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Sentencia AC-289-10 — Registro 7461

Resumen

Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación de hecho y confirmó resolución dictada por juzgado de primera instancia que denegó recurso de apelación por considerar que el mismo debe de formularse en tiempo y forma con relación a demanda sumaria de alimentos promovida por la madre de sus dos menores hijas en contra de recurrente

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Entiende esta sala del actuar del A quo, que reparando en su error procedió a notificar personalmente a la Abogada Dinora Sandra George en fecha cuatro de diciembre del dos mil nueve, (F 79 primera pieza de autos), notificación que ha sido refrendada por el Secretario de aquel órgano jurisdiccional con lo que da Fe de su actuación; sin embargo tanto el A quo como el Ad quem pretenden ignorar este hecho y darle validez a la notificación por la tabla, Por otra parte inquieta el proceder del A quo, en cuanto a la seguridad jurídica que deben tener las partes, en las actuaciones judiciales por parte de los funcionarios, la existencia de dos tipos de notificación en el presente proceso lógicamente debe concluir en que una de las dos no tiene ningún valor y siendo que los errores que cometa la judicatura de ninguna manera debe adjudicársele a las partes, si el A quo cometió un error en la notificación por tabla, cuando equivocó la fecha de la sentencia y no lo enmendó a tiempo, por lo que procedió luego a notificar personalmente a la parte demandada..."..."el Ad quen equivoca su resolución al admitir la decisión del A quo, dejando de cumplir con su función correctiva, sin observar la falta de seguridad en las actuaciones del A quo que en un momento dado notifica de una manera una decisión del órgano jurisdiccional y luego notifica personalmente a la parte demandada, creando la inseguridad de considerar que el órgano jurisdiccional puede cometer cualquier desacierto sin que signifique nada en el procedimiento, cierto es que los órganos jurisdiccionales no son infalibles, pero también lo es que existen los mecanismos señalados por la ley para enmendar aquellos errores que pudieran viciar el procedimiento. Siguiendo este orden de ideas esta Sala observa que el debido proceso se ha vulnerado con la resolución del Ad quem, quien ha inobservado los requisitos, exigencias y solemnidades que fija la ley lograr el debido proceso..."..."esta sala observa que además de el Derecho de petición se ha vulnerado el debido proceso al dejar de observar los requisitos, formalidades y exigencias que establece la Constitución de la República y las leyes..."..."en el presente caso el Juzgado de Letras Seccional de Tela le dio validez a una notificación que era nula y que se había originado de un auto también viciado de nulidad, vulnerando lo establecido en el artículo 303 de la Constitución de la República al rechazar el recurso de apelación interpuesto en tiempo y forma por el interesado, adoptando un criterio desfavorable a la efectividad del derecho al debido proceso, y que ha cercenado irrazonablemente el derecho del recurrente en amparo a acceder a la justicia, siendo la resolución proferida por la corte de Apelaciones Seccional de la Ceiba confirmatoria de esta anomalía procesal cometida por el Juez A quo vulnerando a todas luces los preceptos contemplados en el artículo 90 de la Constitución de la República. Por lo que dictamina que se otorgue la acción de amparo comentada..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario por Ley de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, doce de febrero de dos mil trece. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la abogada DINORA SANDRA GEORGE OSORIO, a favor del señor MARIO ROBERTO PINEDA PORTILLO, mayor de edad, casado, comerciante, Hondureño y de este domicilio, contra la resolución de fecha tres de febrero del dos mil diez, dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Tela, Atlántida, que declara sin lugar un recurso de apelación de hecho presentado contra la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Tela, Atlántida, en fecha veintidós de octubre del dos mil nueve; con relación a la demanda sumaria de alimentos promovida por la señora NIDIA EDILTRUDIS PEREZ GALLEGO, y en representación de sus menores hijas ESTHEFANY MAOLTH Y MARBELLA ambas de apellidos PINEDA PEREZ contra el señor MARIO ROBERTO PINEDA PORTILLO. ANTECEDENTES 1) Que en fecha siete de mayo del año dos mil nueve, compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Tela del Departamento de Atlántida, la señora NIDIA EDILTRUDIS PEREZ GALLEGO, interponiendo demanda sumaria de alimentos, con el fin de que el señor MARIO ROBERTO PINEDA PORTILLO, les aumente la pensión alimenticia a sus menores hijas. Siendo admitida en la misma en fecha de su presentación. 2) Que avanzado que fue el proceso en fecha veintidós de octubre del dos mil nueve, el Juzgado de Letras Seccional de Tela, departamento de Atlántida, dictó sentencia definitiva, declarándolo con lugar y condenado al demandado a pasar una pensión alimenticia por la cantidad de SEIS MIL LEMPIRAS (LPS.6,000.00) a favor de sus hijas antes mencionadas; por haberse acreditado que el demandado no proporciono mensualmente alimentos citando como fundamento de su decisión los artículos 207, 208, 210, 211 numeral 1, 212, 219, 220, 221 del Código de Familia; 73, 77, 78 del Código de la Niñez y la Adolescencia. 3) Que conociendo de los autos por el Recurso de Apelación de Hecho interpuesto por la Abogada Dinora Sandra George Osorio en su condición de apoderada legal del señor Mario Roberto Pineda Portillo en fecha tres de febrero del año dos mil diez, la Corte de Apelaciones Seccional de La Ceiba, Atlántida, declaró sin lugar el recurso y confirmó la resolución denegatoria del recurso de apelación conocido por el A-quo, por considerar que el mismo debe de formularse en tiempo y forma. 4) La recurrente abogada DINORA SANDRA GEORGE OSORIO, compareció ante este Tribunal, en fecha seis de mayo del año dos mil diez, reclamando amparo a favor del señor MARIO ROBERTO PINEDA PORTILLO, alegando que la resolución que se deja relacionada en el inciso que precede es violatoria a lo dispuesto en los artículos 59, 60, 64, 70, 8, 94, 303 y 321 de la Constitución de la Republica. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO:(2) Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 Constitucional relacionado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO: (3) Que se conoce en Amparo la sentencia dictada en fecha tres de febrero del año dos mil diez por la Corte de Apelaciones de la Ceiba departamento de Atlántida, que declara Sin Lugar un recurso de apelación de hecho interpuesto contra la Sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras de Tela, departamento de Atlántida, en fecha veintidós de octubre del año dos mil nueve, con relación a la demanda sumaria de alimentos promovida por la señora NIDIA EDILTRUDIS PEREZ GALLEGO y en representación de sus menores hijas ESTHEFANY MAOLTH Y MARBELLA ambas de apellido PINEDA PEREZ contra el señor MARIO ROBERTO PINEDA. CONSIDERANDO:(4) Que el recurrente en la formalización del recurso expuso que la resolución dictada por la Corte de apelaciones de la Ceiba departamento de Atlántida en fecha tres de febrero del año dos mil diez, (sic) que declara sin lugar el recurso de apelación de hecho que se interpusiera en su oportunidad resulta perjudicial contra los intereses de su representado, por no estar apegada a derecho, a la equidad ni a la justicia , siendo el resultado de no haberse seguido el procedimiento legítimo que señala el ordenamiento jurídico y por ende ser lesivo y perjudicial a su representado y a la vez arbitrario a los principios, garantías y derechos que establece taxativamente la Constitución de la República, pues la constancia puesta por el Secretario Por Ley, del Juzgado de Letras Seccional de Tela Atlántida, la misma no reúne los requisitos establecidos en los artículos 93, 94, y 98 del Código de Procedimientos Civiles donde ordena que todas las providencias y sentencias se notificarán en el mismo día de su fecha y no siendo posible en el siguiente a todos los que sean parte en el juicio, o bien las notificaciones las practicará el Secretario, leyendo íntegramente la sentencia, pero el secretario deberá expresar siempre en la diligencia el lugar día y hora de la notificación, y en el caso que nos ocupa, el documento que la Corte de Apelaciones denomina constancia, en el mismo no aparece inscrito que el secretario haya dado lectura íntegra de la Sentencia definitiva, ni mucho menos aparece la fecha en que lo hizo, violentándose de esta manera el artículo 94 del Código de Procedimientos Civiles, siendo nula Ipso jure y demás actuaciones posteriores…. El recurrente considera que se han violentado los siguientes derechos y garantías contenidos en la Constitución de la República: Artículo 59 se señala a la persona humana como el fin supremo del Estado…. 60 libertad e igualdad en derechos de todos los hombres…. 70 facultad de los hondureños de poder hacer lo que no perjudique a otro, relacionado con los artículos 303 321 de la Carta Magna. 80 Derecho de petición. 94 prohibiciones de imponer pena alguna a quien no ha sido oído y vencido en juicio. También se consideran vulnerado el artículo 8 de la Garantías Judiciales, artículo 25 de la Protección Judicial de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Artículo 7 de la igualdad ante la ley, 8 derecho a un recurso efectivo, 10 igualdad de las personas para ser oída públicamente de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El Artículo 38, 39 y 40 relativos a los plazos, del código Civil; artículos 91, 93, 94, 98, 110, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 128, 129, 188, 200, 201. CONSIDERANDO:(5) Que según los antecedentes el A quo dictó sentencia definitiva en fecha veintidós de octubre del año dos mil nueve, notificándose de la misma al representante de la parte demandante en fecha diecisiete de noviembre del año dos mil nueve. Acto seguido se encuentra el escrito que hace constar: que en esa fecha puso a la vista de la Abogada Sandra Dinora George las diligencias, con el objeto de que se notificara de la sentencia de fecha 22/10/09, quien le manifestó que no podía notificarse porque debía comunicarle a su cliente la resolución proferida por el A quo. Afirmación de la Abogada George que motivó al representante de la parte demandante a solicitar que se le notificara la sentencia a la parte demandada por la tabla de avisos. Lo cual fue admitido por el A quo y ordenó se le notificara a la parte demandada la sentencia de fecha 22 de noviembre del dos mil nueve, a lo que se le dio cumplimiento en fecha 26 de noviembre del año 2009. Resulta que a folio 79 de la primera pieza de autos, se observa que en fecha “cuatro de diciembre del año dos mil nueve fue notificada personalmente la Abogada Dinora Sandra George Osorio de la sentencia Definitiva de fecha 22 de octubre del año dos mil nueve, quien firma entendida y a la vez señala que no conforme con la misma interpondrá el recurso de ley” Presentando en fecha siete de diciembre del dos mil nueve escrito mediante el cual interpone recurso de apelación contra la sentencia definitiva. En fecha ocho de diciembre del año dos mil nueve si bien se admite el escrito antes referido, el A quo en la parte conducente de su resolución deja establecido: “Según se desprende del expediente de mérito el abogado de la parte actora solicitó la notificación de la parte demandada por medio de la tabla de avisos del despacho, notificándose a la Abogada Dinora Sandra George de la sentencia que antecede, en fecha veintiséis de noviembre del presente año (Folio 66). Que la apelación de la sentencia definitiva debe interponerse en el término de tres días hábiles contados a partir del día siguiente de notificación de la sentencia, en el caso concreto que nos ocupa en fecha veintiséis de noviembre del presente año, fue notificada a dicha Abogada de la sentencia que antecede, por lo que a la presente fecha el término de la apelación a precluido, de lo que se colige que dicho recurso es extemporáneo, abonado a tal extremo consta en el expediente Constancia del Secretario por Ley de este juzgado en que hace constar que en fecha 17 de noviembre del año en curso puso a la vista las presentes diligencias a la Abogada Dinora Sandra George, con el objeto de que se notificara de la sentencia antes indicada, dejando transcurrir el término legal para interponer dicho recurso. CONSIDERANDO: (6) Que el A Quem en su resolución considera “pertinente la denegatoria del recurso de apelación conocido por el Juez A quo, en virtud de, que para admitir un recurso de esta naturaleza, el mismo debe formularse en tiempo y forma y en el caso que nos ocupa según la constancia que emitió la Secretaria del despacho, el expediente de mérito fue puesto a la vista de la apoderada legal vencida, sin que por su falta de colaboración se le realizara la notificación personal al tenor de la ley. No obstante lo anterior según consta a folio setenta y siete (77) de la primera pieza de autos mediante cedula fijada en la tabla de avisos se notificó en fecha veintiséis de noviembre del año dos mil nueve la referida sentencia; pero por un lapsus calami el mes de la emisión de la misma resulta equivocado.- En consecuencia tal notificación no es nula por no violentar el principio de la trascendencia de nulidad procesal ya que no ha habido ningún perjuicio, púes en la cédula se copia el contenido de la resolución a notificar y por ende no queda duda sobre a cual se refiere, de modo que el recurso interpuesto por la recurrente en fecha 7 de diciembre es extemporáneo. CONSIDERANDO: (7) Que el recurso de apelación es el medio impugnatorio que utiliza el apelante para impedir los efectos de una resolución, ya sea logrando su modificación o revocatoria, obteniendo así la subsanación por parte del Ad quem. El órgano jurisdiccional superior en el conocimiento y fallo de lo peticionado, lo enmarcará en la resolución impugnada, en el caso que nos ocupa se aprecia claramente de las resoluciones dictada por el A quo, que ciertamente en fecha 17 de noviembre del año 2009, el Secretario del despacho puso a la vista las diligencias a la abogada de la parte demandada para notificarle la sentencia, sin embargo esta se excuso de tal forma que el Secretario no tuvo oportunidad de hacerle la notificación de la sentencia emitida en fecha veintidós de octubre del dos mil nueve, de donde surge que el representante de la parte demandante pidiera que se le notificar por la tabla de avisos (F. 75 de la primera pieza de autos), lo cual se hizo, solamente que se cometió el error de notificar una sentencia dictada el veintidós de noviembre del año dos mil nueve,(siendo la fecha correcta 22 de octubre del 2009, F76 primera pieza) sentencia que posiblemente exista pero que no corresponde al caso sub. judice. Entiende esta sala del actuar del A quo, que reparando en su error procedió a notificar personalmente a la Abogada Dinora Sandra George en fecha cuatro de diciembre del dos mil nueve, (F 79 primera pieza de autos), notificación que ha sido refrendada por el Secretario de aquel órgano jurisdiccional con lo que da Fe de su actuación; sin embargo tanto el A quo como el Ad quem pretenden ignorar este hecho y darle validez a la notificación por la tabla, Por otra parte inquieta el proceder del A quo, en cuanto a la seguridad jurídica que deben tener las partes, en las actuaciones judiciales por parte de los funcionarios, la existencia de dos tipos de notificación en el presente proceso lógicamente debe concluir en que una de las dos no tiene ningún valor y siendo que los errores que cometa la judicatura de ninguna manera debe adjudicársele a las partes, si el A quo cometió un error en la notificación por tabla, cuando equivocó la fecha de la sentencia y no lo enmendó a tiempo, por lo que procedió luego a notificar personalmente a la parte demandada, según consta en los antecedentes a folio setenta y nueve (79)de la primera pieza de autos; ciertamente no es culpa de la parte demandada los desaciertos del A quo. Por otra parte de igual manera el Ad quen equivoca su resolución al admitir la decisión del A quo, dejando de cumplir con su función correctiva, sin observar la falta de seguridad en las actuaciones del A quo que en un momento dado notifica de una manera una decisión del órgano jurisdiccional y luego notifica personalmente a la parte demandada, creando la inseguridad de considerar que el órgano jurisdiccional puede cometer cualquier desacierto sin que signifique nada en el procedimiento, cierto es que los órganos jurisdiccionales no son infalibles, pero también lo es que existen los mecanismos señalados por la ley para enmendar aquellos errores que pudieran viciar el procedimiento. Siguiendo este orden de ideas esta Sala observa que el debido proceso se ha vulnerado con la resolución del Ad quem, quien ha inobservado los requisitos, exigencias y solemnidades que fija la ley lograr el debido proceso. CONSIDERANDO (08): Que la recurrente ha señalado que el Ad quem mediante su resolución ha vulnerado las siguientes normas constitucionales: Art. 59 de la persona humana como el fin supremo de la sociedad y el Estado. Art. 60 que rige la libertad y la igualdad en derechos de los individuos; Art.64 que contiene la prohibición de aplicar leyes y disposiciones. Art. 70 Facultad de los hondureños de poder hacer lo que no perjudique a otro, relacionado con los artículos 303 321 de la Carta Magna. También se consideran vulnerado el artículo 8 de la Garantías Judiciales, artículo 25 de la Protección Judicial de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Artículo 7 de la igualdad ante la ley, 8 derecho a un recurso efectivo, 10 igualdad de las personas para ser oída públicamente de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El Artículo 38, 39 y 40 relativos a los plazos, del código Civil; artículos 91, 93, 94, 98, 110, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 128, 129, 188, 200, 201. Conceptos que no fueron desarrollados debidamente, en la forma como en el fondo, no siendo posible ni siquiera inferir de los antecedentes y argumentos de la impetrante en que forma la resolución jurídica bajo análisis, pudo provocar lesión a la normativa Constitucional, leyes secundarias y tratados internacionales puesto que en sus manifestaciones no establece de manera precisa en que forma se restringen disminuyen o tergiversan las declaraciones, derechos y garantías proclamadas, razón por las que no se consideran las infracciones pretendidas por la recurrente. CONSIDERANDO: (09) Que Además el recurrente ha manifestado que se ha vulnerado el Derecho de petición contenido en el artículo 80 de la Constitución de la República; Art. 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 10 de la Declaración Universal Sobre Derechos Humanos; 14 del Pacto Internacional de Derechos civiles y Políticos; XXIV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Derecho fundamental sobre el que la Corte Internacional Sobre Derechos Humanos se ha pronunciado indicando: 1.- Son Características del derecho de petición: 1.1.- que “Con el ejercicio de este derecho, se materializa la facultad constitucional de toda persona de dirigirse a las autoridades o a los particulares en los casos autorizados por la ley, para obtener información y respuesta oportuna a sus solicitudes; creando la obligación en las autoridades, de atenderlas de manera eficiente.1.2.- Al tratarse de un derecho fundamental su protección es posible a través de la acción de tutela.1.3.-Mediante el derecho de petición se ejercen mecanismos de participación y control ciudadano y, de esta forma se configuran las garantías constitucionales, como los derechos a obtener información, participar en política y expresarse libremente.1.4.-La respuesta a la petición debe ser oportuna, de forma clara, precisa y congruente, por lo tanto, los ciudadanos no deben asumir las consecuencias de la desorganización administrativa y del manejo y registro inadecuado de la correspondencia y de las peticiones”.[1] De acuerdo a la disposición Constitucional, es el “Derecho de presentar peticiones a las autoridades ya sea por motivo de interés particular o general y de obtener pronta respuesta en el plazo legal”, en la tutela judicial efectiva entendida como la posibilidad de reclamar a los órganos judiciales la apertura de un proceso para obtener una resolución motivada y argumentada sobre una petición amparada por la ley. El recurrente ha visto vulnerado este derecho cuando el Ad Quem ha ignorado el procedimiento a seguir en materia de notificaciones a las partes que debe cumplirse en todo proceso sometido a un órgano jurisdiccional, debiendo haber respetado las exigencias para tales notificaciones así como de hacer uso de los mecanismos que la misma ley provee cuando el Juez o Tribunal incurre en errores que podrán vulnerar el debido proceso, tal y como acontece en el caso de autos en que existen dos tipos de notificación en distintas fechas de actuación y con distinta fecha en la sentencia a notificar, siendo la segunda notificación hecha personalmente al recurrente y que corresponde a la sentencia dictada en fecha veintidós de octubre del año dos mil nueve, además de que el mismo Secretario Da Fe de tal actuación, en consecuencia siendo que una de las dos notificaciones debe ser anulada, lógicamente que deberá subsistir aquella que llena los requisitos establecidos en la ley, que no es otra que la que se le hizo personalmente en fecha cuatro de diciembre del año dos mil nueve. CONSIDERANDO: (10) Que se entiende como Debido Proceso adjetivo o formal, como el conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial[2]. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona[3]. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. Tal y como acontece en el caso de estudio el debido Proceso se ha vulnerado según se ha expuesto en los considerandos que anteceden. CONSIDERANDO: (11) Que Analizadas los antecedentes y el recurso planteado por el recurrente desde el prisma constitucional, esta sala observa que además de el Derecho de petición se ha vulnerado el debido proceso al dejar de observar los requisitos, formalidades y exigencias que establece la Constitución de la República y las leyes. CONSIDERANDO: (12) Que en fecha doce de octubre del año dos mil diez el Ministerio Público emitió dictamen en el que concluye que en el presente caso el Juzgado de Letras Seccional de Tela le dio validez a una notificación que era nula y que se había originado de un auto también viciado de nulidad, vulnerando lo establecido en el artículo 303 de la Constitución de la República al rechazar el recurso de apelación interpuesto en tiempo y forma por el interesado, adoptando un criterio desfavorable a la efectividad del derecho al debido proceso, y que ha cercenado irrazonablemente el derecho del recurrente en amparo a acceder a la justicia, siendo la resolución proferida por la corte de Apelaciones Seccional de la Ceiba confirmatoria de esta anomalía procesal cometida por el Juez A quo vulnerando a todas luces los preceptos contemplados en el artículo 90 de la Constitución de la República. Por lo que dictamina que se otorgue la acción de amparo comentada. CONSIDERANDO: (13) Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, oído el parecer del Fiscal y en aplicación de los artículos 1, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321, 323, de la Constitución de la República; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 5, 8, 47, 51, 63, 67, de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 8 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 3 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8, 24, y 25 de La Convención Americana de Los Derechos Humanos; 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, XXIV Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. FALLA: OTORGANDO EL RECURSO DE AMPARO, interpuesto por la Abogada DINORA SANDRA GEORGE OSORIO a favor de MARIO ROBERTO PINEDA PORTILLO, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de la Ceiba, Atlántida en fecha tres de febrero del año dos diez; al vulnerarse el Derecho de Petición y Debido Proceso y MANDA: que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. Firma y Sello DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de abril de dos mil trece, certificación de la sentencia de fecha doce de febrero de dos mil trece, recaída en el Recurso de Amparo Civil registrado en este Tribunal bajo el número 289-P608-P611=10.-

DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO

SECRETARIO DE LA

SALA DE LO CONSTITUCIONAL

[1] 1T-839-06 Derecho de Petición. www.flip.org.co/alert_display/3/

[2] Garantías Judiciales en el Estado de Emergencia, Opinión Consultiva OC-9/87, 6 de agosto de 1987.

[3] Gonzáles Pérez Jesús, El Derecho a la Tutela Jurisdiccional, tercera edición, Civitas, Madrid 2001, Pag 53.