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Sentencia AC-45-13 — Registro 7490

Resumen

Sentencia declaró con lugar recurso de amparo contra resolución dictada por juzgado de primera instancia con relación a demanda ordinaria para el pago de honorarios profesionales devengados y no satisfechos promovida por recurrente contra la señora Erna Guillermina Zsories de Laker

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."esta Sala comparte lo expresado por la por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Atlántida, cuando señala que al no hacer uso las partes de las alternativas de vente previa señaladas por la Ley, no queda otro camino que llegar a la subasta del bien en audiencia pública, ante lo cual si no llegan postores a la audiencia de remate, el Artículo 853 del Código Procesal Civil, que se titula ADJUDICACIÓN EN PAGO DE BIENES NO VENDIDOS O LEVANTAMIENTO DEL EMBARGO. Precepto que es tergiversado por el Juzgado de Letras Seccional de La Ceiba, Atlántida, ya que dicho precepto legal en ningún momento exige abono por parte del ejecutante de la diferencia del setenta y cinco por ciento del valor del bien, cuando el valor se su crédito no llega a esa cantidad; y, si bien el Artículo 844 del Código Procesal Civil, establece que la adjudicación de bienes al acreedor extingue su crédito, hasta el limite del valor del bien y que si dicho valor fuere superior al crédito, este deberá abonar la diferencia, a criterio de la Corte de Apelaciones, dicha disposición legal se aplica en un momento procesal distinto, es decir antes de llegar a la subasta, pues inclusive el mismo precitado Artículo en su Numeral 1) de la opción al ejecutante a adquirir el bien por una cantidad no menor al setenta por ciento; porcentaje distinto al referido en el Artículo 853, por lo que es lógico entender que lo enunciado en cada uno de los Artículos citados en este numeral, ocurren en momentos distintos..."..."la alteración sustancial del procedimiento atribuible al Juez de Primera Instancia en los términos antes expuestos ha comportado la vulneración del derecho a la defensa y de la garantía genérica del debido proceso en perjuicio del Amparista..."..."la Sala es del criterio porque se confirme la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Atlántida, de fecha siete de diciembre de dos mil doce..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: El fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticinco de junio del año dos mil trece.VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JUAN RAMON LOPEZ a favor de SI MISMO contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA, en fecha siete de diciembre de dos mil doce, que declara con lugar el recurso de amparo de interpuesto contra resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA, en fecha once de septiembre de dos mil once, con relación a la demanda ordinaria para el pago de honorarios devengados promovida por el Abogado JUAN RAMON LOPEZ, contra la señora ERNA GUILLERMINA ZSORIES DE LAKER. Estima el recurrente que con el acto reclamado se le han violentado los derechos contenidos en los Artículos 70, 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha cuatro de septiembre del año dos mil nueve, compareció ante el JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA, el Abogado JUAN RAMON LOPEZ en su condición personal y como Representante del señor SAMY NELSON SHARPE, promoviendo demanda ordinaria para el pago de honorarios devengados contra la señora ERNA GUILLERMINA ZSORIES DE LAKER. (Folios 19 al 24 de los antecedentes agregados a la pieza del amparo).2) Que tal y como se desprende de la certificación que obra a folios 7 y 8 del amparo, en fecha once de septiembre de dos mil once, el JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA, mediante Certificación de Acta de Audiencia de Subasta resolvió:” Sin lugar el recurso de reposición planteado por el Abogado Juan Ramon López quien actúa en causa propia en la presente demanda por considerar que el no presentar la diferencia del valor, causa perjuicio a los ejecutados quedándole abierta la posibilidad al Abogado que deberá presentar en tiempo y forma.”3) Que en fecha dieciocho de octubre de dos mil doce, compareció ante la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA, el Abogado JUAN RAMON LOPEZ interponiendo recurso de amparo a favor de SI MISMO y en representación del señor SAMY NELSON SHARPE, RAMON EDUARDO RIVERA SALGADO contra la señora ERNA GUILLERMINA ZSORIES DE LAKER contra el auto del once de febrero de dos mil once, para que se le restituyera el goce de los derechos del debido proceso y otros reconocidos por los Artículos 70, 82 y 90 de la Constitución de la República.4) Que en fecha siete de diciembre de dos mil doce, luego de agotado el trámite del recurso de amparo determinado por la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte de Apelaciones citada, FALLÓ:” PRIMERO: Declarar CON LUGAR la acción Constitucional de Amparo promovida por el Abogado JUAN RAMON LOPEZ, contra la resolución emitida en fecha 11 de Septiembre del año dos mil doce, dictada por el Juzgado de Letras de esta Sección judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en el expediente civil numero 0101-2009-00469 que contiene la Demanda para el pago de Honorarios Devengados y no Satisfechos promovida por el Abogado JUAN RAMON LOPEZ contra la señora ERNA GUILLERMINA ZSORIES DE LAKER en su condición personal y como representante del señor SAMMY NELSON SHARPE. SEGUNDO: Restablecer el derecho fundamental vulnerado por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de ésta ciudad de la Ceiba, departamento de Atlántida, respecto a la inobservancia el debido proceso para tal fin se ANULA PARCIALMENTE la Resolución Judicial dictada en fecha once de septiembre del año dos mil doce, proferida por ese Juzgado, en cuanto se exige al ejecutante el abono de la diferencia que existe entre el crédito reclamado y el setenta y cinco por ciento del valor de la tasación del bien como un requisito previo para la adjudicación del bien en consecuencia la Juez AQUO deberá dictar la resolución en función a lo que esta Corte a señalado en el otorgamiento de la garantía de merito.- TERCERO: REMITIR EN CONSULTA OBLIGATORIA, para y ante la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia la presente Sentencia.”(Folios 168 al 172 de la segunda pieza de los antecedentes).5) Que en fecha once de enero del año dos mil trece, este alto Tribunal, recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JUAN RAMON LOPEZ a favor de SI MISMO en estricto cumplimiento a lo previsto por el Artículo 68 párrafo segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO UNO (1): Que al tenor de lo que dispone el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras, contemplada en el Artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley.CONSIDERANDO DOS (2): Que se conoce en consulta obligatoria la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Atlántida, en fecha siete de diciembre de dos mil doce, que declara con lugar el recurso de amparo de interpuesto contra resolución dictada por el Juzgado de Letras Seccional de La Ceiba, Atlántida, en fecha once de septiembre de dos mil once, con relación a la demanda ordinaria para el pago de honorarios devengados promovida por el Abogado JUAN RAMON LOPEZ, contra la señora ERNA GUILLERMINA ZSORIES DE LAKER. CONSIDERANDO TRES (3): Que el reclamante sustentó su recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Atlántida, manifestando básicamente la resolución contra la cual se reclama amparo es la que rechaza la solicitud planteada por el recurrente sobre la adjudicación del bien inmueble embargado, haciendo uso de lo establecido en el Artículo 853.1 del Código Procesal Civil y que según la resolución recurrida, se le pretende obligar abonar la diferencia que existe entre el crédito reclamado y el setenta y cinco porciento del valor de la tasación del inmueble, invirtiendo el Tribunal los papeles de Ejecutante a Deudor y sin concederle la tutela efectiva de sus derechos legítimos, argumentando que la resolución dictada por el Juzgado de Primera Instancia violenta las garantías constitucionales contenidas en los Artículo 70, 82 y 90 de la Constitución de la República; así como el principio de completa satisfacción del ejecutante contenida en el Artículo 743 del Código Procesal Civil.CONSIDERANDO CUATRO (4): Que existen dos clases de cumplimiento de las obligaciones. Por un lado el posible cumplimiento voluntario, que consistiría en aquel supuesto en el que el obligado, voluntaria y espontáneamente realiza la prestación consistente en dar, hacer o dejar de hacer alguna cosa. Este cumplimiento no es propiamente jurisdiccional, ya que no interviene en ningún momento la actividad del órgano jurisdiccional. Por otro lado el cumplimiento forzoso o ejecución forzosa. A diferencia de la anterior, se da en aquel supuesto en el cual el obligado se niega o no cumple voluntariamente la prestación, de modo que el que resulta beneficiado por la resolución (el acreedor de la prestación) se ve obligado a acudir al órgano jurisdiccional para que actúe coactivamente, realizando los requerimientos necesarios e, incluso si es preciso, empleando el auxilio de la fuerza pública. Por todo ello, podemos definir la ejecución forzosa como aquel procedimiento mediante el cual los órganos jurisdiccionales y a través de medios coercitivos pretenden la ejecución obligada de los derechos subjetivos privados a una prestación. Mediante la ejecución forzosa se consagra el derecho de tutela judicial efectiva: de nada sirve la sentencia si después no se ejecuta su contenido. Se manifiesta no sólo en juzgar sino también en la total ejecución del contenido dispositivo de la sentencia.CONSIDERANDO CINCO (5): Que esta Sala comparte lo expresado por la por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Atlántida, cuando señala que al no hacer uso las partes de las alternativas de vente previa señaladas por la Ley, no queda otro camino que llegar a la subasta del bien en audiencia pública, ante lo cual si no llegan postores a la audiencia de remate, el Artículo 853 del Código Procesal Civil, que se titula ADJUDICACIÓN EN PAGO DE BIENES NO VENDIDOS O LEVANTAMIENTO DEL EMBARGO. Precepto que es tergiversado por el Juzgado de Letras Seccional de La Ceiba, Atlántida, ya que dicho precepto legal en ningún momento exige abono por parte del ejecutante de la diferencia del setenta y cinco por ciento del valor del bien, cuando el valor se su crédito no llega a esa cantidad; y, si bien el Artículo 844 del Código Procesal Civil, establece que la adjudicación de bienes al acreedor extingue su crédito, hasta el limite del valor del bien y que si dicho valor fuere superior al crédito, este deberá abonar la diferencia, a criterio de la Corte de Apelaciones, dicha disposición legal se aplica en un momento procesal distinto, es decir antes de llegar a la subasta, pues inclusive el mismo precitado Artículo en su Numeral 1) de la opción al ejecutante a adquirir el bien por una cantidad no menor al setenta por ciento; porcentaje distinto al referido en el Artículo 853, por lo que es lógico entender que lo enunciado en cada uno de los Artículos citados en este numeral, ocurren en momentos distintos.CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por Magistrados y Jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SIETE (7): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho. CONSIDERANDO OCHO (8): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la violación al derecho de defensa se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos, que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a una parte, lo que en el presente caso sucedió. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional. CONSIDERANDO ONCE (11): Que la alteración sustancial del procedimiento atribuible al Juez de Primera Instancia en los términos antes expuestos ha comportado la vulneración del derecho a la defensa y de la garantía genérica del debido proceso en perjuicio del Amparista. CONSIDERANDO DOCE (12): Que por las razones anteriormente expuestas, la Sala es del criterio porque se confirme la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Atlántida, de fecha siete de diciembre de dos mil doce. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos 1,82,183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 , 46 numeral 3) y 9), 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: Confirmado la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Atlántida, de fecha siete de diciembre de dos mil doce; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.-Redactó el Magistrado GARCÍA GARCÍA.- NOTIFIQUESE. Firmas y sello. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. EDITH MARIA LOPEZ RIVERA. Firma y sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL".

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de julio del año dos mil trece, certificación de fallo de fecha veinticinco de junio de dos mil trece, recaída en el recurso de Amparo Civil venido en Consulta, registrado en ese Tribunal bajo el número 45=13.

DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL