Sentencia AA-951-13 — Registro 7079
Resumen
Resolución No. DTN-043-2013 que aplica la falta grave estipulada en la Ley Orgánica de la Policía Nacional con la pérdida temporal del derecho de ascenso al recurrente a Sub-Comisario de Policía
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."esta Sala es del criterio, que si bien no estamos ante una cuestión de competencia, atendiendo al principio de tutela judicial efectiva, la interposición del presente recurso de amparo produce el efecto de interrumpir y dejar sin efecto el plazo de prescripción que pueda corresponder a la acción que pretenda intentar la recurrente, puesto que en equidad, se le debe permitir el ejercicio de la acción judicial correspondiente, al resultar innegable que existe una actividad de la recurrente, ejercida ante la Justicia, que demuestra su intención de impedir que el derecho de su representado se extinga, y que justifica por tanto la interrupción de la prescripción que pudiera invocarse en el proceso que corresponda..."..."el artículo 82 de la Constitución de la República, así como también una aplicación práctica y no meramente programática del principio de igualdad, y por ende del principio general del derecho, aplicable sin duda alguna, cuando del reconocimiento de derechos subjetivos se trata, de que a igual razón cabe igual disposición, nos lleva a estimar que al señalarse en el trámite del presente recurso de amparo y por la normativa aplicable, que se tiene expedita la acción ante los Juzgados y Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y que por ese motivo se ha declarado la inadmisibilidad de la acción constitucional planteada, este Supremo Tribunal encuentra procedente conceder a la recurrente el plazo de treinta (30) días, para que interponga la acción que estime oportuna contra el acto que hoy reclama en amparo, ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso-Administrativo competente, de tal manera que al hacerlo dentro de dicho plazo, se entenderá que la misma se ha interpuesto en la fecha en que se inició el plazo señalado para su presentación..."
Legislación citada
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 8 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, quince de noviembre de dos mil trece. VISTO: El recurso de amparo interpuesto por la Abogada MARIELA SABILLÓN OLIVA, a favor del Sub-Comisario de Policía ELEAZAR GARIDALDI PADILLA SUAZO, contra la resolución no. DTN-043-2013, emitida por la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD A TRAVÉS DE LA POLICÍA NACIONAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO, en fecha siete de agosto de dos mil trece, mediante la cual, se aplica la falta grave estipulada en el artículo 123 numeral 16 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional con la pérdida temporal del derecho de ascenso al Sub-Comisario de Policía ELEAZAR GARIDALDI PADILLA SUAZO. CONSIDERANDO: Que de acuerdo con la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la encargada de conocer de las pretensiones que se deduzcan en relación con los actos de carácter particular o general de la Administración Pública sujetos al Derecho Administrativo. CONSIDERANDO: Que la misma ley establece que se entenderá por Administración Pública: a) El Poder Ejecutivo; y, b) Las entidades estatales, entendiéndose por éstas las Municipalidades y las Instituciones Autónomas. CONSIDERANDO: Que en el Título Tercero de la Ley de de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en lo referente a los actos impugnables, indica el Artículo 30 párrafo segundo, que la acción será admisible contra los actos de carácter particular que se produjeren en aplicación de los actos administrativos de carácter general, fundada en que éstos no son conforme a Derecho. CONSIDERANDO: Que esta Sala advierte, de las argumentaciones presentadas por el propio recurrente y la documentación adjunta a su escrito de interposición, que le asiste al impetrante, una vez agotada la instancia administrativa respectiva, el derecho de promover las acciones que estime oportunas en la vía ordinaria, para hacer valer los derechos que afirma asiste a su representado. CONSIDERANDO: Que esta Sala ha sostenido en reiteradas decisiones que el inicio del juicio de garantías comporta el agotamiento previo de los recursos y medios ordinarios de defensa que puedan asistir al quejoso, en tal virtud, apreciándose que la recurrente tiene expedita aún la vía judicial ordinaria para hacer valer sus pretensiones, procede declarar inadmisible la acción constitucional que nos ocupa, al tenor de lo que dispone el Artículo 46 numeral 8) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en el sentido que es inamisible el recurso de amparo cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales en la vía Contencioso Administrativa. CONSIDERANDO: Que aunado a lo anterior esta Sala es del criterio, que si bien no estamos ante una cuestión de competencia, atendiendo al principio de tutela judicial efectiva, la interposición del presente recurso de amparo produce el efecto de interrumpir y dejar sin efecto el plazo de prescripción que pueda corresponder a la acción que pretenda intentar la recurrente, puesto que en equidad, se le debe permitir el ejercicio de la acción judicial correspondiente, al resultar innegable que existe una actividad de la recurrente, ejercida ante la Justicia, que demuestra su intención de impedir que el derecho de su representado se extinga, y que justifica por tanto la interrupción de la prescripción que pudiera invocarse en el proceso que corresponda. CONSIDERANDO: Que la aplicación directa del derecho fundamental de libre acceso a los Tribunales de Justicia y con ello a una tutela judicial efectiva, que consagra el artículo 82 de la Constitución de la República, así como también una aplicación práctica y no meramente programática del principio de igualdad, y por ende del principio general del derecho, aplicable sin duda alguna, cuando del reconocimiento de derechos subjetivos se trata, de que a igual razón cabe igual disposición, nos lleva a estimar que al señalarse en el trámite del presente recurso de amparo y por la normativa aplicable, que se tiene expedita la acción ante los Juzgados y Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y que por ese motivo se ha declarado la inadmisibilidad de la acción constitucional planteada, este Supremo Tribunal encuentra procedente conceder a la recurrente el plazo de treinta (30) días, para que interponga la acción que estime oportuna contra el acto que hoy reclama en amparo, ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso-Administrativo competente, de tal manera que al hacerlo dentro de dicho plazo, se entenderá que la misma se ha interpuesto en la fecha en que se inició el plazo señalado para su presentación. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a., 318 de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 30, 42, 43, 44, 48 y de más aplicables de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 41, 44, 46 No. 8, 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. RESUELVE: 1º DECLARAR INADMISIBLE el recurso de amparo interpuesto por la Abogada MARIELA SABILLÓN OLIVA, a favor del Sub-Comisario de Policía ELEAZAR GARIDALDI PADILLA SUAZO, contra la resolución no. DTN-043-2013, emitida por la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD A TRAVÉS DE LA POLICÍA NACIONAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO, al advertirse la causal de inadmisibilidad contenida en el Artículo 46 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en el sentido que es inamisible el recurso de amparo cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales en la vía Contencioso Administrativa; 2º Conceder a la parte recurrente el plazo de treinta (30) días, para que interponga la acción que estime oportuna contra la resolución no. DTN-043-2013, emitida por la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD A TRAVÉS DE LA POLICÍA NACIONAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO, en fecha siete de agosto de dos mil trece, mediante la cual, se aplica la falta grave estipulada en el artículo 123 numeral 16 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional con la pérdida temporal del derecho de ascenso al Sub-Comisario de Policía ELEAZAR GARIDALDI PADILLA SUAZO, ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso-Administrativo competente, de tal manera que al hacerlo dentro de dicho plazo, se entenderá que la acción se ha interpuesto en la fecha en que se inició el plazo señalado para su presentación; y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución, se certifique la misma a la parte recurrente y se proceda a su archivo. NOTIFIQUESE.Firma y Sello. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA; PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el cinco de diciembre de dos mil trece, certificación de la resolución de fecha quince de noviembre de dos mil trece, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo No.951=2013.
DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, quince de noviembre de dos mil trece. VISTO: El recurso de amparo interpuesto por la Abogada MARIELA SABILLÓN OLIVA, a favor del Sub-Comisario de Policía ELEAZAR GARIDALDI PADILLA SUAZO, contra la resolución no. DTN-043-2013, emitida por la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD A TRAVÉS DE LA POLICÍA NACIONAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO, en fecha siete de agosto de dos mil trece, mediante la cual, se aplica la falta grave estipulada en el artículo 123 numeral 16 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional con la pérdida temporal del derecho de ascenso al Sub-Comisario de Policía ELEAZAR GARIDALDI PADILLA SUAZO. CONSIDERANDO: Que de acuerdo con la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la encargada de conocer de las pretensiones que se deduzcan en relación con los actos de carácter particular o general de la Administración Pública sujetos al Derecho Administrativo. CONSIDERANDO: Que la misma ley establece que se entenderá por Administración Pública: a) El Poder Ejecutivo; y, b) Las entidades estatales, entendiéndose por éstas las Municipalidades y las Instituciones Autónomas. CONSIDERANDO: Que en el Título Tercero de la Ley de de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en lo referente a los actos impugnables, indica el Artículo 30 párrafo segundo, que la acción será admisible contra los actos de carácter particular que se produjeren en aplicación de los actos administrativos de carácter general, fundada en que éstos no son conforme a Derecho. CONSIDERANDO: Que esta Sala advierte, de las argumentaciones presentadas por el propio recurrente y la documentación adjunta a su escrito de interposición, que le asiste al impetrante, una vez agotada la instancia administrativa respectiva, el derecho de promover las acciones que estime oportunas en la vía ordinaria, para hacer valer los derechos que afirma asiste a su representado. CONSIDERANDO: Que esta Sala ha sostenido en reiteradas decisiones que el inicio del juicio de garantías comporta el agotamiento previo de los recursos y medios ordinarios de defensa que puedan asistir al quejoso, en tal virtud, apreciándose que la recurrente tiene expedita aún la vía judicial ordinaria para hacer valer sus pretensiones, procede declarar inadmisible la acción constitucional que nos ocupa, al tenor de lo que dispone el Artículo 46 numeral 8) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en el sentido que es inamisible el recurso de amparo cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales en la vía Contencioso Administrativa. CONSIDERANDO: Que aunado a lo anterior esta Sala es del criterio, que si bien no estamos ante una cuestión de competencia, atendiendo al principio de tutela judicial efectiva, la interposición del presente recurso de amparo produce el efecto de interrumpir y dejar sin efecto el plazo de prescripción que pueda corresponder a la acción que pretenda intentar la recurrente, puesto que en equidad, se le debe permitir el ejercicio de la acción judicial correspondiente, al resultar innegable que existe una actividad de la recurrente, ejercida ante la Justicia, que demuestra su intención de impedir que el derecho de su representado se extinga, y que justifica por tanto la interrupción de la prescripción que pudiera invocarse en el proceso que corresponda. CONSIDERANDO: Que la aplicación directa del derecho fundamental de libre acceso a los Tribunales de Justicia y con ello a una tutela judicial efectiva, que consagra el artículo 82 de la Constitución de la República, así como también una aplicación práctica y no meramente programática del principio de igualdad, y por ende del principio general del derecho, aplicable sin duda alguna, cuando del reconocimiento de derechos subjetivos se trata, de que a igual razón cabe igual disposición, nos lleva a estimar que al señalarse en el trámite del presente recurso de amparo y por la normativa aplicable, que se tiene expedita la acción ante los Juzgados y Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y que por ese motivo se ha declarado la inadmisibilidad de la acción constitucional planteada, este Supremo Tribunal encuentra procedente conceder a la recurrente el plazo de treinta (30) días, para que interponga la acción que estime oportuna contra el acto que hoy reclama en amparo, ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso-Administrativo competente, de tal manera que al hacerlo dentro de dicho plazo, se entenderá que la misma se ha interpuesto en la fecha en que se inició el plazo señalado para su presentación. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a., 318 de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 30, 42, 43, 44, 48 y de más aplicables de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 41, 44, 46 No. 8, 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. RESUELVE: 1º DECLARAR INADMISIBLE el recurso de amparo interpuesto por la Abogada MARIELA SABILLÓN OLIVA, a favor del Sub-Comisario de Policía ELEAZAR GARIDALDI PADILLA SUAZO, contra la resolución no. DTN-043-2013, emitida por la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD A TRAVÉS DE LA POLICÍA NACIONAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO, al advertirse la causal de inadmisibilidad contenida en el Artículo 46 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en el sentido que es inamisible el recurso de amparo cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales en la vía Contencioso Administrativa; 2º Conceder a la parte recurrente el plazo de treinta (30) días, para que interponga la acción que estime oportuna contra la resolución no. DTN-043-2013, emitida por la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD A TRAVÉS DE LA POLICÍA NACIONAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO, en fecha siete de agosto de dos mil trece, mediante la cual, se aplica la falta grave estipulada en el artículo 123 numeral 16 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional con la pérdida temporal del derecho de ascenso al Sub-Comisario de Policía ELEAZAR GARIDALDI PADILLA SUAZO, ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso-Administrativo competente, de tal manera que al hacerlo dentro de dicho plazo, se entenderá que la acción se ha interpuesto en la fecha en que se inició el plazo señalado para su presentación; y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución, se certifique la misma a la parte recurrente y se proceda a su archivo. NOTIFIQUESE.Firma y Sello. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA; PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Extendida a solicitud de la Abogada MARIELA SABILLON OLIVA en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el cinco de diciembre de dos mil trece, certificación de la resolución de fecha quince de noviembre de dos mil trece, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo No.951=2013.
DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: la sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, quince de noviembre de dos mil trece. VISTO: El recurso de amparo interpuesto por la Abogada MARIELA SABILLÓN OLIVA, a favor del Sub-Comisario de Policía ELEAZAR GARIDALDI PADILLA SUAZO, contra la resolución no. DTN-043-2013, emitida por la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD A TRAVÉS DE LA POLICÍA NACIONAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO, en fecha siete de agosto de dos mil trece, mediante la cual, se aplica la falta grave estipulada en el artículo 123 numeral 16 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional con la pérdida temporal del derecho de ascenso al Sub-Comisario de Policía ELEAZAR GARIDALDI PADILLA SUAZO. CONSIDERANDO: Que de acuerdo con la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la encargada de conocer de las pretensiones que se deduzcan en relación con los actos de carácter particular o general de la Administración Pública sujetos al Derecho Administrativo. CONSIDERANDO: Que la misma ley establece que se entenderá por Administración Pública: a) El Poder Ejecutivo; y, b) Las entidades estatales, entendiéndose por éstas las Municipalidades y las Instituciones Autónomas. CONSIDERANDO: Que en el Título Tercero de la Ley de de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en lo referente a los actos impugnables, indica el Artículo 30 párrafo segundo, que la acción será admisible contra los actos de carácter particular que se produjeren en aplicación de los actos administrativos de carácter general, fundada en que éstos no son conforme a Derecho. CONSIDERANDO: Que esta Sala advierte, de las argumentaciones presentadas por el propio recurrente y la documentación adjunta a su escrito de interposición, que le asiste al impetrante, una vez agotada la instancia administrativa respectiva, el derecho de promover las acciones que estime oportunas en la vía ordinaria, para hacer valer los derechos que afirma asiste a su representado. CONSIDERANDO: Que esta Sala ha sostenido en reiteradas decisiones que el inicio del juicio de garantías comporta el agotamiento previo de los recursos y medios ordinarios de defensa que puedan asistir al quejoso, en tal virtud, apreciándose que la recurrente tiene expedita aún la vía judicial ordinaria para hacer valer sus pretensiones, procede declarar inadmisible la acción constitucional que nos ocupa, al tenor de lo que dispone el Artículo 46 numeral 8) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en el sentido que es inamisible el recurso de amparo cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales en la vía Contencioso Administrativa. CONSIDERANDO: Que aunado a lo anterior esta Sala es del criterio, que si bien no estamos ante una cuestión de competencia, atendiendo al principio de tutela judicial efectiva, la interposición del presente recurso de amparo produce el efecto de interrumpir y dejar sin efecto el plazo de prescripción que pueda corresponder a la acción que pretenda intentar la recurrente, puesto que en equidad, se le debe permitir el ejercicio de la acción judicial correspondiente, al resultar innegable que existe una actividad de la recurrente, ejercida ante la Justicia, que demuestra su intención de impedir que el derecho de su representado se extinga, y que justifica por tanto la interrupción de la prescripción que pudiera invocarse en el proceso que corresponda. CONSIDERANDO: Que la aplicación directa del derecho fundamental de libre acceso a los Tribunales de Justicia y con ello a una tutela judicial efectiva, que consagra el artículo 82 de la Constitución de la República, así como también una aplicación práctica y no meramente programática del principio de igualdad, y por ende del principio general del derecho, aplicable sin duda alguna, cuando del reconocimiento de derechos subjetivos se trata, de que a igual razón cabe igual disposición, nos lleva a estimar que al señalarse en el trámite del presente recurso de amparo y por la normativa aplicable, que se tiene expedita la acción ante los Juzgados y Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y que por ese motivo se ha declarado la inadmisibilidad de la acción constitucional planteada, este Supremo Tribunal encuentra procedente conceder a la recurrente el plazo de treinta (30) días, para que interponga la acción que estime oportuna contra el acto que hoy reclama en amparo, ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso-Administrativo competente, de tal manera que al hacerlo dentro de dicho plazo, se entenderá que la misma se ha interpuesto en la fecha en que se inició el plazo señalado para su presentación. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a., 318 de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 30, 42, 43, 44, 48 y de más aplicables de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 41, 44, 46 No. 8, 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. RESUELVE: 1º DECLARAR INADMISIBLE el recurso de amparo interpuesto por la Abogada MARIELA SABILLÓN OLIVA, a favor del Sub-Comisario de Policía ELEAZAR GARIDALDI PADILLA SUAZO, contra la resolución no. DTN-043-2013, emitida por la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD A TRAVÉS DE LA POLICÍA NACIONAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO, al advertirse la causal de inadmisibilidad contenida en el Artículo 46 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en el sentido que es inamisible el recurso de amparo cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales en la vía Contencioso Administrativa; 2º Conceder a la parte recurrente el plazo de treinta (30) días, para que interponga la acción que estime oportuna contra la resolución no. DTN-043-2013, emitida por la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD A TRAVÉS DE LA POLICÍA NACIONAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO, en fecha siete de agosto de dos mil trece, mediante la cual, se aplica la falta grave estipulada en el artículo 123 numeral 16 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional con la pérdida temporal del derecho de ascenso al Sub-Comisario de Policía ELEAZAR GARIDALDI PADILLA SUAZO, ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso-Administrativo competente, de tal manera que al hacerlo dentro de dicho plazo, se entenderá que la acción se ha interpuesto en la fecha en que se inició el plazo señalado para su presentación; y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución, se certifique la misma a la parte recurrente y se proceda a su archivo. NOTIFIQUESE.Firma y Sello. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA; PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el cinco de diciembre de dos mil trece, certificación de la resolución de fecha quince de noviembre de dos mil trece, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo No.951=2013. Firma y sello.
DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO.
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL