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Sentencia AC-372-13 — Registro 7353

Resumen

Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación contra actuaciones dictadas por juzgado de primera instancia con relación a demandas de acumulación de pretensiones para el pago de indemnización de daños y perjuicios, daño emergente, lucro cesante y demanda de nulidad absoluta de un informe de transito por accidente (colisión) contra los señores Eder Waldemar Pineda Juarez y Antonio Juarez Acosta

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de la Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha diecinueve de julio de dos mil once; se aprecia en la misma, que el Ad quem hizo expresa mención a la circunstancia de lo que se valora para dictar sentencia en esa instancia. Llegando a la conclusión de fallar declarando sin lugar un Recurso de Apelación contra actuaciones dictadas por el Juzgado de Letras Seccional de Tela, Departamento de Atlántida, en fechas ocho y veintiuno de febrero del año dos mil once, con relación a la demanda de acumulación de pretensiones por la vía del procedimiento abreviado de indemnización de daños y perjuicios promovida por la señora ZUNILDA COLON ALVAREZ contra los señores EDER WALDEMAR PINEDA JUAREZ y ANTONIO JUAREZ ACOSTA también conocida como ANTONIA ACOSTA JUAREZ..."..."el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en él alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley á, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los difusos e inconcretos razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales..."..."esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación al derecho del Debido Proceso, y el derecho de Defensa; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe denegar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, once de junio de dos mil trece.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado DOUGLAS MAURICIO MOLINA TINOCO a favor de la señora ZUNILDA COLON ALVAREZ contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de la Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha diecinueve de julio de dos mil once, que declara sin lugar un Recurso de Apelación contra actuaciones dictadas por el Juzgado de Letras Seccional de Tela, Departamento de Atlantida, en fechas ocho y veintiuno de febrero del año dos mil once, con relación a la demanda de acumulación de pretensiones por la vía del procedimiento abreviado de indemnización de daños y perjuicios promovida por la señora ZUNILDA COLON ALVAREZ contra los señores EDER WALDEMAR PINEDA JUAREZ y ANTONIO JUAREZ ACOSTA también conocida como ANTONIA ACOSTA JUAREZ. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representada los Artículos 60, 62, 82, 90, 92 y 94 de la Constitución de la República.- A N T E C E D E N T E S.- 1) Que en fecha quince de diciembre del año dos mil diez, compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Tela, Departamento de Atlantida, el Abogado DOUGLAS MAURICIO MOLINA TINOCO, en su condición de Apoderado Legal de la señora ZUNILDA COLON ALVAREZ, interponiendo demandas de acumulación de pretensiones, por la vía de procedimiento abreviado para el pago de indemnización de daños y perjuicios, tanto del daño emergente, como el lucro cesante, y demanda de nulidad absoluta de un informe de transito, por accidente (colisión), igualmente por la vía del procedimiento abreviado, contra los señores EDER WALDEMAR PINEDA JUAREZ (como responsable directo) y ANTONIO JUAREZ ACOSTA (como responsable solidario daño del vehiculo) también conocida como ANTONIA ACOSTA JUAREZ. (Folios seis (06) al nueve (09) de primera pieza de antecedentes).- 2) En fecha ocho de febrero de dos mil once, el Juzgado antes referido con respecto a los medios de prueba denominados ALBUN FOTOGRAFICO, PERITAJE y RECONOCIMIENTO JUDICIAL, declaró SIN LUGAR dichos medios de prueba.- 3) Que seguido el trámite de ley correspondiente con fecha veintiuno de febrero del año dos mil once, el Juzgado de Letras Seccional de Tela, Departamento de Atlantida, dictó Sentencia Definitiva mediante la cual “FALLA: 1) DECLARAR SIN LUGAR LA DEMANDA DE ACUMULACION DE PRETENSIONES DE DEMANDA DE PAGO DE INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS Y DEMANDA DE NULIDAD ABSOLUTA DE UN INFORME DE TRANSITO POR ACCIDENTE (COLISION) presentada ante este despacho de justicia por el abogado DOUGLAS MAURICIO MOLINA TINOCO, en su condición de Apoderado Legal de la señora ZUNILDA COLON ALVAREZ. 2) DECLARAR CON LUGAR LA DEMANDA DE PAGO DE INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS, PRESENTADA ANTE ESTE JUZGADO POR VIA DE RECONVENCION POR LA ABOGADA ROSA LIDIA ESPINAL AVILA en su condición de Apoderada Legal de los señores EDER WALDEMAR PINEDA JUAREZ Y ANTONIA JUAREZ ACOSTA. 3) CONDENA a la señora ZUNILDA COLON ALVAREZ a pagar a los demandados reconvenientes señores EDER WALDEMAR PINEDA JUAREZ Y ANTONIA JUAREZ ACOSTA la cantidad de SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON VEINTE CENTAVOS (L.69,181.20) EN CONCEPTO DE INDEMNIZACION DE DAÑOS Y JPERJUICIOS, A FAVOR DE LOS SEÑORES EDER WALDEMAR PINEDA JUAREZ Y ANTONIA JUAREZ ACOSTA….” (Folios doscientos uno (201) al doscientos seis (206) de la primera pieza de antecedentes).- 4) Conociendo de un recurso de apelación promovido por la Abogado DOUGLAS MAURICIO MOLINA TINOCO, en su condición de Apoderado Legal de la señora ZUNILDA COLON ALVAREZ, contra la sentencia de fecha veintiuno de febrero del año dos mil once y de apelación diferido contra resolución del ocho de febrero de dos mil once, la Corte de Apelaciones Seccional de la Ceiba, departamento de Atlantida, en fecha diecinueve de julio del dos mil once, dicto sentencia mediante la cual FALLA: “PRIMERO, declarando sin lugar el recurso de apelación concedido en forma diferida al demandante contra las resoluciones de fecha ocho de febrero de dos mil once… SEGUNDO, declarando sin lugar el recurso de apelación contra la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Tela, Atlantida, el veintiuno de febrero de dos mil once relacionada en el preámbulo de esta sentencia y en consecuencia se desestima la pretensión que este tribunal declare con lugar la demanda ya relacionada y condene a los demandados Eder Waldemar Pineda Juárez y Antonia Juárez Acosta, a pagarle a la señora Zunilda Colon Álvarez la suma de cincuenta y cinco mil lempiras para la reparación de su vehiculo mas costas y se confirma la sentencia definitiva apelada de que se ha hecho mérito. TERCERO, condénese a la parte vencida al pago de las costas correspondientes a la segunda instancia…” (Folios treinta y cuatro (34) al treinta y siete (37) de segunda pieza de antecedentes).- 5) Que el recurrente Abogado DOUGLAS MAURICIO MOLINA TINOCO, compareció ante este Tribunal, en fecha dos de septiembre del año dos mil once, reclamando amparo a favor de la señora ZUNILDA COLON ALVAREZ, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de la Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha diecinueve de julio del dos mil once, de que se ha hecho referencia en el considerando que antecede, la cual considera violatoria de los dispuesto en los Artículos 60, 62, 82, 90 y 94 de la Constitución de la República. Habiendo formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha cinco de enero del año dos mil doce.- 6) Que en fecha uno de junio del año dos mil doce, la abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, emitió dictamen en el cual fue de la opinión que se SOBRESEA, el amparo solicitado.- CONSIDERANDO UNO (1): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por el Abogado DOUGLAS MAURICIO MOLINA TINOCO se dirige contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de la Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha diecinueve de julio de dos mil once, que declara sin lugar un Recurso de Apelación contra actuaciones dictadas por el Juzgado de Letras Seccional de Tela, Departamento de Atlántida, en fechas ocho y veintiuno de febrero del año dos mil once, con relación a la demanda de acumulación de pretensiones por la vía del procedimiento abreviado de indemnización de daños y perjuicios promovida por la señora ZUNILDA COLON ALVAREZ contra los señores EDER WALDEMAR PINEDA JUAREZ y ANTONIO JUAREZ ACOSTA también conocida como ANTONIA ACOSTA JUAREZ.- CONSIDERANDO DOS (2): Que la recurrente aduce, en sus escritos interposición y formalización del Recurso de Amparo, fundamentalmente que la Corte de Apelaciones violentada en perjuicio de su representada los Artículos 60, 62, 82, 90, 92 y 94 de la Constitución de la República; por no haber hecho en el fallo, una valoración legal, congruente, precisa, razonada, conjunta, clara y con la debida motivación y cada una de las pruebas, admitidas y evacuadas en el juicio a la parte demandante reconvenida, limitándose el fallo a solo expresar que la prueba aportada por la parte apelante es insuficiente, sin ningún razonamiento jurídico, sin motivación, al igual que ninguna explicación legal valida al respecto.- CONSIDERANDO TRES (3): Que una vez realizado el traslado que conforme a la Ley Sobre Justicia Constitucional debe efectuarse al Ministerio Público, este emitió dictamen en fecha veinticuatro de enero de dos mil doce, en el cual se señala que el Juez tiene las facultades legales para admitir o inadmitir un medio de prueba; y, eso estima no vulnera ningún derecho fundamental, ya que la parte que oferta la prueba al momento de su proposición debe ser concluyente, cual es el fin o propósito de la misma. La sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de La Ceiba, fueron apreciados para la emisión del fallo, los medios de prueba propuestos por el Abogado recurrente. Es por ello que esa Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución, encuentra que el caso venido a estudio no es mas que de aquellos asuntos que la ley Sobre Justicia Constitucional consideraa son inadmisibles, por tratarse de un asunto que por su naturaleza corresponden al juzgador y con exclusividad al juez ordinario y en el caso de autos al órgano jurisdiccional correspondiente, por lo tanto no pertenecen a la jurisdicción constitucional.- CONSIDERANDO CUATRO (4): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.- CONSIDERANDO CINCO (5): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción de lo Civil, conforme lo establece el Artículo 200 y 207 del Código Procesal Civil, vigentes al momento de la resolución; que manda las sentencias serán siempre motivadas y contendrán, en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en los que se base la parte dispositiva o fallo. Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho. La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón.- CONSIDERANDO SEIS (6): Que de la revisión de la foliada de mérito, encontramos, la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de la Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha diecinueve de julio de dos mil once; se aprecia en la misma, que el Ad quem hizo expresa mención a la circunstancia de lo que se valora para dictar sentencia en esa instancia. Llegando a la conclusión de fallar declarando sin lugar un Recurso de Apelación contra actuaciones dictadas por el Juzgado de Letras Seccional de Tela, Departamento de Atlántida, en fechas ocho y veintiuno de febrero del año dos mil once, con relación a la demanda de acumulación de pretensiones por la vía del procedimiento abreviado de indemnización de daños y perjuicios promovida por la señora ZUNILDA COLON ALVAREZ contra los señores EDER WALDEMAR PINEDA JUAREZ y ANTONIO JUAREZ ACOSTA también conocida como ANTONIA ACOSTA JUAREZ.- CONSIDERANDO SIETE (7): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho.- CONSIDERANDO OCHO (8): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo.- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos.- CONSIDERANDO DIEZ (10): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional.- CONSIDERANDO ONCE (11): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en él alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley á, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los difusos e inconcretos razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales.- CONSIDERANDO DOCE (12): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación al derecho del Debido Proceso, y el derecho de Defensa; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe denegar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redacto el Magistrado GARCÍA GARCÍA.- NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. PRESIDENTE. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el veinticuatro (24) de junio del año dos mil trece (2013), certificación de la resolución de fecha once (11) de junio del año dos mil trece (2013), recaída en el Recurso de Amparo Civil con orden de ingreso en este Tribunal número 641=11.

DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL