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Sentencia AC-432-12 — Registro 7359

Resumen

Sentencia declaró con lugar recurso de apelación y revocó auto definitivo dictado por juzgado de primera instancia por lo que declaró con lugar la tercería de preferencia interpuesta por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) con relación a demanda de tercería de prelación promovida por dicha Empresa contra los señores Pedro Juan Castellanos Caballero, Gloria María Duran Paz y contra el Banco de América Central Honduras Sociedad Anónima (BAC-HONDURAS S.A.)

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."a efecto de determinar si en el presente caso se han seguido las formalidades establecidas por la ley, hemos de partir de que la naturaleza jurídica de la tercería de preferencia, o tercería de mejor derecho, contemplada en el Capítulo VI del Código Procesal Civil, se encuentra en que el tercero, en general, con la tercería persigue que su crédito sea declarado preferente respecto del crédito del acreedor ejecutante, pero puede perseguir también que se declare la existencia del crédito mismo, condenado al ejecutado al pago.[1] Es precisamente esta naturaleza jurídica, lo que fundamenta que la procedencia, al tenor de lo que dispone el artículo 831 del Código Procesal Civil, ha de deducirse ante el juez que esté conociendo de la ejecución y sujeta su sustanciación a la comparecencia tanto del ejecutante como del ejecutado; ya que la afección de los bienes a la ejecución, que constituye básicamente el embargo, confiere al ejecutante el derecho de percibir el producto de la enajenación forzosa, en principio, con independencia respecto a cualquier otro acreedor del ejecutado; por ello, sin estar completamente reintegrado el ejecutante de principal, intereses y costas no podrán aplicarse las sumas realizadas a ningún otro objeto que no haya sido declarado preferente por sentencia dictada en tercería de mejor derecho[2], al tenor de lo que dispone el artículo 835.2 del texto normativo antes referido..."..."se deduce que la demanda de tercería de preferencia requiere de dos circunstancias: (a) que exista una demanda de pago previa por parte de persona distinta al tercero que aún no se haya decidido, o al menos no se haya ejecutado; y (b) el establecimiento o declaración simultánea o previa de la obligación para con el tercero; por lo que el hecho de no exigirla, efectivamente, tal y como lo ha manifestado el Fiscal en las conclusiones de su dictamen, vulnera el derecho de defensa y debido proceso reconocidos constitucionalmente en los artículos 82 y 90; razón por la cual, procede el otorgamiento del presente amparo..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecinueve de Noviembre del año dos mil trece. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JOSE DONOSO CUBERO MEJIA a favor de la Sociedad Mercantil denominada BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS SOCIEDAD ANONIMA, (BAC-HONDURAS, S.A.), contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha quince (15) de marzo del año dos mil doce (2012), que resuelve un recurso de apelación presentado contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, con relación a la demanda de tercería de prelación promovida por la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) contra los señores PEDRO JUAN CASTELLANOS CABALLERO, GLORIA MARIA DURAN PAZ y contra el BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS SOCIEDAD ANONIMA (BAC-HONDURAS S.A.). Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado, en perjuicio de su representada, los derechos constitucionales establecidos en los artículos 1, 80, 82, 90 párrafo primero, 304 y 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha once (11) de enero del año dos mil once (2011), compareció ante el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, la Abogada LOURDES PATRICIA HERNANDEZ DIAZ, en su condición de Representante Legal de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE), interponiendo Demanda de Tercería de Preferencia Vía Proceso Abreviado contra los señores PEDRO IVAN CASTELLANOS CABALLERO, GLORIA MARIA DURAN PAZ y JACOBO NICOLAS ATALA ZABLAH este último en su condición de Gerente General y Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil denominada BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS (BAC-BAMER S.A.). 2) Que en fecha doce (12) de diciembre del año dos mil once (2011), el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, dictó sentencia mediante la cual falló: (sic) “1) Desestima la impugnación hecha por el Abogado Cubero contra la Constancia descrita en el número 1) de las pruebas de la parte demandante. 2) Desestima la presente Tercería de Preferencia y, conforme al artículo 835 del Código Procesal Civil, condena en costas al Tercerista.”. (Folios 109 al 111 de la primera pieza de los antecedentes). 3) Que en fecha quince (15) de marzo del año dos mil doce (2012), conociendo del recurso de apelación presentado por la Abogada MEIDY YORLENI MONTOYA ZUNIGA en su condición de Representante Legal de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) contra la sentencia de fecha doce (12) de diciembre del año dos mil once (2011), dictada por el A-quo, la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortés, dictó resolución mediante la cual: 1) Declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto; 2) (sic) “REVOCAR el auto definitivo venido en Apelación y en consecuencia, declarar con lugar la Tercería de Preferencia interpuesta por la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE.”; y 3) No condenó en costas. (Ver folios 26 al 28 de la pieza de amparo). 4) El recurrente Abogado JOSE DONOSO CUBERO MEJIA, compareció ante este Tribunal, en fecha cuatro (4) de junio del año dos mil doce (2012), interponiendo acción de amparo a favor de la Sociedad BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS SOCIEDAD ANÓNIMA (BAC HONDURAS S.A.), por considerar que la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortés en fecha quince (15) de marzo del año dos mil doce (2012), es violatoria de los derechos constitucionales contenidos en los artículos 1, 80, 82, 90 párrafo primero, 304 y 321 de la Constitución de la República. Teniendo por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha diez (10) de junio del año dos mil trece (2013). 5) Que con fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil trece (2013), el Abogado MARIO RENE ALBERTO ALONZO, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, emitió dictamen, en el cual fue de la opinión que se otorgue el presente recurso de amparo. CONSIDERANDO 1: Que respecto a los derechos de legalidad, acción, defensa y debido proceso que considera violentados, el peticionario ha basado su recurso en que “… se han violentado las formalidades derechos y garantías que la ley establece a favor de mi representada, por cuanto que al haberse admitido la demanda de tercería, con el principio de prueba que eran los documentos anteriormente relacionados, pero que en la Audiencia señalada en el juicio abreviado, los representantes de la parte demandante en ningún momento probaron que tenían un título ejecutivo con pendencia de pago, como lo establece el artículo 149 del Código Tributario, para que fueran pagados privilegiadamente, obviando lo establecido en el Código Civil, en el título XII artículo 2254 y su clasificación de crédito en el artículo 2256 del mismo cuerpo legal, claramente señala que los créditos hipotecarios anotados e inscritos en el registro de la propiedad, son créditos privilegiados; salvo que exista un acreedor con un mejor derecho o privilegio; lo cual no ocurre en el presente caso.” CONSIDERANDO 2: Que el Debido Proceso, como derecho individual, al tenor de lo que dispone el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, implica que no es un derecho per se, sino que está conformado por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley; lo que trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos; y en el caso subjudice, el peticionario lo relaciona, con el principio de legalidad de la administración pública, derecho de acción, la inviolabilidad del derecho de defensa; derecho individual que se encuentra contemplados en los artículo 80, 82 y 321. CONSIDERANDO 3: Que a efecto de determinar si en el presente caso se han seguido las formalidades establecidas por la ley, hemos de partir de que la naturaleza jurídica de la tercería de preferencia, o tercería de mejor derecho, contemplada en el Capítulo VI del Código Procesal Civil, se encuentra en que el tercero, en general, con la tercería persigue que su crédito sea declarado preferente respecto del crédito del acreedor ejecutante, pero puede perseguir también que se declare la existencia del crédito mismo, condenado al ejecutado al pago.[1] Es precisamente esta naturaleza jurídica, lo que fundamenta que la procedencia, al tenor de lo que dispone el artículo 831 del Código Procesal Civil, ha de deducirse ante el juez que esté conociendo de la ejecución y sujeta su sustanciación a la comparecencia tanto del ejecutante como del ejecutado; ya que la afección de los bienes a la ejecución, que constituye básicamente el embargo, confiere al ejecutante el derecho de percibir el producto de la enajenación forzosa, en principio, con independencia respecto a cualquier otro acreedor del ejecutado; por ello, sin estar completamente reintegrado el ejecutante de principal, intereses y costas no podrán aplicarse las sumas realizadas a ningún otro objeto que no haya sido declarado preferente por sentencia dictada en tercería de mejor derecho[2], al tenor de lo que dispone el artículo 835.2 del texto normativo antes referido. CONSIDERANDO 4: Que en base a lo antes expresado, se deduce que la demanda de tercería de preferencia requiere de dos circunstancias: (a)que exista una demanda de pago previa por parte de persona distinta al tercero que aún no se haya decidido, o al menos no se haya ejecutado; y (b) el establecimiento o declaración simultánea o previa de la obligación para con el tercero; por lo que el hecho de no exigirla, efectivamente, tal y como lo ha manifestado el Fiscal en las conclusiones de su dictamen, vulnera el derecho de defensa y debido proceso reconocidos constitucionalmente en los artículos 82 y 90; razón por la cual, procede el otorgamiento del presente amparo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de VOTOS; haciendo aplicación de los artículos 82 párrafo primero, 90, 313 numeral 5, 316 de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 9 y 78 atribución 5ta de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 numeral 2, 5, 6, 7, 9 numeral 3 literal b, 41 numeral 1, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 831 y 835 del Código de Procedimientos Civiles, FALLA: OTORGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JOSE DONOSO CUBERO MEJIA, a favor de la Sociedad BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS SOCIEDAD ANONIMA (BAC HONDURAS S.A.), contra la sentencia de fecha quince de marzo del año dos mil doce, dictada por la Corte de Apelaciones de la ciudad de San Pedro Sula, que revocó el auto de fecha doce de diciembre del año dos mil once, dictado por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Cortés; con relación a la Demanda de Tercería de Preferencia vía proceso abreviado, interpuesta por la Abogada LOURDES PATRICIA HERNANDEZ DIAZ, en su condición de apoderada legal de la EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE), contra los Señores PEDRO IVAN CASTELLANOS CABALLERO y GLORIA MARIA DURAN PAZ y BAC-BAMER S.A. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias a la Corte de Apelaciones antes referida, para los efectos pertinentes. Redactó Magistrado Lizardo Carranza. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. PRESIDENTA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO. Firma y sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los doce días del mes de diciembre de dos mil trece, certificación de la sentencia de fecha diecinueve de noviembre de dos mil trece, recaída en el recurso de amparo civil registrado en este Tribunal con el número 432-p786-p793=12.

DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL

[1] Montero Aroca, Juan; Gómez Colomer, Juan Luis; Montón Redondo Alberto; y, Barona Vilar, Silvia. “El Nuevo Proceso Civil”. Editorial Tirant Lo Blanch. 2da Edición. Valencia, España. 2001. Página 802.

[2] Idem.