Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia AC-119-08 — Registro 7124

Resumen

Acto recurrido que declara la nulidad absoluta de actuaciones en relación a Demanda Ejecutiva de Pago promovida por el impetrante en contra la sociedad Nacional de Ingenieros, S.A. de C.V.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que de la sentencia dictada por el Ad quem ha quedado claramente establecido que el Banco Mercantil S. A., resulta ser mandatario del Banco Central de Honduras, si bien es cierto al momento de interponer la demanda el mandatario no hizo uso de la expresión en representación, sin embargo esto no ha sido motivo para que el Ad quem no haya reconocido que existe un poder que respalda las actuaciones del demandante, sin embargo pretende anular lo actuado por falta de un requisito que a su criterio es el nexo causal entre el mandato y el poder del procurador de el mandatario, requisito que no existe previamente establecido en la ley, por otra parte de la misma sentencia se establece que no existe una sustitución de poder porque el Banco Central de Honduras confirió poder General de Administración y pleitos a favor del señor JACOBO NICOLAS ATALA ZABLAH en su condición de Gerente General y Representante Legal del Banco Mercantil, S.A.,quien solamente ha hecho uso de las amplias facultades a él conferidas, lo que no implica que no este cumpliendo las instrucciones de su mandante, toda vez que el mismo Ad quem en su resolución hace ver que el titulo valor que mediante demanda ejecutiva se pretende cobrar fue endosado en propiedad a favor del Banco Central de Honduras, como así consta en autos, por lo que no puede pretenderse que la Demandante procura hacer ver como propia la cantidad de dinero que se reclama mediante la demanda ejecutiva promovida. Por todo ello resulta que el Ad quem al dictar su fallo ha errado en su criterio al intentar imponer requisitos de causalidad para acreditar la legitimación de su representada, cuando en su mismo fallo lo hace ver, así como calificar la sustitución de un poder que no existe, vulnerando con ello el debido proceso..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintidós de enero de dos mil trece. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el licenciado ADOLFO PINEDA PADILLA, mayor de edad, soltero, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y de este domicilio, a favor de la sociedad mercantil BANCO MERCANTIL, S.A. (BAMER), contra la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha cinco de febrero del año dos mil ocho, que declara la nulidad absoluta de actuaciones a partir e inclusive del auto de fecha cuatro de agosto de dos mil cinco, dictado por el Juzgado de Letras Primero de lo Civil de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán; en relación a la Demanda Ejecutiva de Pago promovida por la sociedad mercantil BANCO MERCANTIL, S.A. (BAMER) contra la sociedad mercantil denominada NACIONAL DE INGENIEROS, S.A. de C.V. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha uno de agosto del año dos mil cinco, compareció ante el Juzgado de Letras Primero de lo Civil de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el abogado JOSE RAFAEL RIVERA FERRARI, mayor de edad, casado, abogado, hondureño y de este domicilio, en su condición de apoderado legal de la sociedad mercantil BANCO MERCANTIL, S.A. (BAMER); interponiendo Demanda Ejecutiva de Pago en contra del señor FERNANDO RAFAEL LOPEZ AYESTAS, en su condición del presidente del Consejo de Administración y representante legal de la sociedad NACIONAL DE INGENIEROS, S.A. de C.V.; y en contra del señor OSTIN ANAEL SALMERON MIRANDA, en su condición de aval solidario, para que mediante sentencia definitiva se requiere el pago al demandado por la cantidad de cuatro millones doscientos cincuenta y seis mil setecientos once lempiras con veintinueve centavos (L.4,256,711.29) mas los intereses devengados, con especial condena en costas. 2) Que en fecha once de enero del año dos mil seis, compareció ante el Juzgado de Letras Primero de lo Civil de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el abogado CARLOS DAGOBERTO MEDINA SALAZAR, en su condición de apoderado legal de la sociedad mercantil denominada NACIONAL DE INGENIEROS S.A. de C.V., estableciendo oposición a la ejecución que se pretende en la demanda ejecutiva relacionada, oponiendo contra la misma excepción de omisión de los requisitos que debe contener un titulo valor. 3) En fecha veintiséis de enero de dos mil siete el Juzgado de Letras citado, dictó sentencia definitiva en la que: a) Declaró sin lugar la excepción de omisión de los requisitos que debe contener un titulo valor; y b) Declaró con lugar la Demanda Ejecutiva de Pago, por considerar que la excepción de omisión de los requisitos que debe contener un titulo valor no se encuentra conforme a derecho y por ende es procedente desestimarla por cuanto la misma no fue probada en juicio y que el juicio ejecutivo tiene lugar en las obligaciones de dar cuando para reclamar su cumplimiento se hace valer entre otros de un titulo que lleve aparejada ejecución, tal como ocurre en el caso concreto por lo que es menester declarar la procedencia de la Demanda Ejecutiva de Pago; tomando como fundamento de su decisión los artículos 447, 449, 451, 471 y 477 del Código de Procedimientos Civiles; 449, 450, 451, 452 y 459 del Código de Comercio. 4) Que en fecha cinco de febrero del año dos mil ocho, la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, declaró de oficio nulidad absoluta de actuaciones a partir de la providencia de fecha cuatro de agosto de dos mil cinco, por considerar que al pretender la persona jurídica demandante que se le haga efectiva la obligación contenida en el documento que exhibe para si, implica q ue no esta actuando conforme a las instrucciones de su mandante, el Banco Central de Honduras, sino que reclama una suma de dinero que pretende hacer valer que se le debe a ella y no a quien le ha confiado la administración de su cartera crediticia; fundamentando su decisión en el articulo 420 del Código de Procedimientos Comunes; y 1589 y 1596 del Código Civil. 5) Que el recurrente licenciado ADOLFO PINEDA PADILLA, compareció ante este Tribunal, en fecha once de marzo del año dos mil ocho, reclamando amparo a favor de la sociedad BANCO MERCANTIL, S.A (BAMER), afirmando que la sentencia del Ad-quem de fecha cinco de febrero del año dos mil ocho, es violatoria de lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO:(2) Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 Constitucional relacionado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO: (3) Que consta en autos a folio veintiséis (F 26) que esta Sala de lo Constitucional con fundamento en el artículo 46 No.3 de la Ley Sobre Justicia Constitucional resolvió en un primer momento, sobreseer el Recurso de amparo interpuesto. Notificado que fue el recurrente, posteriormente se interpuso el recurso de Reposición invocando la misma Ley y el mismo artículo 46 en la parte que dice: “salvo los casos de probada imposibilidad para la interposición de los recursos correspondientes”. Ante lo cual y considerando el fundamento legal antes referido el recurrente “acreditó mediante recortes de periódico, contentivos de una publicación de diario El Heraldo, fechado doce de febrero del dos mil ocho, que su hermano…, fue objeto de un secuestro, hecho que conforme a la certificación médica presentada ocasionó que en el período comprendido del día once al día dieciocho de febrero de dos mil ocho, al recurrente se le recomendara reposo absoluto para superar el período de crisis por el stress que le provocó el ilícito cometido en perjuicio de su hermano. Considera además que el no agotamiento de los recursos ordinarios correspondientes contra el acto reclamado en amparo se pudiese haber debido al secuestro del hermano del hoy recurrente, lo que constituiría la excepción a la causal de inadmisibilidad establecida por el numeral tercero del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, dejando señalado que al momento de dictarse el fallo la Sala debía pronunciarse sobre este aspecto. Artículo 46., de la inadmisibilidad de la acción. Señala las causas, y en la ultima parte del No. 3 deja establecido: “salvo los casos de probada imposibilidad para la interposición de los recursos correspondientes”, analizando las circunstancias a las que fue sometido el recurrente cuando su hermano sufrió un delito de secuestro, pueden considerarse de suma gravedad, puesto que afectan en un todo a la persona que debe enfrentar tal situación, por lo que lógicamente el recurrente es obvio que en aquella situación no podía pensar en otros asuntos que no fueran los relativos a recuperar la libertad y vida de su pariente por lo que la situación puede ser catalogada como de grave, urgente y de atención especial, enmarcada entonces en la probada imposibilidad para la interposición de los recursos correspondientes. En consecuencia no existe causal para que la acción interpuesta no se siga conociendo. CONSIDERANDO: (4) se conoce en Amparo la sentencia promulgada por la Corte Segunda de Apelaciones de Francisco Morazán, de fecha cinco de febrero del dos mil ocho que declara una nulidad absoluta de actuaciones a partir e inclusive del auto de fecha cuatro de agosto del dos mil cinco, dictado por el Juzgado de Letras Primero de lo Civil de Francisco Morazán, con relación a la Demanda Ejecutiva promovida por Banco Mercantil, S.A., (BAMER), contra la sociedad Mercantil denominada Nacional de Ingenieros S.A. de C.V,. CONSIDERANDO: (5) Que el recurrente, al formalizar el recurso alega que se ha vulnerado el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República que contiene el Debido Proceso, manifiesta en efecto la sentencia recurrida, al anular lo actuado en primera instancia por la supuesta falta de nexo causal entre el mandato y el poder de el procurador del mandatario, y calificarlo como sustitución de poder cuando no lo es, falta al debido proceso al imponer requisitos de causalidad para acreditar la legitimación de su representada y su procurador que no impone la ley. Con su decisión contenida en la sentencia recurrida, la Corte Segunda de Apelaciones de Francisco Morazán no ha hecho otra cosa que violar el Debido Proceso y los artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, en relación a su vez con los artículos 2,4, y 5 del Código de Procedimientos en materia Civil y 11 y 12 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados. CONSIDERANDO: (6) Que el Ad quem en su resolución señala que la sentencia que se recurrió fue la dictada por el A quo mediante la cual declara Sin lugar la Excepción de Omisión de los Requisitos que debe contener un Titulo Valor. Declarando con lugar la Demanda ejecutiva de Pago y condena al ejecutado a pagar la cantidad de Cuatro Millones doscientos cincuenta y seis mil setecientos once lempiras con veintinueve centavos de lempiras. Del análisis realizado por el tribunal de alzada se establecen los siguientes puntos: 1.- que el 01 de agosto del año 2005 el abogado José Rafael Rivera Ferrari accionando como apoderado de la sociedad mercantil Banco Mercantil, S.A., demandó ejecutivamente a la Sociedad Nacional de Ingenieros S.A. de C.V., representada por el Presidente del Consejo de Administración Fernando Rafael López Ayestas y al señor Ostin Anael Salmeron Miranda en su condición de aval solidario. 2.- Para acreditar el carácter con que actúa el profesional del Derecho Rivera Ferrari adjunta fotocopia autenticada de un poder otorgado a su favor, contenido en Escritura Pública NO. 31 autorizada el 15 de diciembre de 1997…, 3.- Como título ejecutivo acompaña el pagaré No. 07621 por la suma de 2,500,000.00 suscrito el 28 de junio del año 2002 por el Gerente de la Sociedad Nacional de Ingenieros S.A., de C.V., a favor de Banco Capital, S.A., el que fue endosado en propiedad a favor del Banco Central de Honduras, con motivo de la liquidación del Banco Capital. Por otra parte el señor Ariel Sebastián Pavón García accionando como Gerente y Representante del Banco Central de Honduras otorgó poder general de administración y pleitos a favor del señor JACOBO NICOLAS ATALA ZABLAH en su condición de Gerente General y Representante Legal del Banco Mercantil, S.A., a quien le otorgó amplias facultades de representación en pleitos practicando cuantas diligencias sean necesarias para la Administración de la cartera crediticia del Banco Corporativo, S.A., y Banco Capital, S.A., pues al efecto requiere de amplio poder sin limitación alguna, coligiéndose de tal poder que el Banco Mercantil, S.A., actuaría en lo sucesivo como un mandatario del Banco Central de Honduras, implicando entonces que al demandar el cumplimiento de la obligación derivada del titulo valor que se ha exhibido lo tendría que hacer a nombre de su mandante que es el Banco Central aludido y como no lo hizo al radicar la demanda que lo hace como si ese documento de crédito fuera de su propiedad, además de que en el hecho primero de la demanda de mérito habla de un pagaré por la suma de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS ONCE LEMPIRAS CON VEINTINUEVE CENTAVOS de Lempiras y el documento o título valor que se ha presentado y que fuera endosado a favor del Banco Central de Honduras es por la suma de Dos Millones quinientos mil lempiras. Considera además el Tribunal de alzada que el poder otorgado por Banco Mercantil S.A., a favor de quien promueve la demanda (F8 y 9) de la primera pieza de autos, es conferido por esa institución bancaria únicamente en su sola condición de entidad o persona jurídica, pero no hay relación de causalidad que lo ligue al poder que varios años después confirió el Banco Central de Honduras a favor de Banco Mercantil S.A., lo que implica que en lo que respecta a este mandato, no podía haberse sustituido a favor del profesional que promueve la demanda objeto de estudio, dado que cuando aquel recibió su poder, todavía no se había dado la razón o circunstancia que motivó el otorgamiento del mandato a favor de Banco Mercantil, y por lo tanto no se le podía sustituir un mandato aún no recibido. CONSIDERANDO:(7) Que de la sentencia dictada por el Ad quem ha quedado claramente establecido que el Banco Mercantil S. A., resulta ser mandatario del Banco Central de Honduras, si bien es cierto al momento de interponer la demanda el mandatario no hizo uso de la expresión en representación, sin embargo esto no ha sido motivo para que el Ad quem no haya reconocido que existe un poder que respalda las actuaciones del demandante, sin embargo pretende anular lo actuado por falta de un requisito que a su criterio es el nexo causal entre el mandato y el poder del procurador de el mandatario, requisito que no existe previamente establecido en la ley, por otra parte de la misma sentencia se establece que no existe una sustitución de poder porque el Banco Central de Honduras confirió poder General de Administración y pleitos a favor del señor JACOBO NICOLAS ATALA ZABLAH en su condición de Gerente General y Representante Legal del Banco Mercantil, S.A.,quien solamente ha hecho uso de las amplias facultades a él conferidas, lo que no implica que no este cumpliendo las instrucciones de su mandante, toda vez que el mismo Ad quem en su resolución hace ver que el titulo valor que mediante demanda ejecutiva se pretende cobrar fue endosado en propiedad a favor del Banco Central de Honduras, como así consta en autos, por lo que no puede pretenderse que la Demandante procura hacer ver como propia la cantidad de dinero que se reclama mediante la demanda ejecutiva promovida. Por todo ello resulta que el Ad quem al dictar su fallo ha errado en su criterio al intentar imponer requisitos de causalidad para acreditar la legitimación de su representada, cuando en su mismo fallo lo hace ver, así como calificar la sustitución de un poder que no existe, vulnerando con ello el debido proceso. CONSIDERANDO: (8) Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial[1]. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona[2]. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. CONSIDERANDO: (9) Que el Ministerio Público emitió dictamen en fecha doce de marzo del año dos mil nueve, dejando establecido en el numeral 1 párrafo segundo de su apreciación jurídica que en efecto la sentencia recurrida, al anular lo actuado en primera instancia por la supuesta falta de nexo causal entre el mandato y el poder del procurador de el mandatario y calificarlo como sustitución de poder cuando no lo es, falta al debido proceso. Además hace un análisis de los motivos invocados por el recurrente por no haber hecho uso del recurso que le permite la ley ante el fallo del Ad quem, siendo del parecer que en este momento procesal es procedente que se sobresean las diligencias que contienen la presente acción constitucional, por concurrir la causal de inadmisibilidad contemplada en el numeral 7 del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; pues no solo dejó de hacer uso del recurso de reposición en el Tribunal Ad quem, sino que tales argumentos no son objeto de la acción de amparo sino que constituyen alegatos de instancias, a través desde luego de la acción legal correspondiente. CONSIDERANDO: (10) Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, oído el parecer del Fiscal y en aplicación de los artículos 1, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321, 323, de la Constitución de la República; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 5, 8, 47, 51, 63, 67, de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 8 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 3 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8, 24, y 25 de La Convención Americana de Los Derechos Humanos; 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, XXIV Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. FALLA: OTORGANDO EL RECURSO DE AMPARO, interpuesto por la Abogado ADOLFO PINEDA PADILLA a favor de BANCO MERCANTIL S.A., contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán en fecha cinco de febrero del año dos mil ocho y MANDA: que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redacto la Magistrada SANTOS MONCADA.- NOTIFIQUESE. Firmas y sello. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. Firma y sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central el uno de marzo de dos mil trece, certificación de la sentencia de fecha veintidós de enero de dos mil trece, recaída en el recurso de amparo civil registrado en este Tribunal con el número 119-p269-271i=08.

DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

[1] Garantías Judiciales en el Estado de Emergencia, Opinión Consultiva OC-9/87, 6 de agosto de 1987.

[2] Gonzáles Pérez Jesús, El Derecho a la Tutela Jurisdiccional, tercera edición, Civitas, Madrid 2001, Pag 53.