ha vedado la posibilidad de poder recurrir ante una instancia superior; aunque el argumento toral de sus alegaciones versan sobre la infracción del artículo 106 de la Constitución de la República, que preceptúa: “Nadie puede ser privado de su propiedad sino por causa de necesidad o interés publico calificados por la ley o por resolución fundada en ley, y sin que medie previa indemnización justipreciada”; vulneración constitucional que aduce se ha producido por que a su representado la indemnización señalada no se le ha entregado, no se le ha pagado, señala que el Decreto 18-2008 establecía en su último Considerando “El respeto a los derechos de los propietarios afectados, mediante el pago de una indemnización justipreciada”; y que el articulo 4 del referido Decreto establecía particularmente las diligencias que se realizarían para afectar las tierras, señalado que luego de evacuarse las primeras diligencias encaminadas a avalúos y otras actividades, se procederá a emitir resolución, fijando tres pasos para culminar en la afectación; tales pasos son: 1) Fijar la cuantía de la indemnización; 2) Ordenar la emisión y entrega de los bonos al propietario, y 3) Inscribir la comunicación en el Registro de la Propiedad correspondiente, a efecto de que el dominio sobre el predio quede a favor del INA. Respecto de lo anterior explica que el paso uno se cumplió, pues la resolución numero 345-2010, determina la indemnización justipreciada; pero que en cuanto al paso dos, contraído a la emisión y entrega de los bonos, no se cumplió, situación que queda acreditada con la nota suscrita por el Ministro de Finanzas, en la que se especifica que los referidos bonos no se han emitido; y que en cuanto al paso tres, referido al libramiento de la comunicación para inscribir el inmueble afectado a favor del INA, se cumplió, sucediendo que no sólo está a nombre del INA, sino que también ya fue titulado a favor del respectivo grupo campesino. Alega que al no haberse efectuado el pago de la indemnización justipreciada a favor del señor JORGE BUESO ARIAS, se ha vulnerado la garantía constitucional invocada, puesto que el INA ante tal omisión, aun así, inscribió la propiedad a su nombre, y en ese sentido la norma constitucional del articulo 106 es clara en cuanto que la indemnización debe ser previa y que las únicas excepciones al pago previo son las que se refieren al estado de guerra o conmoción interior, situaciones que refiere en el caso de autos no se han dado. CONSIDERANDO 3: Que el recurrente alega que la resolución del INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA), y que se ha impugnado mediante esta vía constitucional vulnera el articulo 106 de la Constitución de la República, alegatos respecto de los cuales esta Sala deviene en el deber de señalar que al tenor del articulo 103 constitucional: “El Estado reconoce, fomenta y garantiza la existencia de la propiedad privada en su más amplio concepto de función social y sin mas limitaciones que aquellas que por motivo de necesidad o interés publico establezca la ley”; norma constitucional respecto de la cual debemos entender que en nuestro país, el reconocimiento de la propiedad privada está basado “en su más amplio concepto de función social”, lo que implica de que a la par del interés individual, también debe privar un interés social, mismo que es la base de la Ley de Reforma Agraria; en ese orden de ideas nos encontramos entonces que la propia Constitución intuye los lineamientos para la ejecución del proceso de reforma agraria, la cual al tenor del párrafo segundo del articulo 344 Constitucional, preceptúa: “Declárese de necesidad y utilidad pública la ejecución de la Reforma Agraria”, constitucionalmente será entonces facultad del Estado la expropiación de tierras de propiedad privada, con fines de reforma agraria, esto a fin de garantizar un sistema de propiedad, tenencia y explotación que garantice la justicia social en el campo, debemos entender que tal facultad concedida al Estado por nuestra Constitución, no constituye en manera alguna que el mismo se pueda exceder actuando arbitriamente y con ello menoscabando el derecho a la propiedad privada; en un Estado democrático y de derecho se entiende que tal facultad de expropiación se debe de enmarcar en el respeto absoluto de la Constitución y de la normativa atinente a los procesos de expropiación, y si el Estado se ve compelido a usar de tal mecanismo, será única y exclusivamente en aquellas situaciones necesarias que el interés social lo demande; al hilo de tal razonamiento es criterio de la Sala que en el caso de autos la cuestionada Resolución del INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA), no vulnera el derecho del afectado al pago de una indemnización justipreciada, habida cuenta de que el derecho de expropiación es una facultad constitucional concedida al Estado, por lo que si el proceso de afectación se ha llevado a cabo apegado a derecho, la resolución expropiatoria al adquirir el carácter de firme; dará lugar para que el órgano que emitió la misma, ponga en conocimiento de la Secretaria de Finanzas, tal situación, a fin de ésta, a su vez proceda a autorizar las asignaciones presupuestarias correspondientes y emita los bonos de la deuda agraria respectivos, y así de esta forma hacer efectivo a la parte afectada, la indemnización justipreciada. CONSIDERANDO 4: Que al tenor de lo señalado en el acápite anterior y dado que el argumento del recurrente ante esta Sala se centra fundamentalmente en que el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA), ha procedido a inscribir la comunicación de expropiación en el Registro de la Propiedad, sin que previamente haya hecho efectivo el pago y mucho menos que haya ordenado la emisión y entrega de los bonos, situación que aduce es violatoria del articulo 106 de la Constitución de la República, por cuanto no puede llevarse a cabo la afectación del predio, sin que medie previamente indemnización justipreciada. Señalado lo anterior, menester es por parte de la Sala analizar si las actuaciones llevadas a cabo por el referido Instituto vulneran o no lo preceptuado en la normativa atinente al caso, en ese orden de ideas tenemos que el articulo 56 literal e) de la Ley de Reforma Agraria, señala que el acuerdo de expropiación deberá contener: “El valor del área expropiada y el de las mejoras, en su caso, y las modalidades de pago de la indemnización correspondiente”; en ese mismo orden el artículo 59, de la citada Ley preceptúa:”Si la persona afectada por la expropiación no recurre dentro del plazo establecido en el artículo anterior o si, habiéndolo hecho, el Acuerdo de Expropiación adquiere el carácter de firme, el Instituto Nacional Agrario citará al expropiado para que comparezca en día y hora determinados en la sede de la Institución para recibir el valor de la indemnización que le corresponda según dicho Acuerdo, o los documentos representativos de ésta”; de la revisión de la foliada esta Sala no encuentra que al señor JORGE BUESO ARIAS, en su condición de afectado, se la haya dado cumplimiento a la normativa antes citada; es más de la lectura del articulo 60 de la citada ley, nos encontramos con que contempla el supuesto inverso, esto es que cuando la parte afectada no comparece a la referida cita o se niega a recibir el valor de la indemnización, el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO consignará dicho valor en el Juzgado de Letras de lo Civil que ejerza la jurisdicción en el lugar en que esté ubicado el predio expropiado; señalándose que le corresponderá al órgano judicial sin más trámite tener por hecha la consignación, para lo cual mandará depositar a favor del expropiado el valor respectivo en las oficinas más próximas del Banco Central de Honduras. Ahora bien, el referido tramite no se agota ahí, si no que el articulo 61, establece que “Efectuado el pago o hecha la consignación, él o los expropiados deberán otorgar la correspondiente escritura pública de traspaso del predio a favor del Instituto Nacional Agrario. Si dichas personas no pueden o no quieren hacer el otorgamiento respectivo, lo hará el Juez competente en su nombre dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha del pago o consignación y ordenará su inscripción en el Registro de la Propiedad correspondiente….”; en el caso subjúdice como vemos los citados artículos no han sido observados por el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA); en ese orden de ideas esta Sala estima que el incumplimiento por parte del referido Instituto de todo lo atinente al pago de la indemnización justipreciada a favor de la parte afectada, concita evidentemente la vulneración del articulo 106 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO 5: Que en fecha siete de febrero del año dos mil doce, la abogada XIOMARA YAMILETH OSORIO VELASQUEZ, Fiscal adscrita a la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución, emitió dictamen en el caso de mérito, siendo del parecer por que se otorgue el recurso de amparo interpuesto, por existir a su criterio la vulneración de los derechos fundamentales señalados por el recurrente. CONSIDERANDO 6: Que por las razones anteriormente expuestas, la Sala de lo Constitucional estima procedente otorgar el recurso de amparo impetrado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oído el parecer de la Fiscal, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 80, 82, 90, 183, 303, 304, 313 No. 5 y 316 No. 1 de la Constitución de la República; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1º, 78 atribución 5ª. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 No 2, 5, 6, 9, 41, 42, 45 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 56, 59, 60 y 61 de la Ley de Reforma Agraria.- FALLA: OTORGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado JOSÉ JORGE BUESO HERNÁNDEZ, en su condición de apoderado legal del señor JORGE BUESO ARIAS, contra la Resolución emitida en fecha veinticuatro de agosto de dos mil diez, por el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA).- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a la Autoridad recurrida para los efectos legales consiguientes.- NOTIFIQUESE. Firmas y sello. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. PRESIDENTA POR LEY SALA DE LO CONSTITUCIONAL. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ. Firma y sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, primero de octubre del dos mil trece. VISTO: el escrito de Solicitud de Aclaración, Ejecución de Sentencia y Subsidiaria Interposición de Recurso de Reposición planteado por el Abogado JOSÉ JORGE BUESO HERNÁNDEZ, quien actúa en representación del señor JORGE BUESO ARIAS, en relación y contra la sentencia dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha veintiuno de mayo de dos mil trece, mediante la cual se falló OTORGANDO el Recurso de Amparo promovido por el referido profesional del derecho, contra la Resolución Expropiatoria numero 345-2010, emitida en fecha veinticuatro de agosto del año dos mil diez, por el Instituto Nacional Agrario (INA). CONSIDERANDO (1): Que consta de los antecedentes que la acción de amparo de mérito, fue interpuesta en fecha dieciséis de junio de dos mil once, OTORGANDOSE la misma en Sentencia emitida por esta Sala de lo Constitucional en fecha veintiuno de mayo de dos mil trece. CONSIDERANDO (2): Que en fecha veintisiete (27) de mayo del año dos mil trece, el Abogado JOSÉ JORGE BUESO HERNÁNDEZ, presenta a esta Sala de lo Constitucional, escrito mediante el cual, en primer lugar pide que se aclare y ejecute la sentencia dictada por esta Sala, para ello arguye que tanto en la interposición como en la formalización del Recurso de Amparo por el interpuesto, peticiono a fin de que se restituyera al agraviado su derecho a la propiedad del inmueble que se le había expropiado, aduce que también hizo hincapié en cuanto que dado que por medio de la Resolución expropiatoria numero 345-2010, emitida por el Instituto Nacional Agrario (INA), en fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil diez, se practico la inscripción del inmueble expropiado a favor del referido Instituto, era necesario que en caso de otorgarse el amparo, se dejara sin valor ni efecto la Comunicación librada al Registro de la Propiedad Inmueble de la ciudad de Comayagua, departamento de Comayagua, así como todos los actos posteriores a la misma, y el otorgamiento de Titulo Definitivo de Propiedad en Dominio Pleno a favor de un grupo campesino, señala que en el caso de autos, al haberse otorgado el recurso de amparo a favor de su representado, y haciendo aplicación de lo dispuesto en el artículo 63 numeral 3 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es necesario hacer la aclaración respectiva sobre lo anteriormente señalado, ya que se ha omitido tal punto en el fallo dictado por esta Sala, por lo que solicita que se proceda a hacer la referida aclaración y así poder ejecutar la sentencia dictada. En segundo lugar el abogado JOSÉ JORGE BUESO HERNÁNDEZ, señala que de no prosperar su solicitud de aclaración, subsidiariamente interpone recurso de reposición contra la sentencia que emitiera éste Alto Tribunal en fecha veintiuno (21) de mayo de dos mil trece, en el sentido único que se determine con precisión la conducta a seguir, para la necesaria ejecución del amparo otorgado, y que consecuentemente se libre comunicación al Instituto de la Propiedad de la ciudad de Comayagua, departamento de Comayagua, para que proceda a cancelar las inscripciones de los asientos numeros 8, 9, y 10 de la matricula 347776, a fin de dejar sin valor ni efecto lo dispuesto en la Resolución de Expropiación numero 345-2010, emitida por el Instituto Nacional Agrario (INA), y contra la cual se concedió el recurso de Amparo dictado por esta Sala; estima el recurrente que con ello se le restituirá a su representado el goce elemental de su derecho fundamental de propiedad, volviendo las cosas al estado anterior a la violación, finalmente señala que si la Sala no accede a librar directamente la comunicación al Instituto de la Propiedad de Comayagua, a fin de cancelar la referida inscripción, tenga a bien ordenar al Instituto Nacional Agrario (INA), para que sea este Instituto el que lo haga, tan pronto tenga conocimiento de ello. CONSIDERANDO (3): Que al tenor del escrito presentado por el recurrente, esta Sala de lo Constitucional, señala que respecto de la solicitud de aclaración de sentencia, la misma no procede, en tanto en cuanto el fallo emitido por esta Sala es lo suficientemente claro en los términos en que ha sido redactado; ahora bien se estima prudente acotar que si bien es cierto la solicitud de aclaración de una sentencia esta contemplada en nuestra normativa procesal constitucional, por lo que su solicitud resulta viable, también lo es, que ante la negativa que se pudiese dar respecto de la misma, no es correcto interponer recurso de reposición con carácter subsidiario, dado que la solicitud de aclaración de una sentencia no constituye recurso alguno, situación que sin embargo en el caso de autos, no es óbice, para que esta Sala en el pleno ejercicio de la justicia constitucional, se pronuncie sobre el recurso de reposición planteado por el recurrente, toda vez que muy bien lo entendemos en el ejercicio de la jurisdicción constitucional debe prevalecer el fondo sobre la forma al tenor de lo preceptuado en el numeral cinco (5) del artículo cuatro (4) de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (4): Que conforme lo establece el párrafo final del artículo 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contra los fallos proferidos por unanimidad de la Sala de lo Constitucional, sólo cabra el recurso de reposición, mismo que podrá ser interpuesto en el acto de la notificación o al día siguiente al de su notificación por la tabla de avisos del despacho. CONSIDERANDO (5): Que respecto de los argumentos planteados por el abogado JOSÉ JORGE BUESO HERNÁNDEZ, en el recurso de reposición interpuesto, esta Sala de lo Constitucional estima que los mismos son de recibo, ya que la Sentencia emitida por este Alto Tribunal en fecha veintiuno (21) de mayo de dos mil trece, ha omitido referirse en su parte resolutiva respecto de “la conducta a cumplir con las especificaciones necesarias para su ejecución”, tal y lo preceptuado en el artículo 63 numeral 3 en relación con el articulo 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y dado que en el caso de merito se ha OTORGADO el recurso de amparo interpuesto a favor del señor JORGE BUESO ARIAS, contra la Resolución de Expropiación numero 345-2010, emitida por el Instituto Nacional Agrario (INA), en fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil diez, es procedente entonces otorgar parcialmente el recurso de reposición interpuesto por el abogado JOSÉ JORGE BUESO HERNÁNDEZ, en el sentido único de que se ordene al Instituto Nacional Agrario (INA), para que en acatamiento del fallo emitido por esta Sala de lo Constitucional, proceda enviar comunicación al Instituto de la Propiedad de la ciudad de Comayagua, departamento de Comayagua, para que se cancelen las inscripciones de los asientos numeros 8, 9, y 10 de la matricula 347776, así como todos los actos posteriores a la misma. CONSIDERANDO (6): Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 1, 59, 64, 82, 90, 106, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta. y 316 de la Constitución de la República; 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5ta., de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 4 Nº 5, 6, 63 numeral 3, 64, 65, 119, 120, 124 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- RESUELVE: 1.- DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de reposición interpuesto por el Abogado JOSÉ JORGE BUESO HERNÁNDEZ; 2.- En consecuencia se REPONE en su parte resolutiva, la sentencia de fecha veintiuno (21) de mayo del año dos mil trece, dictada por esta Sala de lo Constitucional, en el sentido único, de que se ordena al Instituto Nacional Agrario (INA), para que en acatamiento del presente fallo, proceda enviar comunicación al Instituto de la Propiedad de la ciudad de Comayagua, departamento de Comayagua, para que se cancelen las inscripciones de los asientos numeros 8, 9, y 10 de la matricula 347776, así como todos los actos posteriores a la misma.- Y MANDA: Que una vez notificado este auto, se dé cumplimiento a lo ordenado en la resolución pronunciada por este Tribunal, procediendo además al archivo de las presentes diligencias. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. PRESIDENTA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMERL LIZARDO CARRANZA. REINA SAGRARIO SOLORZANO. Firma y sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los ocho días del mes de octubre de dos mil trece, certificación de la sentencia de fecha veintiuno de mayo de dos mil trece y la resolución de fecha uno de octubre de dos mil trece, recaídas en el recurso de amparo civil (agrario) registrado en este Tribunal con el número 468=11/p72=12.
DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL
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