Sentencia AC-33-13 — Registro 7489
Resumen
Sentencia sobreseyó recurso de amparo a favor de recurrente contra auto dictado por juzgado de primera instancia con relación a demanda de cesación de comunidad de bienes y partición judicial promovida por recurrente contra varios demandados e Industria Cementera Lafarge-Incesa S A de C V
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."la Sala de lo Constitucional, al revisar la resolución contra la cual se reclama, no aprecia conculcación a derecho fundamental alguno, ni para la parte recurrente, ni para algún tercero que fuera afectado con dicha resolución judicial; si no un asunto meramente civil teniéndose expeditos recursos o acciones legales en el mismo juicio; por lo que es procedente sobreseer el presente recurso de amparo..."..."la Sala es del criterio porque se confirme la sentencia de fecha once de diciembre de dos mil doce, dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Comayagua..."
Legislación citada
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 7 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..." Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial general una violación o desconocimiento de este derecho. CONSIDERANDO OCHO (8): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciocho de septiembre de dos mil trece. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha once de diciembre de dos mil doce, dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Comayagua; que sobresee el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JOSE ROBERTO HERNANDEZ VELASQUEZ a favor del señor CARLOS ARNULFO AGUILUZ MADRID, contra el auto dictado por el Juzgado De Letras Seccional De Comayagua, Comayagua de fecha diecisiete de julio de dos mil doce, con relación a la demanda de cesación de comunidad de bienes y partición judicial, promovida por el señor CARLOS ARNULFO AGUILUZ MADRID contra los señores RODRIGO VALENZUELA, JOSE CALIXTO VALENZUELA, AIDA VALENZUELA POSSE, BLANCA VALENZUELA POSSE, ALICIA VALENZUELA POSSE, RODOLFO VALENZUELA POSSE, MARIO VALENZUELA POSSE y contra la Sociedad Mercantil denominada INDUSTRIA CEMENTERA LAFARGE- INCESA, S.A. DE C.V. Estimando el recurrente que con las referidas actuaciones se violentan en perjuicio de su representada los derechos contenidos en los Artículos 82, 90, y 94 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha diez de junio de dos mil once, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, el Licenciado CARLOS ARNULFO AGUILUZ MADRID, actuando en su condición de Apoderado Legal del señor FEDERICO AGUILUZ MEJIA, promoviendo mediante el proceso abreviado, demanda de Cesación de Comunidad de Bienes contra los señores RODRIGO VALENZUELA, JOSE CALIXTO VALENZUELA, AIDA VALENZUELA POSSE, BLANCA VALENZUELA POSSE, ALICIA VALENZUELA POSSE, RODOLFO VALENZUELA POSSE, MARIO VALENZUELA POSSE y contra la Sociedad Mercantil denominada INDUSTRIA CEMENTERA LAFARGE-INCESA, S.A. DE C.V., con quienes su representado comparte acción real en dominio pleno sobre un terreno denominado CINCO PINOS, situado en la jurisdicción municipal de Comayagua. 2) Que en fecha veinte de abril de dos mil doce, compareció ante el referido Juzgado, el Abogado WALDO RIVERA PORTILLO, actuando en su condición de Representante Legal de la Sociedad mercantil LAFARGE CEMENTOS, S.A., interponiendo incidente de Litis Consorcio Pasivo Necesario. (Folios 86 al 88 de la primera pieza de antecedentes) 3) Que seguido el trámite de ley correspondiente, en fecha diecisiete de julio de dos mil doce, el Juzgado de Letras Seccional de Comayagua, Departamento de Comayagua, resolvió “…PRIMERO: Declarar con lugar el Incidente del Litis Consorcio Pasivo Necesario interpuesto por el Abogado Waldo Rivera Portillo como representante procesal de la Sociedad Mercantil Industria cementera Lafarge Cementos, S.A. SEGUNDO: Que el demandante presente escrito dirigiendo la demanda a los sujetos que no fueron traídos al proceso, en donde se ordena emplazar a los nuevos demandados para que contesten la misma.- …” (Folio 115 frente y vuelto de la primera pieza de antecedentes)4) Que en fecha diecisiete de septiembre de dos mil doce, el Abogado JOSE ROBERTO HERNANDEZ VELASQUEZ compareció ante la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, interponiendo recurso de amparo a favor del señor CARLOS ARNULFO AGUILUZ MADRID, contra la resolución relacionada en el numeral que precede, por estimar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 82, 90, y 94 de la Constitución de la República. 5) Que luego de seguido el trámite de ley que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte de Apelaciones citada en fecha once de diciembre de dos mil doce, dictó sentencia mediante la cual falló Sobreseyendo la acción de amparo interpuesta por el Abogado JOSE ROBERTO HERNANDEZ VELASQUEZ. (Folios del 21 al 22 vuelto de la segunda pieza de antecedentes). 6)Que en fecha diez de enero de dos mil trece, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO UNO (1): Que al tenor de lo que dispone el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras, contemplada en el Artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley. CONSIDERANDO DOS (2): Que se conoce en consulta obligatoria la sentencia de fecha once de diciembre de dos mil doce, dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Comayagua; que sobresee el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JOSE ROBERTO HERNANDEZ VELASQUEZ a favor del señor CARLOS ARNULFO AGUILUZ MADRID, contra el auto dictado por el Juzgado De Letras Seccional De Comayagua, Comayagua de fecha diecisiete de julio de dos mil doce, con relación a la demanda de cesación de comunidad de bienes y partición judicial, promovida por el señor CARLOS ARNULFO AGUILUZ MADRID contra los señores RODRIGO VALENZUELA, JOSE CALIXTO VALENZUELA, AIDA VALENZUELA POSSE, BLANCA VALENZUELA POSSE, ALICIA VALENZUELA POSSE, RODOLFO VALENZUELA POSSE, MARIO VALENZUELA POSSE y contra la Sociedad Mercantil denominada INDUSTRIA CEMENTERA LAFARGE- INCESA, S.A. DE C.V. CONSIDERANDO TRES (3): Que la reclamante sustentó su recurso de amparo la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Comayagua; manifestando básicamente que el litis consorcio pasivo necesario, era evidentemente improcedente y que debió inadmitirse por no ajustarse a las condiciones y requisitos de cesación de bines y partición judicial ya que la misma únicamente se lleva a cabo con los consignatarios o propietarios comuneros, es decir, con los que acreditan el dominio o propiedad y no con ocupantes o poseedores. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio expresado por la Corte de Apelaciones, que el auto del cual se pide amparo, por su naturaleza es susceptible del recurso de reposición, el que el recurrente debió interponer por escrito en el plazo de tres días, previo a la interposición de la presente acción constitucional de Amparo. CONSIDERANDO CINCO (5): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en él y específicamente en el incidente planteado alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los difusos e inconcretos razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por Magistrados y Jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SIETE (7): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial general una violación o desconocimiento de este derecho. CONSIDERANDO OCHO (8): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que además de la causal a la que se refiere la Corte de Apelación, también resulta, que el numeral 7) y el ultimo párrafo del Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece: “ARTÍCULO 46.- DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de Amparo: 1)…; 2)…; 3)…; 4)…; 5)…; 6)…; 7) En los asuntos judiciales puramente civiles, con respecto a las partes que intervengan o hubieren intervenido en ellos y a los terceros que tuvieren expeditos recursos o acciones legales en el mismo juicio, y contra las sentencias definitivas, ejecutoriadas, en causa criminal; 8)…; 9)….- El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad.” CONSIDERANDO ONCE (11):Que la acción de amparo tiene como finalidad mantener o restituir a las personas, en el goce y disfrute de sus derechos fundamentales; Para que, en casos concretos, se declare que una ley, un reglamento o una disposición de la autoridad, no le es aplicable por ser inconstitucional. En ese sentido, la Sala de lo Constitucional, al revisar la resolución contra la cual se reclama, no aprecia conculcación a derecho fundamental alguno, ni para la parte recurrente, ni para algún tercero que fuera afectado con dicha resolución judicial; si no un asunto meramente civil teniéndose expeditos recursos o acciones legales en el mismo juicio; por lo que es procedente sobreseer el presente recurso de amparo. CONSIDERANDO ONCE (11): Que por las razones anteriormente expuestas, la Sala es del criterio porque se confirme la sentencia de fecha once de diciembre de dos mil doce, dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Comayagua. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos 1,82,183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 , 46 numeral 3) y 9), 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la sentencia de fecha once de diciembre de dos mil doce, dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Comayagua; y, Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- Redactó el Magistrado GARCÍA GARCÍA.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. PRESIDENTE. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. REINA SAGRARIO SOLÓRZANO JUAREZ. Firma y Sello DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de octubre del año dos mil trece, certificación de la sentencia de fecha dieciocho de septiembre del año dos mil trece, recaída en el Recurso de Amparo Civil venido en Consulta bajo el número 33=13.- Firma y Sello.
DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO
SECRETARIO DE LA
SALA DE LO CONSTITUCIONAL