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Sentencia AC-17-13 — Registro 7116

Resumen

Acto recurrido que confirma un laudo arbitral en contra del impetrante, dictado por el centro de conciliación y arbitraje de la camara de comercio e industria de Tegucigalpa, con relación a demanda de desahucio, pago de alquileres adeudados e indemnización por terminación anticipada de un contrato.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..." En el caso que nos ocupa, no se advierte la existencia de una interpretación o decisión arbitraria por parte de la Alzada, tampoco que ésta sea manifiestamente irrazonable, excesivamente rigorista, formalista o desproporcionada, pues la decisión del Tribunal Ad-Quem ha sido emitida en correspondencia a una potestad propia de su actividad, observando en su fundamentación legal una efectiva adecuación de las normas aplicables al caso que fue llamada a conocer y resolver, garantizando con ello, la efectiva tutela a los derechos de las partes, siendo además pertinente la misma al asunto sometido a su conocimiento, para los efectos de sustanciar adecuadamente el trámite ordinario que debía ser observado en el caso controvertido..." ..." Esta Sala observa del estudio de los autos y las normas aplicables, que entre el acto reclamado en amparo y la motivación de la autoridad recurrida, se evidencia la existencia de una relación de congruencia y proporcionalidad, mediante la cual se fundamenta la decisión de denegar el recurso de nulidad planteado, sin que dicha negativa pueda por sí misma considerarse como una trasgresión al debido proceso, toda vez que se observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable..." ..." Que este alto Tribunal advierte de las cuestiones planteadas por el recurrente, que éstas resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado de algún modo garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido, resuelto por la justicia ordinaria, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales, corresponde conforme lo ha solicitado el Ministerio Público y con base a lo que establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad, en la que el órgano jurisdiccional se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso.

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M.D.C., diecisiete de diciembre de dos mil trece.VISTO: El dictamen del Ministerio Público y los antecedentes correspondientes el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado CESAR ALEJANDRO RIVERA URBINA a favor de la sociedad mercantil denominada BODY CENTER, S. DE R. L. Y DE LA SEÑORA MIRIAM JEANNETTE FLORES MORALES, contra la sentencia emitida por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN en fecha treinta y uno de octubre de dos mil doce, que confirma un laudo arbitral dictado por el CENTRO DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA en fecha veintiocho de junio de dos mil doce, con relación a la demanda de desahucio, pago de alquileres adeudados e indemnización por terminación anticipada de un contrato promovida por la sociedad mercantil denominada COMPAÑÍA INTERMEDIARIA DE BIENES RAÍCES S. DE R. L. (CIBRA) contra la sociedad mercantil denominada BODY CENTER, S. DE R. L. y de la señora MIRIAM JEANNETTE FLORES MORALES. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el dictamen emitido por el Ministerio Público, se advierte que su representante es de la opinión que en el presente recurso concurre la causal de inadmisibilidad estipulada en el numeral 1º del Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que establece que es inadmisible la acción de amparo cuando se aleguen violaciones de mera legalidad, misma que el Fiscal estima que resulta procedente de conformidad con la ley.CONSIDERANDO: Que el recurrente afirma como violatoria inter alia a la garantía del debido proceso, al derecho de igualdad, derecho de defensa y el principio de supremacía constitucional, la sentencia de fecha treinta y uno de octubre de dos mil doce, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de este Departamento.CONSIDERANDO: Que entre los alegatos del impetrante se encuentra el cuestionamiento de la condena en costas hecha por el Tribunal Arbitral, calificado de injusto por el recurrente. No obstante, analizada la pieza de autos, se observa que la condena en costas fue solicitada por la parte demandante/reconvenida, pretensión que entonces debía pasar a ser objeto del laudo que pondría fin a la controversia planteada, toda vez que el demandado/reconvinente no presentó oposición alguna a esta pretensión durante el trámite e incluso en la solicitud de aclaración que presentó con posterioridad, solicitó que tales costas fueran tasadas, con lo cual resulta infundada la oposición que hace por vía de amparo. CONSIDERANDO: Que de acuerdo con la motivación plasmada por la Alzada en su fallo, la decisión arribada se basó en el hecho que la alegación del recurrente no se logra ubicar dentro de los supuestos que la ley determina para considerar la anulación del laudo arbitral impugnado, estableciendo que la condena en costas que increpa el impetrante se ha aplicado en analogía con el principio de vencimiento establecido por el Artículo 221 del Código Procesal Civil, valoración que resulta consecuente con lo actuado en el trámite de mérito a criterio de esta Sala de lo Constitucional. CONSIDERANDO: Que no siendo el amparo un recurso de instancia, el pronunciamiento de la Sala Constitucional con relación a éste, debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con respecto al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional. En el caso que nos ocupa, no se advierte la existencia de una interpretación o decisión arbitraria por parte de la Alzada, tampoco que ésta sea manifiestamente irrazonable, excesivamente rigorista, formalista o desproporcionada, pues la decisión del Tribunal Ad-Quem ha sido emitida en correspondencia a una potestad propia de su actividad, observando en su fundamentación legal una efectiva adecuación de las normas aplicables al caso que fue llamada a conocer y resolver, garantizando con ello, la efectiva tutela a los derechos de las partes, siendo además pertinente la misma al asunto sometido a su conocimiento, para los efectos de sustanciar adecuadamente el trámite ordinario que debía ser observado en el caso controvertido.CONSIDERANDO: Que esta Sala observa del estudio de los autos y las normas aplicables, que entre el acto reclamado en amparo y la motivación de la autoridad recurrida, se evidencia la existencia de una relación de congruencia y proporcionalidad, mediante la cual se fundamenta la decisión de denegar el recurso de nulidad planteado, sin que dicha negativa pueda por sí misma considerarse como una trasgresión al debido proceso, toda vez que se observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable.CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal advierte de las cuestiones planteadas por el recurrente, que éstas resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado de algún modo garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido, resuelto por la justicia ordinaria, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales corresponde, conforme lo ha solicitado el Ministerio Público y con base a lo que establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad, en la que el órgano jurisdiccional se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Constitucional y en aplicación de los artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ta. Y 316 de la Constitución de la República; 1º. y 78 atribución 5ª. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado CESAR ALEJANDRO RIVERA URBINA a favor de la sociedad mercantil denominada BODY CENTER, S. DE R. L. Y DE LA SEÑORA MIRIAM JEANNETTE FLORES MORALES, contra la sentencia emitida por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN en fecha treinta y uno de octubre de dos mil doce, en virtud de haberse apreciado la concurrencia de la causal de inadmisibilidad establecida en el artículo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puesto que los alegatos esgrimidos por el recurrente son propios de instancia, toda vez que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetando las garantías constitucionales de la parte recurrente y por tanto no son susceptibles de la Garantía de Amparo; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. EDITH MARIA LOPEZ RIVERA. Firma y sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL”.

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis del mes de enero de dos mil catorce, certificación de resolución de fecha diecisiete de diciembre de dos mil trece, recaída en el recurso de Amparo Civil, registrado en ese Tribunal bajo el número 17=13.

DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO

SECRETARIO DE LA SALA DE

LO CONSTITUCIONAL