Sentencia AC-426-11 — Registro 7958
Resumen
Sentencia en consulta revocó resolución dictada por juzgado de letras que otorgó recurso de amparo a favor de recurrente contra sentencia defintiva y autos dictados por juzgado de Paz de lo Civil por considerar que en su momento el juzgado de letras dictó sentencia en una demanda de desahucio promovida por Oscar Luis, Rosa Isabel y Lourdes, todos de apellidos Paz Rodríguez contra recurrente misma que se declaró sin lugar por falta de pruebas y fue confirmada por Corte de Apelaciones con relación a demanda de desahucio promovida contra recurrente
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."esta Sala observa: que no existiendo Juzgado de Inquilinato en la ciudad de la Ceiba Atlántida, por disposición de la ley, se interpuso demanda de Desahucio contra el recurrente en el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de esa ciudad, misma que en fecha catorce de enero del año 2008, fue declarada sin lugar, por falta de pruebas en la acreditación de la condición de arrendatario del impetrante, interpuesto el recurso de apelación por la parte demandante, la Corte de Apelaciones de aquella Sección Judicial en fecha nueve de abril del año dos mil diez, confirmó la resolución recurrida. Del contenido de la acción de amparo se desprende que el recurrente en fecha catorce de noviembre del año 2007, entabló Demanda Ordinaria de Prescripción de dominio sobre el mismo inmueble objeto de la controversia, mismo que se encuentra en el segundo período probatorio. Posteriormente argumentando los mismos hechos y sobre el mismo objeto ya sometidos a juicio se entabló demanda de desahucio contra el quejoso ante el juzgado de Paz de la ciudad de la Ceiba la que fue declarada con lugar. La Constitución de la República reconoce Derechos a los ciudadanos y señala los mecanismos procesales que han de seguirse para tutelarlos efectivamente, por lo que la prohibición del doble juzgamiento forma parte de las garantía constitucional del debido proceso, de esta manera su finalidad es evitar que un ciudadano sea juzgado dos veces por los mismos hechos y no solo es aplicable en materia penal, siempre que concurra la triple identidad: persona, objeto y causa en un juicio conocido, en el cual se haya dictado una sentencia que haya adquirido el carácter de firme, y otro que se inicia bajo esta triple identidad; tal y como ocurre en el caso que nos ocupa en que las pretensiones de las partes fueron conocidas y obtuvieron respuesta, recayendo sobre dicha sentencia la autoridad de cosa juzgada, al haber sido confirmada por el Tribunal de alzada, por lo que acudir al Juzgado de Paz por los mismos hechos, demandado y objeto sobrepasa los límites normales de la buena fe procesal, abusando del derecho, los “actos jurídicos deben ser cumplidos de buena fe, vale decir, con entera lealtad, con intención recta y positiva, para que así pueda realizarse cabal y satisfactoriamente…"..."el pronunciamiento proferido por la Corte de Apelaciones de la Ceiba departamento de Atlántida, resulta errado inobservando los requerimientos, procedimientos, y exigencias establecidas en la ley, necesarias para garantizar la efectividad del derecho material, así se desprende del estudio de los antecedentes y argumentos jurídicos, pronunciados por el Ad quem que se apartó de la aplicación del procedimiento, haciendo caso omiso a disposiciones de orden Constitucional que garantizan el debido proceso y la prohibición de doble juzgamiento, y de cosa juzgada, que no pueden eludirse por convención de los particulares y menos de aquellos que por razón de su investidura deben aplicarlas, conforme a las disposiciones que rigen la materia vulnerando de esta manera la garantía constitucional del Debido Proceso y derecho a la Defensa que ha venido alegando el recurrente..."..."El recurrente ha visto conculcado su derecho a la defensa en el momento en que la Corte de Apelaciones de de la Sección Judicial de la Ceiba departamento de Atlántida revoca el amparo otorgado en fecha cuatro de abril del dos mil once por el Juzgado de letras Seccional de la esa ciudad, cuando ya existía una sentencia definitiva confirmada con carácter de firme recaída sobre el mismo demandado, los mismos hechos y el mismo objeto..."..."la resolución objeto del presente recurso, vulnera el Derecho al debido proceso y el derecho de defensa..."
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
Sentencia
CERTIFICACION
El infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: El fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio Distrito Central, veintidós de enero de dos mil trece.VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de La Ceiba, departamento de Atlántida, de fecha veintinueve de abril de dos mil once, que revoca la sentencia dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Atlántida, en fecha cuatro de abril de dos mil once, que otorga el recurso de amparo interpuesto por la abogada DACIA DAIRENE CRUZ VELEZ, a favor del señor JURAJ STJEPAN VUKUSIC, contra la sentencia definitiva y el auto dictados por el Juzgado de Paz de lo Civil de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fechas doce de agosto del año dos mil diez y quince de octubre de dos mil diez, respectivamente; con relación a la demanda de Desahucio promovida por los señores OSCAR LUIS, ROSA y LOURDES, todos de apellidos PAZ RODRIGUEZ, contra el señor JURAJ STJEPAN VUKUSIC. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintiséis de noviembre de dos mil diez, compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de La Ceiba, departamento de Atlántida, la abogada DACIA DAIRENE CRUZ VELEZ, interponiendo acción de amparo a favor del señor JURAJ STJEPAN VUKUSIC, contra la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Paz de lo Civil de la Sección Judicial de La Ceiba, Atlántida, en fecha doce de agosto del año dos mil diez, así como también contra el auto de fecha quince de octubre de dos mil diez, dictada por el mismo órgano jurisdiccional, por considerar la recurrente que dichas resoluciones violentan el derecho de defensa y el debido proceso en contra de su representado, ambos amparados por la Constitución de la República en sus artículos 82, párrafo primero y 90. Teniendo por formalizada en tiempo y forma su acción, en fecha catorce de enero de dos mil once.2) Que el Juzgado de Letras Seccional de La Ceiba, departamento de Atlántida, dictó sentencia en fecha cuatro de abril de dos mil once, mediante la cual resolvió otorgar el recurso de amparo de mérito, interpuesto a favor del señor JURAJ STJEPAN VUKUSIC, y ordenó remitir en consulta las diligencias ante la Corte de Apelaciones de esa misma Sección Judicial. (Folio 24 al 32 de la primera pieza de antecedentes)3) Que en fecha veintinueve de abril de dos mil once, la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, al haber recibido las diligencias relacionadas en el inciso que precede, dictó sentencia, mediante la cual revocó la sentencia de amparo en consulta, dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Atlántida. (Folios 2 al 4 de la segunda pieza de antecedentes)4) Que en fecha dieciocho de mayo de dos mil once, compareció ante la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, la abogada DACIA DAIRENE CRUZ VELEZ, en su condición de apoderada legal del señor JURAJ STJEPAN VUKUSIC, solicitando fuere elevada la petición de estudio a esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, de la sentencia de fecha veintinueve de abril de dos mil once, dictada por la Corte de Apelaciones antes mencionada, fundamentando su solicitud en el articulo 68 primer párrafo de la Ley Sobre Justicia Constitucional.5) Que en fecha treinta de mayo de dos mil once, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo interpuesto por la abogada DACIA DAIRENE CRUZ VELEZ, a favor del señor JURAJ STJEPAN VUKUSIC, en virtud de la petición de estudio solicitada en base al en artículo 68 primer párrafo de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO:(1) Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 Constitucional relacionado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO:(2) Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en Estudio, los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 relacionado con el artículo 11 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Estudio la sentencia de fecha veintinueve de abril del año dos mil once, dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de La Ceiba, departamento de Atlántida, en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada DACIA DAIRENE CRUZ VELEZ, a favor del señor JURAJ STJEPAN VIKUSIC, mediante la cual se Revocó la sentencia de fecha cuatro de abril del dos mil once, dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba departamento de Atlántida. ONSIDERANDO:(4) Que el origen de la controversia es la resolución de fecha cuatro de abril del año dos mil once dictada por el Juez de Letras de la Sección judicial de la Ceiba Departamento de Atlántida mediante la cual otorgó el Recurso de Amparo a favor de JURAJ STJEPAN VUKUSIC, considerando el A quo, los antecedentes de los que aparece que “la parte recurrente acreditó en su momento que el Juzgado de Letras de la Sección judicial de esa ciudad dictó sentencia en fecha catorce de enero del año dos mil nueve, en una Demanda de Desahucio promovida por la apoderada legal de los señores OSCAR LUIS, ROSA ISABEL Y LOURDES todos de apellido PAZ RODRIGUEZ en contra del señor JURAJ VUKUSIC, misma que fue declarada sin lugar por falta de pruebas en esa instancia, siendo apelada ante la Corte de Apelaciones de esa Sección Judicial, quien en fecha nueve de abril del año dos mil diez, dictó sentencia confirmando el fallo apelado por las apoderada de los señores PAZ RODRIGUEZ”. Señala además el recurrente que “en fecha veintiuno de de abril del año dos mil diez, los señores Paz Rodríguez a través del Abogado MERLYN ALBERTO ARITA interpusieron idéntica demanda de Desahucio ante el Juzgado de Paz de aquella ciudad, Juzgado que no solo era incompetente para conocer de las demandas de desahució, sino que también fue sorprendida la buena Fe Procesal con inusitada astucia en fraude de ley que conlleva a la presunción verídica que efectivamente al recurrente se le violentó el Derecho a la Defensa nombrándosele un curador Ad Lite, cuando recién doce días antes había quedado firme el fallo favorable al señor VUKUSIC, a quien se le conocía el paradero y de quien los demandantes no ignoraban la existencia de una apoderada legal legítima, en tal sentido el nombramiento deliberado de un Curador Ad Liten, con la intención por los demandantes de ocultar un juicio idéntico al ya juzgado desahucio, constituye violación al derecho de Defensa así como también al Debido Proceso”. Manifiesta que se aprecia de los antecedentes que la sentencia de desahucio dictada por el Juzgado de Paz de lo Civil quedó firme ante el A Quo, sin la posibilidad de interponer recursos el demandado, por desconocer la existencia de dicho juicio de desahucio y fue hasta su requerimiento según acta de fecha nueve de de noviembre del año en curso (folio 89 de los antecedentes) que el recurrente se dio cuenta de la existencia del juicio de desahucio; razón por la cual se admitió el Amparo y en atención al artículo 48 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, lo cual da el derecho de pronunciarse como si el recurso se hubiera interpuesto dentro de los dos meses que manda la referida ley. Expresa además que el desconocimiento por parte del agraviado de la demanda de desahucio, así como el conocimiento de los demandantes de otra demanda de desahucio ante el Juzgado de Letras, claramente evidencia que hubo una maquinación fraudulenta en perjuicio del impetrante y que a todas luces trató de escondérsele la existencia de un nuevo juicio ante el Juzgado de Paz, al extremo de publicar los avisos de curador en el diario “La Tribuna” de escasas, circulación en la ciudad, en tal sentido esas acciones son violatorias de derechos constitucionales de defensa y debido proceso, causando indefensión y vulneración del derecho a la tutela judicial. Además el A quo consideró el artículo 58 No. 4 reformado de la Ley de Inquilinato, que establece que la competencia en los casos donde no exista Juzgado de Inquilinato corresponderá a los juzgados de Letras Departamentales o Seccionales de lo Civil”, CONSIDERANDO: (5) Que de la Corte de Apelaciones de Ceiba Atlántida, conocedora en consulta del Recurso de Amparo interpuesto, señala en su Considerando No. Cinco (5) que revisadas que fueron las sentencia que motivaron la acción de amparo, encontró que se refieren al mismo objeto del proceso, a las mismas partes procesales, sin embargo en materia de inquilinato no produce el efecto de cosa juzgada, siendo válido interponer una acción similar por la cuantías ante el Juzgado de Paz de lo Civil de la ciudad de la Ceiba, no encontrando en ello la intención de afectar el derecho del señor Vukusic, tampoco aprecia lesividad alguna sus derechos, en que se le haya nombrado curador Ad Liten, pues es una figura que está regulada en la Ley procesal aplicable al momento procesal en que se promovió la acción de desahucio. Sigue considerando el Ad quem que en fecha cuatro de abril del dos mil once se dicta la sentencia otorgando el amparo a favor del señor VUKUSIC, por parte del Juzgado de Letras Seccional de la ciudad de La Ceiba, con los argumentos que dicho señor desconocía la segunda demanda promovida en su contra y que efectivamente se realizaron acciones tendientes a impedir que llegase a su conocimiento hasta el momento en que ya no se pudiese ejercitar ninguna acción. Estimando el Ad quem que no es cierto que haya indefensión pues como parte en ese proceso el señor VUKUSIC tuvo un abogado que lo representó aunque fuese como Curador Ad Litem, además a partir del momento en que es requerido para desocupar el inmueble, puede ejercitar las acciones ordinarias de impugnación que estime necesarias, no así el Recurso de amparo, pues este es de naturaleza subsidiaria, su apoderada ya está personada en ese proceso y puede impugnar cualquier resolución judicial que no esté firme por lo que consideró que no hay violación a los derechos de defensa a través de la garantía de tutela judicial y al debido proceso. CONSIDERANDO: (6) Que el Principio ne bis in idem se encuentra contenido en la Constitución de la República en su artículo 95 que literalmente dice: “…ni podrá ser Juzgada otra vez por los mimos hechos punibles que motivaron anteriores enjuiciamientos”, debiéndose entender como hechos punibles todos aquellos que son contrarios a la ley sin distingos de la materia en que se produzcan. El principio ne bis in idem es una garantía propia del Derecho Constitucional establecido en diferentes tratados internacionales de los que el Estado forma parte con el objetivo de consolidar el Estado Constitucional de Derecho. El principio ne bis in idem, no solo tiene aplicación en el ámbito penal, a través de la norma constitucional se extiende a toda clase de procedimientos judiciales, administrativos etc.,en los que se hubiere instruido otro proceso por los mismos hechos, el mismo demandado (acusado) y el mismo objeto, o que hubieran pasado por autoridad de cosa juzgada o se estuvieren juzgado en un proceso colateral y esto es así, a fin de salvaguardar la Seguridad jurídica sobre la que descansa el orden jurídico del Estado, evitando la aplicación arbitraria de la ley. CONSIDERANDO: (7) Que la “facultad de juzgar y ejecutar lo juzgado corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales de Justicia, los que solo podrán ejercerán su jurisdicción en los asuntos y dentro del territorio que les hubiere designado las leyes…” de acuerdo a la norma Constitucional contenida en el artículo 304, y las disposiciones de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales en sus artículos 1 y 5; la misma ley en su artículo 137 establece que “La competencia es la facultad que tiene cada Juez o Tribunal para conocer de los negocios que la ley ha colocado dentro de la esfera de sus atribuciones”. De acuerdo a los normas relacionadas debemos entender que la jurisdicción es la función que realiza el Juez o Tribunal para resolver los conflictos que ante el se promuevan, entonces la competencia es la esfera, grado o medida que posee el órgano jurisdiccional para el ejercicio de esta función, en relación a circunstancias concretas de materia, cuantía, grado, turno y territorio, que le son atribuidas a los jueces o Tribunales por normas con rango de leyes vigentes promulgadas con anterioridad. CONSIDERANDO: (8) Que el artículo 26 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales señala como funciones de los Jueces de Paz “conocer en primera instancia de los pleitos civiles en juicio verbal, si el objeto de la demanda no excede de Cincuenta Mil Lempiras. Ejercer la jurisdicción voluntaria y contenciosa en los casos señalados por la ley; conocer en primera instancia las causas criminales por faltas y, a prevención con los Jueces de Letras, formar de oficio o, a petición de parte el sumario…” Por su parte el artículo 58 de la Ley de Inquilinato, reformado mediante Decreto 866 del 18 de diciembre de 1979 establece: “Competerá a los Juzgados de Letras de Inquilinato en su respectiva jurisdicción territorial: 1) el conocimiento en primera instancia de los contratos de arrendamiento o de subarrendamiento a que esta ley se refiere…, 2)…, 3… donde no hubiese Juzgados de Letras de Inquilinato, la competencia asignada a éstos por el artículo anterior corresponderá a los Juzgados de Letras Departamentales o Seccionales de lo Civil; Pudiendo conocer los Juzgados de Paz de Lo Civil los juicios de terminación del contrato de Arrendamiento o subarrendamiento según la cuantía. CONSIDERANDO: (9) Que del estudio de los antecedentes y la resolución del Ad quem, esta Sala observa: que no existiendo Juzgado de Inquilinato en la ciudad de la Ceiba Atlántida, por disposición de la ley, se interpuso demanda de Desahucio contra el recurrente en el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de esa ciudad, misma que en fecha catorce de enero del año 2008, fue declarada sin lugar, por falta de pruebas en la acreditación de la condición de arrendatario del impetrante, interpuesto el recurso de apelación por la parte demandante, la Corte de Apelaciones de aquella Sección Judicial en fecha nueve de abril del año dos mil diez, confirmó la resolución recurrida. Del contenido de la acción de amparo se desprende que el recurrente en fecha catorce de noviembre del año 2007, entabló Demanda Ordinaria de Prescripción de dominio sobre el mismo inmueble objeto de la controversia, mismo que se encuentra en el segundo período probatorio. Posteriormente argumentando los mismos hechos y sobre el mismo objeto ya sometidos a juicio se entabló demanda de desahucio contra el quejoso ante el juzgado de Paz de la ciudad de la Ceiba la que fue declarada con lugar. La Constitución de la República reconoce Derechos a los ciudadanos y señala los mecanismos procesales que han de seguirse para tutelarlos efectivamente, por lo que la prohibición del doble juzgamiento forma parte de las garantía constitucional del debido proceso, de esta manera su finalidad es evitar que un ciudadano sea juzgado dos veces por los mismos hechos y no solo es aplicable en materia penal, siempre que concurra la triple identidad: persona, objeto y causa en un juicio conocido, en el cual se haya dictado una sentencia que haya adquirido el carácter de firme, y otro que se inicia bajo esta triple identidad; tal y como ocurre en el caso que nos ocupa en que las pretensiones de las partes fueron conocidas y obtuvieron respuesta, recayendo sobre dicha sentencia la autoridad de cosa juzgada, al haber sido confirmada por el Tribunal de alzada, por lo que acudir al Juzgado de Paz por los mismos hechos, demandado y objeto sobrepasa los límites normales de la buena fe procesal, abusando del derecho, los “actos jurídicos deben ser cumplidos de buena fe, vale decir, con entera lealtad, con intención recta y positiva, para que así pueda realizarse cabal y satisfactoriamente… Tiene un alcance muy general en el Derecho civil moderno, es aplicable no solo a los contratos sino a todos los actos jurídicos, a todas las obligaciones cualquiera que sean sus fuentes”. (Ospina Fernández Guillermo. Teoría General del Contrato y del negocio Jurídico. Quinta edición, editorial Temis. Bogotá 1998, Pág. 331). Por otra parte, según Manresa se da el nombre de cosa juzgada “a toda cuestión que ha sido resuelta en juicio contradictorio por sentencia firme de los tribunales de justicia”. Siguiendo este orden de ideas “Surge la excepción de Cosa juzgada cuando se pretende revivir un asunto ya fallado en forma definitiva; por cuanto se presume que el fallo se basa en situaciones verdaderas, ya no controvertibles; pues de lo contrario la justicia carecería de eficacia; para tal efecto deben concurrir los requisitos de: a) identidad de las personas; b) identidad de cosas; c) identidad de acciones.” Careciendo de fin y de sentido que se quiera seguir un nuevo juicio, puesto que el derecho ya ha cumplido su objetivo”. Cabanellas “Diccionario de Derecho Usual” Tomo I, Pag. 539. Lo contrario constituye una evidente e intolerable agresión del derecho constitucional al debido proceso y particularmente del non bis in idem y a la cosa juzgada; colocando en situación de peligro la seguridad jurídica en relación a la carencia de eficacia de las resoluciones dictadas por los órganos jurisdiccionales. CONSIDERANDO:(10) Que el pronunciamiento proferido por la Corte de Apelaciones de la Ceiba departamento de Atlántida, resulta errado inobservando los requerimientos, procedimientos, y exigencias establecidas en la ley, necesarias para garantizar la efectividad del derecho material, así se desprende del estudio de los antecedentes y argumentos jurídicos, pronunciados por el Ad quem que se apartó de la aplicación del procedimiento, haciendo caso omiso a disposiciones de orden Constitucional que garantizan el debido proceso y la prohibición de doble juzgamiento, y de cosa juzgada, que no pueden eludirse por convención de los particulares y menos de aquellos que por razón de su investidura deben aplicarlas, conforme a las disposiciones que rigen la materia vulnerando de esta manera la garantía constitucional del Debido Proceso y derecho a la Defensa que ha venido alegando el recurrente. CONSIDERANDO: (11) Que el artículo 82 Constitucional establece que el derecho de defensa es inviolable, que los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes, este derecho no admite excepción alguna, de esta manera se garantiza la igualdad procesal, reconocido y protegido dentro del marco de las garantías Constitucionales, en los instrumentos internacionales que forman parte del derecho interno de Honduras, entre ellos la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, que lo consagra en sus artículos: 8 y 10, El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14. 1. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos 8.1. El derecho de defensa se encuentra estrechamente ligado al debido proceso por lo que su desconocimiento lo invalida. El recurrente ha visto conculcado su derecho a la defensa en el momento en que la Corte de Apelaciones de de la Sección Judicial de la Ceiba departamento de Atlántida revoca el amparo otorgado en fecha cuatro de abril del dos mil once por el Juzgado de letras Seccional de la esa ciudad, cuando ya existía una sentencia definitiva confirmada con carácter de firme recaída sobre el mismo demandado, los mismos hechos y el mismo objeto. CONSIDERANDO: (12) Que la resolución objeto del presente recurso, vulnera el Derecho al debido proceso y el derecho de defensa quebrantándose los artículos 82, 90, citados por el recurrente. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos: 60, 61, 80, 90 párrafo primero, 183, 304, 303, 313 No.5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 5, 6, 8, 9 No.3 b), 41 No.1, 45, 68, 69, de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 8, 10, Declaración Universal Sobre Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.1, de La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, FALLA: 1º. REVOCANDO la sentencia dictada en fecha veintinueve de abril del año dos mil once, por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Ceiba Departamento de Atlántida. 2º.CONFIRMANDO el Recurso de AMPARO otorgado en fecha cuatro de abril del año dos mil once, por el Juzgado de Letras Seccional de la Ceiba departamento de Atlántida, interpuesto por la Abogada DACIA DAIRENE CRUZ VELEZ a favor del señor JURAJ STJEPAN VUCUSIK. Que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redacto el Magistrado LOZANO URBINA. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. GERMAN VICENTE GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. Firma y sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL".
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de febrero del año dos mil trece, certificación de fallo de fecha veintidós de enero de dos mil trece, recaída en el recurso de Amparo Civil venido en Consulta, registrado en ese Tribunal bajo el número 426 =11.
DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL