Sentencia AC-206-12 — Registro 7456
Resumen
Sentencia revoca resolución dictada por juzgado de primera instancia con relación a demanda ordinaria para la resolución de contrato por incumplimiento del mismo e indemnización de daños y perjuicios, lucro cesante emergente promovida por el señor Salvador Mourra Reyes contra Farallon Aquaculture de Honduras, S.A.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."esta Sala de lo Constitucional observa lo siguiente: a) Que durante la ejecución de la sentencia que emitió el a-quo, la parte demandante ha presentado en fecha treinta de septiembre del año dos mil once, dos solicitudes, la primera de ella referida a que se interponga la medida precautoria de embargo de cuentas bancarias de cheques y la prohibición de celebrar actos y contratos contra la empresa denominada BOMAR S.A., arguyendo que la referida empresa es la misma que la empresa demandada FARALLON ACUACULTURE DE HONDURAS S. A., b) Que se nombre juez ejecutor para practicar el embargo sobre la cosecha de camarón de las lagunas de la finca CULCAMAR, asegurando también el demandante que esta finca es propiedad de la empresa FARALLON ACUACULTURE DE HONDURAS S. A., y c) Ambas solicitudes fueron in admitidas por el a-quo en fecha seis de octubre del año dos mil once..."..."es criterio de la Sala que tratándose de la ejecución de una sentencia a fin de hacer efectivo el fallo dictado por el a-quo, y por el cual se condena a la empresa denominada FARALLON ACUACULTURE DE HONDURAS S. A., al pago de una cantidad de dinero; en ese sentido la empresa denominada CULTIVADORA DE CAMARON, S.A., (CULCAMAR), se encuentra legitimada al amparo de las garantías constitucionales del derecho de petición y defensa para presentar los medios de prueba que estima pertinentes a fin de acreditar ante la instancia respectiva que no se puede llevar a cabo el pretendido embargo sobre la cosecha de camarón de su pertenencia, puesto que tal empresa no ha sido condenada en juicio al pago de cantidad alguna..."..."esta Sala de lo Constitucional concluye que en el caso subjúdice el ad-quem no debió de haber revocado la resolución dictada por el a-quo, puesto que ha resultado suficientemente acreditado que la finca CULCAMAR, propiedad de la empresa CULTIVADORA DE CAMARON, S.A., y en la cual se pretende realizar el embargo de la cosecha de camarón, ello en cumplimiento de la ejecución de una sentencia, en contra de la empresa condenada FARALLON ACUACULTURE DE HONDURAS S. A.; son personas jurídicas distintas..."..."se determina que se han violentado los preceptos constitucionales de derecho de defensa y del debido proceso, siendo procedente otorgar la Garantía de Amparo de mérito..."
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiuno de mayo del dos mil trece. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado VIRGILIO UMANZOR, mayor de edad, casado, hondureño, inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el numero 6323, con oficina profesional en el Bufete Umanzor y Asociados del Segundo Nivel Nº 203, Edificio Gómez Zuniga de esta ciudad; a favor de la Sociedad Mercantil CULTIVADORA DE CAMARON, S.A., (CULCAMAR), contra la sentencia proferida en fecha trece de diciembre de dos mil once, por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, mediante la cual se revoca la resolución dictada en fecha seis de octubre de dos mil once, por el Juzgado de Letras Primero Departamental de Choluteca, con relación a la demanda ordinaria para la resolución de un contrato por incumplimiento del mismo e indemnización de daños y perjuicios, lucro cesante y lucro emergente, promovida por el señor SALVADOR MOURRA REYES, contra la Sociedad Mercantil FARALLON AQUACULTURE DE HONDURAS S.A. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veintiocho de mayo del año dos mil cuatro, compareció ante el Juzgado de Letras Primero Departamental de Choluteca, el señor SALVADOR MOURRA REYES, promoviendo Demanda Ordinaria para la resolución de un Contrato por Incumplimiento del Mismo e Indemnización de daños y perjuicios, Lucro cesante y Emergente contra la sociedad mercantil denominada FARALLON AQUACULTURE DE HONDURAS S.A. 2) Que en fecha seis de octubre de dos mil once, el Juzgado de Letras Primero Departamental de Choluteca, en cuanto a la solicitud presentada de nombramiento de Juez Ejecutor, para la practica de un embargo en autos de fechas veinticuatro de junio y diecinueve de julio de dos mil once, solicitada por el Abogado ROGER ORLANDO MARTINEZ BERMUDEZ representante legal del señor SALVADOR MOURRA REYES resolvió: (SIC) “PRIMERO: INADMITIR, la Solicitud de la Designación de Juez Ejecutor para la practica de Embargo, presentada por el Abogado ROGER ORLANDO MARTINEZ BERMUDEZ, en su condición de Representante Procesal del señor SALVADOR MOURRA REYES, en el proceso de Ejecución de la Demanda de Daños y Perjuicios contra la empresa FARALLON AQUACULTURE DE HONDURAS S.A.” 3) Que en fecha trece de diciembre de dos mil once, la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, conociendo del recurso de apelación promovido por el Abogado ROGER ORLANDO MARTINEZ BERMUDEZ, en su condición antes indicada, contra la resolución que se deja relacionada en el numeral anterior dictó sentencia mediante la cual FALLÒ: “PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR EL RECURSO de Apelación interpuesto por el abogado ROGER ORLANDO MARTINEZ BERMUDEZ, en su condición de Apoderado Legal del señor SALVADOR MOURRA REYES, contra la resolución proferida en fecha seis de octubre del año dos mil once, en la que resuelve solicitud de que se decrete embargo sobre cosecha de camarón en las lagunas de la Finca Culcamar, dictada por el Juzgado de Letras Primero Departamental de Choluteca, en la Demanda Ordinaria de Resolución de un Contrato por Incumplimiento del mismo e Indemnización de Daños y Perjuicios, Lucro Cesante y Daño Emergente, promovida por el señor SALVADOR MOURRA REYES, contra la sociedad FARALLON AQUACULTURE DE HONDURAS S.A. a través de su Representante Legal CECILIO P.GARRIDO G., en el entendido que el producto de camaron una vez embargado una vez cosechado, sea vendido y una vez convertido en efectivo dichas cantidades sean depositadas en una institución bancaria a disposición del Juzgado de Letras Primero Departamental; SEGUNDO; DECLARAR CON LUGAR EL RECURSO de Apelación interpuesto por el Abogado ROGER ORLANDO MARTINEZ BERMUDEZ, en su condición de Apoderado Legal del señor SALVADOR MOURRA REYES, contra resolución proferida en fecha seis de octubre del año dos mil once, en la que se resuelve solicitud de medida preventiva de Embargo de cuentas bancarias y cuentas de cheques y Prohibición de Celebrar Actos y contratos contra la empresa BOMAR, dictada por Juzgado de Letras Primero Departamental de Choluteca, en la Demanda Ordinaria de Resolución de un Contrato por Incumplimiento del mismo e Indemnización de Daños y Perjuicios, Lucro Cesante y Daño Emergente, promovida por el señor SALVADOR MOURRA REYES, contra LA SOCIEDAD FARALLON AQUACULTURE DE HONDURAS S.A., a través de su Representante Legal CECILIO P.GARRIDO G.; TERCERO: REVOCAR AMBAS RESOLUCIONES RECURRIDAS DE FECHA SEIS DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE, DICTADAS POR EL JUZGADO DE LETRAS PRIEMERO DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, EN LA DEMANDA DE MERITOS; CUARTO: DECLARAR SIN LUGAR AMBAS SOLICITUDES DE NULIDAD RELATIVA DE ACTUACIONES, PRESENTADAS POR LA ABOGADA CARMEN YOLANDA ORDOÑEZ RIVAS, EN SUS ESCRITOS DE CONTESTACION DE AGRAVIOS DE LAS RESOLUCIONES RECURRIDAS, AMBAS EN FECHA DIECISÉS DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE; QUINTO: SIN COSTAS.” 4) Que en fecha catorce de marzo de dos mil doce, el recurrente Abogado VIRGILIO UMANZOR compareció ante esta Sala de lo Constitucional, reclamando amparo a favor de la Sociedad Mercantil CULTIVADORA DE CAMARON, S.A., (CULCAMAR) contra la sentencia dictada por el ad-quem en fecha trece de diciembre del dos mil once, por estimar que la misma vulnera lo dispuesto en los artículos 82, 90 y 321 de la Constitución de la República. 5) Que en fecha ocho de marzo del año dos mil trece, la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución del Ministerio Público, a través de su Fiscal Especial la Abogada REINA SUYAPA PINEDA, emitió dictamen, siendo del parecer porque SE OTORGUE el recurso de amparo impetrado. CONSIDERANDO(1): Que el amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO(2): Que la sentencia recurrida mediante esta vía constitucional, es la que fuera dictada en fecha trece de diciembre de dos mil once, por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, y por la cual declaró CON LUGAR los recursos de Apelación interpuestos por el abogado ROGER ORLANDO MARTINEZ BERMUDEZ, en su condición de Apoderado Legal del señor SALVADOR MOURRA REYES, contra la resolución proferida en fecha seis de octubre del año dos mil once, por el a-quo, sentencia del ad-quem que entre varios aspectos, expone básicamente lo siguiente: “Que del análisis del auto dictado por el a-quo y motiva el presente recurso, esta Corte observa, que el fundamento utilizado por el juez de primera instancia para denegar la petición de un embargo, es el documento contentivo del instrumento Publico numero 634 de fecha 19 de mayo del año dos mil once, autorizado por el notario FREDY OMAR PINEL FLORES, que establece la venta de acciones de la empresa FARALLON ACUACULTURE DE HONDURAS S.A., a favor de la empresa mercantil FARALLON ACUACULTURE S.A., con sede en PANAMÁ, con lo cual se acredita fehacientemente que la ejecutada no es socia de la referida empresa BOMORSA, razón por la cual no procede decretar un embargo o prohibición de celebrar actos o contratos sobre lo bienes de la misma. Argumento respecto del cual la referida Corte señala que al tenor de lo preceptuado en el articulo 344 del Código de Comercio que preceptúa que: “Hay fusión de sociedades cuando dos (2) o mas sociedades se disuelven para integrar una nueva, o cuando una ya existente absorbe a otra u otras. La nueva sociedad o la incorporante, adquiere la titularidad de los derechos y obligaciones de las sociedades disueltas”. Señala el ad-quem que al respecto de la prueba documental que obra, se observa que la empresa FARALLON ACUACULTURE DE HONDURAS S.A., ha tomado otro nombre, por lo que queda establecido que su nueva denominación es inversiones BOMAR S.A. DE C. V., y al amparo del citado articulo del Código de Comercio la misma adquiere las derechos y obligaciones de la empresa disuelta. Sigue diciendo el Tribunal ad-quem, que del análisis del auto que motiva el recurso de apelación interpuesto, se observa que el fundamento utilizado por el juez de primera instancia para denegar la petición de embargo, es que sobre dichos predios ya existe un embargo legalmente practicado, al existir en ese juzgado otras demandas de tercerías de dominio; argumento respecto del cual la referida Corte difiere al señalar que conforme a lo preceptuado en el articulo 817 del Código Procesal Civil, debemos entender que el producto de la cosecha de camarón es preciso venderla a fin de convertirla en efectivo dinero que deberá ser depositado en una institución bancaria a la orden del Tribunal; y que respecto de la existencia de demandas de tercería de dominio, esto no es motivo para denegar la practica de una medida cautelar al tenor de lo preceptuado en el articulo 828.3 del Código Procesal Civil, por lo que en el acaso de autos lo que procedía era ampliar el embargo y no denegarlo. CONSIDERANDO(3): Que el recurrente no está de acuerdo con la sentencia que se deja relacionada en el acápite anterior por considerar que la misma vulnera en perjuicio de su representada la Sociedad Mercantil denominada CULTIVADORA DE CAMARON, S.A., (CULCAMAR), el derecho de defensa, debido proceso y la de que los funcionarios no tienen mas facultades que las que expresamente le confiere la ley, y que todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad, consignados en los artículos 82, 90 y 321 respectivamente de nuestra norma fundamental; respecto de lo cual explica que: “La sentencia de la Corte de Apelaciones al revocar la resolución dictada por el a-quo, violenta el derecho de defensa puesto que se ordena el embargo sobre la cosecha de camarón en las lagunas de la finca CULCAMAR, propiedad de la empresa CULTIVADORA DE CAMARON, S.A., (CULCAMAR), empresa que se encuentra inscrita con el numero 35 del tomo 178 del Registro de Comerciantes Sociales de la ciudad de Tegucigalpa, y con reforma de la escritura inscrita con el numero 14 del Tomo 190 del Registro de Comerciantes Sociales de la ciudad de Tegucigalpa, sociedad esta que es distinta a la sociedad FARALLON ACUACULTURE DE HONDURAS S. A., ya que esta ultima se encuentra inscrita bajo el numero 97 del Tomo 492 del registro de la Propiedad Inmueble y mercantil de Tegucigalpa MDC., departamento de Francisco Morazán. Estima el recurrente la vulneración de tal derecho constitucional por que se debió reparar que el embrago decretado se contrae a actos propios de la empresa SOCIEDAD FARALLON ACUACULTURE DE HONDURAS S. A., y que en esa razón no se trata de un embargo precautorio, si no que se trata de un embargo para darle cumplimiento a la ejecución de una sentencia, en tal sentido se le esta privando a la empresa CULTIVADORA DE CAMARON, S.A., (CULCAMAR), de sus cosechas de camarón, al respecto señala que el Código de Procedimientos Civiles que es el aplicable al caso de autos distingue y ordena la aplicación de dos tipos de embargo el embargo precautorio para asegurar las resultas del juicio y el embargo para darle cumplimiento a la ejecución de una sentencia; y que en el caso de autos al embargarle bienes para ejecutar una sentencia, se le vulnera el citado derecho de defensa puesto que la misma no ha sido citada y no se la ha permitido aportar pruebas. Respecto de la vulneración del derecho al debido proceso señala que la sentencia del ad-quem lo vulnera, ya que en misma se establece un embargo para la ejecución de una sentencia cuyos actos se ventilaron en juicio contra la empresa SOCIEDAD FARALLON ACUACULTURE DE HONDURAS S. A., y en ese sentido siendo a empresa CULTIVADORA DE CAMARON, S.A., (CULCAMAR), a todas luces se le vulnera tal derecho constitucional, pues la misma no ha sido condenada aplicando las formalidades establecidas en el Código Procedimientos Civiles. Finalmente señala el recurrente que la sentencia recurrida en esta vía constitucional vulnera en perjuicio de su representada el principio de legalidad preceptuado en el artículo 321 de la Constitución de la Republica, para lo cual señala que el Tribunal de Alzada se extralimito en sus funciones pues condena a su representada, decretando en su contra un embargo para ejecutar una sentencia en la cual no ha sido oída ni vencida en juicio”. CONSIDERANDO(4): Que al analizar la resolución censurada mediante esta vía, esta Sala de lo Constitucional observa lo siguiente: a) Que durante la ejecución de la sentencia que emitió el a-quo, la parte demandante ha presentado en fecha treinta de septiembre del año dos mil once, dos solicitudes, la primera de ella referida a que se interponga la medida precautoria de embargo de cuentas bancarias de cheques y la prohibición de celebrar actos y contratos contra la empresa denominada BOMAR S.A., arguyendo que la referida empresa es la misma que la empresa demandada FARALLON ACUACULTURE DE HONDURAS S. A., b) Que se nombre juez ejecutor para practicar el embargo sobre la cosecha de camarón de las lagunas de la finca CULCAMAR, asegurando también el demandante que esta finca es propiedad de la empresa FARALLON ACUACULTURE DE HONDURAS S. A., y c) Ambas solicitudes fueron in admitidas por el a-quo en fecha seis de octubre del año dos mil once. CONSIDERANDO(5): Que de la lectura de los antecedentes se constata que la parte ejecutada y la quejosa son dos personas jurídicas distintas, al tener registros mercantiles diferentes, tampoco consta en la foliada que la propiedad sobre la cual se esta practicando embargo de la cosecha de camarón sea de una u otra empresa, en ese orden de ideas es criterio de la Sala que tratándose de la ejecución de una sentencia a fin de hacer efectivo el fallo dictado por el a-quo, y por el cual se condena a la empresa denominada FARALLON ACUACULTURE DE HONDURAS S. A., al pago de una cantidad de dinero; en ese sentido la empresa denominada CULTIVADORA DE CAMARON, S.A., (CULCAMAR), se encuentra legitimada al amparo de las garantías constitucionales del derecho de petición y defensa para presentar los medios de prueba que estima pertinentes a fin de acreditar ante la instancia respectiva que no se puede llevar a cabo el pretendido embargo sobre la cosecha de camarón de su pertenencia, puesto que tal empresa no ha sido condenada en juicio al pago de cantidad alguna. CONSIDERANDO(6): Que el Derecho al Debido Proceso, se concreta en una gama de derechos establecidos a favor de las partes, que permiten su participación en un mismo plano de igualdad, de tal manera que puedan instar el curso del procedimiento a fin de obtener una resolución por parte del Tribunal que conoce de la controversia; constituye una ineludible carga que se le impone a los órganos del Estado, tanto administrativos como jurisdiccionales, para que sus actuaciones se sometan a los principios rectores que garantizan a cada individuo sus derechos fundamentales. El debido proceso comprende entre otros el principio de legalidad, juez natural, acceso a los órganos jurisdiccionales, derecho de defensa, derecho a una resolución que resuelva sus pretensiones sin dilaciones injustificadas, el derecho a ser oído, de reforma en perjuicio (no reformatio in peius), y el derecho a resoluciones debidamente motivadas. CONSIDERANDO(7): Que al tenor de lo anteriormente señalado esta Sala de lo Constitucional concluye que en el caso subjúdice el ad-quem no debió de haber revocado la resolución dictada por el a-quo, puesto que ha resultado suficientemente acreditado que la finca CULCAMAR, propiedad de la empresa CULTIVADORA DE CAMARON, S.A., y en la cual se pretende realizar el embargo de la cosecha de camarón, ello en cumplimiento de la ejecución de una sentencia, en contra de la empresa condenada FARALLON ACUACULTURE DE HONDURAS S. A.; son personas jurídicas distintas. CONSIDERANDO(8): Que en virtud de lo anteriormente expuesto, se determina que se han violentado los preceptos constitucionales de derecho de defensa y del debido proceso, siendo procedente otorgar la Garantía de Amparo de mérito. POR TANTO: La Sala Constitucional en nombre de la Corte Suprema de Justicia como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, oído el parecer de la Fiscal, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, y haciendo aplicación de los artículos: 1, 59, 80, 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, 321 y 323 de la Constitución de la República; 8 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 18 y 24 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 Nº 2), 4, 5, 9 Nº 2), 41, 56, 63 y 72 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: OTORGANDO el recurso de Amparo interpuesto por el abogado VIRGILIO UMANZOR, a favor de la Sociedad Mercantil CULTIVADORA DE CAMARON, S.A., (CULCAMAR), contra la sentencia proferida en fecha trece de diciembre de dos mil once, por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle.- Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redacto la Magistrada SANTOS MONCADA. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. Firma y sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL. »
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los cinco días del mes de junio de dos mil trece, certificación de la sentencia de fecha veintiuno de mayo de dos mil trece, recaída en el recurso de amparo civil registrado en este Tribunal con el número 206-p752=12.
DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL
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