Sentencia AC-354-10 — Registro 7352
Resumen
Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación y confirmó resolución dictada por juzgado de primera instancia que declaró caducado de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por los señores que habitan el inmueble subastado por lo que decretó el lanzamiento de las personas que habitan el inmueble lo que se confirmó por considerar que la parte apelante no es demandada en el juicio y por lo tanto no es parte del mismo con relación a demanda ejecutiva de pago promovida por la Compañía Financiera S.A. (COFISA) contra los señores José Eugenio, Josefa, Oscar Javier, Samuel, Enma Gracierla todos de apellidos Pineda Ramos
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."El Ministerio Público considera que los alegatos planteados por la parte recurrente tanto en la primera como en la segunda instancia en la que manifiesta que su represesentada la empresa AGROINDUSTRIAL CARACOL SA DE CV es dueña del lote de terreno que se esta adjudicando a la parte recurrida (COFISA), aduciendo que se trata de otro inmueble distinto, ya que su representada a estado en posesión ininterrumpida y tranquila desde hace más de trece años, etc. Considero que dichos argumentos son válidos en el sentido amplio del derecho de defensa que les asiste por considerarse lesionados en su derecho de propiedad, sin embargo los mismos son propios de un juicio de otra naturaleza pero no de un juicio ejecutivo. Argumentos que bien se pudieron hacer valer durante el proceso, en su momento procesal oportuno, y no a estas alturas en que la sentencia ya se encuentra firme y en su fase de ejecución..."..."La Sala de lo Constitucional, valora lo afirmado por la Fiscalia, en el sentido de que los motivos que fundan la pretensión la recurrente no son más que argumentos sin fundamentos sólido. Por ello encuentra que el caso venido a estudio no es más que de aquellos asuntos que la Ley de Justicia Constitucional en su Artículo 46 considera son inadmisibles de la aplicación del recurso de Amparo por tratarse de un asunto de Mera Legalidad, es decir que se trata de cuestiones que por su naturaleza corresponden al juzgador con exclusividad al juez ordinario y que por lo tanto no pertenecen a la jurisdicción constitucional. Por tratarse de actuaciones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional, carecen de fundamento en la Constitución y quedan circunscritas en cuanto a su regulación y determinación a la normativa de la Legislación Secundaria, como el planteamiento de asuntos puramente judiciales o administrativos, consistentes en la simple inconformidad con el contenido de las sentencias jurisdiccionales, sean definitivas o interlocutorias, y solo está facultada la Sala de lo Constitucional cuando en el procedimiento para su DICTAMEN se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados. De los antecedentes se puede constatar en forma manifiesta que la acción tiene por objeto la dilación del proceso, entendiéndose por este Ente Fiscal que concurren en el presente caso de autos, los motivos antes expuestos en consecuencia el Recurso de Amparo venido en autos, debió en su momento ser rechazado de Plano y declarado inadmisible, siendo este el momento procesal oportuno para solicitar el sobreseimiento de las diligencias por existir las causales de inadmisibilidad aludidas.Consecuentemente procede que se SOBRESEA el presente recurso de Amparo, por no existir ultraje a los Artículos constitucionales denunciados por el amparista..."..."Este Alto Tribunal de Justicia aprecia, es y ha sido del criterio sostenido, que los asuntos de mera legalidad son alegatos propios de instancia, resultado de la valoración subjetiva de los hechos o medios de prueba aportados por las partes no son susceptibles de la garantía de Amparo a menos que esto constituya una trasgresión a preceptos constitucionales que revistan una vulneración concreta a los derechos fundamentales tutelados por la Constitución de la República..."..."al alegarse violaciones de mera legalidad, en materia constitucional el pronunciamiento del Juez Constitucional debe versar exclusivamente con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional planteada, garantizando como consecuencia su eficacia, material y formal, al punto que de existir la violación a la legalidad denunciada, ésta se convierta en virtud del Principio, automáticamente en una violación al debido proceso, por ende de rango constitucional, situación que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes, por las razones expuestas en la motivación de esta resolución..."
Legislación citada
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, tres de diciembre del dos mil trece.- VISTO: Para dictar Sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado NORMAN JAVIER OCHOA HERNÁNDEZ, a favor de la sociedad mercantil denominada COMPAÑÍA AGROINDUSTRIAL CARACOL, S.A. DE C.V., con domicilio en el Municipio de Villanueva, Departamento de Cortés, contra la Sentencia Interlocutoria dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortés, en fecha nueve de abril de dos mil diez, que resuelve un Recurso de Apelación presentado contra actuaciones del Juzgado de Letras Segundo de lo Civil de San Pedro Sula, Cortés; con relación a la Demanda Ejecutiva de Pago promovida por la sociedad mercantil COMPAÑÍA FINANCIERA, S.A. (COFISA) contra los señores JOSE EUGENIO, JOSEFA, OSCAR JAVIER, SAMUEL Y ENMA GRACIELA todos de apellidos PINEDA RAMOS.- A N T E C E D E N T E S.- 1) Que en fecha treinta de enero de dos mil dos, compareció ante el Juzgado de Letras Segundo de lo Civil de San Pedro Sula, Cortés, el Abogado AMILCAR ERNESTO ZAVALA GARCIA, en su condición de Apoderado Judicial de la Sociedad Mercantil denominada COMPAÑÍA FINANCIERA, S.A. (COFISA), presentando acción de desposeimiento contra el tercer poseedor de una finca hipotecada, contra los señores JOSE EUGENIO, JOSEFA, OSCAR JAVIER, SAMUEL Y ENMA GRACIELA todos de apellidos PINEDA RAMOS, para que paguen a su poderdante, la cantidad de DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS (L. 2,863,785.00), más los intereses y costas del juicio, presentando posteriormente demanda ejecutiva de pago a favor de su representada en fecha 19 de agosto de dos mil dos, contra los señores PINEDA RAMOS solicitando le paguen a sus mandantes la cantidad de TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS (L.3, 528,318.00), más los intereses pactados, gastos y costas del juicio.- 2) Que en fecha trece de mayo de dos mil tres, se celebró audiencia de remate, adjudicando el bien hipotecado a la parte demandante, sociedad mercantil COMPAÑÍA FINANCIERA, S.A. (COFISA).- 3) Que el Tribunal de Primera Instancia, en fecha 30 de julio de dos mil siete, dictó auto, decretando el lanzamiento de las personas que habitan el inmueble subastado, por vencimiento del término de treinta días a ellos concedido para desocupar el mismo. Cita el Juez como fundamento legal de su decisión los Artículos 80, 93, 129, 184 y 233 del Código de Procedimientos Civiles.- 4) Que la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, al conocer de los autos por Apelación interpuesta por la abogada BLANCA MARIA REGINA REINA PEREZ, en su condición de Apoderada Legal de la sociedad mercantil denominada COMPAÑÍA AGROINDUSTRIAL CARACOL, S.A. DE C.V., en fecha nueve de abril de dos mil diez, dictó sentencia declarando sin lugar el Recurso de Apelación presentado y confirmando el auto relacionado en el inciso anterior, por considerar que la parte apelante no es demandada en el presente juicio y por lo tanto no es parte del mismo; fundamentando el Ad-Quem su fallo en los Artículos 200, 202, 447 numeral 1 y 509 del Código de Procedimientos Civiles.- 5) El Abogado NORMAN JAVIER OCHOA HERNANDEZ, compareció ante este Tribunal, el uno de junio de dos mil dos, reclamando amparo a favor sociedad mercantil denominada COMPAÑÍA AGROINDUSTRIAL CARACOL, S.A. DE C.V., afirmando que la resolución de fecha nueve de abril de dos mil diez, dictada por el Ad-Quem, es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República.- CONSIDERANDO (1): Que se conoce el Recurso de Amparo Civil interpuesto por el Abogado NORMAN JAVIER OCHOA HERNANDEZ a favor de la Sociedad Mercantil COMPAÑÍA AGROINDUSTRIAL CARACOL,S.A.DE C.V; contra la Sentencia Interlocutoria dictada por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE SAN PEDRO SULA, CORTES, en fecha nueve de abril de dos mil diez, que resuelve un Recurso de Apelación presentado contra actuaciones del JUZGADO SEGUNDO DE LETRAS DE LO CIVIL DE SAN PEDRO SULA, CORTES; con relación a la demanda ejecutiva de pago promovida por la sociedad mercantil COMPAÑÍA FINANCIERA, S.A. (COFISA) contra los señores JOSE EUGENIO, JOSEFA, OSCAR JAVIER, SAMUEL y ENMA GRACIELA todos de apellidos PINEDA RAMOS.- CONSIDERANDO (2): Que el presente recurso es contra la Sentencia Interlocutoria dictada por la Honorable Corte de Apelaciones Civil de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha nueve de abril del año dos mil diez recaída en la segunda pieza número 135/07 creada con motivo del Recurso de Apelación interpuesto contra la providencia de fecha treinta de julio del año dos mil siete dictado por el Juzgado Segundo de Letras de lo Civil de aquella misma sección judicial, recaído en la Demanda Ejecutiva numero 5915 promovida por el Abogado ERNESTO AMILCAR ZAVALA GARCIA en su condición de Apoderado Legal de COMPAÑÍA FINANCIERA, S.A; (COFISA) contra los señores JOSE EUGENIO, JOSEFA, OSCAR JAVIER, SAMUEL y ENMA GRACIELA todos de apellidos PINEDA RAMOS, contra la Sentencia Interlocutoria relacionada anteriormente se interpuso RECURSO DE REPOSICIÓN, el cual fue denegado.- CONSIDERANDO (3): Que el recurrente, expone una relación de Hechos, que sucintamente abordamos así: 1.- Ante el Juzgado Segundo de Letras de lo Civil de San Pedro Sula, Cortés, la sociedad Mercantil denominada COMPAÑÍA FINANCIERA S.A; (COFISA) promovió dos Demandas Ejecutivas contra los señores JOSE EUGENIO PINEDA RAMOS, JOSEFA PINEDA RAMOS, OSCAR JAVIER PINEDA RAMOS, SAMUEL PINEDA RAMOS Y ENMA GRACIELA PINEDA RAMOS, ambas demandas forman un solo cuerpo por haber sido acumuladas por el Juzgado antes mencionado a petición de la parte ejecutante. Una de estas demandas tiene su origen en una acción de Desposeimiento contra los terceros Poseedores de una finca hipotecada, estos terceros poseedores según la acción planteada son los demandados JOSEFA, OSCAR JAVIER, SAMUEL Y ENMA GRACIELA todos de apellido PINEDA RAMOS, quienes además son hermanos del otro codemandado señor JOSE EUGENIO PINEDA RAMOS. Las demandas en cuestión fueron sustentadas en un contrato de apertura de una línea de crédito con limitación de suma que hasta por la cantidad de DOS MILLONES DE LEMPIRAS (LPS.2.000.000.00).- CONSIDERANDO (4): Que el Auto de treinta de julio del año dos mil siete, dictado por el Juzgado de Letras de lo Civil de San Pedro Sula, Cortés dice: “En vista del informe que antecede declárese caducado de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por los señores que habitan el inmueble subastado; en consecuencia decrétese el lanzamiento de las personas que habitan dicho inmueble. Dictado por el Juez de Letras Segundo de lo Civil de San Pedro Sula, Cortés, en la Demanda Ejecutiva de Pago, promovida por el Abogado ERNESTO AMILCAR ZAVALA GARCIA, en su condición de Apoderado Legal de la Sociedad COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. contra JOSEFA, OSCAR JAVIER, SAMUEL Y EMMA GRACIELA todos de apellido PINEDA RAMOS.- CONSIDERANDO (5): Que la Corte de Apelaciones Civil, de San Pedro Sula, Cortés, en su resolución de fecha nueve de abril del año dos mil diez, en lo toral de sus motivaciones expone: “Que del estudio de la primera pieza de autos se ve que esta es una Demanda Ejecutiva de Pago, que promueve la sociedad COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. contra los señores JOSEFA, OSCAR, JAVIER, SAMUEL Y ENMA GRACIELA todos de apellido PINEDA RAMOS. Que asimismo se observa que la apelante en representación de la Compañía Industrial Caracol S.A. se personó en la demanda en mención sin ser parte ya que los demandados son las personas mencionadas en el considerando anterior. Que la AGROINDUSTRIAL CARACOL S.A. no es demandada en el presente juicio por lo tanto no es parte del mismo, en consecuencia el Recurso de Apelación interpuesto por la recurrente contra el auto de fecha treinta (30) de julio del dos mil siete DEBE DECLARARSE SIN LUGAR. El Ad-Quem FALLA: PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR la apelación interpuesta por la Abogada BLANCA MARIA REGINA REINA PEREZ, contra el auto de fecha treinta (30) de julio de dos mil siete (2007) dictado por el Juez de Letras Segundo de lo Civil de San Pedro Sula, Cortés. SEGUNDO: CONFIRMAR el auto apelado por estar dictado conforme a Derecho.- CONSIDERANDO (6): Que el Ministerio Público en su Dictamen se pronuncia de la siguiente forma, la cual sucintamente expresa: “El Ministerio Público encuentra que la causa controvertida en la primera y segunda instancia a sido la ejecución de la sentencia emitida por el Juzgado de Letras Segundo de lo Civil de San Pedro Sula, en la que se ordena ejecutar una sentencia firme y poner en posesión del bien inmueble rematado a la empresa COFISA producto de la Demanda Ejecutiva de Pago interpuesta en contra de los señores PINEDA RAMOS y que fuera confirmada por la Corte de Apelaciones. Y que dada la naturaleza jurídica del juicio Ejecutivo es la de un proceso sumario, en virtud de que el título ejecutivo reúna todos los requisitos de forma y de fondo. Que el título ejecutivo siendo un procedimiento especial que tiene por objeto obtener, por vía de apremio, el cumplimento de una obligación convencional o declarada fehacientemente y que el deudor no cumplió en su oportunidad. Es decir este titulo ejecutivo contiene un elemento productor de certezas aparentemente considerado por lo menos en el momento en que se presenta la demanda ejecutiva. El Ministerio Público considera que los alegatos planteados por la parte recurrente tanto en la primera como en la segunda instancia en la que manifiesta que su represesentada la empresa AGROINDUSTRIAL CARACOL SA DE CV es dueña del lote de terreno que se esta adjudicando a la parte recurrida (COFISA), aduciendo que se trata de otro inmueble distinto, ya que su representada a estado en posesión ininterrumpida y tranquila desde hace más de trece años, etc. Considero que dichos argumentos son válidos en el sentido amplio del derecho de defensa que les asiste por considerarse lesionados en su derecho de propiedad, sin embargo los mismos son propios de un juicio de otra naturaleza pero no de un juicio ejecutivo. Argumentos que bien se pudieron hacer valer durante el proceso, en su momento procesal oportuno, y no a estas alturas en que la sentencia ya se encuentra firme y en su fase de ejecución.- CONSIDERANDO (7): Que La Sala de lo Constitucional, valora lo afirmado por la Fiscalia, en el sentido de que los motivos que fundan la pretensión la recurrente no son más que argumentos sin fundamentos sólido. Por ello encuentra que el caso venido a estudio no es más que de aquellos asuntos que la Ley de Justicia Constitucional en su Artículo 46 considera son inadmisibles de la aplicación del recurso de Amparo por tratarse de un asunto de Mera Legalidad, es decir que se trata de cuestiones que por su naturaleza corresponden al juzgador con exclusividad al juez ordinario y que por lo tanto no pertenecen a la jurisdicción constitucional. Por tratarse de actuaciones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional, carecen de fundamento en la Constitución y quedan circunscritas en cuanto a su regulación y determinación a la normativa de la Legislación Secundaria, como el planteamiento de asuntos puramente judiciales o administrativos, consistentes en la simple inconformidad con el contenido de las sentencias jurisdiccionales, sean definitivas o interlocutorias, y solo está facultada la Sala de lo Constitucional cuando en el procedimiento para su DICTAMEN se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados. De los antecedentes se puede constatar en forma manifiesta que la acción tiene por objeto la dilación del proceso, entendiéndose por este Ente Fiscal que concurren en el presente caso de autos, los motivos antes expuestos en consecuencia el Recurso de Amparo venido en autos, debió en su momento ser rechazado de Plano y declarado inadmisible, siendo este el momento procesal oportuno para solicitar el sobreseimiento de las diligencias por existir las causales de inadmisibilidad aludidas.Consecuentemente procede que se SOBRESEA el presente recurso de Amparo, por no existir ultraje a los Artículos constitucionales denunciados por el amparista.- CONSIDERANDO (8): Que en respeto a la independencia de los Jueces y Tribunales. Este Alto Tribunal de Justicia aprecia, es y ha sido del criterio sostenido, que los asuntos de mera legalidad son alegatos propios de instancia, resultado de la valoración subjetiva de los hechos o medios de prueba aportados por las partes no son susceptibles de la garantía de Amparo a menos que esto constituya una trasgresión a preceptos constitucionales que revistan una vulneración concreta a los derechos fundamentales tutelados por la Constitución de la República.- CONSIDERANDO (9): Que al alegarse violaciones de mera legalidad, en materia constitucional el pronunciamiento del Juez Constitucional debe versar exclusivamente con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional planteada, garantizando como consecuencia su eficacia, material y formal, al punto que de existir la violación a la legalidad denunciada, ésta se convierta en virtud del Principio, automáticamente en una violación al debido proceso, por ende de rango constitucional, situación que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes, por las razones expuestas en la motivación de esta resolución.- CONSIDERANDO (10): Considerando que el Artículo 46 numeral 1 de la Ley sobre Justicia Constitucional, señala que “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCION.es inadmisible el Recurso de Amparo: 1) Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad…..Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad.- CONSIDERANDO (11): Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de Amparo que infiera improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos..- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de Votos, haciendo aplicación de los Artículos 80, 82, 90 párrafo primero, 183, 303, 304, 305, 313 atribución 5ª, de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ª.de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 No.2, 4, 5, 7, 9, No.2, 41, y 46 No.1 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: SOBRESEYENDO el Recurso de Amparo de mérito. MANDA: Que con certificación del presente Fallo se archiven las presentes diligencias para los efectos legales correspondientes. REDACTO EL MAGISTRADO LOZANO URBINA. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. PRESIDENTA. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. REINA SAGRARIO SOLORZANO JUAREZ. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el siete (7) de enero del año dos mil catorce (2014), certificación de la resolución de fecha tres (3) de diciembre del año dos mil trece (2013), recaída en el Recurso de Amparo Civil con orden de ingreso en este Tribunal número 354=10.
DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL