Sentencia AC-217-13 — Registro 7342
Resumen
Sentencia resolvió recursos de apelación de parte ejecutante y ejecutada, declaró parcialmente con lugar dichos recursos y estimó parcialmente demanda de tercería de dominio en el sentido de que se tiene por acreditado el dominio del bien inmueble objeto de la Tercería a favor de recurrente considerando que se debe continuar con la ejecución mientras la hipoteca del bien inmueble que sirve de garantía al crédito otorgado por el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA) a favor del señor Marvin Ramón Castellanos Triminio esté vigente y sea válido
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."esta Sala de lo Constitucional observa que la Corte Tercera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán,ha basado su decisión argumentando básicamente lo siguiente: a) Que al tercerista le asiste su derecho al dominio sobre el inmueble objeto de tercería, pero como el mismo dejo vigente y existente el instrumento público del ejecutado, consecuentemente la escritura pública del ejecutado tiene validez y surte efecto contra terceros, y b) que la referida escritura pública al estar inscrita en el Instituto de la Propiedad inmueble, mientras no sea invalidada no se puede detener la ejecución del bien inmueble..."..."el artículo 828 Nº 1 del Código Procesal Civil, señala que “La admisión de la demanda de tercería sólo suspenderá la ejecución respecto del bien que se refiera”. Esta Sala es del criterio que la suspensión de la ejecución señalada en el citado artículo, se da en el entendido que el bien o bienes continuaran embargados, y lo que se suspende es la ejecución del bien, lo cual resulta lógico ya que siendo la finalidad de la tercería la de proteger al tercero titular del bien embargado, la misma se vería frustrada o gravemente dificultada si la realización continuara adelante con el riesgo probable de que el bien se adjudique a un tercero antes de que la tercería finalice. El numeral 2 del citado artículo señala que: “El juez, previa audiencia de las partes, podrá condicionar la admisión de la demanda de tercería a que el tercerista preste caución por los daños y perjuicios que pudiera producir al acreedor ejecutante”; del citado numeral colegimos que el juez dictara providencia mediante la cual señalara día y hora para la celebración de la audiencia con las partes, con el objeto de determinar si se admite la demanda, pudiendo condicionar su admisión a la prestación de caución, para responder por los daños y perjuicios que se puedan producir al acreedor ejecutante..."..."de la revisada de la foliada y del estudio del fallo impugnado en esta vía constitucional, se estima que en el caso subexamine la decisión del a-quo de estimar íntegramente la demanda de tercería de dominio, mediante proceso abreviado se ha dictado conforme a derecho, y ello se colige así puesto que el juzgador basándose en la prueba documental y el reconocimiento judicial llevado a cabo, ha podido establecer que se ha trabado embargo sobre bienes que no pertenecen al ejecutado. En ese orden de ideas y contrario a lo señalado por el Tribunal ad-quem en el fallo que hoy se conoce en esta vía constitucional en cuanto que “al tercerista le asiste su derecho al dominio sobre el inmueble sujeto a tercería, pero como el mismo dejo subsistente el instrumento público del ejecutado, consecuentemente tal escritura tiene efecto frente a terceros y por lo tanto no se puede detener la ejecución, mientras no se invalide”; argumento que en definitiva, no considera que los casos de tercería de dominio la pugna entre el derecho aducido por el actor tercerista y el del ejecutante, favorecido por el embargo trabado en la ejecución, habrá de resolverse a la luz del principio de la preferencia en la adquisición de ambos derechos, para cuya determinación habrá que tener en cuenta, por un lado, el momento en que se produce la adquisición del tercerista y, por otro, aquel en el que se acuerda judicialmente la traba..."..."esta Sala de lo Constitucional estima que la resolución del ad-quem a negado a la parte recurrente el derecho al debido proceso consignado en el párrafo primero del artículo 90 de la Constitución de la República, consecuentemente la sentencia impugnada y que fuera dictada por La Corte Tercera de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán, al declarar parcialmente con lugar los recursos de apelación interpuestos por los apoderados legales de la parte ejecutante y ejecutada, revocando el auto dictado por el a-quo y estimar parcialmente la tercería de dominio, concita con ello la antes citada vulneración constitucional..."..."por las razones anteriormente expuestas, es procedente otorgar la Acción de amparo interpuesta por el recurrente..."
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, cinco de noviembre del dos mil trece. VISTO: Para dictar sentencia en la Acción de Amparo interpuesta por el señor JOSE RAFAEL CASTELLANOS SOSA a favor de SI MISMO contra la sentencia dictada en fecha catorce de diciembre de dos mil doce, por la Corte Tercera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, que resuelve los recursos de apelación presentados contra el auto de fecha siete de septiembre de dos mil doce, dictado por el Juzgado de Letras Segundo Seccional de la ciudad de Danli, departamento de El Paraíso, en relación a la demanda de Tercería de Dominio, mediante proceso abreviado promovida por el Abogado ERNESTO CASTRO HERRERA, en su condición de Apoderado Judicial del señor JOSE RAFAEL CASTELLANOS SOSA, contra el BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA (BANADESA) y del señor MARVIN RAMON CASTELLANOS TRIMINIO. ANTECEDENTES. 1) Que en fecha veintidós de marzo del año dos mil doce, compareció ante el Juzgado de Letras Segundo Seccional de la ciudad de Danli, departamento de El Paraíso, el Abogado JOSE DAVID EUCEDA AVILES en su condición de Apoderado Legal del BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA (BANADESA) solicitando la Ejecución Directa de un Bien Inmueble dado en Garantía Hipotecaria por el señor MARVIN RAMÓN CASTELLANOS TRIMINIO, por adeudar a su representada la cantidad de Ciento Ochenta y Siete Mil Novecientos Diecisiete Lempiras (L. 187,917.00), cantidad que incluye el capital adeudado más los intereses acumulados hasta el veintitrés de febrero de dos mil doce.(F. 01 al 06 delos antecedentes). 2) Que en fecha veintitrés de julio de dos mil doce, el Abogado ERNESTO CASTRO HERRERA, en su condición de Apoderado Legal del señor JOSE RAFAEL CASTELLANOS SOSA, compareció ante el Juzgado de Letras citado, promoviendo demanda de Tercería de Dominio por la Vía del Procedimiento Abreviado, contra la demanda de Ejecución Directa sobre un bien Inmueble, que promoviera el BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA (BANADESA) contra el señor MARVIN RAMÓN CASTELLANOS TRIMINIO(F.06 al 10del expediente 0703-2012-00048 LCO del a-quo). 3)Que en fecha siete de septiembre de dos mil doce, una vez seguido el trámite de ley, el Juzgado de Letras Segundo Seccional de Danli El Paraíso, dictó auto mediante el cual resolvió: (Sic)“PRIMERO: Que debo estimar y estimo íntegramente la Demanda de Tercería de Dominio, Mediante el Proceso Abreviado, interpuesta por el abogado ERNESTO CASTRO HERRERA, en su condición de Representante Procesal del señor JOSE RAFAEL CASTELLANOS SOSA, contra los señores JORGE YOHNNY HANDAL HAWIT en su condición de parte Ejecutante y Presidente Ejecutivo del BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA (BANADESA),representado por la Abogada NADIA KARYZZA MENCIA VELASQUEZ y contra el señor MARVIN RAMÓN CASTELLANOS TRIMINIO en su condición de parte ejecutada, representado por el Abogado ROGER ALBERTO SUAREZ VEGA, todos de generales conocidas en los autos de mérito. SEGUNDO: Ordena levantar el embargo decretado al bien inmueble que se encuentra inscrito en el asiento No. 66 del Tomo 661 del Libro de Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas de esta Sección Registral y la remoción del depósito, así como la cancelación de la Anotación Preventiva y de cualquier otra medida de garantía de embargo del bien inmueble al que la tercería se refiere de los bienes objeto del embargo …”(Folios del 107 al 114expediente 0703-2012-00048 LCO del a-quo) 4) Que en fecha catorce de diciembre de dos mil doce, la Corte Tercera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, conociendo de los recursos de apelación interpuestos por el Abogado ROGER ALBERTO SUAREZ VEGA en su condición de apoderado judicial del señor MARVIN RAMÓN CASTELLANOS TRIMINIO, y por la Abogada NADIA KARYZZA MENCIA VELASQUEZ en su condición de Apoderada legal del BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA (BANADESA), respectivamente, contra el auto relacionado en el numeral que precede, dictó sentencia en la cual“FALLA:1)DECLARA PARCIALMENTECON LUGAR el recurso de Apelación interpuesto por el Abogado ROGER ALBERTO SUAREZ VEGA en su condición de apoderado legal señor del MARVIN RAMÓN CASTELLANOS TRIMINIO.2) DECLARA PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de Apelación interpuesto por la Abogada NADIA KARYZZA MENCIA VELASQUEZ en su condición de Apoderada legal del BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA (BANADESA).3)REVOCA el auto dictado por el Juzgado de Letras Segundo Seccional de Danli, El Paraíso, en fecha siete de septiembre del año dos mil doce. 4)SE ESTIMA PARCIALMENTE la Demanda de Tercería de Dominio, Mediante Proceso Abreviado interpuesta por el Abogado ERNESTO CASTRO HERRERA, en su condición de Representante Procesal del señor JOSE RAFAEL CASTELLANOS SOSA, contra los señores JORGE YOHNY HANDAL HAWIT en su condición de parte ejecutante y presidente Ejecutivo del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), representado por la Abogada NADIA KARYZZA MENCIA VELASQUEZ y contra el señor MARVIN RAMON CASTELLANOS TRIMINIO en su condición de parte ejecutada, representado por el Abogado ROGER ALBERTO SUAREZ VEGA, en el sentido de que se tiene por acreditado el dominio del bien inmueble objeto de la Tercería a favor del señor JOSE RAFAEL CASTELLANOS SOSA, debiéndose CONTINUAR CON LA EJECUCION mientras la hipoteca del bien inmueble que sirve de garantía al crédito otorgado por el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), a favor del señor MARVIN RAMON CASTELLANOS TRIMINIO esté vigente y sea válido. …”Folios del 09 al 16 de la pieza de segunda instancia). 5) Que en fecha quince de marzo de dos mil trece, el señor JOSE RAFAEL CASTELLANOS SOSA, compareció ante este Tribunal interponiendo acción de amparo a favor SI MISMO, contra la sentencia de fecha catorce de diciembre de dos mil doce, que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 60 61, 82, 90, 94, y 103 de la Constitución de la República. Teniendo por formalizado esta Sala el recurso de mérito, en fecha veintitrés de agosto de dos mil trece. 6) Que en fecha catorce de octubre de dos mil trece, se tuvo por evacuada la vista concedida al Fiscal del Ministerio Público YULIBETH GARAY HERNANDEZ, quien en su dictamen fue de la opinión por que se “SOBRESEAN” las diligencias de mérito. CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que la persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta puede interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que se conoce en amparo la sentencia de fecha catorce de diciembre de dos mil doce, dictada por la Corte Tercera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, sentencia del ad-quem que en los Fundamentos de Derecho expresa lo siguiente: (Sic) “PRIMERO………TERCERO: El bien inmueble objeto de la tercería de Dominio, perteneció al señor RAFAEL CASTELLANOS C., quien lo obtuvo por compra que realizo a la señora ELIGIA CATELLANOS V. de CASTELLANOS en fecha siete (7) de abril de mil novecientos cincuenta y cuatro (1954) y que actualmente es propiedad del demandante JOSE RAFAEL CASTELLANOS SOSA, quien lo compro a su padre en fecha veinticinco de agosto de mil novecientos noventa y dos y veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y dos, el primero según instrumento número once (11), autorizado por el notario Oscar Siri Zúñiga, inscrito en el asiento numero 76 Tomo 197 del Libro registro de Propiedades, Hipotecas y Anotaciones Preventivas de la Sección Judicial de Danli, El Paraíso y el segundo en instrumento publico numero veinticuatro (24) autorizado por el notario Oscar Siri Zúñiga, inscrito en el asiento numero 73 Tomo 200 del Libro Registro de Propiedades, Hipotecas y Anotaciones Preventivas de la Sección Judicial de Danli, El Paraíso. Dicho bien inmueble se encuentra ubicado en el sitio denominado San Jerónimo, en el lugar llamado “Zopilotepe”, jurisdicción del municipio de San Matías, el departamento del Paraíso, y es el mismo terreno por el cual el señor ERNESTOCASTELLANOS CASTELLANOS(padre del ejecutado), interpuso demanda Reivindicatoria de Dominio contra el señor RAFAEL CASTELLANOS C.,(padredel tercerista), la que se registró con el Nº 11-88 en el juzgado actuante y en la que se emitió sentencia a favor del señor ERNESTOCASTELLANOS C., misma que fue impugnada en apelación y en la que la Corte segunda de Apelaciones la revoco y contra esa sentencia el señor ERNESTOCASTELLANOS C., interpuso el recurso de Revisión ante la Corte Suprema de Justicia, el cual fue declarado improcedente, por lo que existe sentencia firme. CUARTO: Al tercerista le asiste su derecho al dominio sobre el inmueble objeto de la Tercería, sin embargo, éste dejo vigente existente el instrumento público del ejecutado, en consecuencia, la Escritura Pública del ejecutado es vigente, válida y además surte efecto contra terceros, ya que se encuentra inscrita en el Instituto de la Propiedad Inmueble correspondiente, por lo que, mientras no se invalide, no se puede detener la ejecución. Que al no detenerse la ejecución, este Tribunal no le causa indefensión al Tercerista debido a que el mismo tiene expedita las acciones en la vía civil correspondiente. QUINTO: Existe una hipoteca constituida en escritura publica por el señor MARVIN RAMÓN CASTELLANOS TRIMINIO a favor del BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (BANADESA) a fin de garantizar un crédito que asciende a QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS (L. 565,500.00) e inscrita bajo el asiento numero 66 del Tomo 661 de la circunscripción registral del departamento de El Paraíso. La hipoteca garantiza un crédito y constituye un derecho real, consecuencia de ese carácter es el derecho de persecución de que esta dotado el acreedor hipotecario, el cual esta facultado para perseguir el inmueble hipotecado en manos de quien quiera que lo posea y cualquier titulo que lo haya adquirido (articulo 2141 Código Civil y 930 del Código Procesal Civil). SEXTO: Que los agravios han sido estimados por este Tribunal de manera parcial por lo que no procede aplicar el principio de vencimiento, en cuanto a las costas (arts. 219.2 con relación al 221 del Código Procesal Civil)”.
CONSIDERANDO (3): Que según expone el recurrente de amparo, la sentencia que se deja relacionada en el acápite anterior, vulnera en su perjuicio la declaración constitucional referente a la igualdad ante la ley, asimismo considera la vulneración de los derechos de defensa, debido proceso, de que a nadie se le impondrá pena alguna sin haber sido oído y vencido en juicio, y sin que se le haya impuesto por resolución ejecutoria y el de propiedad consignados en los artículos60, 61, 82, 90, 94y 103 de la Constitución de la República; explica para ello, que las referidas vulneraciones constitucionales se habrían producido en tanto en cuanto el fallo dictado por el Tribunal ad-quem, violenta el principio de igualdad ante la ley al manifestar “que el tercerista acredito el dominio sobre el inmueble objeto de la tercería, pero al estar la escritura pública del ejecutado vigente, es válida y surte efecto contra terceros por encontrarse inscrita en el Registro de la Propiedad, y mientras no se invalide, no se puede detener la ejecución”, argumento que señala el recurrente no ha tomado en cuenta que el ejecutado nunca ha tenido el dominio, posesión y uso del inmueble y que ha sido junto con su antecesor vencido en sendos juicios de reivindicación, extremos estos que alega se ven corroborados con las sentencias emitidas por el juzgado Seccional de Danli, la Corte Segunda de Apelaciones de Francisco Morazán y la Corte Suprema de Justicia en los años 1994 y 2011, razones por la cuales al haber una sentencia con carácter de firme, no se puede considerar como propietario del inmueble al ejecutado, como tampoco el mismo no podía constituir hipoteca sobre el referido bien inmueble, tal y como lo preceptúa el artículo 2126 del Código Civil, en razón de que para poder constituir una hipoteca es necesario ser propietario del inmueble, y el articulo 2135 del mismo cuerpo normativo señala que la hipoteca constituida sobre inmueble ajeno no será válida, ni por adquisición que el constituyente hiciere ulteriormente, esto relacionado también con el artículo 613 de ese Código. CONSIDERANDO (4): Sigue manifestando el recurrente que también se produce la vulneración del derecho de defensa, puesto que el Tribunal ad-quem ordena que se continúe con la ejecución mientras la hipoteca del bien inmueble que sirve de garantía al crédito éste vigente y sea válida, que además reconoce el derecho de persecución al acreedor, aplicando con ello literalmente el artículo 2141 párrafo primero del Código Civil; obviando con ello lo preceptuado en los artículos 2126, 2135 y 613 del mismo cuerpo legal que establecen que el dominio o propiedad es el derecho de poseer exclusivamente una cosa y gozar y disponer de ellas sin más limitaciones que las establecidas en la ley o por la voluntad del propietario; aduce que el caso de autos el Tercerista ha acreditado suficientemente ser el propietario y tener el dominio, posesión y uso del bien inmueble objeto de la tercería por más de cincuenta años (50) aunado a la de su antecesor; razones que estima son suficientes como para que el Tribunal de Alzada no declarara con lugar parcialmente los recursos interpuestos por el ejecutante y Ejecutado, y mucho menos revocar lo dictado por el a-quo. Señala también el impetrante que el fallo que hoy se impugna en esta vía constitucional vulnera el debido proceso, puesto que el mismo al revocar el auto dictado por el a-quo y por el cual se estimaba íntegramente la Demanda de Tercería de Dominio, el referido tribunal no ha considerado las formalidades, derechos y garantías establecidas por la ley. CONSIDERANDO (5): Que al analizar el fallo censurado, esta Sala de lo Constitucional observa que la Corte Tercera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán,ha basado su decisión argumentando básicamente lo siguiente: a) Que al tercerista le asiste su derecho al dominio sobre el inmueble objeto de tercería, pero como el mismo dejo vigente y existente el instrumento público del ejecutado, consecuentemente la escritura pública del ejecutado tiene validez y surte efecto contra terceros, y b) que la referida escritura pública al estar inscrita en el Instituto de la Propiedad inmueble, mientras no sea invalidada no se puede detener la ejecución del bien inmueble. CONSIDERANDO (6): Que del estudio de la foliada y de la sentencia venida en consulta; esta Sala de lo Constitucional constata lo siguiente: a) Que el abogado ERNESTO CASTRO HERRERA, en su condición de apoderado legal del señor JOSE RAFAEL CASTELLANOS SOSA, compareció en fecha veintisiete de julio del año dos mil doce ante el Juzgado Segundo de Letras Seccional, presentando Demanda de Tercería de Dominio contra la demanda de Ejecución Directa sobre un bien Inmueble, que promoviera el BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA (BANADESA) contra el señor MARVIN RAMÓN CASTELLANOS TRIMINIO, ocasión en la que acompaño con el escrito de interposición de la demanda los siguientes documentos: 1.- Testimonio de la Escritura Pública de compra-venta número once (11), inscrita en el asiento numero 76 Tomo 197, autorizado en la ciudad de Comayagüela MDC., departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticinco de agosto del año dos mil novecientos noventa y dos, autorizada por el notario Oscar Siri Zúñiga, otorgada por el señor Rafael Castellanos C., a favor del señor Rafael Castellanos Sosa; 2.- Testimonio dela Escritura Pública de compra-venta numero veinticuatro (24), inscrita en el asiento numero 73 Tomo 200, autorizado en la ciudad de Comayagüela MDC., departamento de Francisco Morazán, en fecha veintitrés de diciembre del año dos mil novecientos noventa y dos, por el notario Oscar Siri Zúñiga, otorgada por el señor Rafael Castellanos C., a favor del señor Rafael Castellanos Sosa; 3.- Testimonio de la Escritura Pública de compra-venta, numero dos(02) autorizada en San Matías departamento de El Paraíso a los seis días del mes de marzo de mil novecientos cincuenta y cuatro por el Juez de Paz y Notario por ministerio de la ley Ángel R. Castellanos, otorgada por Eulogia Castellanos viuda de Castellanos a favor de Rafael Castellanos C., inscrita bajo el asiento 286 páginas 417 y 418 del Tomo 33 del Registro de la Propiedad Inmueble; 4.- Certificación del asiento53 del Tomo 656 extendida por el Registrador dela Propiedad, abogado José Alexander Ávila el seis de mayo del año 2009; 5.- Certificación del asiento 66 del Tomo 661, extendida por el Registrador de la Propiedad, el seis de mayo del año 2009; 6.- Certificación de la sentencia dictada el veinticinco de enero del año dos mil once, por el Juzgado Segundo de esa Sección Judicial, mediante la cual se declara sin lugar la demanda reivindicatoria de dominio promovida por Marvin Ramón Castellanos Triminio, José Gonzalo Castellanos Triminio y Cosme Randolfo Castellanos Triminio contra José Rafael Castellanos Sosa, Mario Armando Castellanos Sosa y Raúl Edgardo Castellanos Sosa, extendida en fecha diecisiete de febrero de dos mil once, e inscrita bajo el número 100 del Tomo 32 del registro de sentencias; 7.- Certificación de la sentencia dictada el diez de junio de mil novecientos noventa y siete, por la Corte Segunda de Apelaciones, en la que se declara improcedente el recurso de revisión promovido y condena en costas al recurrente; 8.- Certificación de fecha treinta y uno de enero de mil novecientos noventa y cinco, extendida por la Corte Segunda de Apelaciones y mediante la cual se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto y revoca la sentencia de fecha dos de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro en la demanda reivindicatoria promovida por el señor Ernesto Castellano C., contra Rafael Castellanos; 9.- Nota dirigida al Presidente Ejecutivo del BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (BANADESA), en fecha treinta y uno marzo del año dos mil nueve, por el señor Mario Armando Castellanos; 10.- Constancia extendida en fecha treinta de abril del año dos mil nueve, por la Secretaría del Juzgado de Letras Segundo Seccional, mediante la cual se hace constar que se dictó Sobreseimiento en la causa por alteración de términos y Linderos, y 11.- Nota dirigida al Presidente Ejecutivo del BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (BANADESA), en fecha ocho de marzo de dos mil once por el señor Mario Armando Castellanos y b) Que el Juzgado a-quo después de seguir el trámite que ordena la ley mediante auto de fecha siete de septiembre de dos mil doce, estimo íntegramente la Demanda de Tercería de Dominio interpuesta Mediante el Proceso Abreviado y consecuentemente ordeno levantar el embargo decretado al bien inmueble inscrito en el asiento No. 66 del Tomo 661 del Libro de Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas de esta Sección Registral y la remoción del depósito, así como la cancelación de la anotación preventiva y de cualquier otra medida de garantía de embargo del bien inmueble al que la tercería se refiere de los bienes objeto del embargo. CONSIDERANDO (7): Que el Capítulo V del Código Procesal Civil en los artículos que van del 825 al 830regula lo atinente a la Tercería de Dominio, así tenemos que con respecto a la procedencia de tal demanda el articulo 825 Nº 1 señala que “Podrá plantear tercería de Dominio, en forma de demanda, quien sin ser parte en la ejecución, afirme ser dueño de un bien embargado como perteneciente al ejecutado y que no lo adquirido de éste una vez practicado el embargo…..”, supuesto de carácter general de la legitimación activa en la tercería de dominio, por el cual entendemos que se busca evitar el riesgo que por parte del deudor se pueda llevar a cabo un fraude en perjuicio del acreedor ejecutante, traspasando el bien a un tercero una vez que el mismo ha sido embargado; a contrario sensu no operaria esta limitación cuando el bien se adquiere por un tercero con anterioridad al embargo del mismo. CONSIDERANDO (8): Que en ese mismo orden el artículo 826 Nº 2 del Código Procesal Civil, exige como presupuesto de admisibilidad de la tercería que la demanda este acompañada de “un principio de prueba por escrito” del fundamento de la pretensión del tercerista, en ese sentido entendemos que la finalidad de tal presupuesto de admisibilidad, es la de evitar que se formulen demandas de tercería con el único fin de dilatar la ejecución del embargo, consecuentemente de la normativa citada colegimos que para dar curso a la demanda se requiere la presentación de un documento que justifique prima facie el dominio (o del derecho sobre el bien que legitime para el ejercicio de la acción). CONSIDERANDO (9): Que el artículo 828 Nº 1 del Código Procesal Civil, señala que “La admisión de la demanda de tercería sólo suspenderá la ejecución respecto del bien que se refiera”. Esta Sala es del criterio que la suspensión de la ejecución señalada en el citado artículo, se da en el entendido que el bien o bienes continuaran embargados, y lo que se suspende es la ejecución del bien, lo cual resulta lógico ya que siendo la finalidad de la tercería la de proteger al tercero titular del bien embargado, la misma se vería frustrada o gravemente dificultada si la realización continuara adelante con el riesgo probable de que el bien se adjudique a un tercero antes de que la tercería finalice. El numeral 2 del citado artículo señala que: “El juez, previa audiencia de las partes, podrá condicionar la admisión de la demanda de tercería a que el tercerista preste caución por los daños y perjuicios que pudiera producir al acreedor ejecutante”; del citado numeral colegimos que el juez dictara providencia mediante la cual señalara día y hora para la celebración de la audiencia con las partes, con el objeto de determinar si se admite la demanda, pudiendo condicionar su admisión a la prestación de caución, para responder por los daños y perjuicios que se puedan producir al acreedor ejecutante. CONSIDERANDO (10): Que el artículo 830, del Código Procesal Civil con respecto a la Resolución señala:1. La tercería se decidirá por auto que no causará efecto de cosa juzgada respecto de la titularidad del bien.- 2. En caso de que se desestime la tercería se ordenará que continúe el embargo sobre el bien.- 3.El auto que estime la tercería de dominio ordenará el levantamiento del embargo y la remoción del depósito, así como la cancelación de la anotación preventiva y de cualquier otra medida de garantía del embargo del bien a que la tercería se refiera. Articulo por el cual se establece que la tercería de dominio se resolverá por medio de un auto que al efecto se dicte, y ello se entiende así, dado que la misma es abordada en la normativa como un incidente dentro del proceso de ejecución. Ahora bien el auto se pronunciará sobre la pertenencia del bien y la procedencia de su embargo, siendo verdaderamente relevante en el juicio de tercería la segunda; aunque conviene señalar que la decisión sobre la misma «no causará efecto de cosa juzgada respecto de la titularidad del bien», porque en la tercería ni el demandante puede ejercitar pretensión alguna sobre la titularidad o recuperación del bien, ni los demandados reconvenir pretendiendo la nulidad del título en que aquél fundamenta su dominio (sí, en cambio, invocarla a efectos meramente defensivos);en ese orden de ideas entendemos que estimada la tercería, puede el ejecutado ejercitar por ese cauce la misma acción declarativa de dominio y el ejecutante la pretensión de nulidad del título. CONSIDERANDO (11): Que de lo señalado en los acápites anteriores, de la revisada de la foliada y del estudio del fallo impugnado en esta vía constitucional, se estima que en el caso subexamine la decisión del a-quo de estimar íntegramente la demanda de tercería de dominio, mediante proceso abreviado se ha dictado conforme a derecho, y ello se colige así puesto que el juzgador basándose en la prueba documental y el reconocimiento judicial llevado a cabo, ha podido establecer que se ha trabado embargo sobre bienes que no pertenecen al ejecutado. En ese orden de ideas y contrario a lo señalado por el Tribunal ad-quem en el fallo que hoy se conoce en esta vía constitucional en cuanto que “al tercerista le asiste su derecho al dominio sobre el inmueble sujeto a tercería, pero como el mismo dejo subsistente el instrumento público del ejecutado, consecuentemente tal escritura tiene efecto frente a terceros y por lo tanto no se puede detener la ejecución, mientras no se invalide”; argumento que en definitiva, no considera que los casos de tercería de dominio la pugna entre el derecho aducido por el actor tercerista y el del ejecutante, favorecido por el embargo trabado en la ejecución, habrá de resolverse a la luz del principio de la preferencia en la adquisición de ambos derechos, para cuya determinación habrá que tener en cuenta, por un lado, el momento en que se produce la adquisición del tercerista y, por otro, aquel en el que se acuerda judicialmente la traba. CONSIDERANDO (12): Que al hilo del razonamiento expuesto en el acápite anterior esta Sala de lo Constitucional estima que la resolución del ad-quema negado a la parte recurrente el derecho al debido proceso consignado en el párrafo primero del artículo90 de la Constitución de la República, consecuentemente la sentencia impugnada y que fuera dictada por La Corte Tercera de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán, al declarar parcialmente con lugar los recursos de apelación interpuestos por los apoderados legales de la parte ejecutante y ejecutada, revocando el auto dictado por el a-quo y estimar parcialmente la tercería de dominio, concita con ello la antes citada vulneración constitucional. CONSIDERANDO (13): Que por las razones anteriormente expuestas, es procedente otorgar la Acción de amparo interpuesta por el recurrente. POR TANTO: La Sala Constitucional en nombre de la Corte Suprema de Justicia como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDADDE VOTOS, y haciendo aplicación de los artículos: 1, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta reformado, 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 825, 826, 828,829 y 830 del Código Procesal Civil; 1, 2, 3 numerales 2) y 6), 4, 5, 7, 41, 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.- FALLA: I.-OTORGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por el señor JOSE RAFAEL CASTELLANOS SOSA a favor de SI MISMO contra la sentencia dictada en fecha catorce de diciembre de dos mil doce, por la Corte Tercera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán y II.- SE ORDENA que el Tribunal Ad-Quem profiera nuevo fallo conforme al razonamiento plasmado en las consideraciones contenidas en la motivación de la presente sentencia.- Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redacto la Magistrada SANTOS MONCADA. NOTIFIQUESE. Firma y Sello. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA; PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL".
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el veintiuno de noviembre de dos mil trece, certificación de la sentencia de fecha cinco de noviembre de dos mil trece, recaída en el Amparo Civil No.217-13. Firma y Sello.
DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: la sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, cinco de noviembre del dos mil trece. VISTO: Para dictar sentencia en la Acción de Amparo interpuesta por el señor JOSE RAFAEL CASTELLANOS SOSA a favor de SI MISMO contra la sentencia dictada en fecha catorce de diciembre de dos mil doce, por la Corte Tercera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, que resuelve los recursos de apelación presentados contra el auto de fecha siete de septiembre de dos mil doce, dictado por el Juzgado de Letras Segundo Seccional de la ciudad de Danli, departamento de El Paraíso, en relación a la demanda de Tercería de Dominio, mediante proceso abreviado promovida por el Abogado ERNESTO CASTRO HERRERA, en su condición de Apoderado Judicial del señor JOSE RAFAEL CASTELLANOS SOSA, contra el BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA (BANADESA) y del señor MARVIN RAMON CASTELLANOS TRIMINIO. ANTECEDENTES. 1) Que en fecha veintidós de marzo del año dos mil doce, compareció ante el Juzgado de Letras Segundo Seccional de la ciudad de Danli, departamento de El Paraíso, el Abogado JOSE DAVID EUCEDA AVILES en su condición de Apoderado Legal del BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA (BANADESA) solicitando la Ejecución Directa de un Bien Inmueble dado en Garantía Hipotecaria por el señor MARVIN RAMÓN CASTELLANOS TRIMINIO, por adeudar a su representada la cantidad de Ciento Ochenta y Siete Mil Novecientos Diecisiete Lempiras (L. 187,917.00), cantidad que incluye el capital adeudado más los intereses acumulados hasta el veintitrés de febrero de dos mil doce.(F. 01 al 06 delos antecedentes). 2) Que en fecha veintitrés de julio de dos mil doce, el Abogado ERNESTO CASTRO HERRERA, en su condición de Apoderado Legal del señor JOSE RAFAEL CASTELLANOS SOSA, compareció ante el Juzgado de Letras citado, promoviendo demanda de Tercería de Dominio por la Vía del Procedimiento Abreviado, contra la demanda de Ejecución Directa sobre un bien Inmueble, que promoviera el BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA (BANADESA) contra el señor MARVIN RAMÓN CASTELLANOS TRIMINIO(F.06 al 10del expediente 0703-2012-00048 LCO del a-quo). 3)Que en fecha siete de septiembre de dos mil doce, una vez seguido el trámite de ley, el Juzgado de Letras Segundo Seccional de Danli El Paraíso, dictó auto mediante el cual resolvió: (Sic)“PRIMERO: Que debo estimar y estimo íntegramente la Demanda de Tercería de Dominio, Mediante el Proceso Abreviado, interpuesta por el abogado ERNESTO CASTRO HERRERA, en su condición de Representante Procesal del señor JOSE RAFAEL CASTELLANOS SOSA, contra los señores JORGE YOHNNY HANDAL HAWIT en su condición de parte Ejecutante y Presidente Ejecutivo del BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA (BANADESA),representado por la Abogada NADIA KARYZZA MENCIA VELASQUEZ y contra el señor MARVIN RAMÓN CASTELLANOS TRIMINIO en su condición de parte ejecutada, representado por el Abogado ROGER ALBERTO SUAREZ VEGA, todos de generales conocidas en los autos de mérito. SEGUNDO: Ordena levantar el embargo decretado al bien inmueble que se encuentra inscrito en el asiento No. 66 del Tomo 661 del Libro de Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas de esta Sección Registral y la remoción del depósito, así como la cancelación de la Anotación Preventiva y de cualquier otra medida de garantía de embargo del bien inmueble al que la tercería se refiere de los bienes objeto del embargo …”(Folios del 107 al 114expediente 0703-2012-00048 LCO del a-quo) 4) Que en fecha catorce de diciembre de dos mil doce, la Corte Tercera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, conociendo de los recursos de apelación interpuestos por el Abogado ROGER ALBERTO SUAREZ VEGA en su condición de apoderado judicial del señor MARVIN RAMÓN CASTELLANOS TRIMINIO, y por la Abogada NADIA KARYZZA MENCIA VELASQUEZ en su condición de Apoderada legal del BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA (BANADESA), respectivamente, contra el auto relacionado en el numeral que precede, dictó sentencia en la cual“FALLA:1)DECLARA PARCIALMENTECON LUGAR el recurso de Apelación interpuesto por el Abogado ROGER ALBERTO SUAREZ VEGA en su condición de apoderado legal señor del MARVIN RAMÓN CASTELLANOS TRIMINIO.2) DECLARA PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de Apelación interpuesto por la Abogada NADIA KARYZZA MENCIA VELASQUEZ en su condición de Apoderada legal del BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA (BANADESA).3)REVOCA el auto dictado por el Juzgado de Letras Segundo Seccional de Danli, El Paraíso, en fecha siete de septiembre del año dos mil doce. 4)SE ESTIMA PARCIALMENTE la Demanda de Tercería de Dominio, Mediante Proceso Abreviado interpuesta por el Abogado ERNESTO CASTRO HERRERA, en su condición de Representante Procesal del señor JOSE RAFAEL CASTELLANOS SOSA, contra los señores JORGE YOHNY HANDAL HAWIT en su condición de parte ejecutante y presidente Ejecutivo del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), representado por la Abogada NADIA KARYZZA MENCIA VELASQUEZ y contra el señor MARVIN RAMON CASTELLANOS TRIMINIO en su condición de parte ejecutada, representado por el Abogado ROGER ALBERTO SUAREZ VEGA, en el sentido de que se tiene por acreditado el dominio del bien inmueble objeto de la Tercería a favor del señor JOSE RAFAEL CASTELLANOS SOSA, debiéndose CONTINUAR CON LA EJECUCION mientras la hipoteca del bien inmueble que sirve de garantía al crédito otorgado por el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), a favor del señor MARVIN RAMON CASTELLANOS TRIMINIO esté vigente y sea válido. …”(Folios del 09 al 16 de la pieza de segunda instancia). 5) Que en fecha quince de marzo de dos mil trece, el señor JOSE RAFAEL CASTELLANOS SOSA, compareció ante este Tribunal interponiendo acción de amparo a favor SI MISMO, contra la sentencia de fecha catorce de diciembre de dos mil doce, que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar quela misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 60 61, 82, 90, 94, y 103 de la Constitución de la República. Teniendo por formalizado esta Sala el recurso de mérito, en fecha veintitrés de agosto de dos mil trece. 6) Que en fecha catorce de octubre de dos mil trece, se tuvo por evacuada la vista concedida al Fiscal del Ministerio Público YULIBETH GARAY HERNANDEZ, quien en su dictamen fue de la opinión por que se “SOBRESEAN” las diligencias de mérito. CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que la persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta puede interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que se conoce en amparo la sentencia de fecha catorce de diciembre de dos mil doce, dictada por la Corte Tercera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, sentencia del ad-quem que en los Fundamentos de Derecho expresalo siguiente: (Sic) “PRIMERO………TERCERO: El bien inmueble objeto de la tercería de Dominio, perteneció al señor RAFAEL CASTELLANOS C., quien lo obtuvo por compra que realizo a la señora ELIGIA CATELLANOS V. de CASTELLANOS en fecha siete (7) de abril de mil novecientos cincuenta y cuatro (1954) y que actualmente es propiedad del demandante JOSE RAFAEL CASTELLANOS SOSA, quien lo compro a su padre en fecha veinticinco de agosto de mil novecientos noventa y dos y veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y dos, el primero según instrumento número once (11), autorizado por el notario Oscar Siri Zúñiga, inscrito en el asiento numero 76 Tomo 197 del Libro registro de Propiedades, Hipotecas y Anotaciones Preventivas de la Sección Judicial de Danli, El Paraíso y el segundo en instrumento publico numero veinticuatro (24) autorizado por el notario Oscar Siri Zúñiga, inscrito en el asiento numero 73 Tomo 200 del Libro Registro de Propiedades, Hipotecas y Anotaciones Preventivas de la Sección Judicial de Danli, El Paraíso. Dicho bien inmueble se encuentra ubicado en el sitio denominado San Jerónimo, en el lugar llamado “Zopilotepe”, jurisdicción del municipio de San Matías, el departamento del Paraíso, y es el mismo terreno por el cual el señor ERNESTOCASTELLANOS CASTELLANOS(padre del ejecutado), interpuso demanda Reivindicatoria de Dominio contra el señor RAFAEL CASTELLANOS C.,(padredel tercerista), la que se registró con el Nº 11-88 en el juzgado actuante y en la que se emitió sentencia a favor del señor ERNESTOCASTELLANOS C., misma que fue impugnada en apelación y en la que la Corte segunda de Apelaciones la revoco y contra esa sentencia el señor ERNESTOCASTELLANOS C., interpuso el recurso de Revisión ante la Corte Suprema de Justicia, el cual fue declarado improcedente, por lo que existe sentencia firme. CUARTO: Al tercerista le asiste su derecho al dominio sobre el inmueble objeto de la Tercería, sin embargo, éste dejo vigente existente el instrumento público del ejecutado, en consecuencia, la Escritura Pública del ejecutado es vigente, válida y además surte efecto contra terceros, ya que se encuentra inscrita en el Instituto de la Propiedad Inmueble correspondiente, por lo que, mientras no se invalide, no se puede detener la ejecución. Que al no detenerse la ejecución, este Tribunal no le causa indefensión al Tercerista debido a que el mismo tiene expedita las acciones en la vía civil correspondiente. QUINTO: Existe una hipoteca constituida en escritura publica por el señor MARVIN RAMÓN CASTELLANOS TRIMINIO a favor del BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (BANADESA) a fin de garantizar un crédito que asciende a QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS (L. 565,500.00) e inscrita bajo el asiento numero 66 del Tomo 661 de la circunscripción registral del departamento de El Paraíso. La hipoteca garantiza un crédito y constituye un derecho real, consecuencia de ese carácter es el derecho de persecución de que esta dotado el acreedor hipotecario, el cual esta facultado para perseguir el inmueble hipotecado en manos de quien quiera que lo posea y cualquier titulo que lo haya adquirido (articulo 2141 Código Civil y 930 del Código Procesal Civil). SEXTO: Que los agravios han sido estimados por este Tribunal de manera parcial por lo que no procede aplicar el principio de vencimiento, en cuanto a las costas (arts. 219.2 con relación al 221 del Código Procesal Civil)”.
CONSIDERANDO (3): Que según expone el recurrente de amparo, la sentencia que se deja relacionada en el acápite anterior, vulnera en su perjuicio la declaración constitucional referente a la igualdad ante la ley, asimismo considera la vulneración de los derechos de defensa, debido proceso, de que a nadie se le impondrá pena alguna sin haber sido oído y vencido en juicio, y sin que se le haya impuesto por resolución ejecutoria y el de propiedad consignados en los artículos60, 61, 82, 90, 94y 103 de la Constitución de la República; explica para ello, que las referidas vulneraciones constitucionales se habrían producido en tanto en cuanto el fallo dictado por el Tribunal ad-quem, violenta el principio de igualdad ante la ley al manifestar “que el tercerista acredito el dominio sobre el inmueble objeto de la tercería, pero al estar la escritura pública del ejecutado vigente, es válida y surte efecto contra terceros por encontrarse inscrita en el Registro de la Propiedad, y mientras no se invalide, no se puede detener la ejecución”, argumento que señala el recurrente no ha tomado en cuenta que el ejecutado nunca ha tenido el dominio, posesión y uso del inmueble y que ha sido junto con su antecesor vencido en sendos juicios de reivindicación, extremos estos que alega se ven corroborados con las sentencias emitidas por el juzgado Seccional de Danli, la Corte Segunda de Apelaciones de Francisco Morazán y la Corte Suprema de Justicia en los años 1994 y 2011, razones por la cuales al haber una sentencia con carácter de firme, no se puede considerar como propietario del inmueble al ejecutado, como tampoco el mismo no podía constituir hipoteca sobre el referido bien inmueble, tal y como lo preceptúa el artículo 2126 del Código Civil, en razón de que para poder constituir una hipoteca es necesario ser propietario del inmueble, y el articulo 2135 del mismo cuerpo normativo señala que la hipoteca constituida sobre inmueble ajeno no será válida, ni por adquisición que el constituyente hiciere ulteriormente, esto relacionado también con el artículo 613 de ese Código. CONSIDERANDO (4): Sigue manifestando el recurrente que también se produce la vulneración del derecho de defensa, puesto que el Tribunal ad-quem ordena que se continúe con la ejecución mientras la hipoteca del bien inmueble que sirve de garantía al crédito éste vigente y sea válida, que además reconoce el derecho de persecución al acreedor, aplicando con ello literalmente el artículo 2141 párrafo primero del Código Civil; obviando con ello lo preceptuado en los artículos 2126, 2135 y 613 del mismo cuerpo legal que establecen que el dominio o propiedad es el derecho de poseer exclusivamente una cosa y gozar y disponer de ellas sin más limitaciones que las establecidas en la ley o por la voluntad del propietario; aduce que el caso de autos el Tercerista ha acreditado suficientemente ser el propietario y tener el dominio, posesión y uso del bien inmueble objeto de la tercería por más de cincuenta años (50) aunado a la de su antecesor; razones que estima son suficientes como para que el Tribunal de Alzada no declarara con lugar parcialmente los recursos interpuestos por el ejecutante y Ejecutado, y mucho menos revocar lo dictado por el a-quo. Señala también el impetrante que el fallo que hoy se impugna en esta vía constitucional vulnera el debido proceso, puesto que el mismo al revocar el auto dictado por el a-quo y por el cual se estimaba íntegramente la Demanda de Tercería de Dominio, el referido tribunal no ha considerado las formalidades, derechos y garantías establecidas por la ley. CONSIDERANDO (5): Que al analizar el fallo censurado, esta Sala de lo Constitucional observa que la Corte Tercera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán,ha basado su decisión argumentando básicamente lo siguiente: a) Que al tercerista le asiste su derecho al dominio sobre el inmueble objeto de tercería, pero como el mismo dejo vigente y existente el instrumento público del ejecutado, consecuentemente la escritura pública del ejecutado tiene validez y surte efecto contra terceros, y b) que la referida escritura pública al estar inscrita en el Instituto de la Propiedad inmueble, mientras no sea invalidada no se puede detener la ejecución del bien inmueble. CONSIDERANDO (6): Que del estudio de la foliada y de la sentencia venida en consulta; esta Sala de lo Constitucional constata lo siguiente: a) Que el abogado ERNESTO CASTRO HERRERA, en su condición de apoderado legal del señor JOSE RAFAEL CASTELLANOS SOSA, compareció en fecha veintisiete de julio del año dos mil doce ante el Juzgado Segundo de Letras Seccional, presentando Demanda de Tercería de Dominio contra la demanda de Ejecución Directa sobre un bien Inmueble, que promoviera el BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA (BANADESA) contra el señor MARVIN RAMÓN CASTELLANOS TRIMINIO, ocasión en la que acompaño con el escrito de interposición de la demanda los siguientes documentos: 1.- Testimonio de la Escritura Pública de compra-venta número once (11), inscrita en el asiento numero 76 Tomo 197, autorizado en la ciudad de Comayagüela MDC., departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticinco de agosto del año dos mil novecientos noventa y dos, autorizada por el notario Oscar Siri Zúñiga, otorgada por el señor Rafael Castellanos C., a favor del señor Rafael Castellanos Sosa; 2.- Testimonio dela Escritura Pública de compra-venta numero veinticuatro (24), inscrita en el asiento numero 73 Tomo 200, autorizado en la ciudad de Comayagüela MDC., departamento de Francisco Morazán, en fecha veintitrés de diciembre del año dos mil novecientos noventa y dos, por el notario Oscar Siri Zúñiga, otorgada por el señor Rafael Castellanos C., a favor del señor Rafael Castellanos Sosa; 3.- Testimonio de la Escritura Pública de compra-venta, numero dos(02) autorizada en San Matías departamento de El Paraíso a los seis días del mes de marzo de mil novecientos cincuenta y cuatro por el Juez de Paz y Notario por ministerio de la ley Ángel R. Castellanos, otorgada por Eulogia Castellanos viuda de Castellanos a favor de Rafael Castellanos C., inscrita bajo el asiento 286 páginas 417 y 418 del Tomo 33 del Registro de la Propiedad Inmueble; 4.- Certificación del asiento53 del Tomo 656 extendida por el Registrador dela Propiedad, abogado José Alexander Ávila el seis de mayo del año 2009; 5.- Certificación del asiento 66 del Tomo 661, extendida por el Registrador de la Propiedad, el seis de mayo del año 2009; 6.- Certificación de la sentencia dictada el veinticinco de enero del año dos mil once, por el Juzgado Segundo de esa Sección Judicial, mediante la cual se declara sin lugar la demanda reivindicatoria de dominio promovida por Marvin Ramón Castellanos Triminio, José Gonzalo Castellanos Triminio y Cosme Randolfo Castellanos Triminio contra José Rafael Castellanos Sosa, Mario Armando Castellanos Sosa y Raúl Edgardo Castellanos Sosa, extendida en fecha diecisiete de febrero de dos mil once, e inscrita bajo el número 100 del Tomo 32 del registro de sentencias; 7.- Certificación de la sentencia dictada el diez de junio de mil novecientos noventa y siete, por la Corte Segunda de Apelaciones, en la que se declara improcedente el recurso de revisión promovido y condena en costas al recurrente; 8.- Certificación de fecha treinta y uno de enero de mil novecientos noventa y cinco, extendida por la Corte Segunda de Apelaciones y mediante la cual se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto y revoca la sentencia de fecha dos de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro en la demanda reivindicatoria promovida por el señor Ernesto Castellano C., contra Rafael Castellanos; 9.- Nota dirigida al Presidente Ejecutivo del BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (BANADESA), en fecha treinta y uno marzo del año dos mil nueve, por el señor Mario Armando Castellanos; 10.- Constancia extendida en fecha treinta de abril del año dos mil nueve, por la Secretaría del Juzgado de Letras Segundo Seccional, mediante la cual se hace constar que se dictó Sobreseimiento en la causa por alteración de términos y Linderos, y 11.- Nota dirigida al Presidente Ejecutivo del BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (BANADESA), en fecha ocho de marzo de dos mil once por el señor Mario Armando Castellanos y b) Que el Juzgado a-quo después de seguir el trámite que ordena la ley mediante auto de fecha siete de septiembre de dos mil doce, estimo íntegramente la Demanda de Tercería de Dominio interpuesta Mediante el Proceso Abreviado y consecuentemente ordeno levantar el embargo decretado al bien inmueble inscrito en el asiento No. 66 del Tomo 661 del Libro de Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas de esta Sección Registral y la remoción del depósito, así como la cancelación de la anotación preventiva y de cualquier otra medida de garantía de embargo del bien inmueble al que la tercería se refiere de los bienes objeto del embargo. CONSIDERANDO (7): Que el Capítulo V del Código Procesal Civil en los artículos que van del 825 al 830regula lo atinente a la Tercería de Dominio, así tenemos que con respecto a la procedencia de tal demanda el articulo 825 Nº 1 señala que “Podrá plantear tercería de Dominio, en forma de demanda, quien sin ser parte en la ejecución, afirme ser dueño de un bien embargado como perteneciente al ejecutado y que no lo adquirido de éste una vez practicado el embargo…..”, supuesto de carácter general de la legitimación activa en la tercería de dominio, por el cual entendemos que se busca evitar el riesgo que por parte del deudor se pueda llevar a cabo un fraude en perjuicio del acreedor ejecutante, traspasando el bien a un tercero una vez que el mismo ha sido embargado; a contrario sensu no operaria esta limitación cuando el bien se adquiere por un tercero con anterioridad al embargo del mismo. CONSIDERANDO (8): Que en ese mismo orden el artículo 826 Nº 2 del Código Procesal Civil, exige como presupuesto de admisibilidad de la tercería que la demanda este acompañada de “un principio de prueba por escrito” del fundamento de la pretensión del tercerista, en ese sentido entendemos que la finalidad de tal presupuesto de admisibilidad, es la de evitar que se formulen demandas de tercería con el único fin de dilatar la ejecución del embargo, consecuentemente de la normativa citada colegimos que para dar curso a la demanda se requiere la presentación de un documento que justifique prima facie el dominio (o del derecho sobre el bien que legitime para el ejercicio de la acción). CONSIDERANDO (9): Que el artículo 828 Nº 1 del Código Procesal Civil, señala que “La admisión de la demanda de tercería sólo suspenderá la ejecución respecto del bien que se refiera”. Esta Sala es del criterio que la suspensión de la ejecución señalada en el citado artículo, se da en el entendido que el bien o bienes continuaran embargados, y lo que se suspende es la ejecución del bien, lo cual resulta lógico ya que siendo la finalidad de la tercería la de proteger al tercero titular del bien embargado, la misma se vería frustrada o gravemente dificultada si la realización continuara adelante con el riesgo probable de que el bien se adjudique a un tercero antes de que la tercería finalice. El numeral 2 del citado artículo señala que: “El juez, previa audiencia de las partes, podrá condicionar la admisión de la demanda de tercería a que el tercerista preste caución por los daños y perjuicios que pudiera producir al acreedor ejecutante”; del citado numeral colegimos que el juez dictara providencia mediante la cual señalara día y hora para la celebración de la audiencia con las partes, con el objeto de determinar si se admite la demanda, pudiendo condicionar su admisión a la prestación de caución, para responder por los daños y perjuicios que se puedan producir al acreedor ejecutante. CONSIDERANDO (10): Que el artículo 830, del Código Procesal Civil con respecto a la Resolución señala:1. La tercería se decidirá por auto que no causará efecto de cosa juzgada respecto de la titularidad del bien.- 2. En caso de que se desestime la tercería se ordenará que continúe el embargo sobre el bien.- 3.El auto que estime la tercería de dominio ordenará el levantamiento del embargo y la remoción del depósito, así como la cancelación de la anotación preventiva y de cualquier otra medida de garantía del embargo del bien a que la tercería se refiera. Articulo por el cual se establece que la tercería de dominio se resolverá por medio de un auto que al efecto se dicte, y ello se entiende así, dado que la misma es abordada en la normativa como un incidente dentro del proceso de ejecución. Ahora bien el auto se pronunciará sobre la pertenencia del bien y la procedencia de su embargo, siendo verdaderamente relevante en el juicio de tercería la segunda; aunque conviene señalar que la decisión sobre la misma «no causará efecto de cosa juzgada respecto de la titularidad del bien», porque en la tercería ni el demandante puede ejercitar pretensión alguna sobre la titularidad o recuperación del bien, ni los demandados reconvenir pretendiendo la nulidad del título en que aquél fundamenta su dominio (sí, en cambio, invocarla a efectos meramente defensivos);en ese orden de ideas entendemos que estimada la tercería, puede el ejecutado ejercitar por ese cauce la misma acción declarativa de dominio y el ejecutante la pretensión de nulidad del título. CONSIDERANDO (11): Que de lo señalado en los acápites anteriores, de la revisada de la foliada y del estudio del fallo impugnado en esta vía constitucional, se estima que en el caso subexamine la decisión del a-quo de estimar íntegramente la demanda de tercería de dominio, mediante proceso abreviado se ha dictado conforme a derecho, y ello se colige así puesto que el juzgador basándose en la prueba documental y el reconocimiento judicial llevado a cabo, ha podido establecer que se ha trabado embargo sobre bienes que no pertenecen al ejecutado. En ese orden de ideas y contrario a lo señalado por el Tribunal ad-quem en el fallo que hoy se conoce en esta vía constitucional en cuanto que “al tercerista le asiste su derecho al dominio sobre el inmueble sujeto a tercería, pero como el mismo dejo subsistente el instrumento público del ejecutado, consecuentemente tal escritura tiene efecto frente a terceros y por lo tanto no se puede detener la ejecución, mientras no se invalide”; argumento que en definitiva, no considera que los casos de tercería de dominio la pugna entre el derecho aducido por el actor tercerista y el del ejecutante, favorecido por el embargo trabado en la ejecución, habrá de resolverse a la luz del principio de la preferencia en la adquisición de ambos derechos, para cuya determinación habrá que tener en cuenta, por un lado, el momento en que se produce la adquisición del tercerista y, por otro, aquel en el que se acuerda judicialmente la traba. CONSIDERANDO (12): Que al hilo del razonamiento expuesto en el acápite anterior esta Sala de lo Constitucional estima que la resolución del ad-quema negado a la parte recurrente el derecho al debido proceso consignado en el párrafo primero del artículo90 de la Constitución de la República, consecuentemente la sentencia impugnada y que fuera dictada por La Corte Tercera de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán, al declarar parcialmente con lugar los recursos de apelación interpuestos por los apoderados legales de la parte ejecutante y ejecutada, revocando el auto dictado por el a-quo y estimar parcialmente la tercería de dominio, concita con ello la antes citada vulneración constitucional. CONSIDERANDO (13): Que por las razones anteriormente expuestas, es procedente otorgar la Acción de amparo interpuesta por el recurrente. POR TANTO: La Sala Constitucional en nombre de la Corte Suprema de Justicia como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDADDE VOTOS, y haciendo aplicación de los artículos: 1, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta reformado, 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 825, 826, 828,829 y 830 del Código Procesal Civil; 1, 2, 3 numerales 2) y 6), 4, 5, 7, 41, 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.- FALLA: I.-OTORGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por el señor JOSE RAFAEL CASTELLANOS SOSA a favor de SI MISMO contra la sentencia dictada en fecha catorce de diciembre de dos mil doce, por la Corte Tercera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán y II.- SE ORDENA que el Tribunal Ad-Quem profiera nuevo fallo conforme al razonamiento plasmado en las consideraciones contenidas en la motivación de la presente sentencia.- Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redacto la Magistrada SANTOS MONCADA. NOTIFIQUESE. Firma y Sello. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA; PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL".
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el veintiuno de noviembre de dos mil trece, certificación de la sentencia de fecha cinco de noviembre de dos mil trece, recaída en el Amparo Civil No.217-13. Firma y Sello.
DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL