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Sentencia AC-120-13 — Registro 7125

Resumen

Acto recurrido que confirma el auto de fecha treinta de agosto del dos mil doce con relación a demanda ordinaria interpuesto por el impetrante

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..." Que según de lo que se desprende de los antecedentes y en especial de la resolución recurrida en apelación, el Tribunal de Segunda Instancia indicó que no se concretiza la existencia real de la afectación al recurrente, pues el auto emitido por el A-quo no declara, otorga ni deniega un derecho, sino que se limita a señalar lo que ya fue resuelto en un auto anterior; igualmente se aprecia que el compareciente ha tenido la oportunidad de ejercitar las acciones que estimó convenientes contra el acto que le perjudica, por lo que no se puede alegar una violación al debido proceso por el hecho de no obtener una respuesta acorde a sus pretensiones..." ..."... en lo atinente a la acción de mérito, al haberse acreditado la falta de legitimación del recurrente, por no existir una afectación real y notoria (Agravio Constitucional) a los derechos Constitucionales de la victima, y que no obstante el recurrente ha invocado como violados derechos específicos por la autoridad recurrida a través del acto que se impugna, sin embargo esta Sala no observa quebrantamiento a la norma primaria..." ..." Que la alegación en que el impetrante basa su recurso, refiere que se violentaron el Derecho de Defensa y la Garantía del Debido Proceso, por considerar no ha sido juzgado con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece, sin embargo ésta Sala aprecia, que los órganos jurisdiccionales que conocieron del asunto en sus respectivas resoluciones, aplicaron correctamente lo dispuesto por la ley, para el asunto que nos ocupa..." ..." Que las cuestiones de mera legalidad corresponden ser juzgadas por la justicia ordinaria y que si bien, están vinculadas con la normativa constitucional, deben ser conocidas y resueltas por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, mismos que han sido debidamente motivados, respetando en todo momento el derecho de defensa y las formalidades exigidas por la ley..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

.."Que las cuestiones de mera legalidad  corresponden ser juzgadas por la justicia ordinaria y que si bien, están vinculadas con la normativa constitucional, deben ser conocidas y resueltas por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, mismos que han sido debidamente motivados, respetando en todo momento el derecho de defensa y las formalidades exigidas por la ley.

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: El fallo que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M. D. C., doce de septiembre de dos mil trece.VISTO el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JOSÉ RICARDO ERAZO LANZA, a favor de SI MISMO; contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha cinco de diciembre de dos mil doce, que confirma el auto de fecha treinta de agosto del dos mil doce, dictado por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, con relación a la Demanda Ordinaria promovida por el señor JOSÉ RICARDO ERAZO LANZA contra los señores ALICIA FERNANDEZ CÁRCAMO, MANUEL GARCÍA PINEDA, MARIANO SOLORZANO, JUAN ANTONIO ERAZO SANCHEZ, JOSÉ OSMÁN RÁPALO RIVERA, JULIO ROBERTO SANTOS, MARIN MARTIR JIMENEZ HERNANDEZ, JOSE DIONISIO PONCE, HECTOR GUSTAVO PACHECO DIAZ, JUAN VICENTE ENAMORADO, WILFREDO HERNANDEZ PACHECO y MARIO ENAMORADO AVELAR.CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del recurso de amparo se desprende que el recurrente estima que la Alzada en su resolución ratificó equivocadamente el auto del A-quo, ya que éste (el A-quo) “tergiversó” la solicitud del desistimiento que hiciera en relación al señor JOSÉ OSMÁN RÁPALO RIVERA, y no contra los demás demandados, lo cual, señala el quejoso fue reconocido por el Juzgado de Primera Instancia, en el auto de fecha 6 de marzo del 2012.CONSIDERANDO: Que del estudio del escrito de interposición del recurso de amparo, se aprecia también que el recurrente invoca como violados entre otros, los derechos contenidos en los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República, que reconoce el derecho de defensa y la garantía del debido proceso.CONSIDERANDO: Que con la resolución recurrida, la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha cinco de diciembre de dos mil doce, confirmó el auto de fecha treinta de agosto de dos mil doce, dictado por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, decisión tomada por el Ad-quem al estimar que del escrito de expresión de agravios presentado por el apelante, no fue posible determinar el perjuicio que le ocasiona el auto apelado a su representado, razón por la que no se pudo proceder a su enmienda.CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la doctrina Constitucional, la legitimación procesal en lo relativo a la garantía de amparo está determinada por la titularidad que pudiese tener el recurrente de los derechos subjetivos que protegen tanto nuestra Constitución como los tratados internacionales, y específicamente en la aptitud para ser parte en un proceso concreto, lo que es determinado por la posición en que se encuentran las partes respecto a una pretensión procesal en un procedimiento determinado. CONSIDERANDO: Que según de lo que se desprende de los antecedentes y en especial de la resolución recurrida en apelación, el Tribunal de Segunda Instancia indicó que no se concretiza la existencia real de la afectación al recurrente, pues el auto emitido por el A-quo no declara, otorga ni deniega un derecho, sino que se limita a señalar lo que ya fue resuelto en un auto anterior; igualmente se aprecia que el compareciente ha tenido la oportunidad de ejercitar las acciones que estimó convenientes contra el acto que le perjudica, por lo que no se puede alegar una violación al debido proceso por el hecho de no obtener una respuesta acorde a sus pretensiones. CONSIDERANDO: Que los medios de impugnación son medios de control que la ley le concede al agraviado para objetar una resolución judicial injusta y garantizar la correcta administración de justicia. CONSIDERANDO: Que para Couture, el agravio, dentro del ámbito del Derecho Procesal se configura como el perjuicio o gravamen, material o moral, que una resolución judicial causa a un litigante. Es decir que el agravio, así entendido, presenta dos sentidos: uno de carácter substantivo, representado por la ofensa que contiene y que puede dar 1ugar a responsabilidad de orden civil o penal para el agraviante, y otro de índole adjetivo, en cuanto da derecho a la impugnación de una resolución judicial cuyo contenido se reputa agraviante al derecho de quien lo alega. Esta completa definición del agravio hecha por el connotado y respetado jurista uruguayo es compartida por esta Sala pues engloba de manera integral los elementos esenciales de lo que representa el agravio en un sentido estrictamente jurídico. CONSIDERANDO: Que partiendo de lo anterior y ya en materia del recurso de amparo, como garantía constitucional, el perjuicio o gravamen que se ha de invocar sobre el acto, resolución o hecho de autoridad recurrido, comporta ciertamente una disminución, menoscabo, transgresión o violación de derechos constitucionales en perjuicio de aquél a quien se le ha vedado o impedido de su goce o disfrute y en tal virtud es quien ostenta esa legitimación o cualidad de comparecer ante los órganos encargados de la justicia constitucional en amparo del derecho y/o garantía de cuyo goce o disfrute se ha visto despojado por un acto, resolución o hecho emanado de la autoridad o de los que actúen por delegación de ésta. CONSIDERANDO: Que en este ámbito, es necesario recalcar que los actos alegados como violatorios y que son objeto de la garantía de amparo, deben ser susceptibles de originar perjuicio al que se considera como agraviado y de allí, resulta imperativo que el acto que genera la acción constitucional sea real. CONSIDERANDO: Que conforme lo establecen, tanto el artículo 183 de la Constitución de la República, como el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponer el recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce o disfrute de los derechos o garantías que la constitución establece. Sin embargo, en lo atinente a la acción de mérito, al haberse acreditado la falta de legitimación del recurrente, por no existir una afectación real y notoria (Agravio Constitucional) a los derechos Constitucionales de la victima, y que no obstante el recurrente ha invocado como violados derechos específicos por la autoridad recurrida a través del acto que se impugna, sin embargo esta Sala no observa quebrantamiento a la norma primaria por los motivos ya expuestos.CONSIDERANDO: Que la alegación en que el impetrante basa su recurso, refiere que se violentaron el Derecho de Defensa y la Garantía del Debido Proceso, por considerar no ha sido juzgado con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece, sin embargo ésta Sala aprecia, que los órganos jurisdiccionales que conocieron del asunto en sus respectivas resoluciones, aplicaron correctamente lo dispuesto por la ley, para el asunto que nos ocupa.CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, entre otros casos, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad corresponden ser juzgadas por la justicia ordinaria y que si bien, están vinculadas con la normativa constitucional, deben ser conocidas y resueltas por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, mismos que han sido debidamente motivados, respetando en todo momento el derecho de defensa y las formalidades exigidas por la ley. CONSIDERANDO: Que cuando la demanda de amparo que fuere improcedente, se sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos.POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 457 y 470 Código de Procedimientos de 1906; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numerales 1) y 9), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JOSÉ RICARDO ERAZO LANZA, a favor de SI MISMO; contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha cinco de diciembre de dos mil doce; por apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad; estimándose además, que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la substanciación del trámite del juicio principal; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO.-SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de septiembre de dos mil trece, certificación de fallo de fecha doce de septiembre de dos mil trece, recaída en el recurso de Amparo Civil, registrado en ese Tribunal bajo el número 120=13.

DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL