Sentencia AC-182-13 — Registro 7493
Resumen
Sentencia otorgó recurso de amparo contra auto dictado por juzgado de primera instancia que declaró sin lugar solicitud para librar mandamiento al Registro de la Propiedad Inmueble en virtud de estar pendiente un recurso de amparo en relación a demanda de ejecución de título extrajudicial promovida por recurrente contra demandado
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio expresado por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de Francisco Morazán, en su sentencia de fecha dieciocho de febrero de dos mil trece, cuando señala que el Juez A-Quo determinó la suspensión del acto reclamado, sin que estuviera ordenado por esa Corte de Apelaciones, la determinar que no puede librar el mandamiento, por estar pendiente un recurso de amparo..."..."la Sala es del criterio porque se confirme la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de Francisco Morazán, de fecha dieciocho de febrero de dos mil trece; que otorgó el recurso de amparo interpuesto por el Abogado ROBERTO REINA VALLECILLO a favor de la sociedad mercantil denominada CREDITOS E INVERSIONES CELTA S.A. de C.V..."
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de Septiembre de dos mil trece.- VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de Francisco Morazán, de fecha dieciocho de febrero de dos mil trece, que otorgó el recurso de amparo interpuesto por el Abogado ROBERTO REINA VALLECILLO a favor de la sociedad mercantil denominada CREDITOS E INVERSIONES CELTA S.A. de C.V., contra el auto dictado por el Juzgado de Letras de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinte de julio de dos mil doce, en relación a la demanda de ejecución de un titulo extrajudicial promovida por la sociedad mercantil denominada CREDITOS E INVERSIONES CELTA S.A. de C.V. contra el señor JAIME REINALDO TURCIOS OREAMUNO. Estima el recurrente que dicha resolución es violatoria de los derechos estipulados en los Artículos 64, 80 y 90 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha veintiocho de febrero de dos mil once, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado ROBERTO REINA VALLECILLO, en su condición de apoderado legal de la sociedad mercantil CREDITOS E INVERSIONES CELTA S.A. de C.V., interponiendo demanda de pago de deuda por ejecución de titulo extrajudicial de inmueble hipotecado contra el señor JAIME REINALDO TURCIOS OREAMUNO. (Folios 01 al 21 de la primera pieza de antecedentes).- 2) Que adelantado que fue el proceso, en fecha diecinueve de julio de dos mil doce, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Civil de Francisco Morazán, el Abogado ROBERTO REINA VALLECILLO, en su condición ya mencionada, a fin de solicitar que el referido Juzgado librase mandamiento al Registro de la Propiedad Inmueble para certificar la subsistencia de gravamen hipotecario sobre el bien inmueble objeto de la demanda de mérito. (Folio 43 de la primera pieza de antecedentes).- 3) Que el Juzgado antes referido, dictó el auto de fecha veinte de julio de dos mil doce, mediante el cual, declara sin lugar lo solicitado por el Abogado ROBERTO REINA VALLECILLO, “en virtud de estar pendiente un recurso de amparo” (sic). (Folio 44 de la primera pieza de antecedentes).- 4) Que en fecha siete de enero de dos mil trece, compareció ante la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán, el Abogado ROBERTO REINA VALLECILLO, interponiendo recurso de amparo a favor de la sociedad mercantil denominada CREDITOS E INVERSIONES CELTA S.A. de C.V., contra el auto dictado por el Juzgado de Letras de lo Civil de Francisco Morazán, en fecha veinte de julio de dos mil doce, relacionado en el inciso anterior, por considerar que el mismo, es violatorio de lo dispuesto en los Artículos 64, 80 y 90 de la Constitución de la República. (Folios 01 y 02 de la segunda pieza de antecedentes).- 5) Que una vez efectuado el trámite que determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán, en fecha dieciocho de febrero de dos mil trece, falló otorgando el recurso de amparo interpuesto y ordenando al A-quo resolver la petición realizada por el recurrente. (Folios 44 al 46 de la segunda pieza de antecedentes).- 6) Que en fecha cinco de marzo de dos mil trece, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado ROBERTO REINA VALLECILLO a favor de la sociedad mercantil denominada CREDITOS E INVERSIONES CELTA S.A. de C.V., en cumplimiento al Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO UNO (1): Que al tenor de lo que dispone el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras, contemplada en el Artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley.- CONSIDERANDO DOS (2): Que se conoce en consulta obligatoria la sentencia dictada la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de Francisco Morazán, de fecha dieciocho de febrero de dos mil trece, que otorgó el recurso de amparo interpuesto por el Abogado ROBERTO REINA VALLECILLO a favor de la sociedad mercantil denominada CREDITOS E INVERSIONES CELTA S.A. de C.V., contra el auto dictado por el Juzgado de Letras de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinte de julio de dos mil doce, en relación a la demanda de ejecución de un titulo extrajudicial promovida por la sociedad mercantil denominada CREDITOS E INVERSIONES CELTA S.A. de C.V. contra el señor JAIME REINALDO TURCIOS OREAMUNO.- CONSIDERANDO TRES (3): Que la reclamante sustentó su recurso de amparo ante la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de Francisco Morazán, manifestando básicamente que dicha resolución es violatoria de los derechos estipulados en los Artículos 64, 80 y 90 de la Constitución de la República, puesto que se evidencia la falta total de aplicación del debido proceso por parte del A-Quo, al resolver invocando arbitrariamente la ley Sobre Justicia Constitucional, sin fundamentar resolución alguna donde específicamente la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, haya decretado en el presente proceso ordinario una medida cautelar de suspensión del acto reclamado.- CONSIDERANDO CUATRO (4): Que esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio expresado por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de Francisco Morazán, en su sentencia de fecha dieciocho de febrero de dos mil trece, cuando señala que el Juez A-Quo determinó la suspensión del acto reclamado, sin que estuviera ordenado por esa Corte de Apelaciones, la determinar que no puede librar el mandamiento, por estar pendiente un recurso de amparo.- CONSIDERANDO CINCO (5): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por Magistrados y Jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.- CONSIDERANDO SEIS (6): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho.- CONSIDERANDO SIETE (7): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo.- CONSIDERANDO OCHO (8): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional.- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que por las razones anteriormente expuestas, la Sala es del criterio porque se confirme la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de Francisco Morazán, de fecha dieciocho de febrero de dos mil trece; que otorgó el recurso de amparo interpuesto por el Abogado ROBERTO REINA VALLECILLO a favor de la sociedad mercantil denominada CREDITOS E INVERSIONES CELTA S.A. de C.V.,.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos 1,82,183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 , 46 numeral 3) y 9), 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA:CONFIRMAR la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de Francisco Morazán, de fecha dieciocho de febrero de dos mil trece; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- Redactó el Magistrado GARCÍA GARCÍA.- NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. PRESIDENTA. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el dieciséis (16) de septiembre del año dos mil trece (2013), certificación de la resolución de fecha tres (3) de septiembre del año dos mil trece (2013), recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta con orden de ingreso en este Tribunal número 182=13.
DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL