Sentencia AC-212-13 — Registro 7131
Resumen
Acto recurrido que revoca la Sentencia Incidental del a-quo con relación a la Demanda Ordinaria para Pago De Daños y Perjuicios, en el que se resuelve sobre competencia jurisdiccional
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..." Que del análisis de los antecedentes y en específico de las alegaciones que ha formulado el recurrente para fundar su acción de amparo, puede apreciarse que éstas son propias de la instancia procesal ordinaria a la que fue sometido el asunto, como es el caso de determinar la procedencia o improcedencia de una excepción dilatoria de incompetencia del Tribunal ante quien se hubiera presentado la demanda, la que fue decidida por la Alzada ante la cual se recurrió y posteriormente resolvió en fecha once de diciembre de dos mil doce, revocando lo actuado por el A-quo, declarando con lugar la excepción dilatoria de incompetencia del tribunal ante quien se hubiera presentado la demanda en material laboral, para lo cual estima esta Sala, que se han seguido todas las formalidades exigidas por la ley..."..." Que del estudio del acto reclamado, cual es la sentencia emitida por la Alzada y de los antecedentes que motivaron su emisión, puede apreciarse que durante su tramitación y posterior decisión, el incidente planteado por el recurrente fue resuelto respetando en todo momento la ley ..." ..." Que este alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, los derechos constitucionales que se invocan como violados, observándose con la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable ..."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M. D. C., seis de agosto de dos mil trece.- VISTOS: Los antecedentes en el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JOSÉ FRANCISCO CARBAJAL GAHONA, a favor de la señora PATRICIA ELISA GODOY; recurso contra la sentencia emitida por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha once de diciembre de dos mil doce, que revoca la Sentencia Incidental dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha diecisiete de septiembre del dos mil doce; con relación a la Demanda Ordinaria para Pago De Daños y Perjuicios promovida por la señora PATRICIA ELISA GODOY contra la Organización No Gubernamental denominada “CATHOLIC RELIEF SEVICES-UNITED STATES CATHOLIC CONFERENCE INC.- CONSIDERANDO: Que del estudio del escrito de interposición de la acción de amparo, se aprecia que el recurrente estima que la autoridad recurrida ha “actuado de forma precipitada” revocó la decisión del A-quo y condenó a su representada en costas, sin considerar el razonamiento que tuvo el Tribunal de Primera Instancia para declarar sin lugar la excepción de competencia y concluir que el asunto corresponde a la materia Civil.- CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del presente recurso, se puede apreciar que el recurrente invoca como violentado el derecho establecido en el Artículo 90 de la Constitución de la República.- CONSIDERANDO: Que analizada la sentencia dictada por la autoridad recurrida, se aprecia que ésta revocó la resolución emitida por el A-quo, al establecer después de evacuada la prueba propuesta, que la naturaleza del asunto corresponde a la materia laboral, pues señala la Alzada que aunque la indemnización de daños y perjuicios encierra conceptos propios del Derecho Civil, también lo es que la causa a juzgar deriva de una relación de índole laboral y no civil, siendo que la demandante lo que exige es indemnización por enfermedad profesional a la demandada, y conforme lo establece el artículo 665 del Código del Trabajo, la jurisdicción del trabajo está instituida para decidir los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente del contrato de trabajo, la cual abarca las indemnizaciones por enfermedad profesional que se intenta con la demanda.- CONSIDERANDO: Que del análisis de los antecedentes y en específico de las alegaciones que ha formulado el recurrente para fundar su acción de amparo, puede apreciarse que éstas son propias de la instancia procesal ordinaria a la que fue sometido el asunto, como es el caso de determinar la procedencia o improcedencia de una excepción dilatoria de incompetencia del Tribunal ante quien se hubiera presentado la demanda, la que fue decidida por la Alzada ante la cual se recurrió y posteriormente resolvió en fecha once de diciembre de dos mil doce, revocando lo actuado por el A-quo, declarando con lugar la excepción dilatoria de incompetencia del tribunal ante quien se hubiera presentado la demanda en material laboral, para lo cual estima esta Sala, que se han seguido todas las formalidades exigidas por la ley.- CONSIDERANDO: Que del estudio del acto reclamado, cual es la sentencia emitida por la Alzada y de los antecedentes que motivaron su emisión, puede apreciarse que durante su tramitación y posterior decisión, el incidente planteado por el recurrente fue resuelto respetando en todo momento la ley.- CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, los derechos constitucionales que se invocan como violados, observándose con la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable.- CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.- CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad; estimando además esta Sala, que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la substanciación del trámite del juicio principal.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 457 y 470 Código de Procedimientos de 1906; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numerales 1) y 9), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JOSÉ FRANCISCO CARBAJAL GAHONA, a favor de la señora PATRICIA ELISA GODOY; recurso contra la sentencia emitida por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha once de diciembre de dos mil doce; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. PRESIDENTE. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el nueve (9) de septiembre del año dos mil trece (2013), certificación de la resolución de fecha seis (6) de agosto del año dos mil trece (2013), recaída en el Recurso de Amparo Civil con orden de ingreso en este Tribunal número 212=13.
DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL