Sentencia AC-109-10 — Registro 7123
Resumen
Acto recurrido que declaró sin lugar el recurso de reposición interpuesto contra la resolución que deniega apelación en relación a la demanda Ordinaria de Daños y Perjuicios
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..." Esta Sala de lo Constitucional observa: que mediante sentencia de fecha veintiséis de junio del año dos mil siete, con carácter de firme, el señor Lardizabal Guilbert, fue absuelto de toda responsabilidad, No obstante ello, se practicó embargo sobre bienes de los señores Lardizabal Bohannon. La controversia surge de la interposición de un recurso de apelación contra el auto de fecha 25 de febrero del 2008, en el que se hace la salvedad que solo se admite “en relación al desembargo de las cuentas bancarias relacionadas”, Dice el Ad-Quem que la solicitud de desembargar las cuentas bancarias de los herederos del señor Lardizabal Guilbert, cuya resolución concluye con la formula Cúmplase, es una petición que es formulada por primera vez, por lo que no es de mero trámite, ya que su contenido es recurrible pues afecta los interés de las partes; resolución que de acuerdo a los antecedentes de mérito no causa agravios a las partes puesto que solo da cumplimiento a lo dispuesto en el auto de fecha 19 de junio del año 2007 (f581), con carácter de firme, que en su parte conducente dice: “y habiéndose practicado embargos sobre bienes que no son propiedad de la parte condenada, Sociedad de SERVICIO DE PERFORACIONES S. DE R.L. (SERPE) que se proceda al desembargo de los mismos y se continué la ejecución solamente con los bienes de la parte condenada. En tal sentido solo debe dársele estricto cumplimiento al desembargo de aquellos bienes sean muebles e inmuebles de ajena pertenencia, es decir no son propiedad de la EMPESA DE SERVICIOS DE PERFORACIONES S. de R.L. (SERPE), cuyo embargo corre agregado a los antecedentes. Por una parte habiendo adquirido su carácter de firme el auto de fecha 19 de junio del año 2007, y siendo que el auto dictado en fecha 25 de febrero del año 2008 es de mero trámite por cuanto solo da cumplimiento a los ordenado en el auto antes señalado resulta no ser de las resoluciones recurribles, debiendo haberse recurrido la resolución que dio origen a la que hoy se recurre.." ..." Que debe observarse, asimismo, que los restantes motivos de amparo constitucional impetrados, son redundantes en atacar el mismo acto jurisdiccional, así como sus condiciones de realización y posibles consecuencias y valoraciones jurídicas. Tales alegaciones no hacen sino repetir argumentos ya considerados y valorados..." ..." Que el Ad-Quem mediante su resolución ha vulnerado el debido proceso, al no apegarse a los requisitos exigencias y solemnidades que exige la ley de procedimientos en relación aquellas resoluciones en la que debe dilucidarse la procedencia o no de un recurso y sus posibles consecuencias en detrimento del debido proceso e intereses de las partes..."
Legislación citada
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 41, numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecisiete de abril del dos mil trece.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la abogada WENDY CAROLINA PEÑA MOLINA, a favor del señor GABRIEL DOUGLAS LARDIZABAL BOHANNON, mayor de edad, casado, empresario, hondureño y de este domicilio, contra la sentencia de fecha dieciocho de noviembre del año dos mil nueve, dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de La Ceiba, departamento de Atlántida, que declaró sin lugar el recurso de reposición interpuesto contra la resolución de fecha nueve de noviembre del año dos mil nueve, dictada por el referido Tribunal, la cual declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra las providencias de fechas veinticinco de febrero del año dos mil ocho y veintitrés de junio del año dos mil nueve, ambas emitidas por el Juzgado de Letras Seccional de La Ceiba, departamento de Atlántida; con relación a la demanda ordinaria de pago de daños y perjuicios, interpuesta por la licenciada CRISTINA ISABEL MORALES, en representación de la señora MARCELLA MARIA GODOY MENDIETA, y el señor JOSUE ALVAREZ VENTURA, en su condición personal y en representación de su menor hija ANDREA CAROLINA ALVAREZ GODOY, contra el señor DAVID DOUGLAS LARDIZABAL GUILBERT, en su condición personal y como representante legal de la sociedad mercantil denominada SERVICIOS DE PERFORACIONES S. DE R.L. (SERPE).- A N T E C E D E N T E S.- 1) Que en fecha treinta de enero del año mil novecientos noventa y ocho, comparecieron ante el Juzgado de Letras Seccional de La Ceiba, departamento de Atlántida, la licenciada CRISTINA ISABEL MORALES, en representación de la señora MARCELLA MARIA GODOY MENDIETA, y el señor JOSUE ALVAREZ VENTURA, en su condición personal y en representación de su menor hija ANDREA CAROLINA ALVAREZ GODOY, interponiendo demanda ordinaria de pago de daños y perjuicios, contra el señor DAVID DOUGLAS LARDIZABAL GUILBERT, en su condición personal y como representante legal de la sociedad mercantil denominada SERVICIOS DE PERFORACIONES S. DE R.L. (SERPE), para que mediante sentencia definitiva se condene a la empresa demandada a pagar la cantidad de un millón quinientos mil Lempiras (L.1,500,000.00), en concepto de indemnización por daños y perjuicios causados, más el pago del Lucro Cesante o ganancia dejada de percibir hasta la fecha en que se dicte la correspondiente sentencia definitiva, con especial condena en costas; además solicitó que se decretaran las medidas precautorias de embargo y prohibición de celebrar actos y contratos sobre la empresa demandada en su conjunto.- 2) Que en fecha once de febrero del año mil novecientos noventa y ocho, el Juzgado de Letras citado, decretó embargo y prohibición de celebrar actos y contratos sobre la empresa demandada en su conjunto, inscrito bajo el asiento número 78 tomo 215 del Registro de la Propiedad Mercantil de Francisco Morazán, y sobre el bien inmueble propiedad del señor DAVID DOUGLAS LARDIZABAL GUILBERT, inscrito bajo el asiento número 99 del tomo 816 del Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas de Francisco Morazán.- 3) Que en fecha veintiséis de junio del año dos mil seis, el Tribunal de primera instancia, dictó sentencia definitiva mediante la cual: a) declaró con lugar la demanda; b) condenó a la sociedad demandada a través de su representante legal DAVID DOUGLAS LARDIZABAL BOHANNON, a pagar a los demandantes la cantidad de tres millones trescientos mil Lempiras (L.3,300,000.00), en concepto de daños y perjuicios y lucro cesante ocasionados en virtud del suceso de transito ocurrido el catorce de diciembre del año mil novecientos noventa y siete; y c) absolvió al señor DAVID DOUGLAS LARDIZABAL GUILBERT, de la acción deducida en su condición personal, por constar en autos su fallecimiento y porque el mismo no contrajo obligación alguna con los demandantes en su condición personal.- 4) Que encontrándose el juicio en la etapa de Ejecución de Sentencia, a petición de parte, se practicó embargo sobre: a) las cuentas números 2544591 y 6007929, pertenecientes al señor GABRIEL DOUGLAS LARDIZABAL en la institución bancaria denominada BANCO DEL PAIS S.A.; y b) las cuentas números 224140002405 y 11-211-10369-611414000665-2, pertenecientes a los señores GABRIEL DOUGLAS LARDIZABAL BOHANNON Y DAVID DOUGLAS LARDIZABAL BOHANNON, en la institución bancaria denominada BANCO DE OCCIDENTE S.A., ambos embargos fueron practicados en fecha quince de diciembre del año dos mil seis.- 5) Que en fecha siete de mayo del año dos mil siete, compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de La Ceiba, departamento de Atlántida, la abogada CRISTINA ISABEL MORALES, actuando en su condición de apoderada legal de MARCELLA GODOY MENDIETA DE ALVAREZ, JOSUE DANIEL ALVAREZ Y ANDREA CAROLINA ALVAREZ, solicitando embargo precautorio sobre varios bienes inmuebles, por lo que el Juzgado de Letras citado, en fecha catorce de mayo del mismo año (2007), decretó el embargo solicitado sobre el bien inmueble inscrito con el número 57 tomo 2790 del Libro de Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, entre otros.- 6) Que en fecha trece de junio del año dos mil siete, compareció ante el A-quo, el abogado OMAR PEÑA ORELLANA, en su condición de apoderado legal de los señores DAVID DOUGLAS LARDIZABAL BOHANNON, GABRIEL DOUGLAS LARDIZABAL BOHANNON, DANIEL DOUGLAS LARDIZABAL BOHANNON Y ASHLEY LAURA ALEXANDRA LARDIZABAL BOHANNON, herederos del señor DAVID DOUGLAS LARDIZABAL GUILBERT, personándose en las diligencias y solicitando el desembargo del inmueble inscrito con el número 99 del tomo 816 del Libro Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas de Francisco Morazán, por considerar que el mismo perteneció al señor DAVID DOUGLAS LARDIZABAL GUILBERT, y mediante sentencia definitiva el mismo fue absuelto de la acción deducida en su condición personal.- 7) Que en fecha diecinueve de junio del año dos mil siete, el Juzgado de Letras Seccional de La Ceiba, departamento de Atlántida, tuvo por personado al abogado OMAR PEÑA ORELLANA, en su condición indicada y ordenó que se procediera al desembargo de los bienes que no son propiedad de la parte condenada y se continúe la ejecución solamente contra los bienes de la sociedad mercantil denominada SERVICIO DE PERFORACIONES S. DE R.L., ya que al ser absuelto en su condición personal el señor DAVID DOUGLAS LARDIZABAL GUILBERT, no trasmitió obligaciones de pago para sus herederos en este caso concreto, ampliando dicho auto en fecha veintiocho de junio del mismo año (2007), en el sentido de decretar el desembargo sobre el inmueble inscrito bajo el asiento número 57 del tomo 2790 del Libro del Instituto de la Propiedad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, asimismo, dejar sin valor ni efecto la prohibición de celebrar actos y contratos decretada sobre el inmueble inscrito bajo el asiento número 99 del tomo 816 del Instituto de la Propiedad de Francisco Morazán.- 8) Que en fecha diecinueve de febrero del año dos mil ocho, compareció ante el A-Quo, el abogado OMAR PEÑA ORELLANA, en su condición indicada, solicitando se ejecute la providencia emitida en fecha diecinueve de junio del año dos mil siete, ampliada mediante auto de fecha veintiocho del mismo mes y año, decretando el desembargo de bienes distintos a los de la sociedad mercantil demandada, por lo que el Juzgado de Letras citado en fecha veinticinco de febrero del año dos mil ocho, ordenó librar comunicación al señor Registrador del Instituto de la Propiedad de la Sección Judicial de San Pedro Sula, a fin que cancele el embargo decretado sobre el bien inmueble inscrito con el número 57 tomo 2790 del Libro de Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas, asimismo librar comunicación al Instituto de la Propiedad de Francisco Morazán, para que cancele la nota marginal de prohibición de celebrar actos y contratos practicadas sobre el inmueble inscrito bajo el número 99 tomo 816 del libro de la propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas; además ordenó librar oficio a las instituciones bancarias denominadas BANCO DEL PAIS S.A. Y BANCO DE OCCIDENTE S.A., notificándoles a los depositarios que quedan sin lugar ni efecto los embargos practicados en los depósitos de las cuentas de cada una de esas instituciones en fecha quince de diciembre del año dos mil seis, los cuales fueron ordenados por el citado Tribunal, concluyendo dicho auto con la formula “CUMPLASE”.- 9) Que en fecha veintitrés de junio del año dos mil nueve, el Juzgado de Letras citado, a petición de parte, amplió el auto que se deja relacionado en el inciso que precede, en el sentido de librar comunicación al registrador del Instituto de la Propiedad de Francisco Morazán, para que proceda a cancelar las notas marginales del asiento número 99 del tomo 816 del Libro Registro de la Propiedad Anotaciones Preventivas de la sección registral del departamento de Francisco Morazán; citando como fundamento de su decisión los artículos 111, 112 y 113 del Código de Procedimientos Civiles.- 10) Que en fecha nueve de noviembre del año dos mil nueve, la Corte de Apelaciones Seccional de La Ceiba, departamento de Atlántida: a) oficiosamente declaró sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto contra: i) auto de fecha veinticinco de febrero del año dos mil ocho, por considerar que la apelación concedida en ambos efectos por el A-quo es improcedente, al haberse finalizado el mismo con la frase CUMPLASE, por ser un auto de mera tramitación y más aún al constatar que lo ordenado en el mismo ya fue ejecutado casi en su totalidad; ii) auto de fecha veintitrés de junio del año dos mil nueve, por considerar que el mismo constituye una providencia de mera tramitación; y b) declaró inadmisible el personamiento y expresión de agravios presentado por la abogada CRISTINA ISABEL MORALES, en su condición indicada.- 11) Que en fecha dieciocho de noviembre del año dos mil nueve, la Corte de Apelaciones citada: a) declaró sin lugar el Recurso de Reposición interpuesto por la abogada CRISTINA ISABEL MORALES; b) declaró de oficio la nulidad absoluta de actuaciones a partir del auto de fecha nueve de noviembre del año dos mil nueve, emitido por ese tribunal, por considerar que el orden del proceso en la segunda pieza no ha estado de acuerdo con las formalidades que la ley establece; c) declaró inadmisible en ambos efectos el recurso de apelación interpuesto por la abogada CRISTINA ISABEL MORALES, contra el auto de fecha veinticinco de febrero del año dos mil ocho, sólo en relación al desembargo de las cuentas bancarias relacionadas y declaró inadmisible dicho recurso sobre el auto de fecha “veintiuno de julio” del año dos mil nueve; d) tuvo por personada a la abogada CRISTINA ISABEL MORALES, y por expresados sus agravios, dándole traslado de los autos a la parte apelada por el término de tres días para que conteste los mismos; e) declaró ha lugar parcialmente lo solicitado por el representante apelado, en cuanto a la inadmisibilidad del recurso planteado por la apelante, por considerar que la resolución que ordena el desembargo de las cuentas bancarias no es de mero trámite y si es de contenido recurrible que afecta los intereses de la parte demandante.- 12) La recurrente abogada WENDY CAROLINA PEÑA MOLINA, compareció ante este Tribunal en fecha quince de febrero del año dos mil diez, reclamando amparo a favor del señor GABRIEL DOUGLAS LARDIZABAL BOHANNON, afirmando que la decisión del Ad-Quem, de fecha dieciocho de noviembre del año dos mil nueve, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90, 321 y 323 de la Constitución de la República.- CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 Constitucional relacionado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.- CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la sentencia de fecha dieciocho de noviembre del año dos mil nueve, dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de la Ceiba departamento de Atlántida, mediante la cual, declaró sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto contra la providencia de fecha veinticinco de febrero del año dos mil ocho y veintitrés de junio del año dos mil nueve dictado por el Juzgado de Letras Seccional de La Ceiba departamento de Atlántida, con relación a la demanda Ordinaria de Daños y Perjuicios promovida por la señora MARCELA MARIA GODOY MENDIETA y el señor JOSUE ALVAREZ VENTURA accionando en su nombre propio y en representación de su menor hija ANDREA CAROLINA ALVARAEZ GODOY contra el señor DAVID DOUGLAS LARDIZAL GUILBERT como representante legal de la sociedad SERVICIOS DE PERFORACIONES S. DE R.L.- CONSIDERANDO (4): Que el impetrante al formalizar el recurso manifiesta que se ha vulnerado el precepto Constitucional consignado en el artículo 90 primer párrafo, de la carta Magna…, explica la vulneración en las distintas secciones como sigue: 1.- Manifiesta “que reclamó vía Recurso de Hecho ante la Corte de la Sección Judicial de la Ceiba Atlántida, declarara improcedente el recurso de apelación interpuesto por la Abogada Cristina Isabel Morales, Resolviendo Declarar sin lugar el Recurso interpuesto e inadmisible el personamiento y expresión de agravios, notificando el proveído a la recurrente el día 13 de noviembre del 2009, (f.18 segunda pieza), no obstante estar notificada lo hace personalmente (f.19 segunda pieza) y además pide reposición extemporánea, de la citada resolución”. En fecha 18 de noviembre del mismo año la Corte recurrida resuelve: Declarar sin lugar el Recurso de Reposición. 2.- Declara de oficio la nulidad absoluta. 3.- Declara admisible en ambos efectos el recurso de apelación…, contra el auto de fecha veinticinco de febrero del año dos mil ocho y declarar inadmisible dicho recurso sobre el auto de fecha veintitrés de junio de este año (2009 según antecedentes), manifiesta el recurrente que esto “ocurre igual que como sucedió con el Juez de Primera Instancia, vulnerando la garantía constitucional cuando se olvida lo elemental que la Demanda se promovió contra la sociedad “Servicios de Perforaciones S. de R.L., y no contra los señores DAVID DOUGLAS, GABRIEL DOUGLAS, DANIEL DOUGLAS, Y ASHLEY LAURA ALEXANDRA todos de apellido LARDIZABAL BOHANNON y/o la esposa del señor David Douglas Lardizabal Guilbert, por medio del cual se demandó a dicha sociedad. Señala que la Abogada Morales desconociendo bajo que fundamentos o normas jurídicas solicitó y obtuvo embargo de bienes pertenecientes a los antes citados y personalmente al señor David Douglas Lardizabal Guilbert, que en la ejecución de la sentencia definitiva emitida el 26 de junio del 2006 se pretendían ilegalmente rematar, cuando los mencionados no fueron parte en el juicio”. Sigue señalando que “la providencia del 8 de noviembre del 2009 ES FIRME Y EJECUTORIA y no cabía contra ella recurso de reposición alguno según el artículo 198 del Código de Procedimientos Civiles, Ergo, no podía la Corte aprovechar aquel acto extemporáneo para introducir nuevamente al debate una cuestión a todas luces impertinente y ya resulta el 13 de diciembre del 2007, por la misma Corte: DEBEN EXCLUIRSE DE LA EJECUCIÓN TODOS LOS BIENES AJENOS A LA PERSONA JURÍDICA DEMANDADA/CONDENADA, en el recurso de apelación que la misma Abogada Cristina Isabel Morales interpuso contra la providencias fechadas el 19 y 28 de junio del 2007. Finalmente se vulnera la Garantía porque el recurso se admite en ambos efectos…, condenado a la dueña de uno de los inmuebles desembargados y cuya prohibición de celebrar actos y contratos se canceló a esperar cuatro años para disfrutar de su derecho a la propiedad perturbado pro funcionarios judiciales. El Recurso según la ley debe admitirse en el efecto devolutivo, además se admite contra una providencia que concluye con la formula de cúmplase. Además invoca como vulnerado el artículo 321 constitucional manifestado que la Corte no tiene facultades para admitir un recurso de apelación interpuesto contra una resolución que concluye con la formula de Cúmplase y menos en ambos efectos estando en ejecución desembargos y cancelación de prohibición de celebrar actos y contratos ilícitamente decretados, por mas que se esfuerza en exponer un argumento de que la resolución es Cúmplase en un sentido pero es Notifíquese en el otro, sin detenerse a considerar que esa providencia tienen años de haberse dictado y naturalmente haber concluido con la formula cúmplase. Tiene por vulnerado el artículo 323 constitucional porque la resolución recurrida no se sujeta a la Ley que precisamente manda hacer lo contrario de lo que se dispuso, como es evidente de la providencia del 9 de noviembre del 2009, que debía mantenerse si ya surtía efectos.- CONSIDERANDO (5): Que el Ad-Quem en su resolución deja establecido que “el recurso de reposición que por vía de notificación personal interpuso ante el Ad-Quem la Abogada Cristina Isabel Morales contra la resolución de fecha 9 de noviembre del año dos mil nueve, lo declara inadmisible en virtud de lo preceptuado en el artículo 197 relacionado con el 198 del Código de Procedimientos Civiles; señalando que la recurrente ya había sido notificada con fecha trece de noviembre del mismo año, mediante cédula fijada en la tabla de avisos, debiendo haber interpuesto el recurso que ahora pretende el día lunes 16 de noviembre del citado año, por ser ese el día considerado como la siguiente audiencia para los efectos legales y no pretender recurrir en la fecha que lo hizo, ya que de conformidad con la constancia emitida por el Secretario del Ad-Quem, la abogada referida se notificó el día diecisiete del mencionado mes y año, a pesar de encontrarse notificada vía cédula”. Señala además que se concedió el recurso de apelación en relación al auto de fecha veinticinco de febrero del año dos mil ocho (f.585), en cuanto a dejar sin valor y efecto las providencia precautorias que pesan sobre los inmuebles embargados, señalando que puede estimarse como un auto de mero tramite que puede concluir con la formula CUMPLASE porque solo se ejecuta una resolución que es firme; y la apelante al conocer la técnica de los recursos debe estar conciente de ello, pues en su oportunidad el Juez de primera instancia resolvió de tal manera en contra de sus intereses y ella apeló no cuidando los términos del recurso, resolviendo el Ad-Quem mediante la sentencia antes señala sobre la que no consta que haya otorgado ningún amparo, por lo que es incorrecta que apele nuevamente sobre el mismo aspecto, el que fue concedido de manera improcedente, igual argumento sirve para inadmitir el recurso impetrado contra el auto de fecha veintitrés de junio del año en curso el cual es de naturaleza de mero trámite, aunque el juzgado sin hacer tal distinción lo haya concluido con la formula notifíquese”. …,“se entiende que al efectuarse la notificación aludida, es que la representante del parte actora se entera del auto de fecha veinticinco de febrero del año dos mil ocho y por ello hasta el veintiuno de julio del año 2009 interpone sus recursos ordinarios, indica que en el mismo auto y sin resolución previa al respecto también el juzgador resolvió una petición formulada por primera vez en relación al desembargo de las cuentas bancarias en el descritas por lo que aún y cuando le haya colocado la formula Cúmplase a tal resolución, la naturaleza de lo ahí resuelto en el aspecto apuntado no es de mero trámite y si es de contenido recurrible que afecta los intereses de la parte contraria y por ello considera que este auto si es recurrible. Señala además que ya existe sentencia condenatoria que absolvió al demandado en su carácter personal…., declara que estando el juicio en su etapas de ejecución de la sentencia, se pueden seguir entablando peticiones con el debido control del órgano jurisdiccional, lo que no implica abrir un juicio fenecido. Por lo que el Ad-Quem declara si lugar el recurso de reposición interpuesto por la abogada Cristina Isabel Morales y Declara de oficio la Nulidad absoluta de actuaciones a partir del auto de fecha 9 de noviembre del año 2009, y declara admisible en ambos efectos el recurso de apelación interpuesto por la abogada mencionada contra el auto de fecha veinticinco de febrero del año dos mil ocho, solo en relación al desembargo de las cuentas bancarias relacionadas y declara Inadmisible el recurso sobre la el auto de fecha 21 de julio del año 2009.- CONSIDERANDO (6): Que del estudio de los antecedentes y la formalización del recurso esta Sala de lo Constitucional observa: que mediante sentencia de fecha veintiséis de junio del año dos mil siete, con carácter de firme, el señor Lardizabal Guilbert, fue absuelto de toda responsabilidad, No obstante ello, se practicó embargo sobre bienes de los señores Lardizabal Bohannon. La controversia surge de la interposición de un recurso de apelación contra el auto de fecha 25 de febrero del 2008, en el que se hace la salvedad que solo se admite “en relación al desembargo de las cuentas bancarias relacionadas”, Dice el Ad-Quem que la solicitud de desembargar las cuentas bancarias de los herederos del señor Lardizabal Guilbert, cuya resolución concluye con la formula Cúmplase, es una petición que es formulada por primera vez, por lo que no es de mero trámite, ya que su contenido es recurrible pues afecta los interés de las partes; resolución que de acuerdo a los antecedentes de mérito no causa agravios a las partes puesto que solo da cumplimiento a lo dispuesto en el auto de fecha 19 de junio del año 2007 (f581), con carácter de firme, que en su parte conducente dice: “y habiéndose practicado embargos sobre bienes que no son propiedad de la parte condenada, Sociedad de SERVICIO DE PERFORACIONES S. DE R.L. (SERPE) que se proceda al desembargo de los mismos y se continué la ejecución solamente con los bienes de la parte condenada. En tal sentido solo debe dársele estricto cumplimiento al desembargo de aquellos bienes sean muebles e inmuebles de ajena pertenencia, es decir no son propiedad de la EMPESA DE SERVICIOS DE PERFORACIONES S. de R.L. (SERPE), cuyo embargo corre agregado a los antecedentes. Por una parte habiendo adquirido su carácter de firme el auto de fecha 19 de junio del año 2007, y siendo que el auto dictado en fecha 25 de febrero del año 2008 es de mero trámite por cuanto solo da cumplimiento a los ordenado en el auto antes señalado resulta no ser de las resoluciones recurribles, debiendo haberse recurrido la resolución que dio origen a la que hoy se recurre.- CONSIDERNADO (7): Que el recurrente considera que el Ad-Quem mediante su fallo ha vulnerado el Derecho a la Defensa, el Debido Proceso, y el contenido de los artículo 321 y 323 constitucionales, violaciones que deben ser analizadas desde el prisma constitucional, entendiéndose que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial[1]. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona[2]. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas.- CONSIDERANDO (8): Que debe observarse, asimismo, que los restantes motivos de amparo constitucional impetrados, son redundantes en atacar el mismo acto jurisdiccional, así como sus condiciones de realización y posibles consecuencias y valoraciones jurídicas. Tales alegaciones no hacen sino repetir argumentos ya considerados y valorados.- CONSIDERANDO: (9) Que el Ministerio Público al emitir su dictamen de fecha veintidós de abril del año dos mil diez, fue de la opinión que la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de la Ceiba, departamento de Atlántida, ha vulnerado el Derecho al Debido Proceso y el principio de legalidad al dictar una resolución obviando las formalidades del proceso civil declarando admisible un recurso interpuesto contra un auto inapelable.- CONSIDERANDO: (10) Que el Ad-Quem mediante su resolución ha vulnerado al debido proceso, al no apegarse a los requisitos exigencias y solemnidades que exige la ley de procedimientos en relación aquellas resoluciones en la que debe dilucidarse la procedencia o no de un recurso y sus posibles consecuencias en detrimento del debido proceso e intereses de las partes.- CONSIDERANDO: (11) Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.- POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en aplicación de los artículos 15, 59, 62, 90, 183, 303, 313 No.5, y 316, de la Constitución de la República; 8 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 8, y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: OTORGANDO el Recurso de Amparo, interpuesto por la Abogada WENDY CAROLINA PEÑA MOLINA, a favor del señor GABRIEL DOUGLAS LARDIZABAL BOHANNON, contra la sentencia de fecha dieciocho de noviembre del año dos mil nueve, dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de La Ceiba departamento de Atlántida.- Y MANDA: que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redacto la Magistrada SANTOS MONCADA. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. PRESIDENTE. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. Firma y Sello. CRISTIAN RAMON BAQUIZ FLORES. SECRETARIO POR LEY. SALA DE LO CONSTITUCIONAL”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el nueve (9) de mayo del año dos mil trece (2013), certificación de la resolución de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil trece (2013), recaída en el Recurso de Amparo Civil con orden de ingreso en este Tribunal número 109=10.
DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL
[1] Garantías Judiciales en el Estado de Emergencia, Opinión Consultiva OC-9/87, 6 de agosto de 1987.
[2] Gonzáles Pérez Jesús, El Derecho a la Tutela Jurisdiccional, tercera edición, Civitas, Madrid 2001, Pag 53.