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Sentencia AA-987-12 — Registro 7485

Resumen

Sentencia denegó recurso de amparo a favor de recurrente contra dos resoluciones dictadas por juzgado de primera instancia que desetimó defensas previas opuestas por la Procuraduría General de la República con relación a demanda ordinaria de nulidad de acto administrativo de carácter particular promovida contra el Estado de Honduras a través de la Procuraduría General de la República

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."del estudio de la sentencia venida en consulta esta Sala de lo Constitucional estima que la misma esta apegada a derecho, puesto que el cado de merito no se han producido las alegadas vulneraciones constitucionales que en su oportunidad planteo el recurrente, y eso se estima así puesto que respecto de la primera de las resoluciones impugnadas se ha establecido que en cuanto al apoderado demandante: a) se le puso en conocimiento mediante notificación de la fecha programada para la celebración de la audiencia de Defensa Previas, b) se le dio traslado del escrito de defensas previas y c) que el mismo no ejercito ninguna de las acciones que le facultaba la ley y tampoco asistió a la audiencia de defensa previas. Y respecto de la segunda resolución que fue impugnada en vía constitucional, si bien es cierto que el recurrente tiene razón al señalar que el a-quo ha hecho una notificación aplicando la normativa del Código de Procedimientos Comunes, que ya no era aplicable, también los es que cuando la persona notificada dándose por enterada en el asunto, no reclama la nulidad en la primera actuación, esta surtirá efecto tal y como si se hubiese hecho aplicando el Código Procesal Civil (articulo 148.1 CPC.); señalado lo anterior esta Sala de lo Constitucional concluye al igual que lo ha hecho la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en el fallo venido en consulta, que no se ha vulnerado en perjuicio del quejoso la garantía del derecho de defensa y debido proceso consagradas en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la Republica, por lo que procede confirmar el fallo venido en consulta, ello al tenor de lo preceptuado en el articulo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: Las resoluciones que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, tres de septiembre del dos mil trece.- VISTO: En Consulta las diligencias procedentes de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Tegucigalpa departamento de Francisco Morazán, que contiene la sentencia de fecha quince de noviembre del año dos mil doce, que DENIEGA el recurso de amparo interpuesto por el abogado ERVIN BETANCOURT MARADIAGA, a favor del señor SANTOS HILARIO RODRIGUEZ CALIX, contra dos resoluciones emitidas por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta sección judicial, respectivamente en fechas once y diecisiete de mayo de dos mil doce, con relación a la demanda promovida por el señor SANTOS HILARIO RODRIGUEZ CALIX contra el ESTADO DE HONDURAS, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RELACIONES EXTERIORES.- A N T E C E D E N T E S.- 1) Que en fecha dieciocho de agosto del año dos mil diez, el señor SANTOS HILARIO RODRIGUEZ CALIX, actuando en su condición personal, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, promoviendo Demanda Ordinaria de Nulidad de un Acto Administrativo de Carácter Particular, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. (F. 01 al 24 de la primera pieza de los antecedentes).- 2) Que en fecha catorce de abril del año dos mil once, compareció ante el A-quo la abogada ETHEL DERAS ENAMORADO, en su condición de Procuradora General de la Republica, alegando y oponiendo Defensas Previas.- 3) Que en fecha tres de junio del año dos mil once, el a-quo declaró con lugar la Solicitud de Defensas Previas presentadas por la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. (F. 83 frente y vuelto de la pieza separada de defensas previas).- 4) Que en fecha veintidós de julio del año dos mil once, el abogado LUIS ARMANDO ULLOA LOBO, actuando en su condición de apoderado legal de la parte demandante compareció ante el a-quo promoviendo incidente de nulidad de actuaciones partir del auto de fijación de celebración de la audiencia de defensas previas de fecha cinco de mayo del año dos mil once. (Vid. Primera pieza separada de nulidad).- 5) Que en fecha once de mayo del año dos mil doce, el Juzgado de Letras citado dictó resolución mediante la cual resolvió DESESTIMAR por improcedente el alegato de nulidad plateado. (F. 25 al 26 de la primera pieza de nulidades de actuaciones).- 6) Que en fecha doce de abril del año dos mil doce, el Abogado ERVIN BETANCOURTS MARADIAGA, actuando en su condición ya señalada compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, solicitando que de oficio se dejara sin valor ni efecto la providencia de fecha ocho de junio del año dos mil once, que ordena se notifique al apoderado legal de la parte demandada mediante cedula de notificación fijada en la tabla de avisos del despacho, de la sentencia interlocutoria de defensas previas de fecha tres de junio del año dos mil once. (Vid. segunda pieza separada de nulidad de actuaciones).- 7) Que en fecha diecisiete de mayo del año dos mil doce, el Juez A-Quo, dicto resolución mediante la cual resolvió DESESTIMAR el alegato de nulidad por improcedente. (F. 12 al 13 de la segunda pieza de nulidades de actuaciones).- 8) Que en fecha cuatro de septiembre del año dos mil doce, el abogado ERVIN BETANCOURT MARADIAGA, compareció ante la Corte de Apelaciones de Tegucigalpa departamento de Francisco Morazán, promoviendo Recurso de Amparo a favor del señor SANTOS HILARIO RODRIGUEZ CALIX, contra las resoluciones dictadas por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fechas once y diecisiete de mayo de dos mil doce, alegando el recurrente que con esos actos se violentan los artículos 82 y 90 de la Constitución de la Republica.- 9) Que en fecha quince de noviembre del año dos mil doce, la Corte de Apelaciones citada, dictó sentencia mediante la cual, DENEGO el recurso de amparo impetrado por el abogado ERVIN BETANCOURT MARADIAGA.(F. 34 al 37 de la segunda pieza de los antecedentes).- 10) Que en fecha seis de diciembre del año dos mil doce, esta Sala de lo Constitucional recibió para su consulta la sentencia que se deja relacionada en el numeral anterior, ello en acatamiento de lo preceptuado en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO(1) : Que la Ley Sobre Justicia Constitucional, manda que las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, vayan en trámite de consulta obligatoria para ante la Sala de lo Constitucional; señalando que al órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, le corresponderá reformar, confirmar o revocar la sentencia consultada.- CONSIDERANDO (2): Que la sentencia venida en consulta es la dictada en fecha quince de noviembre del año dos mil doce, por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de Tegucigalpa MDC., departamento de Francisco Morazán, y por la cual se denegó el recurso de amparo impetrado; fallo en el que esa Corte llega a la conclusión que en el caso de autos no se ha suscitado la vulneración de las garantías constitucionales del derecho de defensa y Debido Proceso, alegadas por el recurrente, explica para ello que en cuanto a la primera de las resoluciones recurridas, consta en autos la notificación respectiva conforme a la legislación aplicable y mediante la cual se pone en conocimiento de las partes el auto por el cual se señala la fecha de la celebración de la audiencia de defensas previas, así como consta también del traslado que se le dio a la parte demandante del escrito de defensas previas, y consta también que el apoderado demandante no ejercito ninguno de los derechos que el otorgaba el referido auto, y que el mismo no compareció a la audiencia de defensa previas. Respecto de la segunda de las resoluciones recurridas, señala que si bien el recurrente alega que debió de haberse declarado nula la notificación realizada al demandante por medio de la tabla de avisos, de la sentencia interlocutoria de defensas previas, ya que tal notificación se hizo aplicando el Código de Procedimientos Comunes que ya no era aplicable al caso; sin embargo el Código Procesal Civil, que es el aplicable establece que los actos de comunicación que no se apliquen conforme a lo dispuesto en el mismo, y pudieran causar indefensión son nulos, pero si la persona notificada se hubiera dado por enterada y no hubiera denunciado la nulidad de la diligencia en su primera actuación, surtirá ésta desde entonces todos sus efectos, como si hubiere hecho conforme a las disposiciones del referido código, siendo esta la situación que se ha presentado en el caso de autos, ya el demandante en fecha 22 de julio de 2011, presento escrito de nulidad de actuaciones por otras actuaciones en el respectivo proceso, sin que denunciara la nulidad de la referida notificación, por lo que si bien es cierto que tal notificación no se practico con arreglo a lo dispuesto en el Código Procesal Civil, la misma surtió efecto, ya que fue hasta el 12 de abril de 2012, que denuncio la nulidad de la misma, cuando esta ya había surtido sus efectos.- CONSIDERANDO (3): Que en el caso que ahora nos ocupa, y para los efectos de que esta Sala se pronuncie sobre la reforma, confirmación o revocación de la sentencia venida en consulta, es pertinente determinar si en el caso subjúdice, con las resoluciones dictadas por el a-quo en fechas once y diecisiete de mayo del año dos mil doce, se vulnero o no las garantías constitucionales del derecho de defensa y debido proceso alegadas por el recurrente en su oportunidad.- CONSIDERANDO (4): Que del estudio de la sentencia venida en consulta esta Sala de lo Constitucional estima que la misma esta apegada a derecho, puesto que el cado de merito no se han producido las alegadas vulneraciones constitucionales que en su oportunidad planteo el recurrente, y eso se estima así puesto que respecto de la primera de las resoluciones impugnadas se ha establecido que en cuanto al apoderado demandante: a) se le puso en conocimiento mediante notificación de la fecha programada para la celebración de la audiencia de Defensa Previas, b) se le dio traslado del escrito de defensas previas y c) que el mismo no ejercito ninguna de las acciones que le facultaba la ley y tampoco asistió a la audiencia de defensa previas. Y respecto de la segunda resolución que fue impugnada en vía constitucional, si bien es cierto que el recurrente tiene razón al señalar que el a-quo ha hecho una notificación aplicando la normativa del Código de Procedimientos Comunes, que ya no era aplicable, también los es que cuando la persona notificada dándose por enterada en el asunto, no reclama la nulidad en la primera actuación, esta surtirá efecto tal y como si se hubiese hecho aplicando el Código Procesal Civil (articulo 148.1 CPC.); señalado lo anterior esta Sala de lo Constitucional concluye al igual que lo ha hecho la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en el fallo venido en consulta, que no se ha vulnerado en perjuicio del quejoso la garantía del derecho de defensa y debido proceso consagradas en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la Republica, por lo que procede confirmar el fallo venido en consulta, ello al tenor de lo preceptuado en el articulo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos: 1, 82, 90 párrafo primero, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de Los Tribunales; 146, 148 y 913 del Código Procesal Civil; 1, 2, 3 literal b), 4, 5, 6, 12, 13, 14, 17, 63, 64, 65, 66, 89 y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo; 1, 2, 3 numeral 2), 4, 5, 10 numeral 2) literal a), 41, 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta de fecha quince de noviembre del año dos mil doce, proferida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con sede en la Ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, y mediante la cual se deniega el recurso de amparo interpuesto por el abogado ERVIN BETANCOURT MARADIAGA, a favor del señor SANTOS HILARIO RODRIGUEZ CALIX.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales pertinentes. Redacto la Magistrada SANTOS MONCADA. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. PRESIDENTA. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL”. “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, M. D. C., uno de octubre de dos mil trece.- Visto el recurso de reposición interpuesto por el Abogado ERVIN BETANCOURT MARADIAGA contra la sentencia de fecha tres de septiembre de dos mil trece, recaída en el recurso de amparo interpuesto por él, a favor del señor SANTOS HILARIO RODRIGUEZ CALIX contra la sentencia proferida por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, en fecha quince de noviembre de dos mil doce, que resuelve un recurso de apelación presentado contra dos resoluciones emitidas por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ESTA SECCION JUDICIAL en fechas once y diecisiete de mayo de dos mil doce, con relación a la demanda promovida por el señor SANTOS HILARIO RODRIGUEZ CALIX contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RELACIONES EXTERIORES.- CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del recurso de mérito se aprecia que el peticionario no ataca el fondo o la forma de la sentencia impugnada, en consecuencia y conforme se desprende de la misma, ésta se encuentra apegada a derecho y procede declarar sin lugar el recurso de reposición interpuesto, en virtud de no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 80, 184, 313 atribución 5ta. y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos; 5, 7, 64, 72, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: Declarar SIN LUGAR EL RECURSO DE REPOSICION interpuesto por el Abogado ERVIN BETANCOURT MARADIAGA, contra la sentencia de fecha tres de septiembre de dos mil trece, recaída en el recurso de amparo interpuesto por él, a favor del señor SANTOS HILARIO RODRIGUEZ CALIX.- Y MANDA: Que en definitiva se de cumplimiento a lo ordenado en la resolución recurrida por el peticionario. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. PRESIDENTA. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. REINA SAGRARIO SOLORZANO JUAREZ. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el treinta (30) de octubre del año dos mil trece (2013), certificación de las resoluciones de fechas tres (3) de septiembre y uno (1) de octubre del año dos mil trece (2013), recaídas en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo Venido en Consulta con orden de ingreso en este Tribunal número 987=12.

DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL