Sentencia AC-255-12 — Registro 7345
Resumen
Sentencia revocó resolución que puso fin al proceso con sobreseimiento y archivo de actuaciones dictado por juzgado de primera instancia con relación a demanda ordinaria de pago por obligación de dar promovida contra recurrente
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad Quem objeto del recurso en estudio, no se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; presentándose violación al derecho del Debido Proceso, ya que ante la existencia de un convenio arbitral expreso los Tribunales de la Jurisdicción ordinaria de lo Civil deben abstenerse de conocer asuntos que se encuentren comprendidos bajo este convenio; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe otorgar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto..."
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
- Constitución de la República de Honduras, art. 110 (Decreto)
- Código Procesal Civil, art. 24, 2 d (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 38, 3 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 457 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Conciliación y Arbitraje, art. 26 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Conciliación y Arbitraje, art. 37 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de Agosto de dos mil trece. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado ALDO F. COSENZA BUNGENER a favor de la sociedad mercantil denominada ASEGURADORA HONDUREÑA MUNDIAL S.A. (ahora MAPFRE/HONDURAS S.A.), contra la sentencia emitida por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán, en fecha doce de enero de dos mil doce, que revoca un sobreseimiento dictado por el Juzgado de Letras de lo Civil de Francisco Morazán, en la continuación de la Audiencia Preliminar de fecha seis de octubre de dos mil once, en relación a la demanda ordinaria de pago por obligación de dar promovida por la señora NUZLY ELISETH FUNEZ CALIX contra la sociedad mercantil denominada ASEGURADORA HONDUREÑA MUNDIAL S.A. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representada, los derechos estipulados en los Artículos 90 Y 110 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha nueve de junio de dos mil once, compareció ante el Juzgado de Letras Civil de Francisco Morazán, el Abogado INTI JORDAN MARTÍNEZ ALEMÁN, en su condición de apoderado legal de la señora NUZLY ELISETH FÚNEZ CÁLIX, interponiendo demanda ordinaria de pago por obligación de dar originada en un Contrato de Seguros, contra la sociedad mercantil denominada ASEGURADORA HONDUREÑA MUNDIAL, S.A. (AHMSA). (Folios 03 al 29 de la primera pieza de antecedentes) 2) Que seguido que fue el proceso, en fechas cuatro y seis de octubre, el Juzgado de Letras de lo Civil de Francisco Morazán celebró audiencia preliminar en la causa relacionada, resolviendo: “…Que en vista de haberse alegado por la parte demandada que existe un defecto procesal de incompetencia, este juzgado analizando todos los documentos aportados como prueba…considera que al haber el Señor RAFAEL MAZZONI PIZZATI, realizado su solicitud de inscripción del indicado seguro colectivo y pagar sus cuotas que le correspondiere estaba consintiendo tanto la oferta que se realizaba por el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, como el contrato que dicho colegio avía (había) suscrito con la aseguradora por lo que este Juzgado en base a los artículos 24.2 inciso d y 457 del Código Procesal Civil, ordena poner fin al presente proceso con sobreseimiento y archivo de las actuaciones, y se les reserva el derecho a las partes `para acudir a la decisión arbitral.” (Folio 129 de la primera pieza de antecedentes) 3) Que el Abogado INTI JORDAN MARTÍNEZ ALEMÁN, compareció ante el referido Juzgado, interponiendo recurso de apelación contra la resolución dictada en audiencia preliminar de fecha seis de octubre de dos mil once, misma que pone fin a la primera instancia y ordena se archiven las diligencias, fundamentando su decisión en que hay una cláusula arbitral valida. (Folios 130 al 132 de la primera pieza de antecedentes) 4) Que en fecha doce de enero de dos mil doce, la Corte de Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia en el recurso de apelación interpuesto por el Abogado INTI JORDAN MARTÍNEZ ALEMÁN, declarando ha lugar el mismo y en consecuencia revocando el sobreseimiento de fecha seis de octubre de dos mil once, dictado por el Juzgado de Letras de lo Civil de Francisco Morazán. (Folios 08 al 13 de la segunda pieza de antecedentes) 5) El recurrente Abogado ALDO F. COSENZA BUNGENER, compareció ante esta Sala en fecha treinta de marzo de dos mil doce, interponiendo el recurso de amparo a favor de ASEGURADORA HONDUREÑA MUNDIAL, S.A. (AHORA DENOMINADA MAPFRE/HONDURAS S.A.), por considerar que la decisión del Ad-quem, de fecha doce de enero de dos mil doce, es violatoria de los derechos estipulados en los Artículos 90 y 110 de la Constitución de la República. Teniendo por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha once de marzo de dos mil trece. 6) Que con fecha uno de abril de dos mil trece, esta Sala tuvo por admitido el dictamen presentado por la Abogada REYNA TERESA VALERIO HARRY, en su condición de Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, en el cual es del parecer porque NO SE OTORGUE el recurso interpuesto. CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por el Abogado ALDO F. COSENZA BUNGENER a favor de ASEGURADORA HONDUREÑA MUNDIAL S.A., ahora MAPFRE/HONDURAS S.A., se dirige contra la sentencia emitida por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán, en fecha doce de enero de dos mil doce, que revoca un sobreseimiento dictado por el Juzgado de Letras de lo Civil de Francisco Morazán, en la continuación de la Audiencia Preliminar de fecha seis de octubre de dos mil once, en relación a la demanda ordinaria de pago por obligación de dar promovida por la señora NUZLY ELISETH FUNEZ CALIX contra la sociedad mercantil denominada ASEGURADORA HONDUREÑA MUNDIAL S.A. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que la recurrente aduce, en sus escritos interposición y formalización del Recurso de Amparo, fundamentalmente que la Corte de Apelaciones violenta el debido proceso, por cuanto a pesar de que el Artículo 24.2 d) del Código Procesal Civil establece que los Tribunales Civiles deben abstenerse de conocer cualquier caso en que medie un convenio arbitral valido, y a pesar de que el Artículo 457 del mismo Código, ordena que si de advierte la existencia de un convenio arbitral “… se pondrá fin al proceso con sobreseimiento y archivo de las actuaciones …”; la Honorable Corte Segunda de Apelaciones, mediante su sentencia, hoy impugnada, ha hecho precisamente lo contr5ario, pues fundamentándose en disposiciones adjetivas que nada tiene que ver con este caso, ha ordenado que en efecto se prosiga con el trámite del presente proceso, revocando así el sobreseimiento ya dictado, y negando los efectos legales de un convenio arbitral que debe privar en este caso. Todo lo anterior, implica una clara e innegable violación a la Garantía Constitucional del Debido Proceso que le asiste a su representada, y por ello, deberá restituírsele en el goce de la misma mediante este Amparo. Así también el fallo recurrido violenta al Artículo 110 Constitucional, este precepto de la Carta Fundamental, el denominado fuero arbitral, lo cual no quiere decir otra cosa que más que, si existe un convenio arbitral valido, nadie le puede negar su aplicabilidad; siendo que en el presente caso, en efecto existe un convenio arbitral que resulta valido según lo dispuesto en los Artículos 33 y 37 de la Ley de Conciliación y Arbitraje, así como por el Artículo 135 párrafo primero de la Ley de Instituciones de Seguros y Reaseguros, y por ello, al habérsele denegado su validez y aplicabilidad mediante la sentencia contra la cual hoy se recurre, la Honorable Corte Segunda de Apelaciones de esta sección judicial también le ha violentado a su representada el derecho constitucional que el otorga el Artículo 110 supracitado, ameritando esto también se otorgue el presente amparo. CONSIDERANDO CINCO (5): Que una vez realizado el traslado que conforme a la Ley Sobre Justicia Constitucional debe efectuarse al Ministerio Público, este emitió dictamen en fecha veintiuno de marzo de dos mil trece, en el cual se señala que si partimos que el objeto de la demanda en todo momento ha sido, el pago de una obligación de dar originada de un contrato de seguro, señalar y exigir invalidez e inaplicabilidad de la cláusula arbitral, por esta razón considera cuestionable la validez de la clausula arbitral y siendo que la norma contenida en el Artículo 457 del precitado Código Procesal Civil refiere su aplicación condicionándolo a la existencia de un compromiso valido y al no haberse resuelto sobre la validez de la clausula como fondo del asunto, puede considerarse improcedente la resolución invocando como aplicable dicha norma. En estos argumentos expuestos no se considera la violación del derecho al debido proceso, por ende no podría hablarse de una violación al derecho al fuero arbitral, por existir un cuestionamiento del acuerdo invocado. Siendo del parecer que se no otorgue el presente recurso de Amparo. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SIETE (7): Que de la revisión de la foliada de mérito, encontramos, que la resolución dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha doce de enero de dos mil doce; se aprecia en la misma, se basa principalmente en que la parte demandada planteo ante el A-Quo, tanto en la contestación de la demanda, como en la audiencia preliminar el defecto procesal de falta de jurisdicción del Tribunal inferior, alegando la existencia de compromiso arbitral, amparándose para ello en el Artículo 24.2 letra d) del Código Procesal Civil; habiendo resuelto el juzgado de primera instancia poner fin al proceso, con sobreseimiento y archivo de las actuaciones, al amparo del citado precepto, así como del 457 del mismo cuerpo de leyes. El Tribunal de Apelaciones considera que la acción recursiva planteada debe resolverse de conformidad al carácter dispositivo de las normas sobre competencia territorial, de conformidad con el Artículo 38 numeral 3 del suprarelacionado Código, que preceptúa lo que a continuación se transcribe: “No será valida la sumisión expresa contenida en los contratos de adhesión, o que contengan condiciones generales impuestas por una de las partes, o que se hayan celebrado con consumidores o usuarios.” CONSIDERANDO OCHO (8): Que el Artículo 26 de la Ley de Conciliación y Arbitraje; literalmente indica: “CONCEPTO DE ARBITRAJE. El arbitraje es un mecanismo de solución de controversias, a través del cual las partes en conflicto difieren la solución del mismo a un tribunal arbitral.” CONSIDERANDO NUEVE (9): Que el Artículo 37 de ese mismo cuerpo legal define: “El convenio arbitral es el acuerdo por el cual las partes deciden someter a arbitraje, las controversias que hayan surgido o puedan llegar a surgir entre ellas, respecto de una determinada relación jurídica, de naturaleza contractual o extracontractual”. En los siguientes Artículos la ley de Conciliación y Arbitraje señala que el convenio arbitral deberá constar por escrito. Podrá adoptar la forma de una cláusula incluida en un contrato o la de un acuerdo independiente. Todo Convenio Arbitral que forme parte de un contrato se considera como un acuerdo independiente de las demás estipulaciones del mismo. En consecuencia, la inexistencia, nulidad o anulabilidad total o parcial de un contrato u otro acto jurídico que contengan un convenio arbitral, no implicará necesariamente la inexistencia, ineficacia o invalidez de éste. Los árbitros, podrán decidir libremente sobre la controversia sometida a su pronunciamiento, la que podrá versar, inclusive sobre los vicios que afecten el contrato o acto jurídico que contenga el convenio arbitral. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la nulidad absoluta como sanción legal impuesta a los actos y contratos celebrados con omisión de un requisito exigido en consideración a su naturaleza o especie; debe ser declarada judicialmente por sentencia pronunciada en un juicio en que sean partes personas que resultarían afectadas por la declaración de nulidad, o sean las personas que intervinieron en el acto o contrato y las que de ellas obtuvieron su derecho (Artículo 1594 del Código Civil).[1] En consecuencia, si se pretende la nulidad o invalidez de la cláusula arbitral en el contrato de seguros, la cuestión debe debatirse con la intercesión del tomador y la compañía aseguradora. CONSIDERANDO ONCE (11): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho. CONSIDERANDO DOCE (12): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo. CONSIDERANDO TRECE (13): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; consiste en el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional. CONSIDERANDO QUINCE (15): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad Quem objeto del recurso en estudio, no se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; presentándose violación al derecho del Debido Proceso, ya que ante la existencia de un convenio arbitral expreso los Tribunales de la Jurisdicción ordinaria de lo Civil deben abstenerse de conocer asuntos que se encuentren comprendidos bajo este convenio; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe otorgar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: OTORGANDO el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito a efecto que la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán, dicte sentencia apegada a los principios constitucionales relacionados en el presente fallo; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- NOTIFIQUESE. Firmas y Sello. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. PRESIDENTA POR LEY SALA DE LO CONSTITUCIONAL. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. EDITH MARIA LOPEZ RIVERA. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el diecinueve de septiembre de dos mil trece, certificación del fallo de fecha seis de agosto de dos mil trece, recaído en el Recurso de Amparo Civil con orden de ingreso en este Tribunal No. 255-P436-P455=12.
DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL
[1] CRUZ LÓPEZ, REINALDO. Obligaciones y Contratos en General, Apuntes de Derecho Civil, Páginas 177 y 180. Segunda Edición, 1984, Reeditada en 2003, por Editorial Fuego Nuevo.