Sentencia AC-422-11 — Registro 7357
Resumen
Resolución declaró sin lugar recurso de apelación y confirmó sentencia dictada por juzgado de primera instancia con relación a la Querella de amparo promovida en contra de recurrente
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."esta Sala concluye que los argumentos del recurrente no son conforme a derecho, y ello se estima así puesto que las alegada vulneración de cosa juzgada no se ha suscitado, en ese orden de ideas es menester señalar que si bien es cierto que respecto de las partes en la querella de amparo de autos, ya existe una sentencia que pone fin al litigio de una acción reivindicatoria de dominio, también lo es que tal sentencia no define el derecho de propiedad o dominio que se disputa, en ese orden de ideas y siendo que la querella de amparo es el interdicto o juicio posesorio que tiene por objeto conservar la posesión de los bienes raíces o de los derechos reales constituidos sobre dichos bienes, cuando esa posesión es perturbada por determinados actos, por lo que su interposición y el posterior desarrollo de la misma en manera alguna vulnera la garantía de la cosa juzgada..."..."esta sala de lo Constitucional estima que los argumentos del recurrente no son mas que alegatos de mera legalidad, que hacen que la acción sea inadmisible al tenor de lo estipulado en el articulo 46 numeral 1) y párrafo final de la Ley de Justicia Constitucional; y es que entendemos que a través de esta disposición se establece una especie de filtro, para evitar que la Sala de lo Constitucional y los demás órganos que ejercen la justicia constitucional, se conviertan en otra instancia más, y se desnaturalice con ello su función primordial, como es la de establecer la compatibilidad o no de los actos impugnados con la Constitución, de éste modo, aquellas cuestiones de mera legalidad, y sin relevancia constitucional, deben ser resueltas por los Juzgados y Tribunales de instancia..."..."esta Sala estima que en el caso de merito es procedente sobreseer la presente causa al tenor del ya citado articulo 46 numeral 1) y párrafo final de la Ley de Justicia Constitucional..."
Legislación citada
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecinueve de noviembre del dos mil trece. VISTO: Para dictar sentencia en la Acción de Amparo interpuesta por el Abogado ORZON ENRIQUE PADILLA CARCAMO a favor del Señor LUIS ANTONIO SEVILLA CASTRO, contra la sentencia dictada en fecha treinta (30) de marzo del año dos mil once (2011), por la Corte de Apelaciones Civil de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, la que declara sin lugar un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada en fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil diez (2010), por el Juzgado de Letras Seccional de Yoro, departamento de Yoro, con relación a la Querella de Amparo promovida por la señora THELMA MARINA CASTRO contra el señor LUIS ANTONIO SEVILLA CASTRO. ANTECEDENTES. 1) Que en fecha nueve (9) de agosto del año dos mil diez (2010), compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Yoro, Departamento de Yoro, la Señora THELMA MARINA CASTRO, interponiendo Querella de Amparo contra el Señor LUIS ANTONIO SEVILLA CASTRO. 2) Que una vez celebrada la correspondiente Audiencia, el referido Juzgado en fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil diez (2010), dictó Sentencia Definitiva en la cual declaró CON LUGAR la querella de amparo interpuesta y ORDENÓ al señor Luis Antonio Sevilla Castro que cesará en la molestia que ejercía sobre el inmueble objeto de la demanda y condenó en costas. (F. 11 al 14, y 79 al 80 de la p. p. a.) 3) Que en fecha treinta (30) de marzo del año dos mil once (2011), la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, declaró SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado ORZON ENRIQUE PADILLA CARCAMO, en su condición de Apoderado Legal del Señor LUIS ANTONIO SEVILLA CASTRO, contra la sentencia dictada por el a-quo en fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil diez (2010), confirmando la misma y condenó en costas. (F. 8 y 10 de la s. p. a.) 4) Que en fecha en fecha treinta (30) de mayo del año dos mil once (2011), el recurrente Abogado ORZON ENRIQUE PADILLA CARCAMO, compareció ante esta Sala de lo Constitucional, interponiendo acción de amparo a favor del Señor LUIS ANTONIO SEVILLA CASTRO, por considerar que la decisión de la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, y que se deja relacionada en el numeral anterior, es violatoria de los derechos constitucionales contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. Teniendo por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha uno (1) de abril del año dos mil trece (2013). 5) Que con fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil trece (2013), el Abogado MARIO RENE ALBERTO ALONSO, fiscal del Ministerio Publico emitió su opinión en el caso de mérito, dictamen por el cual después de hacer el análisis jurídico respectivo, es del parecer por que NO SE OTORGUE el recurso de amparo interpuesto, por no existir, a su criterio la vulneración de los artículos Constitucionales invocados. CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que la persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta puede interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que se conoce en amparo la sentencia de fecha treinta (30) de marzo del año dos mil once (2011), dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, sentencia del ad-quem que en su parte conducente señala básicamente lo siguiente: (Sic) “… Que del análisis de las pruebas aportadas en juicio se puede determinar específicamente con la prueba inspeccional realizada el trece de septiembre del dos mil diez, a la oficina de control tributario de la municipalidad de Yoro, que la señora Thelma Marina Castro, es la persona que ha estado pagando los impuestos correspondientes al bien inmueble objeto de la presente causa, así como la inscripción del mismo en el departamento de Catastro de Yoro, a nombre de Thelma Marina Castro, lo cual constituye actos de posicionamiento del bien por parte de la querellante, el articulo 736 del Código Civil, establece que si se ha empezado a poseer a nombre propio, se presume que esta posesión ha continuado hasta el momento en que se alega. La declaración testifical rendida en juicio y la inspección judicial realizada en el bien inmueble, resultan ser determinantes para acreditar que se le ha perturbando o molestado a la querellante en su posesión. Es necesario puntualizar lo que establece el Código Civil, sobre la posesión, al expresar que es la tenencia de una cosa o el goce de un derecho por nosotros mismos con animo de dueños, o por otro en nombre nuestro, si como también, que el poseedor es reputado dueño, mientras otra persona no justifica serlo; lo cual significa que la posesión no es un derecho, si no un hecho, es decir un estado de hecho protegido por el derecho. El querellado en el presente juicio, no logro justificar ser dueño o tener mejor derecho que la querellante, como tampoco logro acreditar lo contrario a la perturbación o molestia efectuada contra la querellante sobre el bien que actualmente posee, por lo que en atención a lo manifestado por este Tribunal de Alzada, procede confirmar la sentencia proferida por el Juzgado de Yoro.” CONSIDERANDO (3): Que el recurrente de amparo se muestra en descuerdo con la sentencia que se deja relacionada en el acápite anterior, para lo cual en el acápite Antecedentes de la formalización del recurso el impetrante deja sentado que obran dos sentencias definitivas que tienen el carácter de firme; así dice que en la demanda reivindicatoria de dominio obra fallo que declara sin lugar la misma; manifiesta también que obra la sentencia de fecha doce de mayo del año dos mil diez, dictada también por la citada Corte de Apelaciones, misma que según su parecer demuestra que el mismo hecho fue juzgado por segunda ocasión, en la demanda de Oposición a una Declaración de Herencia, sentencia que concluyo con la nulidad absoluta de actuaciones. Continúa expresando el recurrente que siendo firmes las referidas sentencias en los dos juicios anteriores, litigios en los ha tenido a las mismas partes que hoy son protagonistas en la querella de amparo, razón por la cual aduce se vulnera la garantía constitucional de cosa juzgada. Seguidamente el recurrente en el Acápite Relación de los Hechos, manifiesta que se ha violado la garantía constitucional consistente en la cosa juzgada material, para lo cual cita el articulo 210 del código Procesal Civil y explica que en el caso de autos no se ha observado la cosa juzgada ya que existe una sentencia firme de fecha ocho de marzo del año dos mil seis, misma que puso fin a una demanda Reivindicatoria de Dominio, por lo que, en la actual querella o interdicto de amparo existe cosa juzgada material. Señala el recurrente que la violación de la garantía de cosa juzgada material se demuestra al tenor de lo preceptuado en el artículo 195 del Código Procesal Civil, mismo que preceptúa las resoluciones contra las cuales no cabe recurso alguno. También alega la vulneración de la garantía de valoración de la prueba, lo que aduce se demuestra con la normativa del Código Procesal Civil en sus artículos: 115.1, 117, 119.1, 122, 212.4, 237.1, 242.1 y.2, 245.1 y 316; para ello señala que el fallo proferido por el ad-quem al establecer que los cobros de impuestos municipales por parte de la municipalidad de Yoro a la señora Thelma Marina Castro por el referido terreno, constituyen actos se posicionamiento; situación que dice no es así, puesto que una de las sentencia dictadas decreto la nulidad de la inscripción del referido bien inmueble y por ende también se anulo los cobros de los impuestos municipales, por lo que los mismos no tienen fuerza probatoria conforme a la institución de la cosa juzgada. Aduce también que el medio de prueba de inspección llevado a cabo en la oficina de control tributario de la municipalidad de Yoro, departamento de Yoro, y en el sitio en que esta ubicado el bien inmueble, carecen de fuerza probatoria, puesto que la primera de tales inspecciones habiéndose programado para las diez con treinta minutos de la mañana, se llevo a cabo hasta la una de la tarde, y la segunda de ellas habiéndose programada para la una de tarde se llevo a cabo a la diez con treinta minutos de la mañana, ambas en la fecha del trece de septiembre del año dos mil diez, finalmente alega el recurrente que tampoco esta de acuerdo con la sentencia dictada por el ad-quem ya que la misma le da credibilidad a la prueba testifical que obra a folios 63 y 64 de los antecedentes, misma que arguye no tiene credibilidad ya que los testigos no dan razón de sus dichos, así el señor Eustaquio Hernández es un testigo predispuesto ya que en los dos anteriores juicios estuvo en contra de su representado; que el señor Cristóbal Cruz Dubon, el mismo manifestó en su declaración que no entendía bien, debido a la enfermedad que padece; y que la señora Marcelina Hernández para facilitar la redacción de las respuestas a todo lo que declaro en el acta, se registro que respondió “es cierto”, “es positivo”, dado que las respuestas de la misma fueron enredadas. CONSIDERANDO (4): Que del estudio del caso de autos así como de la sentencia impugnada esta Sala concluye que los argumentos del recurrente no son conforme a derecho, y ello se estima así puesto que las alegada vulneración de cosa juzgada no se ha suscitado, en ese orden de ideas es menester señalar que si bien es cierto que respecto de las partes en la querella de amparo de autos, ya existe una sentencia que pone fin al litigio de una acción reivindicatoria de dominio, también lo es que tal sentencia no define el derecho de propiedad o dominio que se disputa, en ese orden de ideas y siendo que la querella de amparo es el interdicto o juicio posesorio que tiene por objeto conservar la posesión de los bienes raíces o de los derechos reales constituidos sobre dichos bienes, cuando esa posesión es perturbada por determinados actos, por lo que su interposición y el posterior desarrollo de la misma en manera alguna vulnera la garantía de la cosa juzgada. CONSIDERANDO (5): Que señalado lo anterior esta sala de lo Constitucional estima que los argumentos del recurrente no son mas que alegatos de mera legalidad, que hacen que la acción sea inadmisible al tenor de lo estipulado en el articulo 46 numeral 1) y párrafo final de la Ley de Justicia Constitucional; y es que entendemos que a través de esta disposición se establece una especie de filtro, para evitar que la Sala de lo Constitucional y los demás órganos que ejercen la justicia constitucional, se conviertan en otra instancia más, y se desnaturalice con ello su función primordial, como es la de establecer la compatibilidad o no de los actos impugnados con la Constitución, de éste modo, aquellas cuestiones de mera legalidad, y sin relevancia constitucional, deben ser resueltas por los Juzgados y Tribunales de instancia. CONSIDERANDO (6): Que por todo lo anteriormente expuesto esta Sala estima que en el caso de merito es procedente sobreseer la presente causa al tenor del ya citado articulo 46 numeral 1) y párrafo final de la Ley de Justicia Constitucional. POR TANTO: La Sala Constitucional en nombre de la Corte Suprema de Justicia como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, oído el parecer de la señora Fiscal, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, haciendo aplicación de los artículos: 1, 80, 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta reformado, 316 numeral 1, 321 y 323 de la Constitución de la República; 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 8.1 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 Nº 2) y 6), 4, 5, 9 Nº 2), 41, 46 Nº 1),63 y 72 de la Ley de Justicia Constitucional; 6 atribución 5ª del Reglamento Interno de la Corte Suprema de Justicia.- FALLA: SOBRESEYENDO las presentes diligencias, en el recurso de amparo interpuesto por el abogado ORZON ENRIQUE PADILLA CARCAMO a favor del Señor LUIS ANTONIO SEVILLA CASTRO.- Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redacto la Magistrada SANTOS MONCADA. NOTIFIQUESE.Firma y Sello. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA; PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el seis de diciembre de dos mil trece, certificación de la resolución de fecha diecinueve de noviembre de dos mil trece, recaída en el Recurso de Amparo Civil No.422=2011.
DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL
“CERTIFICACION: El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: la sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecinueve de noviembre del dos mil trece. VISTO: Para dictar sentencia en la Acción de Amparo interpuesta por el Abogado ORZON ENRIQUE PADILLA CARCAMO a favor del Señor LUIS ANTONIO SEVILLA CASTRO, contra la sentencia dictada en fecha treinta (30) de marzo del año dos mil once (2011), por la Corte de Apelaciones Civil de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, la que declara sin lugar un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada en fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil diez (2010), por el Juzgado de Letras Seccional de Yoro, departamento de Yoro, con relación a la Querella de Amparo promovida por la señora THELMA MARINA CASTRO contra el señor LUIS ANTONIO SEVILLA CASTRO. ANTECEDENTES. 1) Que en fecha nueve (9) de agosto del año dos mil diez (2010), compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Yoro, Departamento de Yoro, la Señora THELMA MARINA CASTRO, interponiendo Querella de Amparo contra el Señor LUIS ANTONIO SEVILLA CASTRO. 2) Que una vez celebrada la correspondiente Audiencia, el referido Juzgado en fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil diez (2010), dictó Sentencia Definitiva en la cual declaró CON LUGAR la querella de amparo interpuesta y ORDENÓ al señor Luis Antonio Sevilla Castro que cesará en la molestia que ejercía sobre el inmueble objeto de la demanda y condenó en costas. (F. 11 al 14, y 79 al 80 de la p. p. a.) 3) Que en fecha treinta (30) de marzo del año dos mil once (2011), la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, declaró SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado ORZON ENRIQUE PADILLA CARCAMO, en su condición de Apoderado Legal del Señor LUIS ANTONIO SEVILLA CASTRO, contra la sentencia dictada por el a-quo en fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil diez (2010), confirmando la misma y condenó en costas. (F. 8 y 10 de la s. p. a.) 4) Que en fecha en fecha treinta (30) de mayo del año dos mil once (2011), el recurrente Abogado ORZON ENRIQUE PADILLA CARCAMO, compareció ante esta Sala de lo Constitucional, interponiendo acción de amparo a favor del Señor LUIS ANTONIO SEVILLA CASTRO, por considerar que la decisión de la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, y que se deja relacionada en el numeral anterior, es violatoria de los derechos constitucionales contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. Teniendo por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha uno (1) de abril del año dos mil trece (2013). 5) Que con fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil trece (2013), el Abogado MARIO RENE ALBERTO ALONSO, fiscal del Ministerio Publico emitió su opinión en el caso de mérito, dictamen por el cual después de hacer el análisis jurídico respectivo, es del parecer por que NO SE OTORGUE el recurso de amparo interpuesto, por no existir, a su criterio la vulneración de los artículos Constitucionales invocados. CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que la persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta puede interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que se conoce en amparo la sentencia de fecha treinta (30) de marzo del año dos mil once (2011), dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, sentencia del ad-quem que en su parte conducente señala básicamente lo siguiente: (Sic) “… Que del análisis de las pruebas aportadas en juicio se puede determinar específicamente con la prueba inspeccional realizada el trece de septiembre del dos mil diez, a la oficina de control tributario de la municipalidad de Yoro, que la señora Thelma Marina Castro, es la persona que ha estado pagando los impuestos correspondientes al bien inmueble objeto de la presente causa, así como la inscripción del mismo en el departamento de Catastro de Yoro, a nombre de Thelma Marina Castro, lo cual constituye actos de posicionamiento del bien por parte de la querellante, el articulo 736 del Código Civil, establece que si se ha empezado a poseer a nombre propio, se presume que esta posesión ha continuado hasta el momento en que se alega. La declaración testifical rendida en juicio y la inspección judicial realizada en el bien inmueble, resultan ser determinantes para acreditar que se le ha perturbando o molestado a la querellante en su posesión. Es necesario puntualizar lo que establece el Código Civil, sobre la posesión, al expresar que es la tenencia de una cosa o el goce de un derecho por nosotros mismos con animo de dueños, o por otro en nombre nuestro, si como también, que el poseedor es reputado dueño, mientras otra persona no justifica serlo; lo cual significa que la posesión no es un derecho, si no un hecho, es decir un estado de hecho protegido por el derecho. El querellado en el presente juicio, no logro justificar ser dueño o tener mejor derecho que la querellante, como tampoco logro acreditar lo contrario a la perturbación o molestia efectuada contra la querellante sobre el bien que actualmente posee, por lo que en atención a lo manifestado por este Tribunal de Alzada, procede confirmar la sentencia proferida por el Juzgado de Yoro.” CONSIDERANDO (3): Que el recurrente de amparo se muestra en descuerdo con la sentencia que se deja relacionada en el acápite anterior, para lo cual en el acápite Antecedentes de la formalización del recurso el impetrante deja sentado que obran dos sentencias definitivas que tienen el carácter de firme; así dice que en la demanda reivindicatoria de dominio obra fallo que declara sin lugar la misma; manifiesta también que obra la sentencia de fecha doce de mayo del año dos mil diez, dictada también por la citada Corte de Apelaciones, misma que según su parecer demuestra que el mismo hecho fue juzgado por segunda ocasión, en la demanda de Oposición a una Declaración de Herencia, sentencia que concluyo con la nulidad absoluta de actuaciones. Continúa expresando el recurrente que siendo firmes las referidas sentencias en los dos juicios anteriores, litigios en los ha tenido a las mismas partes que hoy son protagonistas en la querella de amparo, razón por la cual aduce se vulnera la garantía constitucional de cosa juzgada. Seguidamente el recurrente en el Acápite Relación de los Hechos, manifiesta que se ha violado la garantía constitucional consistente en la cosa juzgada material, para lo cual cita el articulo 210 del código Procesal Civil y explica que en el caso de autos no se ha observado la cosa juzgada ya que existe una sentencia firme de fecha ocho de marzo del año dos mil seis, misma que puso fin a una demanda Reivindicatoria de Dominio, por lo que, en la actual querella o interdicto de amparo existe cosa juzgada material. Señala el recurrente que la violación de la garantía de cosa juzgada material se demuestra al tenor de lo preceptuado en el artículo 195 del Código Procesal Civil, mismo que preceptúa las resoluciones contra las cuales no cabe recurso alguno. También alega la vulneración de la garantía de valoración de la prueba, lo que aduce se demuestra con la normativa del Código Procesal Civil en sus artículos: 115.1, 117, 119.1, 122, 212.4, 237.1, 242.1 y.2, 245.1 y 316; para ello señala que el fallo proferido por el ad-quem al establecer que los cobros de impuestos municipales por parte de la municipalidad de Yoro a la señora Thelma Marina Castro por el referido terreno, constituyen actos se posicionamiento; situación que dice no es así, puesto que una de las sentencia dictadas decreto la nulidad de la inscripción del referido bien inmueble y por ende también se anulo los cobros de los impuestos municipales, por lo que los mismos no tienen fuerza probatoria conforme a la institución de la cosa juzgada. Aduce también que el medio de prueba de inspección llevado a cabo en la oficina de control tributario de la municipalidad de Yoro, departamento de Yoro, y en el sitio en que esta ubicado el bien inmueble, carecen de fuerza probatoria, puesto que la primera de tales inspecciones habiéndose programado para las diez con treinta minutos de la mañana, se llevo a cabo hasta la una de la tarde, y la segunda de ellas habiéndose programada para la una de tarde se llevo a cabo a la diez con treinta minutos de la mañana, ambas en la fecha del trece de septiembre del año dos mil diez, finalmente alega el recurrente que tampoco esta de acuerdo con la sentencia dictada por el ad-quem ya que la misma le da credibilidad a la prueba testifical que obra a folios 63 y 64 de los antecedentes, misma que arguye no tiene credibilidad ya que los testigos no dan razón de sus dichos, así el señor Eustaquio Hernández es un testigo predispuesto ya que en los dos anteriores juicios estuvo en contra de su representado; que el señor Cristóbal Cruz Dubon, el mismo manifestó en su declaración que no entendía bien, debido a la enfermedad que padece; y que la señora Marcelina Hernández para facilitar la redacción de las respuestas a todo lo que declaro en el acta, se registro que respondió “es cierto”, “es positivo”, dado que las respuestas de la misma fueron enredadas. CONSIDERANDO (4): Que del estudio del caso de autos así como de la sentencia impugnada esta Sala concluye que los argumentos del recurrente no son conforme a derecho, y ello se estima así puesto que las alegada vulneración de cosa juzgada no se ha suscitado, en ese orden de ideas es menester señalar que si bien es cierto que respecto de las partes en la querella de amparo de autos, ya existe una sentencia que pone fin al litigio de una acción reivindicatoria de dominio, también lo es que tal sentencia no define el derecho de propiedad o dominio que se disputa, en ese orden de ideas y siendo que la querella de amparo es el interdicto o juicio posesorio que tiene por objeto conservar la posesión de los bienes raíces o de los derechos reales constituidos sobre dichos bienes, cuando esa posesión es perturbada por determinados actos, por lo que su interposición y el posterior desarrollo de la misma en manera alguna vulnera la garantía de la cosa juzgada. CONSIDERANDO (5): Que señalado lo anterior esta sala de lo Constitucional estima que los argumentos del recurrente no son mas que alegatos de mera legalidad, que hacen que la acción sea inadmisible al tenor de lo estipulado en el articulo 46 numeral 1) y párrafo final de la Ley de Justicia Constitucional; y es que entendemos que a través de esta disposición se establece una especie de filtro, para evitar que la Sala de lo Constitucional y los demás órganos que ejercen la justicia constitucional, se conviertan en otra instancia más, y se desnaturalice con ello su función primordial, como es la de establecer la compatibilidad o no de los actos impugnados con la Constitución, de éste modo, aquellas cuestiones de mera legalidad, y sin relevancia constitucional, deben ser resueltas por los Juzgados y Tribunales de instancia. CONSIDERANDO (6): Que por todo lo anteriormente expuesto esta Sala estima que en el caso de merito es procedente sobreseer la presente causa al tenor del ya citado articulo 46 numeral 1) y párrafo final de la Ley de Justicia Constitucional. POR TANTO: La Sala Constitucional en nombre de la Corte Suprema de Justicia como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, oído el parecer de la señora Fiscal, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, haciendo aplicación de los artículos: 1, 80, 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta reformado, 316 numeral 1, 321 y 323 de la Constitución de la República; 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 8.1 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 Nº 2) y 6), 4, 5, 9 Nº 2), 41, 46 Nº 1),63 y 72 de la Ley de Justicia Constitucional; 6 atribución 5ª del Reglamento Interno de la Corte Suprema de Justicia.- FALLA: SOBRESEYENDO las presentes diligencias, en el recurso de amparo interpuesto por el abogado ORZON ENRIQUE PADILLA CARCAMO a favor del Señor LUIS ANTONIO SEVILLA CASTRO.- Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redacto la Magistrada SANTOS MONCADA. NOTIFIQUESE.Firma y Sello. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA; PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el seis de diciembre de dos mil trece, certificación de la resolución de fecha diecinueve de noviembre de dos mil trece, recaída en el Recurso de Amparo Civil No.422=2011. Firma y sello.
DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL